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Costas, mala fe y temeridad en un juicio laboral

En el juicio laboral quien pierde no paga los gastos de la otra parte. La excepción es la mala fe o la temeridad: el juzgado puede multar a cualquiera de las partes con entre 600 y 6.000 euros, sin pasar de un tercio de lo reclamado, y solo a la empresa puede obligarle además a pagar hasta 600 euros de honorarios. En los recursos sí hay costas para quien pierde, salvo que tenga justicia gratuita, como las personas trabajadoras.

Actualizado el 11 de octubre de 2026 · Alejandro Aradas García · 9 min de lectura

En un juicio laboral, perder no obliga a pagar los gastos de la otra parte. En el Juzgado de lo Social no hay condena en costas por el simple hecho de perder.

La excepción es litigar de mala fe o con temeridad: entonces el juzgado puede imponer una multa de 600 a 6.000 euros a cualquiera de las partes, sin pasar de un tercio de lo que se discute.

Además, solo a la empresa puede obligarla a pagar los honorarios del abogado/a o graduado/a social de la persona trabajadora, hasta 600 euros.

En los recursos la regla cambia: quien recurre y pierde paga costas, salvo que tenga justicia gratuita, como las personas trabajadoras.

Aunque en la práctica estas sanciones son poco frecuentes, conviene conocerlas: para no temer una multa que casi nunca llega a quien reclama con fundamento, y para pedirla cuando la empresa obliga a pleitear sin razón.

Las dos normas: el artículo 75.4 y el artículo 97.3

La Ley Reguladora de la Jurisdicción Social prevé dos vías para sancionar la mala fe o la temeridad. Se parecen tanto que en la práctica se confunden, pero tienen diferencias.

  • El artículo 97.3 permite que la sentencia imponga, motivadamente, una sanción económica en estos casos:
  • a quien no acudió sin justificación a la conciliación o a la mediación;
  • a quien obró de mala fe o con temeridad;
  • y, desde el 20 de marzo de 2024 (Real Decreto-ley 6/2023), cuando la sentencia condenatoria coincide en lo esencial con lo que se pedía en la papeleta de conciliación o en la solicitud de mediación, aunque la empresa sí acudiera. La idea es que, si la empresa podía haber resuelto el problema en la conciliación y no lo hizo, el juicio fue innecesario.

Si la condenada es la empresa, además pagará los honorarios del abogado/a o graduado/a social de la otra parte, hasta 600 euros.

  • El artículo 75.4 obliga a todas las partes a actuar en el proceso según las reglas de la buena fe. Si no lo hacen, o si formulan pretensiones temerarias, el juez puede imponer una multa mediante auto, en pieza separada, y la persona sancionada puede pedir ser oída en tres días; contra lo que se resuelva cabe recurso de alzada en cinco días ante la Sala de Gobierno.

A mi modo de ver, el artículo 97 mira a la posición de cada parte al empezar el pleito: la empresa que niega un derecho claro y obliga a ir a los tribunales, o la persona que demanda sin fundamento alguno.

El artículo 75, aunque también habla de pretensiones temerarias, mira más a cómo se comporta cada parte durante el proceso: escritos para retrasar, incidentes sin sentido, engaños.

La propia ley confirma la diferencia: el último párrafo del 75.4 dice que, si la temeridad o la mala fe se aprecian en la sentencia o en los recursos, se aplican sus reglas propias.

¿Cómo se impone la multa?

Cuantía: la misma en los dos casos. Desde el 3 de abril de 2025 la multa va de 600 a 6.000 euros (antes, de 180 a 6.000), y nunca puede superar un tercio de la cuantía del pleito.

El juez la fija con proporcionalidad, según las circunstancias, la capacidad económica de quien la paga y el perjuicio causado. No hay baremo.

Procedimiento: depende de la vía.

  • En la sentencia (artículo 97.3): la multa se puede pedir en la demanda o en la contestación, o plantearla el juez de oficio. En ambos casos hace falta oír antes a las partes en el juicio; si el juez se lo plantea cuando el juicio ya ha terminado, debe darles dos días para alegaciones. Una vez impuesta, solo se puede discutir recurriendo la sentencia.
  • Por auto aparte (artículo 75.4): hay que seguir su trámite. Un Tribunal Superior anuló una multa por mala fe que el juzgado había impuesto en pieza separada mediante un simple acuerdo, sin auto ni audiencia, y ordenó repetirla por el cauce del 75.4 (Superior de Andalucía, junio de 2025).

