Concepto de silencio administrativo

Debemos definir el silencio administrativo como la ausencia de una resolución expresa por parte de la administración dentro del plazo establecido para ello.

Conviene recordar que el apartado 1 del artículo 21 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común establece que la «administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación».

En otras palabras, si solicitamos por escrito algo a la seguridad social, INSS o SEPE y ésta no nos contesta aunque esté obligado a ella, se considera silencio administrativo.

De la misma manera, también se considera silencio administrativo cuando es la propia administración la que inicia un procedimiento que no finaliza sin que la persona trabajadora conozca la resolución.

El silencio administrativo tiene dos importantes consecuencias que vamos a analizar de manera más detallada

  1. ¿Debemos considerar el silencio como la estimación o denegación de nuestra petición?
  2. ¿Qué plazo tenemos para recurrir en caso de silencio administrativo?

No obstante, antes de entrar a valorar cuando existe silencio administrativo, es fundamental conocer que plazo tiene la administración para contestar, y así determinar cuando existe el silencio administrativo.

¿Qué plazo tiene la administración para responder?

El artículo 21 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común establece que la administración tiene la obligación de resolver de manera expresa en los plazos que se fijan en la correspondiente norma reguladora.

No obstante, con carácter general, esta plazo no podrá superar los seis meses, y en caso de que no exista legislación que establezca un plazo, se deberá considerar tres meses.

Sentado lo anterior, tenemos que diferenciar entre la iniciación de un procedimiento mediante el cual solicitamos un derecho a la seguridad social, a la presentación de una reclamación previa que impugnamos una resolución de un procedimiento ya iniciado.

Los plazos de iniciación de un procedimiento viene recogidos principalmente en el Real Decreto 286/2003.

Así, por ejemplo si solicitamos alguno de estas prestaciones estos son los plazos de resolución expresados en días hábiles:

  • Pensión de jubilación – 90 días.
  • Prestación de incapacidad permanente o revisión de la misma – 135 días.
  • Prestación de maternidad o incapacidad temporal – 30 días.
  • Recargo de prestaciones – 135 días.
  • Reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria – 1 día

Posteriormente, una vez superado el trámite inicial de la solicitud anteriormente comentado, y en caso de que no estamos conformes con la resolución, tendremos que presentar una reclamación previa frente al organismo correspondiente que haya dictado la resolución denegatoria.

Presentada esta reclamación previa, el artículo 71 de la Ley reguladora de la Jurisdicción social establece que en materia de prestaciones, la seguridad social tiene un plazo de 45 días hábiles para dictar resolución expresa.

No obstante, existen otros plazos en caso de impugnación de alta en el proceso de incapacidad temporal como aquí explicamos.

Por lo tanto, una vez conocidos los plazos con los que cuenta la seguridad social y otros organismos para responder, vamos analizar las consecuencias de la ausencia de una resolución expresa.

En caso de silencio, ¿debemos considerar que nos estiman o deniegan la petición?

El artículo 24 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común establece que el silencio administrativo debe de considerarse como que han estimado lo solicitado por la persona trabajadora, salvo que la normativa indique lo contrario.

Sin embargo, en la normativa laboral, la excepción es considerar como estimado, y la regla general es que todo silencio es denegatorio obligando a acudir a los tribunales.

En este sentido, el artículo 129 de la Ley General de la Seguridad Social establece que una vez transcurrido el plazo máximo para dictar una resolución de manera expresa, la petición realizada por la persona trabajadora «se entenderá desestimada la petición por silencio administrativo».

Sin embargo, y en lo que respecta al FOGASA, el silencio administrativo se debe entender positivo.

Así, el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores establece que una vez transcurrido el plazo de tres meses «sin que haya recaído resolución expresa, el solicitante podrá entender estimada por silencio administrativo».

Eso sí, a pesar del silencio administrativo, nunca se podrá obtener la prestación a personas que legalmente beneficiarias o por una cuantía superior a los límites del FOGASA que aquí explicamos.

Conviene recordar que el artículo 33 del Estatuto de los trabajadores recoge el silencio administrativo como positivo después de varias sentencias del Tribunal Supremo que así lo habían considerado como por ejemplo, la sentencia del 26 de junio de 2020.

Por lo tanto, en este caso, primero lo consideró la jurisprudencia de manera reiterada y motivo la modificación legislativa.

¿Qué plazo tenemos para recurrir en caso de que exista silencio administrativo?

Una duda fundamental es el plazo que tenemos para presentar una reclamación previa o demanda ante el silencio administrativo realizado por la Seguridad Social; ya sea el INSS, el SEPE, FOGASA u otro organismo.

En principio, si no tenemos resolución expresa, no empieza a correr el plazo para responder, así que no podemos vernos perjudicados por este hecho y siempre (o casi) estaremos en plaza para presentar la demanda o reclamación previa.

Esta ausencia de plazo viene determinado por la jurisprudencia, y más concretamente por la Sentencia del Tribunal Constitucional 52/2014 a raíz de la cuestión de inconstitucionalidad del artículo 46.1 de la Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

En este sentido, siguiendo la interpretación del Tribunal Constitucional, la impugnación jurisdiccional de las desestimaciones por silencio administrativo no está sujeta a plazo pues la Ley 29/1998 no contempla plazo alguno.