InicioGuía laboralReclamaciones frente a la empresa
Qué costes puede tener un juicio laboral
Demandar a la empresa puede no costar nada: en lo social la persona trabajadora no paga tasas, puede ir sin abogado/a en el primer juicio y, aunque pierda, no paga los honorarios del abogado/a de la empresa. El coste real son los honorarios de quien la defienda y, solo si litiga con mala fe o temeridad, una multa de 600 a 6.000 euros.
Demandar a la empresa en España es barato y puede no costar nada.
En lo social la persona trabajadora no paga tasas judiciales, puede ir al primer juicio sin abogado/a y, aunque pierda, no tiene que pagar los honorarios del abogado/a de la empresa.
El gasto real suele ser lo que cobre quien te defienda y, solo en casos excepcionales de mala fe o temeridad, una multa.
En mi opinión, aun así, conviene ir asesorado: no basta con tener razón, hay que saber demostrarla siguiendo el procedimiento y dentro de plazo.
Y si se pierde el primer juicio, las posibilidades de un recurso dependen sobre todo de los hechos que el juzgado dé por probados, por lo que la reclamación inicial tiene que estar bien hecha.
Los costes de un vistazo
| Concepto | ¿Lo paga la persona trabajadora? |
|---|---|
| Tasas judiciales | No, nunca |
| Abogado/a o graduado/a social en el primer juicio | Solo si lo contrata; es opcional |
| Abogado/a en suplicación o casación | Sí es obligatorio, pero puede pedirlo de oficio |
| Abogado/a de la empresa si se pierde | No |
| Costas si recurre y pierde | No |
| Depósito para recurrir (300 o 600 €) | No, está exenta |
| Multa por mala fe o temeridad | Solo si el juzgado la aprecia: de 600 a 6.000 € |
¿Hay que pagar tasas judiciales?
No. Las personas físicas están exentas de la tasa judicial en todo caso, según el artículo 4.2 a) de la Ley 10/2012.
Además, en lo social la tasa solo se cobraba por recurrir en suplicación y casación, y el Tribunal Constitucional anuló esas cuotas en 2016 (Constitucional, julio de 2016).
Hoy no paga tasa nadie en un pleito laboral, tampoco la empresa que recurre.
Durante un tiempo sí hubo tasas: la Ley 10/2012 las implantó, el Real Decreto-ley 3/2013 rebajó la parte variable para las personas físicas, y en 2015 quedaron exentas del todo. Aquella reforma de 2013 ya no tiene efecto práctico en lo laboral.
¿Puedo ir sin abogado/a?
En el primer juicio, ante el juzgado de lo social, sí: la defensa por abogado/a o graduado/a social es opcional (artículo 21.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social).
Si la empresa anuncia que irá con profesional, el juzgado te avisa y tienes dos días para nombrar el tuyo o pedir uno de oficio.
Para recurrir sí hace falta: en el recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia, abogado/a o graduado/a social; en la casación ante el Tribunal Supremo, abogado/a.
¿Cuánto suele cobrar un abogado/a o un sindicato?
No hay tarifa fija: cada profesional fija sus honorarios. Lo normal es un fijo más un variable.
Algunos despachos cobran solo si se gana, normalmente con un porcentaje más alto.
En la mayoría de procedimientos (despido, accidente de trabajo, reclamación de derecho o de cantidad), que llevan papeleta de conciliación y demanda, el coste suele estar entre 300 y 800 euros fijos más un variable de entre el 7 % y el 15 %, con el IVA del 21 %.
En una incapacidad permanente es frecuente cobrar dos o tres mensualidades de la pensión como variable, más un fijo que cambia bastante entre despachos. Si hace falta un informe de perito médico, suele rondar los 900 euros, incluida su defensa en el juicio.
Son precios orientativos: las tarifas que encuentro en el día a día y las que aplico en A Coruña. Hay quien cobra más y quien cobra menos, y el precio depende de la complejidad del caso y de lo que se reclama.
¿Y el abogado/a de oficio?
En lo social, las personas trabajadoras y las beneficiarias de la Seguridad Social tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita por el solo hecho de serlo (artículo 2 d) de la Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita).
Pero de oficio no siempre quiere decir gratis. Si ganas y la sentencia no condena en costas a la empresa, el abogado/a de oficio puede cobrarte sus honorarios con un límite: un tercio de lo que hayas obtenido (artículo 36.3 de esa ley).
