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Error judicial en una sentencia laboral: requisitos, plazo y cómo reclamar

El error judicial no es un recurso: no anula la sentencia, sino que sirve para que el Tribunal Supremo declare que una resolución firme fue clara y gravemente equivocada y, con esa declaración, pedir al Estado una indemnización. Hay que agotar antes todos los recursos, presentar la demanda en tres meses y que el error sea evidente, no una simple discrepancia.

Actualizado el 11 de octubre de 2026 · Alejandro Aradas García · 6 min de lectura

El error judicial no es un recurso para ganar el pleito que se perdió.

Es una demanda que se presenta ante el Tribunal Supremo para que declare que una sentencia o un auto firme cometió un error evidente, de los que no admiten discusión.

Si lo declara, la sentencia sigue valiendo, pero quien sufrió el daño puede pedir al Estado una indemnización.

Para llegar ahí hay que haber agotado antes todos los recursos, presentar la demanda en tres meses y demostrar que el error es patente, no una simple discrepancia con lo que decidió el juzgado. Por eso casi todas se desestiman.

De dónde sale y para qué sirve

El artículo 121 de la Constitución dice que los daños causados por error judicial o por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia los indemniza el Estado.

Lo desarrollan los artículos 292 y 293 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y, para los pleitos laborales, el artículo 236.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

El procedimiento tiene una finalidad muy concreta: servir de paso previo para reclamar una indemnización al Estado.

No anula la sentencia, no la revoca y no permite que el Supremo vuelva a resolver el fondo del asunto (Supremo, junio de 2026).

Tampoco impide que la sentencia se ejecute mientras tanto (artículo 293.1 g de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

Si lo que se quiere es dejar sin efecto una sentencia firme, porque aparecen documentos decisivos o se descubre un fraude, la vía es otra: la revisión de sentencias firmes, que tiene su propio artículo.

Qué es un error judicial y qué no

El Supremo lo repite en casi todas sus sentencias: no toda equivocación al fijar los hechos o al aplicar la ley es un error judicial. Se reserva para casos especialmente graves (Supremo, abril de 2017) (Supremo, junio de 2011):

  • Una resolución firme viciada por un error patente, indiscutible, o que lleva a conclusiones ilógicas o irracionales.
  • Que el juzgado haya desatendido datos indiscutibles de los autos, contradiciendo lo evidente, o haya aplicado normas que no existen o en un sentido que no tienen.
  • Que el error haya sido decisivo para el resultado del pleito.

Lo que no es error judicial:

  • No estar de acuerdo con la sentencia, aunque haya buenos argumentos en contra. Una interpretación de la ley discutible pero razonada se corrige con los recursos, no con esta vía (Supremo, marzo de 2026).
  • Pedir al Supremo que valore otra vez la prueba. El proceso de error judicial no es una tercera instancia.
  • Una equivocación que no fue la causa de la decisión. En un caso, el Tribunal Superior de Andalucía llamó firme a una sentencia que todavía no lo era; el Supremo reconoció que eso estaba mal, pero como la sala había valorado toda la prueba y razonado su fallo, no había error judicial (Supremo, febrero de 2022).
  • Que una aclaración posterior cambie el fallo en perjuicio de quien reclama, si el cambio tiene una explicación razonable (Supremo, diciembre de 2023).

Dos casos en que sí hubo error

Las demandas que prosperan son pocas y tienen algo en común: el error se comprueba con los papeles del propio pleito, sin necesidad de interpretar nada.

  • Un trabajador reclamaba al Servicio Público de Empleo Estatal dos meses de paro, a 437,58 € cada uno. El juzgado le dio la razón y dijo que las cifras no se discutían, pero en el fallo le concedió un solo mes. Como no cabía recurso por la cuantía, pidió la aclaración y después la nulidad; rechazadas las dos, acudió al Supremo, que declaró el error (Supremo, abril de 2017).
  • Una empresa de interpretación fue condenada a pagar a una intérprete los tiempos de espera tomando como horas lo que en los cuadrantes eran minutos. Lo había alegado en todos los recursos sin éxito. El Supremo declaró el error judicial (Supremo, septiembre de 2025).

El segundo caso enseña que la vía sirve a las dos partes, y que ninguna de ellas lo tiene fácil.

