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¿Quién es la autoridad laboral y qué hace? Diferencia con la Inspección de Trabajo
La autoridad laboral es la Administración que aplica la legislación laboral: en casi todo el territorio, la consejería de trabajo de cada comunidad autónoma, y el Ministerio de Trabajo cuando el asunto afecta a varias comunidades o en Ceuta y Melilla. Recibe los despidos colectivos y los ERTE, registra los convenios, recibe los avisos de huelga y de elecciones y pone las multas que propone la Inspección de Trabajo. Lo que decide se recurre, casi siempre, ante el Juzgado de lo Social.
La autoridad laboral es la Administración que se encarga de aplicar las leyes laborales.
En casi toda España es la consejería de trabajo de tu comunidad autónoma; el Ministerio de Trabajo solo lo es cuando el asunto afecta a varias comunidades, en algunos casos de empresas públicas y en Ceuta y Melilla.
Recibe los despidos colectivos y los ERTE, registra los convenios, recibe los avisos de huelga y de elecciones y pone las multas que le propone la Inspección de Trabajo.
Lo que decide se recurre, casi siempre, ante el Juzgado de lo Social.
Quién es la autoridad laboral
Cuando el Estatuto de los Trabajadores o cualquier otra ley dice «la autoridad laboral», no habla de un organismo con ese nombre, sino de la Administración que tenga la competencia en cada caso.
Como la ejecución de la legislación laboral se ha traspasado a las comunidades autónomas, la regla general es esta:
- Si todo ocurre dentro de una comunidad autónoma, la autoridad laboral es el órgano que esa comunidad designe: normalmente, la consejería con competencias de trabajo, a través de sus direcciones generales y de sus servicios provinciales o territoriales.
- Si afecta a centros de trabajo de dos o más comunidades, la autoridad laboral es la Dirección General de Trabajo del Ministerio, salvo que al menos el 85 % de la plantilla esté en una sola comunidad: entonces actúa la de esa comunidad (artículo 25 del Real Decreto 1483/2012, para despidos colectivos y ERTE).
- En Ceuta y Melilla, la Delegación del Gobierno.
Por eso el Supremo negó a la Administración del Estado la posibilidad de impugnar un convenio del País Vasco: con las competencias transferidas, la autoridad laboral en materia de convenios era la autonómica (Supremo, abril de 2003).
El nombre exacto del órgano cambia con cada gobierno autonómico. La forma más segura de saber cuál es el tuyo es mirar la resolución que hayas recibido, que siempre identifica quién la dicta, o la web de tu comunidad.
No es lo mismo que la Inspección de Trabajo
Es la confusión más habitual, y tiene consecuencias prácticas:
| Inspección de Trabajo | Autoridad laboral | |
|---|---|---|
| Qué hace | Investiga: visita, pide documentos, toma declaraciones | Resuelve: decide, registra, sanciona |
| Ante quién se denuncia | Ante ella | No es la vía habitual de denuncia |
| En una multa | Levanta el acta y propone la sanción | Tramita el expediente e impone la multa |
| En un ERE o ERTE | Emite un informe obligatorio | Recibe la comunicación y, en la fuerza mayor, decide |
La Inspección es hoy el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, presente en todo el territorio (artículo 28 de la Ley 23/2015). La autoridad laboral, en cambio, es casi siempre autonómica.
Y ninguna de las dos es la Seguridad Social: el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General gestionan las prestaciones, las altas y las cotizaciones, que son otro mundo con sus propios recursos.
Qué hace en lo que te afecta
Despidos colectivos y ERTE
Desde 2012 la autoridad laboral ya no autoriza los despidos colectivos ni los ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Su papel es otro (artículos 47 y 51 del Estatuto de los Trabajadores):
- Recibe la comunicación de la empresa y la documentación.
- Pide un informe obligatorio a la Inspección de Trabajo sobre las causas y el periodo de consultas.
- Vigila que las consultas sean de verdad: puede enviar advertencias y recomendaciones, mediar si lo piden las dos partes y prestar asistencia.
- Puede impugnar ante el juzgado los acuerdos alcanzados con fraude, dolo, coacción o abuso de derecho, o cuando el servicio de empleo avisa de que se busca cobrar el paro sin causa real.
Donde sí decide es en la fuerza mayor: un incendio, una inundación, un cierre ordenado por las autoridades. Ahí la autoridad laboral tiene que constatar que existe, en un plazo de cinco días.
En los ERTE por fuerza mayor, si no contesta en ese plazo, el expediente se entiende autorizado. Y no está obligada a conceder todo lo que pide la empresa: puede dar menos días de los solicitados (Supremo, febrero de 2022).
En los despidos por fuerza mayor puede acordar además que el Fondo de Garantía Salarial pague toda o parte de la indemnización.
Ojo con lo que se impugna y por qué vía.
Si lo que se discute es que hubiera fuerza mayor, se recurre la resolución de la autoridad laboral; si lo que se discute es cómo aplicó la empresa la suspensión o la reducción, el cauce es el conflicto colectivo (Supremo, febrero de 2022).
En aquel caso, unas escuelas infantiles cerradas por la borrasca Filomena, el ERTE acabó declarado válido (Supremo, diciembre de 2022).
Convenios colectivos
Los convenios se presentan ante la autoridad laboral en 15 días desde la firma, para su registro, y ella ordena publicarlos en el boletín oficial en un plazo máximo de 20 días (artículo 90 del Estatuto).
Si cree que un convenio es ilegal, lesiona gravemente a terceros o discrimina por razón de sexo, no puede anularlo: tiene que llevarlo de oficio al juzgado.
Que un convenio esté registrado y publicado no lo convierte en intocable.
El Supremo anuló una cláusula que permitía avisar del cambio de horario con catorce horas, por debajo del preaviso legal de cinco días, aunque el convenio había pasado el control de la autoridad laboral (Supremo, enero de 2023).
La autoridad laboral también puede demandar de oficio en otros casos, como una modificación sustancial de condiciones. Esa demanda no impide que la persona afectada reclame por su cuenta: las dos pueden seguir adelante (Supremo, mayo de 2025).
Huelga y elecciones sindicales
- Huelga: la representación de las personas trabajadoras tiene que comunicarla por escrito a la empresa y a la autoridad laboral con al menos cinco días naturales de antelación, indicando objetivos, gestiones hechas, fecha de inicio y comité de huelga (artículo 3 del Real Decreto-ley 17/1977). Los servicios mínimos en servicios esenciales los fija la autoridad de gobierno, y su impugnación no va al Juzgado de lo Social sino al contencioso.