Por eso puede salir más caro que uno elegido, con quien sí se puede negociar el presupuesto. Lo explicamos con detalle en el artículo sobre el abogado de oficio.
Si pierdo, ¿tengo que pagar las costas?
No, la persona trabajadora no paga los honorarios del abogado/a de la empresa, aunque pierda. Conviene distinguir dos cosas:
- La condena en costas: obliga a pagar los gastos del juicio de la otra parte, sobre todo sus honorarios.
- La multa por mala fe o temeridad: una sanción que se paga al Estado, no a la otra parte.
En el primer juicio, el artículo 97.3 de la Ley Reguladora permite poner una multa a quien litiga con mala fe o temeridad, a quien no acude sin justificación a la conciliación y, desde el 20 de marzo de 2024, cuando la sentencia condena en lo esencial lo mismo que se pedía en la papeleta.
Pero los honorarios de la otra parte, hasta 600 euros, solo se pueden imponer al empresario.
Así lo dijo el Tribunal Supremo al anular la condena a honorarios que se había impuesto a una trabajadora (Supremo, febrero de 2018), y los Tribunales Superiores dejan sin efecto las costas que algún juzgado impone a quien trabaja (Superior de Andalucía, junio de 2017).
La multa por temeridad
La persona trabajadora sí puede ser multada si demanda de mala fe o con temeridad.
Desde el 3 de abril de 2025, la multa va de 600 a 6.000 euros, sin superar un tercio de lo que se discute (artículo 75.4, reformado por la Ley Orgánica 1/2025; antes el mínimo era de 180 euros).
Perder no es temeridad. La multa se reserva para quien sabe, o no puede ignorar, que no tiene razón:
- Un Tribunal Superior mantuvo la sanción a una trabajadora que pedía extinguir el contrato con empresas con las que no tenía relación desde hacía tres años y de una de las cuales había sido administradora (Superior de Madrid, octubre de 2019).
- También se mantiene cuando se vuelve a demandar lo que una sentencia firme ya resolvió (Superior de Cataluña, diciembre de 2020) (Supremo, marzo de 2024).
- En cambio, se anula cuando la pretensión tenía base, aunque no prosperara: es lo que hizo en 2026 el Tribunal Superior del País Vasco con una multa de 2.500 euros a un trabajador (Superior del País Vasco, septiembre de 2026).
Si te ponen una multa, puedes pedir ser oído en los tres días siguientes a su notificación y recurrirla.
La empresa sí puede pagar honorarios
La empresa sí puede tener que pagar los honorarios del abogado/a de la persona trabajadora, hasta 600 euros, en dos casos:
- Si litiga con mala fe o temeridad (artículo 97.3).
- Si no acude sin causa a la conciliación y la sentencia coincide en lo esencial con lo pedido en la papeleta (artículo 66.3). Conviene pedirlo en el juicio: un Tribunal Superior se lo impuso en el recurso a una empresa ausente que el juzgado no había condenado (Superior de Madrid, marzo de 2025). Pero si se gana bastante menos de lo que pedía la papeleta, no procede (Superior del País Vasco, marzo de 2017).
Todo esto se explica a fondo en el artículo sobre costas, mala fe y temeridad.
Costas en los recursos de suplicación y casación
En los recursos la regla cambia: la parte que recurre y pierde paga las costas de la otra, con un máximo de 1.200 euros en suplicación y 1.800 euros en casación (artículo 235.1).
Hay una excepción que protege a quien trabaja: no pagan costas quienes tienen el beneficio de justicia gratuita, y las personas trabajadoras lo tienen por ley.
Por eso, si recurres y pierdes, no pagas costas (Superior de Aragón, septiembre de 2020).
Además, en el recurso los honorarios de la otra parte por temeridad nunca se imponen a una persona trabajadora o beneficiaria de la Seguridad Social (artículo 235.3), aunque sí la multa.
La empresa, en cambio:
- Si recurre y pierde, paga las costas de la persona trabajadora (Supremo, febrero de 2018).
- Si solo se defiende del recurso de la persona trabajadora y pierde, no paga costas: la condena es para quien recurre, no para quien es recurrido (Supremo, octubre de 2025).
- Para recurrir tiene que depositar 300 euros en suplicación o 600 en casación y consignar el importe de la condena (artículo 229). La persona trabajadora está exenta.