Las dos vías no son compartimentos estancos.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmó en 2019 una multa de 6.000 euros a una trabajadora que siguió adelante con una demanda de extinción del contrato después de que la jueza le advirtiera de que podía ser temeraria.

La trabajadora alegó que no se le había impuesto por auto en pieza separada.

El tribunal respondió que nada impide imponer la multa en la propia sentencia, siempre que se explique por qué y se respeten los límites del 75.4 (Superior de Madrid, octubre de 2019).

¿Qué es mala fe y qué es temeridad?

La ley no las define: lo han hecho los tribunales.

  • Mala fe es pleitear sabiendo que no se tiene razón: mantener una pretensión, o negar un derecho, con plena conciencia de que es injusto.
  • Temeridad es pleitear sin el mínimo fundamento, cuando un estudio elemental del asunto habría bastado para ver que no había caso.

Dicho de forma sencilla: la mala fe es obrar mal a sabiendas; la temeridad, hacerlo con una ligereza inexcusable.

Lo que más importa a quien lee: perder no es temeridad.

Los tribunales insisten en que la sanción se interpreta de forma restrictiva y solo cabe cuando la mala fe o la temeridad se deducen sin duda de la conducta de la parte (Superior de Madrid, marzo de 2018).

La regla que vienen aplicando desde hace años el Supremo y los Tribunales Superiores exige pretensiones absolutamente infundadas, mantenidas con conocimiento de su injusticia (Superior de Cataluña, abril de 2021). Por eso:

¿Cuándo sí? El caso más claro es volver a plantear un pleito que ya está juzgado: el Supremo confirmó la multa a un sindicato ferroviario que repitió contra ADIF una demanda ya resuelta (Supremo, marzo de 2024).

También se confirmó la de un sindicato que reclamaba lo que el Supremo ya había rechazado en otro pleito (Superior de Cataluña, abril de 2021).

Y la Audiencia Nacional multó con 600 euros a otro sindicato que impugnó un despido colectivo con una demanda a todas luces caducada y con alegaciones sin el menor sustento jurídico (Audiencia Nacional, abril de 2013).

¿A quién se puede sancionar?

La multa puede imponerse a cualquiera: a la empresa, a la persona trabajadora o a un sindicato (Supremo, noviembre de 2023).

Pero el Supremo la revisa con cuidado: en 2025 y 2026 anuló multas de 300 euros a dos sindicatos que habían perdido ante la Audiencia Nacional, porque perder no era prueba de temeridad (Supremo, marzo de 2025) (Supremo, marzo de 2026).

Los honorarios son otra cosa. En la primera instancia, solo se puede obligar a pagar los honorarios de la otra parte a la empresa.

Lo dice el artículo 97.3 («cuando el condenado fuera el empresario») y lo confirmó el Supremo al anular una condena en honorarios impuesta a quien no lo era (Supremo, febrero de 2018).

A la persona trabajadora se le puede multar, pero no hacerle pagar el abogado/a de la empresa.

Costas y honorarios en primera instancia

En el Juzgado de lo Social las costas son excepcionales. La empresa puede tener que pagar los honorarios de la persona trabajadora, hasta 600 euros, en tres casos:

  1. Si actuó con mala fe o temeridad (artículo 97.3), además de la multa.
  2. Si no acudió sin causa a la conciliación y la sentencia coincide en lo esencial con la papeleta (artículo 66.3). Aquí la ley dice que el juez «impondrá» las costas: no hace falta mala fe. Un Tribunal Superior se las impuso a una empresa ausente aunque el juzgado lo había olvidado (Superior de Madrid, marzo de 2025); otro se las quitó a una empresa porque la demanda pedía cosas que no estaban en la papeleta (Superior de Andalucía, mayo de 2023). Lo que pasa si la empresa no va a la conciliación o al juicio se explica en el artículo sobre ese tema.
  3. Si la sentencia coincide en lo esencial con la papeleta, aunque la empresa sí fuera a la conciliación (artículo 97.3, desde el 20 de marzo de 2024). Es una posibilidad nueva y todavía poco aplicada. La coincidencia tiene que ser real: un Tribunal Superior anuló una sanción de 600 euros impuesta por este motivo porque la condena acabó siendo solo parcial (Superior de Canarias, marzo de 2026).