- Elecciones: el preaviso de elecciones a delegados/as de personal o comité de empresa se registra en la oficina pública dependiente de la autoridad laboral, con un mes de antelación como mínimo (artículo 67 del Estatuto). Allí se depositan también las actas y las comunicaciones de dimisiones, revocaciones y sustituciones.
Las multas a la empresa
Cuando la Inspección de Trabajo encuentra una infracción, levanta un acta de infracción y propone una multa. Quien la impone es la autoridad laboral, después de oír a la empresa.
Qué órgano concreto firma la multa depende de su cuantía y de quién tenga la competencia. En las comunidades autónomas, lo fija cada una (artículo 48 de la ley de sanciones).
En el ámbito del Estado, la ley remite a un reglamento y, mientras no se apruebe, sigue el reparto anterior, de forma transitoria: la autoridad provincial hasta 31.000 euros, la Dirección General hasta 62.500, el Ministerio hasta 125.000 y el Consejo de Ministros por encima.
En riesgos laborales había una escala propia, más alta, que no encaja con las multas actuales, así que ahí el reparto no está claro.
El Supremo, por ejemplo, confirmó una multa de más de 481.000 euros acordada por el Consejo de Ministros a un fabricante de automóviles (Supremo, julio de 2020).
Dos ideas útiles para la persona trabajadora:
- Para multar a una empresa por no dar de alta a alguien no hace falta un juicio previo sobre si la relación era laboral: si la empresa recurre la multa, el Juzgado de lo Social lo decide todo (Supremo, marzo de 2023).
- Lo que se pruebe en tu propio pleito pesa. Si una sentencia firme sobre el recargo de prestaciones de un accidente dice que no hubo infracción, la multa posterior por los mismos hechos cae (Supremo, mayo de 2022).
Cómo se recurre lo que decide
Antes de ir al juzgado, normalmente hay que agotar la vía administrativa (un recurso de alzada ante el superior del órgano que dictó la resolución). La propia resolución dice qué recurso cabe y en qué plazo; conviene respetarlo al día, porque son plazos cortos.
Después, casi todo va al Juzgado de lo Social (artículos 2 n) y 151 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social):
- Las multas en materia laboral y sindical.
- Las resoluciones sobre fuerza mayor en ERTE y despidos, y las del Mecanismo RED.
- Los demás actos de la autoridad laboral en materia laboral y sindical, como negarle a un sindicato información sobre los ERTE que había resuelto (Supremo, enero de 2022).
La representación de las personas trabajadoras puede impugnar estas resoluciones, también las que nacen del silencio de la Administración, si acredita un interés legítimo (Supremo, febrero de 2022).
Y las personas trabajadoras afectadas pueden personarse en el pleito que inicie la empresa contra una multa; la víctima de acoso sexual o por razón de sexo decide libremente si interviene.
Van, en cambio, al contencioso-administrativo (artículo 3 de la misma ley):
- Las actas de liquidación de cuotas y las actas de infracción ligadas a ellas, y lo relativo a altas, bajas y afiliación (Superior de Cataluña, marzo de 2026). Una multa de la autoridad laboral en materia de Seguridad Social que no esté ligada a cuotas sí va a lo social (Superior de la Comunidad Valenciana, febrero de 2015).
- Los servicios mínimos de huelga, salvo la designación concreta de las personas que deben cubrirlos.
Dentro de lo social, la demanda va al Juzgado de lo Social, salvo que la resolución la haya dictado el Consejo de Gobierno de la comunidad o un Ministro o Secretario de Estado: entonces la ve en única instancia el Tribunal Superior de Justicia (Superior de Madrid, junio de 2015), y si la firma el Consejo de Ministros, el Tribunal Supremo (Supremo, julio de 2020).
Y un aviso sobre los recursos posteriores: la sentencia sobre una multa en materia laboral solo admite suplicación por encima de 18.000 euros, mientras que en las de Seguridad Social basta con superar 3.000 (Supremo, febrero de 2023); y al Supremo, en casación, solo llegan las de más de 150.000 euros (Supremo, febrero de 2023).
Preguntas frecuentes
¿Puedo denunciar a mi empresa ante la autoridad laboral?
Las denuncias por incumplimientos laborales se presentan ante la Inspección de Trabajo, que investiga y, si encuentra una infracción, levanta acta y propone la multa. Es la autoridad laboral quien luego la impone.
¿La autoridad laboral puede anular mi despido o un ERTE?
No. Los despidos, colectivos o individuales, y las medidas de un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción solo los anula un juzgado. La autoridad laboral solo decide si hay fuerza mayor y puede impugnar acuerdos fraudulentos ante el juzgado.
¿Quién es la autoridad laboral en Galicia, Madrid o Andalucía?
La consejería con competencias de trabajo de cada comunidad, a través de sus direcciones generales y servicios provinciales. Su nombre cambia con cada gobierno: mira la web de tu comunidad o la resolución que hayas recibido, que siempre identifica el órgano.
¿Cobro la indemnización si la empresa cierra por fuerza mayor?
La empresa debe pagarla, pero la autoridad laboral que constata la fuerza mayor puede acordar que el Fondo de Garantía Salarial pague toda o parte, y después se lo reclama a la empresa.
¿Dónde recurro una resolución de la autoridad laboral?
Casi siempre, primero con un recurso administrativo y después ante el Juzgado de lo Social. Lo relativo a altas, cotizaciones y servicios mínimos de huelga va al contencioso-administrativo.
Cuestiones Laborales es una web informativa: lo que explica es general y cada caso tiene sus matices. Para el tuyo, consulta siempre con un abogado o abogada laboralista o con un graduado o graduada social.
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Modelos de escritos para este caso, listos para descargar en Word y completar.
- DocumentoComunicación de la convocatoria de huelga a la empresa y a la autoridad laboral (preaviso)Para comunicar por escrito y a tiempo una huelga a la empresa y a la autoridad laboral, con todo lo que exige la ley (objetivos, gestiones previas, fecha de inicio y comité de huelga), y que no pueda declararse ilegal por un defecto de forma.El escrito que propone esta guía
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- DocumentoPersonación como interesado/a en el expediente sancionador abierto por la Inspección de TrabajoPara pedir ser parte en el expediente de multa que se abre contra la empresa tras un acta de infracción de la Inspección de Trabajo, cuando su resultado afecta a tus derechos: conocer el expediente, aportar documentos y que te notifiquen la resolución.