Primero hay que agotar todos los recursos

La ley no permite pedir la declaración de error mientras no se hayan agotado los recursos previstos (artículo 293.1 f de la Ley Orgánica del Poder Judicial). En un pleito laboral eso significa, según el caso:

  1. Recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia, si cabe.
  2. Recurso de casación para la unificación de doctrina ante el Supremo. Una empresa condenada por cesión ilegal que no lo presentó vio rechazada su demanda de error judicial, con costas de 1.500 € y pérdida del depósito (Supremo, febrero de 2022).
  3. Aclaración o rectificación de la sentencia, si el error es material o de cálculo (Supremo, abril de 2017).
  4. Incidente de nulidad de actuaciones (artículo 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), sobre todo cuando la sentencia no tiene recurso. Una trabajadora cuya demanda se declaró fuera de plazo en una sentencia irrecurrible no lo presentó, y el Supremo rechazó por eso su demanda de error (Supremo, diciembre de 2023). Ahora bien, solo se exige cuando podía servir para algo: si el error ya se alegó en todos los recursos y se rechazó, el incidente no habría añadido nada y no hace falta (Supremo, septiembre de 2025).

El recurso de unificación de doctrina exige una sentencia contradictoria, y a veces es casi imposible encontrarla.

Por eso el Supremo ha suavizado el requisito en los pleitos de incapacidad permanente cuando lo que se discute es la valoración de las secuelas, que depende de cada caso; no cuando la cuestión es jurídica (Supremo, octubre de 2024).

El plazo: tres meses

La demanda tiene que presentarse en tres meses desde el día en que pudo ejercitarse (artículo 293.1 a de la Ley Orgánica del Poder Judicial). Es un plazo de caducidad: no se interrumpe ni se recupera.

  • Se cuenta desde la resolución que agota los recursos de la jurisdicción: por ejemplo, el auto que inadmite la unificación de doctrina o el que resuelve el incidente de nulidad (Supremo, abril de 2017).
  • El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional no alarga el plazo. Quien espera a que se resuelva el amparo para pedir el error judicial llega tarde (Supremo, enero de 2024).
  • Pedir abogado/a de oficio tampoco lo detiene si al final se presenta la demanda con otro profesional fuera de plazo (Supremo, octubre de 2024).
  • El Supremo examina primero el plazo y el agotamiento de los recursos; si falla cualquiera de los dos, no entra en el fondo (Supremo, junio de 2020) (Supremo, febrero de 2022).

Errores del personal del juzgado: otra vía

El error judicial solo cubre las decisiones del juez o jueza: sentencias, autos y providencias.

Los fallos de tramitación (una notificación mal hecha, un embargo de la cuenta equivocada) son responsabilidad del letrado/a de la Administración de Justicia o de la oficina judicial, y se reclaman como funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, directamente ante el Ministerio de Justicia (Supremo, septiembre de 2025).

Es lo que le pasó a una empresa condenada por despido sin enterarse del juicio porque la notificación electrónica se envió con un CIF equivocado: el Supremo desestimó su demanda de error judicial, con costas de 1.500 €, porque la notificación no era una decisión del juez (Supremo, marzo de 2026). Ese caso tiene su propio artículo.

Cómo se tramita y cuánto cuesta

  • Ante quién: la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, aunque el error se atribuya a un Juzgado de lo Social o a un Tribunal Superior. Si se atribuye a una Sala del propio Supremo, lo decide una Sala especial formada por su presidente, los presidentes de sala y dos magistrados/as de cada una (artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial) (Supremo, marzo de 2012).
  • Partes: además de quien reclama, siempre el Ministerio Fiscal y la Administración del Estado. El Supremo pide un informe al juzgado o tribunal al que se atribuye el error.
  • Pruebas: el error solo puede apoyarse en lo que ya consta en el pleito original, no en pruebas nuevas (artículo 236.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social).
  • Depósito: 600 €, salvo para personas trabajadoras, sus causahabientes, beneficiarias de la Seguridad Social, sindicatos y quien tenga justicia gratuita (artículos 236 y 229 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social).
  • Inadmisión: si falta algún requisito, el Supremo la inadmite por auto y, desde el 3 de abril de 2025 (Ley Orgánica 1/2025), contra ese auto no cabe recurso (Supremo, septiembre de 2026).
  • Si se pierde: la ley manda imponer las costas a quien pidió el error. En la práctica, el Supremo suele condenar a las empresas a 1.500 € y a la pérdida del depósito (Supremo, febrero de 2022) (Supremo, enero de 2024) (Supremo, septiembre de 2025) (Supremo, marzo de 2026), y normalmente no impone costas a las personas trabajadoras, que tienen justicia gratuita en lo social (Supremo, marzo de 2026) (Supremo, diciembre de 2023) (Supremo, junio de 2020).
  • Contra la sentencia que resuelve la demanda no hay recurso.