Aunque la ley permite imponer estas medidas de oficio, en la práctica es raro: conviene pedirlas expresamente en la demanda y repetir la petición en el juicio.

Costas en los recursos de suplicación y casación

En los recursos la regla es la contraria: quien recurre y pierde paga las costas (artículo 235.1), es decir, los honorarios del abogado/a o graduado/a social de la otra parte, con un máximo de 1.200 euros en suplicación y 1.800 euros en casación.

Para eso no hace falta mala fe: basta con perder el recurso.

Quedan fuera de esta regla:

  • Quien tiene justicia gratuita. En lo social la tienen, por ley, todas las personas trabajadoras y beneficiarias de la Seguridad Social (artículo 2 d) de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita). A quien tiene ese beneficio no se le imponen costas por perder, solo si actuó con mala fe o temeridad notoria (Supremo, julio de 2023).
  • Los sindicatos y el personal funcionario o estatutario que pleitea como empleado público.
  • Los conflictos colectivos: cada parte paga sus costas, salvo temeridad o mala fe (artículo 235.2).

Además, solo paga quien recurre y pierde. A quien se limita a defender la sentencia que le era favorable no se le imponen costas aunque el recurso de la otra parte prospere (Supremo, octubre de 2025).

Y si el recurso es temerario o se presenta solo para ganar tiempo, la Sala puede imponer además la multa de los artículos 75.4 y 97.3 (artículo 235.3).

El Supremo calificó de abuso de derecho y mala fe el recurso de una empresa que recurría lo que ella misma había pedido, y le impuso 1.800 euros de costas y la pérdida del depósito (Supremo, octubre de 2025).

En resumen, para la persona trabajadora el riesgo económico de recurrir es bajo. Para la empresa, recurrir y perder cuesta los honorarios de la otra parte, el depósito y, si recurre solo para retrasar, una posible multa.

¿Se puede recurrir la multa?

Sí. La multa impuesta en la sentencia se recurre junto con ella; la impuesta por auto del 75.4, por su propio cauce (audiencia en justicia y alzada).

Un detalle importante: la multa sigue la suerte del pleito principal.

Si el pleito admite siempre recurso de suplicación, como la tutela de derechos fundamentales, la multa se puede recurrir aunque sea de poca cuantía y sea lo único que se discute (Supremo, febrero de 2026).

Los Tribunales Superiores anulan con frecuencia multas impuestas a personas trabajadoras, incluso de solo 180 euros (Superior de Cataluña, abril de 2026).

Lo que hay que recordar

  • Reclamar y perder no cuesta, en principio, nada en el Juzgado de lo Social.
  • La multa por temeridad (600 a 6.000 euros) es excepcional y exige pleitear sin fundamento o sabiendo que no se tiene razón; repetir un pleito ya juzgado es el ejemplo típico.
  • A la persona trabajadora nunca se le imponen los honorarios de la empresa en la primera instancia, ni costas en los recursos si tiene justicia gratuita.
  • A la empresa sí: hasta 600 euros si no acude a la conciliación, si actúa con temeridad o si la sentencia coincide con la papeleta, y hasta 1.200 o 1.800 euros si recurre y pierde.
  • Lo que cuesta en conjunto un juicio laboral (abogado/a, tasas, depósitos) se explica en el artículo sobre los costes del juicio.

Preguntas frecuentes

Si pierdo el juicio laboral, ¿tengo que pagar el abogado de la empresa?

No. En la primera instancia no hay costas por perder, y a la persona trabajadora nunca se le pueden imponer los honorarios de la empresa. Solo cabe una multa si el juzgado aprecia mala fe o temeridad.

¿De cuánto es la multa por temeridad?

De 600 a 6.000 euros desde el 3 de abril de 2025 (antes, desde 180), sin superar un tercio de lo que se discute en el pleito. El juzgado la fija según la gravedad, la capacidad económica y el perjuicio causado.

¿Es temeridad reclamar algo y perder?