- DocumentoSolicitud a la Inspección de Trabajo de información sobre tu denuncia: estado, hechos comprobados y actasPara pedir a la Inspección de Trabajo que te diga cómo va tu denuncia, qué ha comprobado y qué medidas ha tomado, y dejar constancia por escrito de la fecha de la denuncia y de su relación con la actuación inspectora.
Normas y preceptos aplicables. Despliega cada uno para leer su texto.
Artículo 48Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (Real Decreto Legislativo 5/2000)Quién tiene la potestad de sancionar: el Estado según reglamento y, donde hay transferencias, los órganos que fije cada comunidad autónoma.Cambio reciente: Redacción dada por la Ley 23/2015 (desde el 23-07-2015), pero su apartado 1 no se aplica hasta que se apruebe el reglamento: mientras, sigue el reparto anterior por cuantías (disposición transitoria 2.ª de la Ley 23/2015).
Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 23 de julio de 2015Artículo 48. Atribución de competencias sancionadoras.
1. El ejercicio de la potestad sancionadora respecto de las infracciones del orden social en el ámbito de la Administración General del Estado corresponderá al órgano competente, según lo que reglamentariamente se disponga.
2. El ejercicio de la potestad sancionadora respecto de las infracciones del orden social, cuando corresponda a la Administración de las Comunidades Autónomas con competencia en materia de ejecución de la legislación del orden social, se ejercerá por los órganos y con los límites de distribución que determine cada Comunidad Autónoma.
3. La potestad para acordar las sanciones accesorias establecidas en esta ley corresponderá a quien la ostente para imponer las de carácter principal de las que deriven aquéllas.
Artículo 25Real Decreto 1483/2012, Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornadaQué autoridad laboral es competente en despidos colectivos y ERTE según dónde estén los centros afectados.
Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 31 de octubre de 2012Artículo 25. Autoridad laboral competente.
1. En el ámbito de las Comunidades Autónomas, cuando el procedimiento afecte a trabajadores que desarrollen su actividad o que se encuentren adscritos a centros de trabajo ubicados en su totalidad dentro del territorio de una Comunidad Autónoma, tendrá la consideración de autoridad laboral competente, el órgano que determine la Comunidad Autónoma respectiva.
2. En el ámbito de la Administración General del Estado, tendrá la consideración de autoridad laboral competente:
a) La Dirección General de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social:
1.º Cuando los trabajadores afectados desarrollen su actividad o se encuentren adscritos a centros de trabajo ubicados en el territorio de dos o más Comunidades Autónomas, así como cuando presten servicios en Departamentos, entes, organismos o entidades encuadrados en la Administración General del Estado.
2.º Cuando el procedimiento afecte a empresas o centros de trabajo relacionados con créditos extraordinarios o avales acordados por el Gobierno de la Nación; con empresas pertenecientes al Patrimonio del Estado y, en general, aquellas que tengan la condición de sociedades mercantiles estatales de acuerdo con la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o con la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, así como con empresas relacionadas directamente con la Defensa Nacional u otras cuya producción sea declarada de importancia estratégica nacional mediante norma con rango de ley.
b) La Delegación del Gobierno si la Comunidad Autónoma es uniprovincial o a la Subdelegación del Gobierno en la provincia, en los mismos supuestos a que se refiere el párrafo a), 2.º, de este apartado, siempre que el procedimiento afecte a centros de trabajo en el ámbito de una provincia, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo d) de este apartado.
c) La Delegación del Gobierno en las ciudades de Ceuta o Melilla respectivamente, cuando los trabajadores afectados por el procedimiento desarrollen su actividad o se encuentren adscritos a centros de trabajo ubicados en dichas ciudades.
d) De acuerdo con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, cuando los procedimientos en los casos establecidos en los párrafos b) y c) puedan afectar a más de doscientos trabajadores o la medida tenga especial trascendencia social, la Dirección General de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social podrá avocar la competencia para realizar las actuaciones que le encomienda el presente Reglamento.
3. Cuando el procedimiento afecte a trabajadores que desarrollen su actividad o se encuentren adscritos a centros de trabajo situados en el territorio de dos o más Comunidades Autónomas, pero el 85 por ciento, como mínimo, de plantilla de la empresa radique en el ámbito territorial de una Comunidad Autónoma y existan trabajadores afectados en la misma, corresponderá a la autoridad laboral competente de esa Comunidad Autónoma realizar la totalidad de las actuaciones de intervención en el procedimiento. En todo caso, deberá notificar a la Dirección General de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social la finalización del periodo de consultas, trasladándole la copia del acuerdo alcanzado en el mismo, o en caso de concluir éste sin acuerdo, la decisión empresarial de despido colectivo.
4. En los casos de procedimientos con centros afectados en dos o más Comunidades Autónomas, la autoridad laboral competente para intervenir en el procedimiento según lo dispuesto en este artículo comunicará dicha intervención a las autoridades laborales de los territorios donde radican dichos centros de trabajo.
5. Asimismo, en los procedimientos en empresas cuya plantilla exceda de quinientos trabajadores, la autoridad laboral de la Comunidad Autónoma competente deberá informar del procedimiento a la Dirección General de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
6. Lo dispuesto en este artículo se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en los correspondientes reales decretos sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a las Comunidades Autónomas en materia laboral.
Artículo 2 n)Ley Reguladora de la Jurisdicción SocialLleva al Juzgado de lo Social las resoluciones de la autoridad laboral sobre fuerza mayor y Mecanismo RED, las sanciones laborales y los demás actos en materia laboral.Cambio reciente: Redacción del Real Decreto-ley 6/2023, en vigor desde el 20-03-2024 (añade el artículo 47 bis).
Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 20 de marzo de 2024Los órganos jurisdiccionales del orden social, por aplicación de lo establecido en el artículo anterior, conocerán de las cuestiones litigiosas que se promuevan:
n) En impugnación de resoluciones administrativas de la autoridad laboral recaídas en los procedimientos previstos en el apartado 5 del artículo 47, en el artículo 47 bis) y en el apartado 7 del artículo 51 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, así como las recaídas en el ejercicio de la potestad sancionadora en materia laboral y sindical y, respecto de las demás impugnaciones de otros actos de las Administraciones públicas sujetos al Derecho Administrativo en el ejercicio de sus potestades y funciones en materia laboral y sindical que pongan fin a la vía administrativa, siempre que en este caso su conocimiento no esté atribuido a otro orden jurisdiccional.