Deducir en la renta el coste de la defensa
Los gastos de defensa jurídica en un pleito con tu empresa son deducibles en la declaración de la renta, con un límite de 300 euros al año.
Se restan como gasto del rendimiento del trabajo (artículo 19.2 e) de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), da igual que el pleito se gane o se pierda. Guarda la factura de quien te defienda.
Preguntas frecuentes
Si pierdo el juicio contra mi empresa, ¿tengo que pagar su abogado/a?
No. En la instancia, los honorarios de la otra parte solo se pueden imponer a la empresa, y en los recursos la persona trabajadora no paga costas porque tiene por ley el beneficio de justicia gratuita. Lo único que puede costarte es una multa si el juzgado aprecia mala fe o temeridad.
¿Hay que pagar tasas judiciales para demandar a la empresa?
No. Las personas físicas están exentas de la tasa judicial y, además, el Tribunal Constitucional anuló en 2016 las tasas de los recursos de suplicación y casación en lo social, de modo que hoy no las paga nadie en un pleito laboral.
¿Cuánto puede ser la multa por temeridad?
Entre 600 y 6.000 euros desde el 3 de abril de 2025, sin superar un tercio de lo que se discute. Antes el mínimo era de 180 euros.
¿Puedo ir al juicio sin abogado/a?
Sí, en el primer juicio es opcional. Para recurrir en suplicación necesitas abogado/a o graduado/a social, y para la casación ante el Tribunal Supremo, abogado/a.
¿Puedo deducir en la renta lo que pago al abogado/a?
Sí: los gastos de defensa jurídica en un pleito con la empresa de la que cobras el sueldo son gasto deducible del rendimiento del trabajo, con un límite de 300 euros al año.
Cuestiones Laborales es una web informativa: lo que explica es general y cada caso tiene sus matices. Para el tuyo, consulta siempre con un abogado o abogada laboralista o con un graduado o graduada social.
10 comentarios
Manuel
ResponderHola Alejandro:
En primer lugar, muchísimas gracias por la atención, nos ayuda y nos tranquiliza mucho. Quería comentar: han despedido a mi mujer por consultar material de recursos humanos (excel con subidas de sueldo y nóminas de trabajadores de la empresa), alegando que es una falta grave. Material público y disponible, consultado desde su ordenador de trabajo, sin contraseñas ni restricciones de ningún tipo. La echan sin finiquito, pero con el paro. Además, justo volvía de una baja por ansiedad de 5 o 6 meses. ¿Tenemos alguna opción si vamos a juicio?
AlejandroAutor
ResponderDepende del contexto, la responsabilidad que tenía, lo que venga en la carta de despido, el procedimiento que exige el convenio para el despido disciplinario…
Carlos
ResponderBuenas tardes, mi despido se produjo a finales de 2022, pero el fin del procedimiento y el pago de la factura al abogado laboralista ha sido ya en 2023. ¿Puedo deducir los gastos en la Renta 2022 ahora o debo esperar al año que viene, a la Renta 2023?
Muchas gracias. Un saludo.
AlejandroAutor
ResponderEntiendo que depende de la fecha de la factura.
SARA
ResponderBuenos días,
Tengo una orden de encargo donde indica que me cobrarán el 10% de la cuantía conseguida. Sin embargo, el fogasa no me va a pagar todo lo que se me reconoce en la sentencia. Que tengo que pagar al abogado, el 10% de lo reconocido en sentencia, o el 10% de lo que perciba finalmente (es decir, de lo que me abone el fogasa dentro de sus límites establecidos)
AlejandroAutor
ResponderDepende de lo que hayas pactado con el.
Andrea
ResponderMe han despedido y he presentado una demanda por despido improcedente contratando un abogado. La empresa no se presentó a la conciliación, el juicio lo perdí y recurrimos al TSJ declarando este despido improcedente. Mi abogado me ha cobrado, la conciliación+el juicio+el recurso. Esta bien eso? Paso tanto tiempo que ya no recuerdo lo que habíamos hablado de lo que me iba a cobrar
AlejandroAutor
ResponderSe está a lo acordado, pero lo normal es que te cobre todo los trámites que ha realizado.
Maria
ResponderHola Alejandro.