Si se declara el error: la indemnización

La sentencia que declara el error no da dinero por sí sola. Con ella hay que dirigir la petición de indemnización al Ministerio de Justicia, que la tramita como responsabilidad patrimonial del Estado.

Contra su resolución cabe recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa (artículo 293.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

  • Plazo: un año desde que pudo ejercitarse.
  • Daño: tiene que ser real, valorable en dinero e individualizado. Que una sentencia se revoque o se anule no da derecho por sí solo a indemnización (artículo 292).
  • Culpa propia: no hay indemnización si el error o el mal funcionamiento lo causó la conducta dolosa o culposa de quien reclama (artículo 295).
  • Contra el juez o jueza no: responde el Estado; si hubo dolo o culpa grave, es la Administración quien puede reclamarle después lo pagado (artículo 296).

Antes de intentarlo

Quien piensa que una sentencia laboral es injusta tiene que centrar sus esfuerzos en los recursos ordinarios: suplicación, unificación de doctrina, aclaración y, si procede, nulidad de actuaciones.

Si todos fracasan y el error salta a la vista con los propios documentos del pleito, el error judicial es la última puerta, con tres meses de plazo desde la última resolución.

Si el problema fue un fallo del juzgado y no una decisión del juez, la vía es la reclamación por funcionamiento anormal, y si han aparecido documentos decisivos que no se pudieron aportar, la revisión de la sentencia firme.

Preguntas frecuentes

¿El error judicial sirve para que me den la razón en el despido?

No. La sentencia equivocada sigue valiendo y se ejecuta. Lo único que se obtiene es la declaración del error, con la que se reclama al Estado una indemnización por el daño sufrido.

¿Cuánto tiempo tengo?

Tres meses desde que pudo ejercitarse la acción, normalmente desde la notificación de la resolución que agota los recursos. Es un plazo de caducidad: pasado, no hay nada que hacer. El recurso de amparo no lo alarga.

¿Tengo que pagar algo para presentarlo?

El depósito de 600 € no lo pagan las personas trabajadoras ni las beneficiarias de la Seguridad Social. Hace falta abogado/a, porque se presenta ante el Tribunal Supremo.

¿Y si me han perjudicado por una mala notificación del juzgado?

Eso no es error judicial, sino funcionamiento anormal de la Administración de Justicia: se reclama directamente al Ministerio de Justicia, en el plazo de un año.

¿Puedo reclamar al juez o jueza personalmente?

No. Responde el Estado; si hubo dolo o culpa grave, es la Administración quien puede después reclamar al juez o jueza lo pagado.

Cuestiones Laborales es una web informativa: lo que explica es general y cada caso tiene sus matices. Para el tuyo, consulta siempre con un abogado o abogada laboralista o con un graduado o graduada social.

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Otros artículos sobre este tema.

Normas y preceptos aplicables. Despliega cada uno para leer su texto.

  • Artículo 293Ley Orgánica del Poder JudicialRequisitos de la demanda de error judicial (tres meses, Sala del Supremo del mismo orden, agotar recursos, costas si se pierde, no suspende la ejecución) y reclamación de la indemnización al Ministerio de Justicia en un año.
    Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 1 de mayo de 1988

    Artículo 293.

    1. La reclamación de indemnización por causa de error deberá ir precedida de una decisión judicial que expresamente lo reconozca. Esta previa decisión podrá resultar directamente de una sentencia dictada en virtud de recurso de revisión. En cualquier otro caso distinto de éste se aplicaran las reglas siguientes:

    a) La acción judicial para el reconocimiento del error deberá instarse inexcusablemente en el plazo de tres meses, a partir del día en que pudo ejercitarse.

    b) La pretensión de declaración del error se deducirá ante la Sala del Tribunal Supremo correspondiente al mismo orden jurisdiccional que el órgano a quien se imputa el error, y si éste se atribuyese a una Sala o Sección del Tribunal Supremo la competencia corresponderá a la Sala que se establece en el artículo 61. Cuando se trate de órganos de la jurisdicción militar, la competencia corresponderá a la Sala Quinta de lo Militar del Tribunal Supremo.