Artículo disposición transitoria 2.ªLey 23/2015, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad SocialMantiene el reparto de la competencia sancionadora por cuantías mientras no haya reglamento.
Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 23 de julio de 2015Disposición transitoria segunda. Régimen transitorio en la atribución de competencias sancionadoras.
Hasta tanto no entren en vigor las disposiciones reglamentarias que se aprueben en desarrollo del artículo 48.1 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, en la redacción dada por la disposición final primera de la presente ley, continuará siendo de aplicación la regulación en materia de atribución de competencias sancionadoras existente con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley.
Artículo 28.1Ley 23/2015, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad SocialEl Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social se despliega en todo el territorio: la Inspección es distinta de la autoridad laboral.
Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 23 de julio de 20151. El Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social se desplegará en la totalidad del territorio español. Tanto su estructura central como territorial se establecerá en los Estatutos a los que se refiere el artículo 27.4, teniendo en cuenta lo establecido en los apartados siguientes y en el artículo 32.
Artículos 51.2 y 51.6 y 51.7Estatuto de los TrabajadoresPapel de la autoridad laboral en el despido colectivo: comunicación, informe de la Inspección, mediación, impugnación de acuerdos fraudulentos y constatación de la fuerza mayor.Cambio reciente: Apartado 2 modificado por la Ley 3/2023 (desde el 02-03-2023).
Texto de los apartados citadosTexto consolidado vigente desde el 2 de marzo de 20232. El despido colectivo deberá ir precedido de un periodo de consultas con los representantes legales de los trabajadores de una duración no superior a treinta días naturales, o de quince en el caso de empresas de menos de cincuenta trabajadores. La consulta con los representantes legales de los trabajadores deberá versar, como mínimo, sobre las posibilidades de evitar o reducir los despidos colectivos y de atenuar sus consecuencias mediante el recurso a medidas sociales de acompañamiento, tales como medidas de recolocación o acciones de formación o reciclaje profesional para la mejora de la empleabilidad. La consulta se llevará a cabo en una única comisión negociadora, si bien, de existir varios centros de trabajo, quedará circunscrita a los centros afectados por el procedimiento. La comisión negociadora estará integrada por un máximo de trece miembros en representación de cada una de las partes.
La intervención como interlocutores ante la dirección de la empresa en el procedimiento de consultas corresponderá a los sujetos indicados en el artículo 41.4, en el orden y condiciones señalados en el mismo.
La comisión representativa de los trabajadores deberá quedar constituida con carácter previo a la comunicación empresarial de apertura del periodo de consultas. A estos efectos, la dirección de la empresa deberá comunicar de manera fehaciente a los trabajadores o a sus representantes su intención de iniciar el procedimiento de despido colectivo. El plazo máximo para la constitución de la comisión representativa será de siete días desde la fecha de la referida comunicación, salvo que alguno de los centros de trabajo que vaya a estar afectado por el procedimiento no cuente con representantes legales de los trabajadores, en cuyo caso el plazo será de quince días.
Transcurrido el plazo máximo para la constitución de la comisión representativa, la dirección de la empresa podrá comunicar formalmente a los representantes de los trabajadores y a la autoridad laboral el inicio del periodo de consultas. La falta de constitución de la comisión representativa no impedirá el inicio y transcurso del periodo de consultas, y su constitución con posterioridad al inicio del mismo no comportará, en ningún caso, la ampliación de su duración.
La comunicación de la apertura del periodo de consultas se realizará mediante escrito dirigido por el empresario a los representantes legales de los trabajadores, una copia del cual se hará llegar a la autoridad laboral. En dicho escrito se consignarán los siguientes extremos:
a) La especificación de las causas del despido colectivo conforme a lo establecido en el apartado 1.
b) Número y clasificación profesional de los trabajadores afectados por el despido.
c) Número y clasificación profesional de los trabajadores empleados habitualmente en el último año.
d) Periodo previsto para la realización de los despidos.
e) Criterios tenidos en cuenta para la designación de los trabajadores afectados por los despidos.
f) Copia de la comunicación dirigida a los trabajadores o a sus representantes por la dirección de la empresa de su intención de iniciar el procedimiento de despido colectivo.
g) Representantes de los trabajadores que integrarán la comisión negociadora o, en su caso, indicación de la falta de constitución de esta en los plazos legales.
La comunicación a los representantes legales de los trabajadores y a la autoridad laboral deberá ir acompañada de una memoria explicativa de las causas del despido colectivo y de los restantes aspectos señalados en el párrafo anterior, así como de la documentación contable y fiscal y los informes técnicos, todo ello en los términos que reglamentariamente se establezcan.
Recibida la comunicación, la autoridad laboral dará traslado de la misma a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo y recabará, con carácter preceptivo, informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que deberá ser evacuado en el improrrogable plazo de quince días desde la notificación a la autoridad laboral de la finalización del periodo de consultas y quedará incorporado al procedimiento.
El informe de la inspección, además de comprobar los extremos de la comunicación y el desarrollo del periodo de consultas, se pronunciará sobre la concurrencia de las causas especificadas por la empresa en la comunicación inicial, y constatará que la documentación presentada por esta se ajusta a la exigida en función de la causa concreta alegada para despedir.
Durante el periodo de consultas, las partes deberán negociar de buena fe, con vistas a la consecución de un acuerdo.
Dicho acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría de los representantes legales de los trabajadores o, en su caso, de la mayoría de los miembros de la comisión representativa de los trabajadores siempre que, en ambos casos, representen a la mayoría de los trabajadores del centro o centros de trabajo afectados.
El empresario y la representación de los trabajadores podrán acordar en cualquier momento la sustitución del periodo de consultas por el procedimiento de mediación o arbitraje que sea de aplicación en el ámbito de la empresa, que deberá desarrollarse dentro del plazo máximo señalado para dicho periodo.
La autoridad laboral velará por la efectividad del periodo de consultas pudiendo remitir, en su caso, advertencias y recomendaciones a las partes que no supondrán, en ningún caso, la paralización ni la suspensión del procedimiento. Igualmente y sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, la autoridad laboral podrá realizar durante el periodo de consultas, a petición conjunta de las partes, las actuaciones de mediación que resulten convenientes con el fin de buscar soluciones a los problemas planteados por el despido colectivo. Con la misma finalidad también podrá realizar funciones de asistencia a petición de cualquiera de las partes o por propia iniciativa.