En 2 semanas tengo juicio por.despido disciplinario tengo pactado con el abogado importe fijo más 15% de lo que cobre en caso de ser improcedente.mi pregunta es en caso de que la empresa haga recurso de suplicación mi abogado tiene derecho a pedirme más gastos o ya entra.en el 15% que tengo pactado
AlejandroAutor
ResponderDependerá de lo pactado, pero normalmente si se presenta recurso se cobra a parte.
Otros artículos sobre este tema.
- ArtículoCostas, mala fe y temeridad en un juicio laboralEn el juicio laboral quien pierde no paga los gastos de la otra parte. La excepción es la mala fe o la temeridad: el juzgado puede multar a cualquiera de las partes con entre 600 y 6.000 euros, sin pasar de un tercio de lo reclamado, y solo a la empresa puede obligarle además a pagar hasta 600 euros de honorarios. En los recursos sí hay costas para quien pierde, salvo que tenga justicia gratuita, como las personas trabajadoras.
- Artículo¿Es gratuito un abogado de oficio para los trabajadores?Toda persona trabajadora tiene derecho a abogado/a de oficio para pleitear como trabajadora en lo social, gane lo que gane: lo dice la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Pero no siempre sale gratis: si gana el juicio y la sentencia no condena en costas a la empresa, tiene que pagar a su abogado/a de oficio, como máximo, un tercio de lo que obtenga.
- ArtículoCómo demandar a la empresa: opciones, plazos, conciliación, juicio y costesPara reclamar a la empresa hay dos caminos: denunciar ante la Inspección de Trabajo o demandar ante el Juzgado de lo Social. La demanda va casi siempre precedida de una papeleta de conciliación y tiene plazos muy cortos (20 días hábiles en un despido). En el juzgado no hace falta abogado, no hay costas en la primera instancia salvo mala fe y la empresa no puede tomar represalias por reclamar.
- ArtículoRecurso de suplicación laboral: cuándo cabe, plazos, costes y cómo se presentaLa sentencia del juzgado de lo social se recurre en suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia. Se anuncia en cinco días hábiles desde la notificación y se presenta por escrito en los diez siguientes, siempre con abogado/a o graduado/a social. No es un segundo juicio: solo se revisan errores de procedimiento, hechos probados con documentos o pericias, y errores al aplicar la ley.
- Artículo¿Qué pasa si la empresa no acude al juicio o a la conciliación (SMAC)?Si la empresa no acude a la conciliación, se tiene por intentada sin acuerdo y, si la sentencia coincide en lo esencial con la papeleta, el juzgado le impondrá las costas, con hasta 600 euros de honorarios del abogado/a de la persona trabajadora, y puede multarla. Si no acude al juicio, este se celebra igual, pero la persona trabajadora tiene que probar lo que pide: la ausencia de la empresa no le da la razón de forma automática.
Modelos de escritos para este caso, listos para descargar en Word y completar.
- DocumentoSolicitud de abogado/a de oficio y asistencia jurídica gratuita para demandar a la empresa o por un despidoPara pedir al colegio de la abogacía que te designe abogado/a de oficio en un pleito laboral o de Seguridad Social, dejando claro que actúas como persona trabajadora, y suspender así el plazo para demandar.El escrito que propone esta guía
- DocumentoEscrito al juzgado anunciando que irás al juicio con abogado/a o graduado/a social tras el aviso de la empresaPara comunicar al juzgado de lo social, cuando te notifica que la empresa irá al juicio con profesional, que tú también irás con abogado/a o graduado/a social, o que lo has pedido de oficio, y no perder ese derecho.
- DocumentoDemanda de reconocimiento de la antigüedad desde el primer contrato, con el plus de antigüedad o trieniosPara que el juzgado declare tu antigüedad real en la empresa, normalmente la de tu primer contrato, y, si tu convenio prevé un plus de antigüedad o trienios, condene a pagarte lo que te deben del último año.
- DocumentoDemanda de reconocimiento de la relación laboral mientras sigues trabajando: falso autónomo o beca encubiertaPara que el juzgado declare que tu relación con la empresa es laboral, aunque firmaras un contrato mercantil, factures como autónomo/a o tengas una beca, sin esperar a que te echen, y para reclamar en la misma demanda las diferencias con el salario del convenio.
- DocumentoDemanda de clasificación profesional con reclamación de diferencias salariales (artículo 137 LRJS)Para que el juzgado te reconozca el grupo profesional o la categoría que corresponde a las funciones que haces de verdad y condene a la empresa a pagarte las diferencias de salario del último año, con el interés por mora.
