El coste de demandar a la empresa

En comparación con otro tipo de demandas o procedimientos penales o frente a la administración, demandar al empresario en España no es caro, de hecho puede ser gratis.

De manera resumida, es barato por que no es necesario abogado, graduado social o procurador, ya que los trabajadores pueden demandar por si solos a la empresa y no se pagan tasas.

Además, por otro lado, salvo casos muy excepcionales, no existe la condena en costas. Es decir, en caso de que no estimen la demanda y perdamos el procedimiento, no nos condenarán a pagar el abogado que ha defendido a la empresa.

Por lo tanto, el coste puede ser cero, si el trabajador presenta la demanda por si sólo.

De todos modos, en mi opinión, es recomendable ir asesorado de un abogado para una defensa de los derechos , ya que no sólo es importante tener la razón, sino saber demostrarla siguiendo el procedimiento adecuado dentro de los plazos establecidos para ello.

En cualquier caso, la posibilidad de ir sin abogado es sólo en primera instancia, ya que en caso de que perdamos la primera demanda y queramos presentar un recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia o posteriormente uno de casación ante el tribunal supremo será necesario la representación por medio de abogado.

Las opciones de viabilidad de estos dos recursos depende especialmente de los hechos probados en el primer juicio, y por ello, es de vital importancia que esta sea realizado de manera correcta.

¿Cuánto suele cobrar un abogado o un sindicato?

No existe una tarifa fija, y cada uno es libre de fijar los honorarios que estime convenientes.

Normalmente, el coste del procedimiento suele incluir un coste fijo más uno variable.

No obstante, existen algunos abogados o despachos que empiezan a cobrar sólo en caso de que existe un resultado positivo en el procedimiento, cobrando normalmente en este caso un porcentaje más elevado que si existiera un coste fijo.

Por ejemplo, la mayoría de los procedimiento (despido, accidentes de trabajo, reclamación de derecho o cantidad) es necesario presentar previamente una papeleta de conciliación laboral y posteriormente una demanda, el coste por dicho procedimiento suele estar entre los 300 – 600 €, además un variable que suele rondar entre el 7% y el 15 %, todo ello incrementado con el IVA correspondiente del 21% actualmente.

Hay que tener en cuenta que este es un coste aproximado que puede variar en función de la complejidad del caso y de la cantidad a reclamar, ya que en función de la misma depende la responsabilidad que asume el letrado.

Por otro lado, en el caso de la solicitud de una incapacidad permanente, el abogado suele percibir unas dos o tres mensualidades de la pensión como importe variable, más un coste fijo que oscila bastante entre los diferentes despachos.

Además, en ocasiones se cuenta con el informe de un perito médico cuyo coste suelen rondar los 900 €, en los que se incluye la defensa de dicho informe en la vista del procedimiento.

Es importante aclarar que estos precios son orientativos y las cuantías indicadas son las tarifas que suele encontrarme día a día y las que yo aplico en A Coruña, pero por supuesto hay abogados que cobran más y otros que cobran menos, ya que también es importante valorar la complejidad del caso y la cuantía que se va a obtener en el procedimiento.

¿Tengo derecho a un abogado de oficio?

Por el hecho de ser trabajador o percibir una prestación de la Seguridad Social se tiene derecho a un abogado de oficio. Pero que sea de oficio no quiere decir que éste sea gratuito.

El abogado puede cobrar, en caso de que se estime la demanda hasta un máximo de una tercera parte de lo que se haya obtenido en el procedimiento.

Por lo tanto, puede ser más caro un abogado de oficio que uno que escogemos nosotros, toda vez que el abogado de oficio, sin poner en duda su valía, viene impuesto y no puede ser escogido por el trabajador.

¿No existe la condena en costas en el procedimiento laboral?

Sí, existe, pero es excepcional y más si cabe para el trabajador.

Existen dos sanciones diferentes que se pueden imponer; la condena en costas y una multa por temeridad.

En este sentido, el artículo 97 de la Ley reguladora de la jurisdicción social indica que:

La sentencia, motivadamente, podrá imponer al litigante que obró de mala fe o con temeridad, así como al que no acudió al acto de conciliación injustificadamente, una sanción pecuniaria dentro de los límites que se fijan en el apartado 4 del artículo 75. En tales casos, y cuando el condenado fuera el empresario, deberá abonar también los honorarios de los abogados y graduados sociales de la parte contraria que hubieren intervenido, hasta el límite de seiscientos euros.

En primer lugar, la condena en costas significa que aquella parte que haya «perdido» el juicio tiene que pagar las costas del procedimiento. Costas que suelen ser los honorarios de la parte contraria. Es decir, que si hay una condena en costas, no sólo tienes que pagar la minuta acordada con tu abogado, sino la de la parte contraria.

En segundo lugar, puede existir una condena por temeridad, que es una cuantía que se abona a la administración.

No obstante, la persona trabajadora nunca podrá ser condenada en costas, ya que el citado artículo 97 lo limita a los empresarios, tal y como ha establecido la jurisprudencia a modo de ejemplo la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 2018.

Ahora bien, sí que podrá ser condenada a una multa por temeridad, cuyos límites vienen establecidos por el apartado 4 del artículo 75, estableciendo que la «multa que podrá oscilar de ciento ochenta a seis mil euros, sin que en ningún caso pueda superar la cuantía de la tercera parte del litigio.»

Por ejemplo, la sentencia de fecha de 31 de octubre de 2019 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que condena a 6.000 euros que multa por temeridad a una trabajadora que demando a una empresa con la que ya no tenía relación laboral desde hace tres años y de la cual había sido administradora.

Por otro lado, el empresario sí que puede ser condenado a costas con el límite de 600 € cuando exista mala fe o temeridad, o cuando no acuda al acto de conciliación.

En consecuencia, la persona trabajadora sólo puede ser condenada a una multa por temeridad y mala fe, por otra parte, el empresario puede ser condenado en costas o multa cuando no acude al acto de conciliación laboral o existe mala fe o temeridad por su parte.

En cualquier caso, si quieres más información te recomiendo este artículo donde amplia esta cuestión.

Costas en el recurso de suplicación y casación

Cuando indicamos que la condena en costas es algo excepcional en el orden laboral siempre se hace referencia a la primera instancia, toda vez que en el recurso de suplicación o casación sí que existe la condena en costas a la empresa.

El artículo 235 de la LRJS establece que la sentencia impondrá las costas a la empresa estableciendo unas cuantías máximas de mil doscientos euros en recurso de suplicación y de mil ochocientos euros en recurso de casación.

Esta condena en costas se impondrá cuando la empresa impugne una sentencia que le había sido desfavorable en primera instancia y sea desestimado íntegramente el recurso presentado.

Deducir en el IRPF el coste de la defensa jurídica

Una cuestión muy importante es que los costes asociados por demandar a la empresa son deducibles fiscalmente en nuestra declaración del IRPF con un límite máximo anual de 300 €.

Esos importes se deducen el año en que se pagan, independiente de que se haya finalizado el procedimiento o de que se haya ganado o perdido.