Transcurrido el periodo de consultas el empresario comunicará a la autoridad laboral el resultado del mismo. Si se hubiera alcanzado acuerdo, trasladará copia íntegra del mismo. En caso contrario, remitirá a los representantes de los trabajadores y a la autoridad laboral la decisión final de despido colectivo que haya adoptado y las condiciones del mismo.
Si en el plazo de quince días desde la fecha de la última reunión celebrada en el periodo de consultas, el empresario no hubiera comunicado a los representantes de los trabajadores y a la autoridad laboral su decisión sobre el despido colectivo, se producirá la caducidad del procedimiento de despido colectivo en los términos que reglamentariamente se establezcan.
6. La decisión empresarial podrá impugnarse a través de las acciones previstas para este despido. La interposición de la demanda por los representantes de los trabajadores paralizará la tramitación de las acciones individuales iniciadas, hasta la resolución de aquella.
La autoridad laboral podrá impugnar los acuerdos adoptados en el periodo de consultas cuando estime que estos se han alcanzado mediante fraude, dolo, coacción o abuso de derecho a efectos de su posible declaración de nulidad, así como cuando la entidad gestora de las prestaciones por desempleo hubiese informado de que la decisión extintiva empresarial pudiera tener por objeto la obtención indebida de las prestaciones por parte de los trabajadores afectados por inexistencia de la causa motivadora de la situación legal de desempleo.
7. La existencia de fuerza mayor, como causa motivadora de la extinción de los contratos de trabajo, deberá ser constatada por la autoridad laboral, cualquiera que sea el número de los trabajadores afectados, previo procedimiento tramitado conforme a lo dispuesto en este apartado y en sus disposiciones de desarrollo reglamentario.
El procedimiento se iniciará mediante solicitud de la empresa, acompañada de los medios de prueba que estime necesarios y simultánea comunicación a los representantes legales de los trabajadores, quienes ostentarán la condición de parte interesada en la totalidad de la tramitación del procedimiento.
La resolución de la autoridad laboral se dictará, previas las actuaciones e informes indispensables, en el plazo de cinco días desde la solicitud y deberá limitarse, en su caso, a constatar la existencia de la fuerza mayor alegada por la empresa, correspondiendo a esta la decisión sobre la extinción de los contratos, que surtirá efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor. La empresa deberá dar traslado de dicha decisión a los representantes de los trabajadores y a la autoridad laboral.
La autoridad laboral que constate la fuerza mayor podrá acordar que la totalidad o una parte de la indemnización que corresponda a los trabajadores afectados por la extinción de sus contratos sea satisfecha por el Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio del derecho de este a resarcirse del empresario.
Artículos 47.3 y 47.5Estatuto de los TrabajadoresPapel de la autoridad laboral en los ERTE: comunicación, informe de la Inspección y constatación de la fuerza mayor en cinco días, con silencio positivo.Cambio reciente: Real Decreto-ley 32/2021 (reforma laboral) y, en el apartado 6, Real Decreto-ley 8/2024 (desde el 30-11-2024).
Texto de los apartados citadosTexto consolidado vigente desde el 30 de noviembre de 20243. El procedimiento, que será aplicable cualquiera que sea el número de personas trabajadoras de la empresa y el número de personas afectadas por la reducción o por la suspensión, se iniciará mediante comunicación a la autoridad laboral competente y la apertura simultánea de un periodo de consultas con la representación legal de las personas trabajadoras de duración no superior a quince días.
En el supuesto de empresas de menos de cincuenta personas de plantilla, la duración del periodo de consultas no será superior a siete días.
La consulta se llevará a cabo en una única comisión negociadora, si bien, de existir varios centros de trabajo, quedará circunscrita a los centros afectados por el procedimiento. La comisión negociadora estará integrada por un máximo de trece miembros en representación de cada una de las partes.
La intervención como interlocutores ante la dirección de la empresa en el procedimiento de consultas corresponderá a los sujetos indicados en el artículo 41.4, en el orden y condiciones señalados en el mismo.
La comisión representativa de las personas trabajadoras deberá quedar constituida con carácter previo a la comunicación empresarial de apertura del periodo de consultas. A estos efectos, la dirección de la empresa deberá comunicar de manera fehaciente a las personas trabajadoras o a sus representantes su intención de iniciar el procedimiento. El plazo máximo para la constitución de la comisión representativa será de cinco días desde la fecha de la referida comunicación, salvo que alguno de los centros de trabajo que vaya a estar afectado por el procedimiento no cuente con representantes legales de los trabajadores, en cuyo caso el plazo será de diez días.
Transcurrido el plazo máximo para la constitución de la comisión representativa, la dirección de la empresa podrá comunicar formalmente a la representación de las personas trabajadoras y a la autoridad laboral el inicio del periodo de consultas. La falta de constitución de la comisión representativa no impedirá el inicio y transcurso del periodo de consultas, y su constitución con posterioridad al inicio del mismo no comportará, en ningún caso, la ampliación de su duración.
La autoridad laboral recabará informe preceptivo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre los extremos de dicha comunicación y sobre el desarrollo del periodo de consultas. El informe deberá ser evacuado en el improrrogable plazo de quince días desde la notificación a la autoridad laboral de la finalización del periodo de consultas y quedará incorporado al procedimiento.
Cuando el periodo de consultas finalice con acuerdo se presumirá que concurren las causas justificativas a que alude el apartado 1 y solo podrá ser impugnado ante la jurisdicción social por la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en su conclusión.
Durante el periodo de consultas, las partes deberán negociar de buena fe, con vistas a la consecución de un acuerdo. Dicho acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría de los representantes legales de los trabajadores o, en su caso, de la mayoría de miembros de la comisión representativa de las personas trabajadoras siempre que, en ambos casos, representen a la mayoría de las personas trabajadoras del centro o centros de trabajo afectados.
La empresa y la representación de las personas trabajadoras podrán acordar en cualquier momento la sustitución del periodo de consultas por el procedimiento de mediación o arbitraje que sea de aplicación en el ámbito de la empresa, que deberá desarrollarse dentro del plazo máximo señalado para dicho periodo.
Tras la finalización del periodo de consultas, la empresa notificará a las personas trabajadoras y a la autoridad laboral su decisión sobre la reducción de jornada o la suspensión de contratos, que deberá incluir el periodo dentro del cual se va a llevar a cabo la aplicación de estas medidas.
La decisión empresarial surtirá efectos a partir de la fecha de su comunicación a la autoridad laboral, salvo que en ella se contemple una posterior.