- DocumentoPapeleta de conciliación para reclamar un derecho a la empresa: condiciones, orden abusiva o subrogaciónPara pedir a la empresa, antes de la demanda, que reconozca un derecho que te niega (una condición de trabajo, la que tenías antes de una subrogación o que deje sin efecto una orden que no puede darte) y, si las hay, las cantidades que se derivan.
- DocumentoDemanda de reconocimiento de un derecho: condiciones, antigüedad tras una subrogación o fijezaPara que el juzgado de lo social declare un derecho que la empresa te niega (una condición de trabajo, la antigüedad o la condición que tenías antes de una subrogación, la fijeza tras pasar a la Administración) y la condene a respetarlo y, si las hay, a pagar las diferencias.
Normas y preceptos aplicables. Despliega cada uno para leer su texto.
Artículo 97.3Ley Reguladora de la Jurisdicción SocialMulta por mala fe, temeridad o no acudir a la conciliación; solo la empresa paga además los honorarios de la otra parte, hasta 600 euros.Cambio reciente: Real Decreto-ley 6/2023 (artículo 104.21), desde el 20-03-2024: añade la multa cuando la sentencia coincide en lo esencial con la papeleta.
Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 20 de marzo de 20243. La sentencia, motivadamente, podrá imponer una sanción pecuniaria, dentro de los límites que se fijan en el apartado 4 del artículo 75, al litigante que no acudió injustificadamente al acto de conciliación ante el servicio administrativo correspondiente o a mediación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 83.3, así como al litigante que obró de mala fe o con temeridad. También motivadamente podrá imponer una sanción pecuniaria cuando la sentencia condenatoria coincidiera esencialmente con la pretensión contenida en la papeleta de conciliación o en la solicitud de mediación. En tales casos, y cuando el condenado fuera el empresario, deberá abonar también los honorarios de los abogados y graduados sociales de la parte contraria que hubieren intervenido, hasta el límite de seiscientos euros.
La imposición de las anteriores medidas se efectuará a solicitud de parte o de oficio, previa audiencia en el acto de la vista de las partes personadas. De considerarse de oficio la posibilidad de imponer la sanción pecuniaria una vez concluido el acto de juicio, se concederá a las partes un término de dos días para que puedan formular alegaciones escritas. En el caso de incomparecencia a los actos de conciliación o de mediación, incluida la conciliación ante el letrado o letrada de la Administración de Justicia, sin causa justificada, se aplicarán por el juez, la jueza o el tribunal las medidas previstas en el apartado 3 del artículo 66.
Artículos 235.1 y 235.3Ley Reguladora de la Jurisdicción SocialCostas en suplicación y casación: las paga quien recurre y pierde, salvo justicia gratuita; tope de 1.200 y 1.800 euros. En el recurso, la multa por temeridad puede ponerse a cualquiera, pero los honorarios de la otra parte nunca a la persona trabajadora.
Texto de los apartados citadosTexto consolidado vigente desde el 11 de diciembre de 20111. La sentencia impondrá las costas a la parte vencida en el recurso, excepto cuando goce del beneficio de justicia gratuita o cuando se trate de sindicatos, o de funcionarios públicos o personal estatutario que deban ejercitar sus derechos como empleados públicos ante el orden social.
Las costas comprenderán los honorarios del abogado o del graduado social colegiado de la parte contraria que hubiera actuado en el recurso en defensa o en representación técnica de la parte, sin que la atribución en las costas de dichos honorarios puedan superar la cantidad de mil doscientos euros en recurso de suplicación y de mil ochocientos euros en recurso de casación.
3. La Sala que resuelva el recurso de suplicación o casación o declare su inadmisibilidad podrá imponer a la parte recurrente que haya obrado con mala fe o temeridad la multa que señalan el apartado 4 del artículo 75 y el apartado 3 del artículo 97, así como cuando entienda que el recurso se interpuso con propósito dilatorio. Igualmente en tales casos, impondrá a dicho litigante, excepto cuando sea trabajador, funcionario, personal estatutario o beneficiario de la Seguridad Social, los honorarios de los abogados y, en su caso, de los graduados sociales colegiados actuantes en el recurso dentro de los límites fijados en el párrafo primero de este artículo. Cuando la Sala pretenda de oficio imponer las anteriores medidas, oirá previamente a las partes personadas en la forma que establezca.