No. Hace falta pleitear sabiendo que no se tiene razón o sin el mínimo fundamento, por ejemplo repetir un pleito ya juzgado. Los tribunales anulan con frecuencia multas impuestas solo porque la demanda se perdió.

¿Qué paga la empresa si no viene a la conciliación?

Si la sentencia coincide en lo esencial con la papeleta, las costas con los honorarios del abogado/a o graduado/a social de la persona trabajadora hasta 600 euros, y puede además ser multada.

¿Y si pierdo un recurso de suplicación?

La persona trabajadora tiene justicia gratuita en lo social y no paga costas por perder un recurso. La empresa que recurre y pierde paga hasta 1.200 euros en suplicación y 1.800 en casación, además de perder el depósito.

Cuestiones Laborales es una web informativa: lo que explica es general y cada caso tiene sus matices. Para el tuyo, consulta siempre con un abogado o abogada laboralista o con un graduado o graduada social.

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11 comentarios

  1. María

    Buenas tardes

    He demandado a una empresa por no querer reconocerme un derecho que contempla la ley. Se ha celebrado el juicio y la sentencia me reconoce el derecho reclamado.

    En dicha sentencia no se habla en ningún momento de costas. Mi duda es si habría que haberlas reclamado en la demanda o si de oficio la parte «perdedora» las tiene que abonar.

    Gracias.

    Responder
    1. AlejandroAutor

      Se debe reclamar en la demanda, pero es muy raro que se concedan salvo los casos indicados en el artículo. No se reconocen de oficio.

      Responder
    2. Verónica

      Hola he tenido un juicio laboral y mi abogado no me ha defendido bien y he quedado como ladrona , ellos tenían unos mensajes que han transgiversado y mi abogado no los tenía porque nunca me los pidió y no me ha podido defender. Así que la empresa ha pedido que pague honorarios y yo he quedado como ladrona. Tendré que pagar honorarios? Cuánto dinero?

      Responder
      1. AlejandroAutor

        No, es muy raro que un juez condene por temeridad al trabajador.

        Responder
  2. ana

    buenos dias

    estoy contratada por una empresa cuya actividad económica aparece como actividad medicina general

    soy fisioterapeuta y trabajo centro ocupacional con discapacitados y me estan aplicando convenio personas dependientes,y no el comvenio de discapacidad .

    la empresa no hace mucho caso a esto.

    Como puedo reclamarlo?pues el salario es mayor,tema vacaciones etc…

    Puedo solicitar justicia gratuita para esto?

    Responder
    1. AlejandroAutor

      Te recomiendo que acudas a un abogado de tu localidad, el derecho a justicia gratuita depende de los ingresos, puedes preguntar en el colegio de abogados de tu localidad.

      Responder
  3. david

    Se puede solicitar indemnización al trabajador que se da cuenta de su temeridad y no se presenta el día de conciliación judicial y juicio, habiendo la abogada firmado la demanda por él, y alegando que ella no tenia poderes?

    Responder
    1. AlejandroAutor

      Como posibilidad, se puede solicitar temeridad, en la práctica, es muy complicado que se conceda. Dependerá de lo solicitado en demanda.

      Responder
  4. Verónica

    Que pague costas y gastos perdon

    Responder
  5. Cristina

    He realizado una reclamación de cantidades a mi empresa por los tres años que estuve teletrabajando y en los que tuve que poner hasta el ordenador, pero la empresa se niega porque pagan justo a partir de ese tercer año. No ha habido conciliación y amenazan con temeridad si seguimos adelante con el juicio. ¿Pueden hacer esto?

    Responder
    1. AlejandroAutor

      Pueden amenazar con temeridad o lo que ellos quieran, pero la temeridad la decide un juez y es bastante complicado que se conceda, pero habría que ver el caso para saber si se tiene derecho o no lo a que se reclaman.

      Responder

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Normas y preceptos aplicables. Despliega cada uno para leer su texto.