Si en el plazo de quince días desde la fecha de la última reunión celebrada en el periodo de consultas, la empresa no hubiera comunicado a los representantes de los trabajadores y a la autoridad laboral su decisión sobre la suspensión de contratos o reducción temporal de jornada, se producirá la caducidad del procedimiento en los términos que reglamentariamente se establezcan.
La decisión empresarial podrá ser impugnada por la autoridad laboral a petición de la entidad gestora de la prestación por desempleo cuando aquella pudiera tener por objeto la obtención indebida de las prestaciones por parte de las personas trabajadoras, por inexistencia de la causa motivadora de la situación legal de desempleo.
Contra las decisiones a que se refiere el presente apartado podrá reclamar la persona trabajadora ante la jurisdicción social que declarará la medida justificada o injustificada. En este último caso, la sentencia declarará la inmediata reanudación del contrato de trabajo y condenará a la empresa al pago de los salarios dejados de percibir por la persona trabajadora hasta la fecha de la reanudación del contrato o, en su caso, al abono de las diferencias que procedan respecto del importe recibido en concepto de prestaciones por desempleo durante el periodo de suspensión, sin perjuicio del reintegro que proceda realizar por el empresario del importe de dichas prestaciones a la entidad gestora del pago de las mismas, así como del ingreso de las diferencias de cotización a la Seguridad Social. Cuando la decisión empresarial afecte a un número de personas igual o superior a los umbrales previstos en el artículo 51.1 se podrá reclamar en conflicto colectivo, sin perjuicio de la acción individual. La interposición del conflicto colectivo paralizará la tramitación de las acciones individuales iniciadas, hasta su resolución.
5. Las empresas podrán aplicar la reducción de la jornada de trabajo o la suspensión de los contratos de trabajo por causa derivada de fuerza mayor temporal, previo procedimiento tramitado conforme a lo dispuesto en este apartado, en el artículo 51.7 y en sus disposiciones reglamentarias de aplicación.
El procedimiento se iniciará mediante solicitud de la empresa dirigida a la autoridad laboral competente, acompañada de los medios de prueba que estime necesarios, y simultánea comunicación a la representación legal de las personas trabajadoras.
La existencia de fuerza mayor temporal como causa motivadora de la suspensión o reducción de jornada de los contratos de trabajo, deberá ser constatada por la autoridad laboral, cualquiera que sea el número de personas trabajadoras afectadas.
La autoridad laboral solicitará informe preceptivo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social antes de dictar resolución. Este informe deberá pronunciarse sobre la concurrencia de la fuerza mayor.
La resolución de la autoridad laboral se dictará, previas las actuaciones e informes indispensables, en el plazo de cinco días desde la solicitud, y deberá limitarse, en su caso, a constatar la existencia de la fuerza mayor alegada por la empresa, correspondiendo a esta la decisión sobre la reducción de las jornadas de trabajo o suspensión de los contratos de trabajo. La resolución surtirá efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor, y hasta la fecha determinada en la misma resolución.
Si no se emite resolución expresa en el plazo indicado, se entenderá autorizado el expediente de regulación temporal de empleo.
En el supuesto de que se mantenga la fuerza mayor a la finalización del período determinado en la resolución del expediente, se deberá solicitar una nueva autorización.
Artículos 90.2 y 90.3 y 90.5 y 90.6Estatuto de los TrabajadoresRegistro y publicación de los convenios y control de su legalidad e igualdad por la autoridad laboral.
Texto de los apartados citadosTexto consolidado vigente desde el 13 de noviembre de 20152. Los convenios deberán ser presentados ante la autoridad laboral competente, a los solos efectos de registro, dentro del plazo de quince días a partir del momento en que las partes negociadoras lo firmen. Una vez registrado, el convenio será remitido al órgano público competente para su depósito.
3. En el plazo máximo de veinte días desde la presentación del convenio en el registro se dispondrá por la autoridad laboral su publicación obligatoria y gratuita en el «Boletín Oficial del Estado» o en el correspondiente boletín oficial de la comunidad autónoma o de la provincia, en función del ámbito territorial del convenio.
5. Si la autoridad laboral estimase que algún convenio conculca la legalidad vigente o lesiona gravemente el interés de terceros, se dirigirá de oficio a la jurisdicción social, la cual resolverá sobre las posibles deficiencias previa audiencia de las partes, conforme a lo establecido en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.
6. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, la autoridad laboral velará por el respeto al principio de igualdad en los convenios colectivos que pudieran contener discriminaciones, directas o indirectas, por razón de sexo.
A tales efectos, podrá recabar el asesoramiento del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades o de los organismos de igualdad de las comunidades autónomas, según proceda por su ámbito territorial. Cuando la autoridad laboral se haya dirigido a la jurisdicción social por entender que el convenio colectivo pudiera contener cláusulas discriminatorias, lo pondrá en conocimiento del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades o de los organismos de igualdad de las comunidades autónomas, según su ámbito territorial, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 95.3 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social.
Artículo 67.1Estatuto de los TrabajadoresEl preaviso de elecciones se presenta en la oficina pública dependiente de la autoridad laboral con un mes de antelación.
Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 13 de noviembre de 20151. Podrán promover elecciones a delegados de personal y miembros de comités de empresa las organizaciones sindicales más representativas, las que cuenten con un mínimo de un diez por ciento de representantes en la empresa o los trabajadores del centro de trabajo por acuerdo mayoritario. Los sindicatos con capacidad de promoción de elecciones tendrán derecho a acceder a los registros de las Administraciones Públicas que contengan datos relativos a la inscripción de empresas y altas de trabajadores, en la medida necesaria para llevar a cabo tal promoción en sus respectivos ámbitos.
Los promotores comunicarán a la empresa y a la oficina pública dependiente de la autoridad laboral su propósito de celebrar elecciones con un plazo mínimo de, al menos, un mes de antelación al inicio del proceso electoral. En dicha comunicación los promotores deberán identificar con precisión la empresa y el centro de trabajo de esta en que se desea celebrar el proceso electoral y la fecha de inicio de este, que será la de constitución de la mesa electoral y que, en todo caso, no podrá comenzar antes de un mes ni más allá de tres meses contabilizados a partir del registro de la comunicación en la oficina pública dependiente de la autoridad laboral. Esta oficina pública, dentro del siguiente día hábil, expondrá en el tablón de anuncios los preavisos presentados, facilitando copia de los mismos a los sindicatos que así lo soliciten.