Artículo 2 d)Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica GratuitaEn lo social, las personas trabajadoras y beneficiarias de la Seguridad Social tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita.
Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 3 de octubre de 2025En los términos y con el alcance previstos en esta ley y en los tratados y convenios internacionales sobre la materia en los que España sea parte, tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita:
d) En el orden jurisdiccional social, además, los trabajadores y beneficiarios del sistema de Seguridad Social, tanto para la defensa en juicio como para el ejercicio de acciones para la efectividad de los derechos laborales en los procedimientos concursales.
Asimismo, el derecho a la asistencia jurídica gratuita se reconoce a los trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social para los litigios que sobre esta materia se sustancien ante el orden contencioso-administrativo.
Artículo 75.4Ley Reguladora de la Jurisdicción SocialCuantía de la multa por mala fe o temeridad: de 600 a 6.000 euros, sin pasar de un tercio de lo que se discute.Cambio reciente: Ley Orgánica 1/2025 (artículo 24.3), desde el 03-04-2025: el mínimo sube de 180 a 600 euros.
Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 3 de abril de 20254. Todos deberán ajustarse en sus actuaciones en el proceso a las reglas de la buena fe. De vulnerarse estas, así como en caso de formulación de pretensiones temerarias, sin perjuicio de lo dispuesto en el número anterior, el juez, la jueza o el tribunal podrá imponer mediante auto, en pieza separada, de forma motivada y respetando el principio de proporcionalidad, ponderando las circunstancias del hecho, la capacidad económica y los perjuicios causados al proceso y a otros intervinientes o a terceros, una multa que podrá oscilar de seiscientos a seis mil euros, sin que en ningún caso pueda superar la cuantía de la tercera parte del litigio.
Aquel al que se hubiere impuesto la multa prevista en el párrafo anterior podrá ser oído en justicia. La audiencia en justicia se pedirá en el plazo de los tres días siguientes al de la notificación de la multa, mediante escrito presentado ante el juez, la jueza o el tribunal que la haya impuesto. La audiencia será resuelta mediante auto contra el que cabrá recurso de alzada en cinco días ante la Sala de Gobierno correspondiente, que lo resolverá previo informe del juez, jueza o Sala que impuso la multa.
De apreciarse temeridad o mala fe en la sentencia o en la resolución de los recursos de suplicación o casación, se estará a lo dispuesto en sus reglas respectivas.
Artículo 66.3Ley Reguladora de la Jurisdicción SocialSi la empresa no acude a la conciliación sin causa y la sentencia coincide con la papeleta, paga costas con honorarios hasta 600 euros.
Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 20 de marzo de 20243. Si no compareciera la otra parte, debidamente citada, se hará constar expresamente en la certificación del acta de conciliación o de mediación y se tendrá la conciliación o la mediación por intentada sin efecto, y el juez o tribunal impondrán las costas del proceso a la parte que no hubiere comparecido sin causa justificada, incluidos honorarios, hasta el límite de seiscientos euros, del letrado o graduado social colegiado de la parte contraria que hubieren intervenido, si la sentencia que en su día dicte coincidiera esencialmente con la pretensión contenida en la papeleta de conciliación o en la solicitud de mediación.
Artículo 21.1Ley Reguladora de la Jurisdicción SocialAbogado/a o graduado/a social opcional en el juicio; obligatorio en suplicación (abogado/a o graduado/a social) y en casación (abogado/a).Cambio reciente: El apartado 2 lo modificó el Real Decreto-ley 6/2023 desde el 20-03-2024 (datos de contacto del profesional).
Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 20 de marzo de 20241. La defensa por abogado y la representación técnica por graduado social colegiado tendrá carácter facultativo en la instancia. En el recurso de suplicación los litigantes habrán de estar defendidos por abogado o representados técnicamente por graduado social colegiado. En el recurso de casación y en las actuaciones procesales ante el Tribunal Supremo será preceptiva la defensa de abogado. Cuando la defensa sea facultativa, con excepción de lo previsto en el artículo siguiente, podrá utilizarla sin embargo cualquiera de los litigantes, en cuyo caso será de su cuenta el pago de los honorarios o derechos respectivos con las excepciones contempladas en la legislación sobre asistencia jurídica gratuita.