  • Artículo 75.4Ley Reguladora de la Jurisdicción SocialDeber de buena fe procesal y multa por mala fe o temeridad (600 a 6.000 euros, máximo un tercio del pleito), impuesta por auto en pieza separada con audiencia en justicia.Cambio reciente: Ley Orgánica 1/2025, desde el 03-04-2025: el mínimo pasa de 180 a 600 euros.
    Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 3 de abril de 2025

    4. Todos deberán ajustarse en sus actuaciones en el proceso a las reglas de la buena fe. De vulnerarse estas, así como en caso de formulación de pretensiones temerarias, sin perjuicio de lo dispuesto en el número anterior, el juez, la jueza o el tribunal podrá imponer mediante auto, en pieza separada, de forma motivada y respetando el principio de proporcionalidad, ponderando las circunstancias del hecho, la capacidad económica y los perjuicios causados al proceso y a otros intervinientes o a terceros, una multa que podrá oscilar de seiscientos a seis mil euros, sin que en ningún caso pueda superar la cuantía de la tercera parte del litigio.

    Aquel al que se hubiere impuesto la multa prevista en el párrafo anterior podrá ser oído en justicia. La audiencia en justicia se pedirá en el plazo de los tres días siguientes al de la notificación de la multa, mediante escrito presentado ante el juez, la jueza o el tribunal que la haya impuesto. La audiencia será resuelta mediante auto contra el que cabrá recurso de alzada en cinco días ante la Sala de Gobierno correspondiente, que lo resolverá previo informe del juez, jueza o Sala que impuso la multa.

    De apreciarse temeridad o mala fe en la sentencia o en la resolución de los recursos de suplicación o casación, se estará a lo dispuesto en sus reglas respectivas.

    Ver el artículo 75 completo

  • Artículo 97.3Ley Reguladora de la Jurisdicción SocialSanción en la sentencia por mala fe, temeridad, no acudir a la conciliación o coincidencia de la condena con la papeleta; honorarios hasta 600 euros solo si la condenada es la empresa; audiencia previa.Cambio reciente: Real Decreto-ley 6/2023, desde el 20-03-2024: añade la sanción cuando la sentencia condenatoria coincide en lo esencial con la papeleta o la solicitud de mediación.
    Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 20 de marzo de 2024

    3. La sentencia, motivadamente, podrá imponer una sanción pecuniaria, dentro de los límites que se fijan en el apartado 4 del artículo 75, al litigante que no acudió injustificadamente al acto de conciliación ante el servicio administrativo correspondiente o a mediación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 83.3, así como al litigante que obró de mala fe o con temeridad. También motivadamente podrá imponer una sanción pecuniaria cuando la sentencia condenatoria coincidiera esencialmente con la pretensión contenida en la papeleta de conciliación o en la solicitud de mediación. En tales casos, y cuando el condenado fuera el empresario, deberá abonar también los honorarios de los abogados y graduados sociales de la parte contraria que hubieren intervenido, hasta el límite de seiscientos euros.

    La imposición de las anteriores medidas se efectuará a solicitud de parte o de oficio, previa audiencia en el acto de la vista de las partes personadas. De considerarse de oficio la posibilidad de imponer la sanción pecuniaria una vez concluido el acto de juicio, se concederá a las partes un término de dos días para que puedan formular alegaciones escritas. En el caso de incomparecencia a los actos de conciliación o de mediación, incluida la conciliación ante el letrado o letrada de la Administración de Justicia, sin causa justificada, se aplicarán por el juez, la jueza o el tribunal las medidas previstas en el apartado 3 del artículo 66.

    Ver el artículo 97 completo

  • Artículo 235Ley Reguladora de la Jurisdicción SocialCostas en los recursos: las paga quien pierde salvo justicia gratuita, sindicatos y empleados públicos; límites de 1.200 y 1.800 euros; conflicto colectivo; multa al recurrente temerario o dilatorio.
    Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 11 de diciembre de 2011

    Artículo 235. Imposición de costas y convenio transaccional.

    1. La sentencia impondrá las costas a la parte vencida en el recurso, excepto cuando goce del beneficio de justicia gratuita o cuando se trate de sindicatos, o de funcionarios públicos o personal estatutario que deban ejercitar sus derechos como empleados públicos ante el orden social.

    Las costas comprenderán los honorarios del abogado o del graduado social colegiado de la parte contraria que hubiera actuado en el recurso en defensa o en representación técnica de la parte, sin que la atribución en las costas de dichos honorarios puedan superar la cantidad de mil doscientos euros en recurso de suplicación y de mil ochocientos euros en recurso de casación.