Solo previo acuerdo mayoritario entre los sindicatos más representativos o representativos de conformidad con la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, podrá promoverse la celebración de elecciones de manera generalizada en uno o varios ámbitos funcionales o territoriales. Dichos acuerdos deberán comunicarse a la oficina pública dependiente de la autoridad laboral para su depósito y publicidad.
Cuando se promuevan elecciones para renovar la representación por conclusión de la duración del mandato, tal promoción solo podrá efectuarse a partir de la fecha en que falten tres meses para el vencimiento del mandato.
Podrán promoverse elecciones parciales por dimisiones, revocaciones o ajustes de la representación por incremento de plantilla. Los convenios colectivos podrán prever lo necesario para acomodar la representación de los trabajadores a las disminuciones significativas de plantilla que puedan tener lugar en la empresa. En su defecto, dicha acomodación deberá realizarse por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores.
Artículo 3.3Real Decreto-ley 17/1977, sobre relaciones de trabajoLa huelga se comunica por escrito a la empresa y a la autoridad laboral con cinco días naturales de antelación.
Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 25 de abril de 1981Artículo tres.
Uno. La declaración de huelga, cualquiera que sea su ámbito, exige, en todo caso, la adopción de acuerdo expreso, en tal sentido, en cada centro de trabajo.
Dos. Están facultados para acordar la declaración de huelga:
a) Los trabajadores, a través de sus representantes. El acuerdo será adoptado, en reunión conjunta de dichos representantes, por decisión mayoritaria de los mismos. De la reunión, a la que habrán de asistir al menos el setenta y cinco por ciento de los representantes, se levantará acta, que deberán firmar los asistentes.
b) Directamente los propios trabajadores del centro de trabajo, afectados por el conflicto, cuando el veinticinco por ciento de la plantilla decida se someta a votación dicho acuerdo. La votación habrá de ser secreta y se decidirá por mayoría simple. El resultado de ésta se hará constar en acta.
Tres. El acuerdo de declaración de huelga habrá de ser comunicado al empresario o empresarios afectados y a la autoridad laboral por los representantes de los trabajadores.
La comunicación de huelga deberá hacerse por escrito y notificada con cinco días naturales de antelación, al menos, a su fecha de iniciación. Cuando el acuerdo de declaración de huelga lo adopten directamente los trabajadores mediante votación, el plazo de preaviso comenzará a contarse desde que los representantes de los trabajadores comuniquen al empresario la celebración de la misma. La comunicación de huelga habrá de contener los objetivos de ésta, gestiones realizadas para resolver las diferencias, fecha de su inicio y composición del comité de huelga.
Artículos 3 d) y 3 f)Ley Reguladora de la Jurisdicción SocialExcluye del orden social los servicios mínimos de huelga y las actas de liquidación de cuotas y sus actas de infracción vinculadas (van al contencioso).
Texto de los apartados citadosTexto consolidado vigente desde el 24 de diciembre de 2022No conocerán los órganos jurisdiccionales del orden social:
d) De las disposiciones que establezcan las garantías tendentes a asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad en caso de huelga y, en su caso, de los servicios o dependencias y los porcentajes mínimos de personal necesarios a tal fin, sin perjuicio de la competencia del orden social para conocer de las impugnaciones exclusivamente referidas a los actos de designación concreta del personal laboral incluido en dichos mínimos, así como para el conocimiento de los restantes actos dictados por la autoridad laboral en situaciones de conflicto laboral conforme al Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre Relaciones de Trabajo.
f) De las impugnaciones de los actos administrativos en materia de Seguridad Social relativos a inscripción de empresas, formalización de la protección frente a riesgos profesionales, tarifación, afiliación, alta, baja y variaciones de datos de trabajadores, así como en materia de liquidación de cuotas, actas de liquidación y actas de infracción vinculadas con dicha liquidación de cuotas y con respecto a los actos de gestión recaudatoria, incluidas las resoluciones dictadas en esta materia por su respectiva entidad gestora, en el supuesto de cuotas de recaudación conjunta con las cuotas de Seguridad Social y, en general, los demás actos administrativos conexos a los anteriores dictados por la Tesorería General de la Seguridad Social; así como de los actos administrativos sobre asistencia y protección social públicas en materias que no se encuentren comprendidas en las letras o) y s) del artículo 2.
Artículo 151Ley Reguladora de la Jurisdicción SocialCómo se impugna un acto de la autoridad laboral: vía administrativa previa, legitimación (incluidas las personas trabajadoras afectadas y la víctima de acoso) y presunción de certeza de las actas.
Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 8 de julio de 2012Artículo 151. Tramitación.
1. De no existir regulación especial, el procedimiento iniciado por demanda en impugnación de los actos administrativos en materia laboral dirigida contra el Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales u otras Administraciones u Organismos públicos se regirá por los principios y reglas del proceso ordinario laboral, con las especialidades contenidas en esta Sección. En lo no expresamente previsto serán de aplicación las normas reguladoras de la jurisdicción contencioso-administrativa, en cuanto sean compatibles con los principios del proceso social.
2. Con la demanda deberá acreditarse, en su caso, el agotamiento de la vía administrativa en la forma y plazos que correspondan según la normativa aplicable a la Administración autora del acto, en la forma establecida en el artículo 69 de esta Ley, salvo lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 70 de la misma y en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que será de aplicación a los litigios entre Administraciones públicas ante el orden jurisdiccional social.
3. En la demanda se identificará con precisión el acto o resolución objeto de impugnación y la Administración pública o Entidad de derecho público contra cuya actividad se dirija el recurso y se hará indicación, en su caso, de las personas o entidades cuyos derechos o intereses legítimos pudieran quedar afectados por la estimación de las pretensiones del demandante.
4. En caso de omitirse los requisitos anteriores, el secretario judicial dispondrá que se subsane el defecto en el plazo de cuatro días. Realizada la subsanación, se admitirá la demanda. En otro caso, dará cuenta al tribunal para que por el mismo se resuelva sobre su admisión.
5. Estarán legitimados para promover el proceso, los destinatarios del acto o resolución impugnada o quienes ostenten derechos o intereses legítimos en su revocación o anulación. La legitimación pasiva corresponde a la Administración o Entidad pública autora del acto.
Los empresarios y los trabajadores afectados o los causahabientes de ambos, así como aquellos terceros a los que pudieran alcanzar las responsabilidades derivadas de los hechos considerados por el acto objeto de impugnación y quienes pudieran haber resultado perjudicados por los mismos, podrán comparecer como parte en el procedimiento y serán emplazados al efecto, en especial cuando se trate de enjuiciar hechos que pudieran ser constitutivos de accidente de trabajo o enfermedad profesional.