    c) El procedimiento para sustanciar la pretensión será el propio del recurso de revisión en materia civil, siendo partes, en todo caso, el Ministerio Fiscal y la Administración del Estado.

    d) El Tribunal dictara sentencia definitiva, sin ulterior recurso, en el plazo de quince días, con informe previo del órgano jurisdiccional a quien se atribuye el error.

    e) Si el error no fuera apreciado se impondrán las costas al peticionario.

    f) No procederá la declaración de error contra la resolución judicial a la que se impute mientras no se hubieren agotado previamente los recursos previstos en el ordenamiento.

    g) La mera solicitud de declaración del error no impedirá la ejecución de la resolución judicial a la que aquél se impute.

    2. Tanto en el supuesto de error judicial declarado como en el de daño causado por el anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, el interesado dirigirá su petición indemnizatoria directamente al Ministerio de Justicia, tramitándose la misma con arreglo a las normas reguladoras de la responsabilidad patrimonial del estado. Contra la resolución cabrá recurso contencioso-administrativo. El derecho a reclamar la indemnización prescribirá al año, a partir del día en que pudo ejercitarse.

  • Artículo 236.2Ley Reguladora de la Jurisdicción SocialEl error judicial en lo social se tramita ante la Sala de lo Social del Supremo, con las reglas de depósito, vista y costas de la revisión, sin pruebas nuevas; la inadmisión es por auto sin recurso.Cambio reciente: Ley Orgánica 1/2025: añade que el auto de inadmisión no tiene recurso; vigente desde el 3 de abril de 2025.
    Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 3 de abril de 2025

    2. El proceso de error judicial, destinado a reparar el daño producido por una resolución firme errónea que carece de posibilidad de rectificación por la vía normal de los recursos, cuando sea competencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, se seguirá por los trámites y requisitos establecidos para la declaración de error judicial en los artículos 292 y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con las especialidades sobre depósitos, vista y costas establecidas para la revisión y sin que la apreciación del error pueda fundamentarse en pruebas distintas de las practicadas en las actuaciones procesales origen del mismo presunto error.

    Si la Sala apreciara la concurrencia de cualquiera de tales causas de inadmisión dictará auto, contra el cual no cabe recurso.

    Ver el artículo 236 completo

  • Artículo 292Ley Orgánica del Poder JudicialDerecho a indemnización por error judicial o funcionamiento anormal; daño efectivo, evaluable e individualizado; revocar una sentencia no da por sí solo derecho a indemnización.
    Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 3 de julio de 1985

    Artículo 292.

    1. Los daños causados en cualesquiera bienes o derechos por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán a todos los perjudicados derecho a una indemnización a cargo del estado, salvo en los casos de fuerza mayor, con arreglo a lo dispuesto en este Título.

    2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.

    3. La mera revocación o anulación de las resoluciones judiciales no presupone por sí sola derecho a indemnización.

  • Artículo 121Constitución EspañolaFundamento: los daños por error judicial o funcionamiento anormal de la justicia los indemniza el Estado.
    Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 29 de diciembre de 1978

    Artículo 121

    Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley.

  • Artículo 295Ley Orgánica del Poder JudicialSin indemnización si el error o el mal funcionamiento lo causó la conducta dolosa o culposa de quien reclama.
    Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 3 de julio de 1985

    Artículo 295.

    En ningún caso habrá lugar a la indemnización cuando el error judicial o el anormal funcionamiento de los servicios tuviera por causa la conducta dolosa o culposa del perjudicado.

  • Artículo 296.1Ley Orgánica del Poder JudicialNo se puede reclamar directamente al juez o jueza: responde el Estado, que puede repetir contra él si hubo dolo o culpa grave.Cambio reciente: Ley Orgánica 7/2015, desde el 1 de octubre de 2015.
    Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 1 de octubre de 2015

    1. Los daños y perjuicios causados por los Jueces y Magistrados en el ejercicio de sus funciones darán lugar, en su caso, a responsabilidad del Estado por error judicial o por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia sin que, en ningún caso, puedan los perjudicados dirigirse directamente contra aquéllos.