    2. La regla general del vencimiento establecida en el apartado anterior, no se aplicará cuando se trate de proceso sobre conflicto colectivo, en el que cada parte se hará cargo de las costas causadas a su instancia. Ello no obstante, la Sala podrá imponer el pago de las costas a cualquiera de las partes que en dicho proceso o en el recurso hubiera actuado con temeridad o mala fe.

    3. La Sala que resuelva el recurso de suplicación o casación o declare su inadmisibilidad podrá imponer a la parte recurrente que haya obrado con mala fe o temeridad la multa que señalan el apartado 4 del artículo 75 y el apartado 3 del artículo 97, así como cuando entienda que el recurso se interpuso con propósito dilatorio. Igualmente en tales casos, impondrá a dicho litigante, excepto cuando sea trabajador, funcionario, personal estatutario o beneficiario de la Seguridad Social, los honorarios de los abogados y, en su caso, de los graduados sociales colegiados actuantes en el recurso dentro de los límites fijados en el párrafo primero de este artículo. Cuando la Sala pretenda de oficio imponer las anteriores medidas, oirá previamente a las partes personadas en la forma que establezca.

    4. Las partes podrán alcanzar, en cualquier momento durante la tramitación del recurso, convenio transaccional que, de no apreciarse lesión grave para alguna de las partes, fraude de ley o abuso de derecho, será homologado por el órgano jurisdiccional que se encuentre tramitando el recurso, mediante auto, poniendo así fin al litigio y asumiendo cada parte las costas causadas a su instancia, con devolución del depósito constituido. El convenio transaccional, una vez homologado, sustituye el contenido de lo resuelto en la sentencia o sentencias anteriormente dictadas en el proceso y la resolución que homologue el mismo constituye título ejecutivo. La impugnación de la transacción judicial así alcanzada se efectuará ante el órgano jurisdiccional que haya acordado la homologación, mediante el ejercicio por las partes de la acción de nulidad por las causas que invalidan los contratos o por los posibles perjudicados con fundamento en su ilegalidad o lesividad, siguiendo los trámites establecidos para la impugnación de la conciliación judicial, sin que contra la sentencia dictada quepa recurso.

    Ver el artículo 235

  • Artículo 66.3Ley Reguladora de la Jurisdicción SocialCostas con honorarios hasta 600 euros a quien no acude sin causa a la conciliación si la sentencia coincide en lo esencial con la papeleta.
    Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 20 de marzo de 2024

    3. Si no compareciera la otra parte, debidamente citada, se hará constar expresamente en la certificación del acta de conciliación o de mediación y se tendrá la conciliación o la mediación por intentada sin efecto, y el juez o tribunal impondrán las costas del proceso a la parte que no hubiere comparecido sin causa justificada, incluidos honorarios, hasta el límite de seiscientos euros, del letrado o graduado social colegiado de la parte contraria que hubieren intervenido, si la sentencia que en su día dicte coincidiera esencialmente con la pretensión contenida en la papeleta de conciliación o en la solicitud de mediación.

    Ver el artículo 66 completo

  • Artículo 2 d)Ley de Asistencia Jurídica GratuitaLas personas trabajadoras y beneficiarias de la Seguridad Social tienen justicia gratuita en lo social, lo que las libra de las costas de los recursos.
    Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 3 de octubre de 2025

    En los términos y con el alcance previstos en esta ley y en los tratados y convenios internacionales sobre la materia en los que España sea parte, tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita:

    d) En el orden jurisdiccional social, además, los trabajadores y beneficiarios del sistema de Seguridad Social, tanto para la defensa en juicio como para el ejercicio de acciones para la efectividad de los derechos laborales en los procedimientos concursales.

    Asimismo, el derecho a la asistencia jurídica gratuita se reconoce a los trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social para los litigios que sobre esta materia se sustancien ante el orden contencioso-administrativo.

Textos legales basados en datos de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Se trata de un texto consolidado de carácter meramente informativo, sin valor oficial. Para el texto auténtico hay que acudir al BOE.

Lo que han dicho los tribunales sobre cada una de las cuestiones de este artículo.

¿Qué se considera mala fe o temeridad? ¿Basta con perder el juicio?

¿A quién se puede multar y cuánto?

¿Puede la persona trabajadora tener que pagar los honorarios de la empresa en primera instancia? ¿Y la empresa los de la trabajadora?