Artículo 229.1Ley Reguladora de la Jurisdicción SocialDepósito para recurrir (300 euros en suplicación, 600 en casación), del que están exentas las personas trabajadoras.
Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 11 de diciembre de 20111. Todo el que, sin tener la condición de trabajador, causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, anuncie recurso de suplicación o prepare recurso de casación, consignará como depósito:
a) Trescientos euros, si se trata de recurso de suplicación.
b) Seiscientos euros, si el recurso fuera el de casación incluido el de casación para la unificación de doctrina.
Artículo 36.3Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica GratuitaSi se gana sin condena en costas, el abogado/a de oficio puede cobrar a su cliente hasta un tercio de lo obtenido.Cambio reciente: El apartado 1 lo modificó la Ley Orgánica 1/2025 desde el 03-04-2025; el 3 no ha cambiado.
Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 3 de abril de 20253. Cuando la sentencia que ponga fin al proceso no contenga expreso pronunciamiento en costas, venciendo en el pleito el beneficiario de la justicia gratuita, deberá éste pagar las costas causadas en su defensa, siempre que no excedan de la tercera parte de lo que en él haya obtenido. Si excedieren se reducirán a lo que importe dicha tercera parte, atendiéndose a prorrata sus diversas partidas.
Artículo 4.2 a)Ley 10/2012, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de JusticiaLas personas físicas están exentas de la tasa judicial en todo caso.Cambio reciente: Real Decreto-ley 1/2015 y Ley 25/2015 (vigente desde el 30-07-2015).
Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 30 de julio de 20152. Desde el punto de vista subjetivo, están, en todo caso, exentos de esta tasa:
a) Las personas físicas.
Artículo 7.1Ley 10/2012, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de JusticiaLas cuotas de suplicación (500 €) y casación (750 €) en lo social fueron anuladas por la STC 140/2016.Cambio reciente: Anulación por la Sentencia del Tribunal Constitucional 140/2016, de 21 de julio.
Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 27 de mayo de 20171. Sin perjuicio de su modificación en la forma prevista en el artículo 8, será exigible la cantidad fija que, en función de cada clase de proceso, se determina en la siguiente tabla:
En el orden jurisdiccional civil:
Verbal
y cambiario
Ordinario
Monitorio, monitorio europeo
y demanda incidental
en el proceso concursal
Ejecución extrajudicial
y oposición
a la ejecución
de títulos judiciales
Concurso necesario
Apelación
Casación
y extraordinario por infracción procesal
150 €
300 €
100 €
200 €
200 €
800 €
1.200 €
Cuando después de la oposición del deudor en un monitorio se siga un proceso ordinario se descontará de la tasa la cantidad ya abonada en el proceso monitorio.
En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo:
Abreviado
Ordinario
Apelación
Casación
200 €
350 €
800 €
1.200 €
Cuando el recurso contencioso-administrativo tenga por objeto la impugnación de resoluciones sancionadoras, la cuantía de la tasa, incluida la cantidad variable que prevé el apartado siguiente, no podrá exceder del 50 por ciento del importe de la sanción económica impuesta.
En el orden social:
Suplicación
Casación
500 €
750 €
Artículo 19.2 e)Ley 35/2006, del Impuesto sobre la Renta de las Personas FísicasLos gastos de defensa jurídica en litigios con la empresa son gasto deducible del rendimiento del trabajo, hasta 300 euros al año.
Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 1 de enero de 20152. Tendrán la consideración de gastos deducibles exclusivamente los siguientes:
e) Los gastos de defensa jurídica derivados directamente de litigios suscitados en la relación del contribuyente con la persona de la que percibe los rendimientos, con el límite de 300 euros anuales.
Textos legales basados en datos de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Se trata de un texto consolidado de carácter meramente informativo, sin valor oficial. Para el texto auténtico hay que acudir al BOE.
Lo que han dicho los tribunales sobre cada una de las cuestiones de este artículo.
Si pierdo el juicio, ¿tengo que pagar el abogado/a de la empresa?
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- 28 jun 2017TSJ AndalucíaUn juzgado de Jaén impuso las costas a un trabajador que reclamaba cantidad; el Tribunal Superior las deja sin efecto: a la persona trabajadora solo se le puede poner la multa del 75.4, no las costas.Muestra que, si un juzgado condena en costas a quien trabaja, se puede recurrir y se gana.Un caso real · ganó la persona trabajadora
¿Cuándo pueden multar a quien demanda por mala fe o temeridad?
