El coste de demandar a la empresa

En comparación con otro tipo de demandas como puede ser por un accidente de tráfico o por un problema entre vecinos, demandar a la empresa en España no es caro.

De manera resumida, es barato por que no es necesario abogado, graduado social o procurador, no se pagan tasas y los trabajadores pueden demandar por si solos a la empresa.

Además, por otro lado, salvo casos excepcionales, no existe la condena en costas. Es decir, en caso de que no estimen la demanda y perdamos el procedimiento, no nos condenarán a pagar el abogado de la empresa.

Por lo tanto, el coste puede ser cero, si el trabajador presenta la demanda por si sólo.

De todos modos, en mi opinión, es recomendable ir asesorado de un abogado para una defensa de los derechos , ya que no sólo es importante tener la razón, sino saber demostrarla siguiendo el procedimiento adecuado dentro de los plazos establecidos para ello.

En cualquier caso, la posibilidad de ir sin abogado es sólo en primera instancia, ya que en caso de que perdamos la primera demanda y queramos presentar un recurso de suplicación o posteriormente uno de casación ante el tribunal supremo será necesario la representación por medio de abogado.

¿Cuánto suele cobrar un abogado o un sindicato?

No existe una tarifa fija, y cada uno es libre de fijar los honorarios que estime convenientes.

Normalmente, el coste del procedimiento suele incluir un coste fijo más uno variable.

No obstante, existen algunos abogados o despachos que empiezan a cobrar sólo en caso de que existe un resultado positivo en el procedimiento, cobrando normalmente en este caso un porcentaje más elevado que si existiera un coste fijo.

Por ejemplo, la mayoría de los procedimiento (despido, accidentes de trabajo, reclamación de derecho o cantidad) es necesario presentar previamente una papeleta de conciliación laboral y posteriormente una demanda, el coste por dicho procedimiento suele estar entre los 300 – 500 €, además un variable que suele rondar entre el 7% y el 15 %, todo ello incrementado con el IVA correspondiente del 21% actualmente.

Por otro lado, en el caso de la solicitud de una incapacidad permanente, el abogado suele percibir unas dos o tres mensualidades de la pensión. Además en este caso en ocasiones se cuenta con el informe de un perito médico cuyo coste suelen rondar los 800 €, en los que se incluye la tan necesaria defensa de dicho informe en la vista del procedimiento.

Es importante aclarar que estos precios son orientativos y las cuantías indicadas son las tarifas que suele encontrarme día a día y las que yo aplico en A Coruña, pero por supuesto hay abogados que cobran más y otros que cobran menos, ya que también es importante valorar la complejidad del caso y la cuantía del mismo.

¿Tengo derecho a un abogado de oficio?

Por el hecho de ser trabajador o percibir una prestación de la Seguridad Social se tiene derecho a un abogado de oficio. Pero que sea de oficio no quiere decir que éste sea gratuito.

El abogado puede cobrar en caso de que se estime la demanda hasta un máximo de una tercera parte de lo que se haya obtenido en el procedimiento. Por lo tanto, puede ser más caro un abogado de oficio que uno que escogemos nosotros, toda vez que el abogado de oficio, sin poner en duda su valía, viene impuesto y no puede ser escogido por el trabajador.

¿No existe la condena en costas en el procedimiento laboral?

Sí, existe, pero es excepcional y más si cabe para el trabajador

La condena en costas significa que aquella parte que haya “perdido” el juicio tiene que pagar las costas del procedimiento. Costas que suelen ser los honorarios de la parte contraria.

Es decir, que si hay una condena en costas, no sólo tienes que pagar la minuta acordada con tu abogado, sino la de la parte contraria.

Sin embargo, en el ámbito social no suele existir la condena en costas.

En este sentido, el artículo 97 de la Ley reguladora de la jurisdicción social indica que:

La sentencia, motivadamente, podrá imponer al litigante que obró de mala fe o con temeridad, así como al que no acudió al acto de conciliación injustificadamente, una sanción pecuniaria dentro de los límites que se fijan en el apartado 4 del artículo 75.

Por su parte, el apartado 4 del artículo 75 establece que el juez de forma motivada podrá imponer una multa que podrá oscilar de ciento ochenta a seis mil euros, sin que en ningún caso pueda superar la cuantía de la tercera parte del litigio.

Por otro lado, en el caso de que la empresa no se presente al acto de conciliación, en virtud del artículo 66 podrá ser condenada en costas con un máximo de 600 €.

En consecuencia, para que exista una condena en costas a un trabajador debe de existir mala fe o temeridad, pero a una empresa además de estas dos causas, puede haber condena en costas si no se presenta al acto de conciliación.

Deducir en el IRPF el coste de la defensa jurídica

Una cuestión muy importante es que los costes asociados por demandar a la empresa son deducibles fiscalmente en nuestra declaración del IRPF con un límite máximo anual de 300 €.

Esos importes se deducen el año en que se pagan, independiente de que se haya finalizado el procedimiento o de que se haya ganado o perdido.