En los litigios sobre sanciones administrativas en materia de acoso laboral sexual o por razón de sexo, la víctima estará legitimada para comparecer en el procedimiento según su libre decisión y no podrá ser demandada o emplazada de comparecencia contra su voluntad. Si se requiriese el testimonio de la víctima el órgano jurisdiccional velará por las condiciones de su práctica en términos compatibles con su situación personal y con las restricciones de publicidad e intervención de las partes y de sus representantes que sean necesarias.
6. Los sindicatos y asociaciones empresariales más representativos, así como aquellos con implantación en el ámbito de efectos del litigio, y el empresario y la representación unitaria de los trabajadores en el ámbito de la empresa, podrán personarse y ser tenidos como parte en los procesos en los que tengan interés en defensa de los intereses económicos y sociales que les son propios o en su función de velar por el cumplimiento de las normas vigentes, sin que tal intervención haga detener o retroceder el curso de las actuaciones.
7. El plazo de interposición de la demanda será el previsto en los artículos 69 y 70 o el expresamente señalado, en su caso, según la modalidad procesal aplicable, siendo de aplicación a este respecto, lo previsto en el artículo 73 de esta Ley.
8. En orden al señalamiento del juicio, reclamación del expediente administrativo, emplazamiento de los posibles interesados, congruencia con el expediente administrativo y demás aspectos relacionados se estará a lo dispuesto en los artículos 143 a 145.
Los hechos constatados por los inspectores de Trabajo y Seguridad Social o por los Subinspectores de Empleo y Seguridad Social actuantes que se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos legales pertinentes, tendrán presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados. El mismo valor probatorio tendrán los hechos constatados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad, y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes.
9. La sentencia efectuará los pronunciamientos que correspondan según las pretensiones oportunamente formuladas por las partes y, en concreto:
a) Declarará la inadmisibilidad de la demanda por carencia de jurisdicción, por no ser susceptible de impugnación el acto recurrido, haberse formulado aquélla fuera del plazo establecido o cuando se aprecie la falta de cualquier otro presupuesto procesal, así como cuando se impugnen actos que sean reproducción de otros anteriores definitivos y firmes y los confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma.
b) Desestimará la demanda cuando se ajuste a derecho el acto impugnado.
c) Estimará la demanda si se aprecia infracción del ordenamiento jurídico, incluida la desviación de poder por haberse utilizado las potestades administrativas para fines distintos de los legalmente previstos. En este caso, la sentencia declarará no conforme a derecho el acto impugnado y lo anulará total o parcialmente y, cuando así proceda, ordenará el cese o la modificación de la actuación impugnada o impondrá el reconocimiento de una determinada situación jurídica individualizada.
d) En caso de declaración de nulidad del acto o resolución por omisión de requisitos de forma subsanables de carácter esencial que hayan ocasionado indefensión, podrá disponerse la nulidad del procedimiento seguido a los solos efectos de retrotraerlo al momento de producción. La declaración de la caducidad del expediente, no impedirá la nueva iniciación de la actuación administrativa si por su naturaleza no estuviera sujeta a un plazo extintivo de cualquier clase, sin que el procedimiento caducado tenga eficacia interruptiva de dicho plazo.
10. La Administración autora de un acto administrativo declarativo de derechos cuyo conocimiento corresponda a este orden jurisdiccional, está legitimada para impugnarlo ante este mismo orden, previa su declaración de lesividad para el interés público en los términos legalmente establecidos y en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de declaración de lesividad. La revisión de actos declarativos de derechos de sus beneficiarios por las entidades u organismos gestores y servicios comunes en materia de Seguridad Social y desempleo se regirá por lo dispuesto en los artículos 146 y 147.
11. La sentencia que deje sin efecto una resolución administrativa en virtud de la cual se hubieren producido extinciones de la relación de trabajo derivadas de fuerza mayor declarará el derecho de los trabajadores afectados a reincorporarse en su puesto de trabajo.
Salvo que el empresario dentro de los cinco días siguientes a la firmeza de la sentencia opte, por escrito ante el órgano judicial, por indemnizar a los trabajadores con la indemnización establecida para el despido improcedente, deberá comunicar por escrito a dichos trabajadores la fecha de su reincorporación al trabajo dentro de los quince días siguientes a la referida firmeza. El trabajador, en su caso y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110.1 de esta Ley, tendrá derecho a los salarios dejados de percibir, con deducción de los que hubiere recibido desde la extinción y con devolución o deducción de las cantidades percibidas como indemnización, según lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del artículo 123 de esta Ley. De no readmitir el empresario al trabajador o de efectuarse la readmisión de modo irregular, éste podrá instar la ejecución de la sentencia en los veinte días siguientes conforme, en lo demás, a lo establecido en los artículos 279 a 281 de esta Ley.
De dejarse sin efecto la resolución administrativa por apreciarse vulneración de derechos fundamentales o libertades públicas, los trabajadores tendrán derecho a la inmediata readmisión y al abono de los salarios dejados de percibir y podrán, en su caso, instar la ejecución conforme a los artículos 282 y siguientes de esta Ley.
De haber percibido el trabajador prestaciones por desempleo, se aplicarán las disposiciones del apartado 5 del artículo 209 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en función de que haya tenido lugar o no la readmisión del trabajador.
Artículo 7 b)Ley Reguladora de la Jurisdicción SocialCuándo conoce en única instancia la Sala del Tribunal Superior de Justicia en vez del Juzgado de lo Social.
Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 8 de julio de 2012Las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia conocerán:
b) También en única instancia, de los procesos de impugnación de actos de las Administraciones públicas atribuidos al orden jurisdiccional social en las letras n) y s) del artículo 2, cuando hayan sido dictados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma o por órganos de la Administración General del Estado con nivel orgánico de Ministro o Secretario de Estado, siempre que, en este último caso, el acto haya confirmado, en vía de recurso o en procedimiento de fiscalización o tutela, los que hayan sido dictados por órganos o entes distintos con competencia en todo el territorio nacional.
Textos legales basados en datos de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Se trata de un texto consolidado de carácter meramente informativo, sin valor oficial. Para el texto auténtico hay que acudir al BOE.
Lo que han dicho los tribunales sobre cada una de las cuestiones de este artículo.
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