  • Artículo 241.1Ley Orgánica del Poder JudicialIncidente de nulidad de actuaciones: 20 días, solo por vulneración de derechos fundamentales; es uno de los remedios que hay que intentar antes del error judicial cuando puede ser útil.
    Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 26 de mayo de 2007

    1. No se admitirán con carácter general incidentes de nulidad de actuaciones. Sin embargo, excepcionalmente, quienes sean parte legítima o hubieran debido serlo podrán pedir por escrito que se declare la nulidad de actuaciones fundada en cualquier vulneración de un derecho fundamental de los referidos en el artículo 53.2 de la Constitución, siempre que no haya podido denunciarse antes de recaer resolución que ponga fin al proceso y siempre que dicha resolución no sea susceptible de recurso ordinario ni extraordinario.

    Será competente para conocer de este incidente el mismo juzgado o tribunal que dictó la resolución que hubiere adquirido firmeza. El plazo para pedir la nulidad será de 20 días, desde la notificación de la resolución o, en todo caso, desde que se tuvo conocimiento del defecto causante de indefensión, sin que, en este último caso, pueda solicitarse la nulidad de actuaciones después de transcurridos cinco años desde la notificación de la resolución.

    El juzgado o tribunal inadmitirá a trámite, mediante providencia sucintamente motivada, cualquier incidente en el que se pretenda suscitar otras cuestiones. Contra la resolución por la que se inadmita a trámite el incidente no cabrá recurso alguno.

  • Artículo 61.1 5.ºLey Orgánica del Poder JudicialSi el error se atribuye a una Sala del Tribunal Supremo, lo decide la Sala especial de este artículo.
    Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 3 de julio de 2021

    1. Una Sala formada por el Presidente del Tribunal Supremo, los Presidentes de Sala y el Magistrado más antiguo y el más moderno de cada una de ellas conocerá:

    1.º De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas en única instancia por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de dicho Tribunal.

    2.º De los incidentes de recusación del Presidente del Tribunal Supremo, o de los Presidentes de Sala, o de más de dos Magistrados de una Sala. En este caso, los afectados directamente por la recusación serán sustituidos por quienes corresponda.

    3.º De las demandas de responsabilidad civil que se dirijan contra los Presidentes de Sala o contra todos o la mayor parte de los Magistrados de una Sala de dicho Tribunal por hechos realizados en el ejercicio de su cargo.

    4.º De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra los Presidentes de Sala o contra los Magistrados de una Sala, cuando sean Juzgados todos o la mayor parte de los que la constituyen.

    5.º Del conocimiento de las pretensiones de declaración de error judicial cuando éste se impute a una Sala del Tribunal Supremo.

    6.º De los procesos de declaración de ilegalidad y consecuente disolución de los partidos políticos, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos.

  • Artículo 229.1Ley Reguladora de la Jurisdicción SocialDepósito de 600 € (el de casación, aplicable por remisión del 236), del que están exentas las personas trabajadoras, sus causahabientes, beneficiarias de la Seguridad Social, sindicatos y quien tenga justicia gratuita.
    Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 11 de diciembre de 2011

    1. Todo el que, sin tener la condición de trabajador, causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, anuncie recurso de suplicación o prepare recurso de casación, consignará como depósito:

    a) Trescientos euros, si se trata de recurso de suplicación.

    b) Seiscientos euros, si el recurso fuera el de casación incluido el de casación para la unificación de doctrina.

    Ver el artículo 229 completo

  • Artículo 235.1Ley Reguladora de la Jurisdicción SocialRégimen de costas al que remite el 236: no se imponen a quien tiene justicia gratuita.
    Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 11 de diciembre de 2011

    1. La sentencia impondrá las costas a la parte vencida en el recurso, excepto cuando goce del beneficio de justicia gratuita o cuando se trate de sindicatos, o de funcionarios públicos o personal estatutario que deban ejercitar sus derechos como empleados públicos ante el orden social.

    Las costas comprenderán los honorarios del abogado o del graduado social colegiado de la parte contraria que hubiera actuado en el recurso en defensa o en representación técnica de la parte, sin que la atribución en las costas de dichos honorarios puedan superar la cantidad de mil doscientos euros en recurso de suplicación y de mil ochocientos euros en recurso de casación.

    Ver el artículo 235 completo

Textos legales basados en datos de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Se trata de un texto consolidado de carácter meramente informativo, sin valor oficial. Para el texto auténtico hay que acudir al BOE.

Lo que han dicho los tribunales sobre cada una de las cuestiones de este artículo.

¿Qué es un error judicial y qué no lo es?

¿Hay que agotar antes todos los recursos, también el de unificación de doctrina y el incidente de nulidad?

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