- 31 oct 2019TSJ MadridConfirma la sentencia de instancia que desestimó la demanda de extinción del contrato de una trabajadora contra varias empresas con las que ya no tenía relación laboral, y de una de las cuales había sido administradora; la sentencia de instancia le había impuesto una multa por temeridad.Es el ejemplo que ya traía el artículo: pedir lo que se sabe imposible puede salir caro.Un caso real · ganó la empresa
- 17 dic 2020TSJ CataluñaMantiene la multa a quien volvió a demandar por una expulsión que una sentencia firme anterior ya había descartado. Explica los requisitos: uso prudente, no basta con perder, hace falta saber o no poder ignorar que no se lleva razón, y la decisión debe motivarse.Resume bien la frontera entre perder un juicio (sin consecuencias) y litigar con temeridad (multa).Un caso real · ganó la empresa
- 8 sep 2026TSJ País VascoDeja sin efecto una multa de 2.500 euros impuesta a un trabajador en un pleito de despido contra el Departamento de Educación del Gobierno Vasco: la temeridad exige pretensiones manifiestamente infundadas y conocimiento de que lo son.Ejemplo reciente de que la multa se puede recurrir y de que no se pone por perder.Un caso real · ganó la persona trabajadora
- 6 mar 2024Tribunal SupremoConfirma la multa por temeridad a un sindicato que repitió contra el gestor ferroviario un pleito ya resuelto: la multa es revisable en el recurso, pero hay que combatir lo que la sostiene.Repetir un pleito que ya se perdió es el caso típico de temeridad, también para la parte trabajadora.Doctrina de referencia · ganó la empresa · comentada en la newsletter
¿Quién paga las costas si se recurre la sentencia?
- 28 sep 2020TSJ AragónDesestima el recurso de suplicación de un trabajador sin imponerle costas, porque goza por ley del beneficio de justicia gratuita (artículos 235.1 de la Ley Reguladora y 2 d) de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita).Es la regla que aplican a diario los Tribunales Superiores: la persona trabajadora que recurre y pierde no paga costas.Doctrina de referencia · ganó la empresa
- 2 oct 2025Tribunal SupremoLa «parte vencida en el recurso» que paga costas es quien recurre y pierde; no quien comparece como recurrida defendiendo la sentencia, aunque esta acabe revocada. Desestima el recurso de una trabajadora que pedía las costas de la suplicación a la empresa recurrida.Aclara que la empresa solo paga costas en el recurso cuando es ella la que recurre y pierde.Doctrina de referencia · ganó la empresa · comentada en la newsletter
- 28 feb 2018Tribunal SupremoDesestima el recurso de casación para la unificación de doctrina de una empresa de logística, confirma la sentencia del Tribunal Superior de Castilla-La Mancha y le impone las costas.Ejemplo del caso normal: la empresa que recurre y pierde paga las costas de la persona trabajadora, con el tope legal.Un caso real · ganó la persona trabajadora
¿Paga algo la empresa que no acude a la conciliación?
- 28 mar 2025TSJ MadridEstima el recurso de una persona trabajadora en un despido y condena en costas a la empresa que no acudió a la conciliación, porque la sentencia coincidía en lo esencial con la papeleta.La condena a la empresa que falta a la conciliación no es automática en la práctica: hay que pedirla y, si el juzgado no la pone, se puede recurrir.Un caso real · ganó la persona trabajadora
- 14 mar 2017TSJ País VascoRechaza imponer a las demandadas que no acudieron a la conciliación la multa y los honorarios, porque lo concedido en la sentencia no coincidía en lo esencial con lo pedido en la papeleta y no había mala fe.Muestra el límite: si se gana menos de lo que pedía la papeleta, la empresa ausente no paga esos honorarios.Un caso real · ganó la empresa
¿Hay que pagar tasas judiciales en un juicio laboral?
- 21 jul 2016Tribunal ConstitucionalDeclara inconstitucionales y nulas, entre otras, las tasas de 500 euros por el recurso de suplicación y de 750 euros por el de casación en lo social, y toda la cuota variable, por obstaculizar el acceso a la justicia.Por esta sentencia, hoy nadie paga tasa judicial en lo social, ni siquiera la empresa que recurre.Derechos fundamentales y derecho europeo