InicioGuía laboralContratos de trabajo

Contrato de trabajo simulado: qué es y qué pasa con las prestaciones cobradas

Un contrato de trabajo es simulado cuando se firma y se da de alta a la persona sin que haya trabajo real, normalmente para cobrar una prestación. Si se descubre, la Seguridad Social anula el alta, retira la prestación y exige devolver lo cobrado, y puede haber multas y hasta delito. Pero la sospecha no basta: la Administración tiene que probarlo, y quien trabajó de verdad conserva su derecho.

Actualizado el 11 de octubre de 2026 · Alejandro Aradas García · 5 min de lectura

Un contrato de trabajo es simulado cuando se firma, y se da de alta a la persona en la Seguridad Social, sin que haya trabajo real detrás.

Casi siempre se hace para cobrar algo: completar las cotizaciones que faltan para el paro, la prestación por nacimiento o la baja.

Si la Inspección lo descubre, la Tesorería anula el alta, el SEPE o el INSS retiran la prestación y exigen devolver lo cobrado, y llegan las sanciones a las dos partes, que pueden acabar en delito.

Pero la sospecha no basta: la Administración tiene que probarlo, y quien trabajó de verdad conserva su derecho.

Qué es un contrato de trabajo simulado

Hay contrato de trabajo cuando una persona presta un servicio, bajo la organización y dirección de otra, a cambio de un salario.

El artículo 8.1 del Estatuto de los Trabajadores lo presume siempre que se den esas notas, se llame como se llame el contrato.

Todo lo que define una relación laboral está explicado en nuestra guía «¿Qué es una relación laboral?»; aquí basta con quedarse con la idea: sin trabajo real no hay contrato, por mucho papel que se firme.

La simulación es un acuerdo entre empresa y persona trabajadora para aparentar algo que no existe, con ánimo de engañar a un tercero, normalmente a la Seguridad Social. Puede ser de dos tipos:

  • Absoluta: se finge un contrato que no existe. Nadie trabaja, pero se da de alta y se cotiza para generar un derecho. A veces la beneficiada es la persona trabajadora (llegar a los días cotizados que le faltan para el paro o para la prestación por nacimiento) y otras la empresa (aparentar la plantilla mínima que le exige una normativa, por ejemplo para atender a menores en ciertas actividades).
  • Relativa: hay trabajo, pero se disfraza de otra cosa. Es el caso del falso autónomo, que se explica al final.

Este artículo trata sobre todo de la primera: el contrato fingido para cobrar prestaciones.

Cuándo entienden los jueces que no hubo trabajo real

Rara vez hay una prueba directa de que alguien no trabajó. Los tribunales lo deducen de indicios que, juntos, no tienen otra explicación razonable. Algunos ejemplos reales:

  • Una empresa sin actividad, sin clientes ni local, que da de alta a una persona y la despide al poco, justo cuando ya tiene derecho al paro. El paro se devolvió (Superior de Cataluña, octubre de 2016).
  • Una trabajadora que no pudo acreditar ni el trabajo ni las órdenes recibidas, y que pedía la prestación de maternidad. Se le retiró (Superior de Cataluña, noviembre de 2016).
  • Una empleada de hogar contratada a jornada completa por un pensionista que le pagaba más de lo que cobraba de pensión, que nunca antes ni después tuvo a nadie en casa, y cuya baja empezó justo al cumplir los 180 días de alta. El tribunal dedujo que no hubo relación laboral y le negó la prestación por nacimiento (Superior de Asturias, noviembre de 2021).
  • Un contrato firmado el mismo día en que la empresa se da de alta como empleadora y una baja al día siguiente, que sirve para cobrar un año de paro (Superior de Castilla y León, julio de 2026).
  • Una empresa agraria con muchas más personas de alta que trabajando en la finca, con altas en fechas en las que no había campaña y sin pagar cuotas. A una trabajadora de alta unos pocos días se le extinguió el subsidio agrario y tuvo que devolverlo: tener contrato y alta no demuestra que se trabajara (Superior de Andalucía, junio de 2020).

Fíjate en que en ninguno de estos casos se probó con una confesión: bastó la suma de datos anómalos. Por eso es tan importante poder demostrar el trabajo, como se explica más abajo.

La sospecha no basta: quién tiene que probar

El fraude no se presume. Quien lo alega, la Administración, tiene que probarlo, aunque pueda hacerlo con indicios.

Y hay circunstancias que, solas, no demuestran nada:

Ahora bien, esto tiene otra cara. El acta de la Inspección se presume cierta mientras no se pruebe lo contrario.

Si recoge indicios serios y la persona no aporta nada que demuestre que trabajó, pierde (Superior de Castilla-La Mancha, junio de 2024).

En la práctica, quien de verdad trabajó gana cuando puede enseñarlo, y quien no puede, pierde aunque no haya una prueba directa del fraude.

Cuando lo que se finge es el despido

Hay una variante muy frecuente: el contrato era real, pero el despido no. Se pacta un despido para que la persona cobre el paro y sigue trabajando igual, o ya tiene asegurado otro medio de vida. Los tribunales lo tratan como fraude:

  • Una trabajadora acordó con su padre, que era su empleador, simular el despido para cobrar el paro en un pago único y seguir llevando el negocio familiar como siempre. Se le extinguió la prestación por connivencia con el empresario (Superior de Extremadura, diciembre de 2024).
  • Un trabajador pactó su despido cuando ya tenía garantizada una licencia de taxi. No había una situación real de desempleo y tuvo que devolver el paro (Superior de Andalucía, abril de 2025).

Pero si el cierre o el despido fueron reales, el paro se mantiene aunque las partes se conozcan: el fraude, de nuevo, hay que probarlo (Superior de Galicia, noviembre de 2024).

Qué pasa con las prestaciones

Se pueden retirar sin pasar por el juzgado

La regla general es que el SEPE y el INSS no pueden revisar por sí mismos un derecho que han reconocido: tienen que demandar a la persona ante el juzgado de lo social (artículo 146.1 de la Ley reguladora de la jurisdicción social).

Pero hay excepciones que, en la práctica, son las que se aplican al contrato simulado (artículo 146.2):

  • Cuando la revisión se debe a omisiones o inexactitudes de la persona beneficiaria. El Supremo ha dicho que ocultar que el trabajo cotizado no existió lo es. Por eso el INSS pudo retirar de oficio una pensión de incapacidad permanente reconocida años antes, una vez que la Tesorería anuló el alta ficticia, y reclamar lo cobrado en los cuatro años anteriores (Supremo, junio de 2023).
  • En el paro, el SEPE puede revisar dentro del año siguiente a su resolución; pero si la persona ocultó que el contrato era simulado, ese límite de un año no la protege (Supremo, julio de 2020).
  • Además, si la retirada se hace como sanción, se sigue el procedimiento sancionador y tampoco hace falta juicio (Superior de Illes Balears, enero de 2020).

En el caso de (Supremo, junio de 2023) la beneficiaria no recurrió a tiempo la resolución de la Tesorería que anulaba su alta, y esa anulación quedó firme.

Es la lección más útil de esa sentencia: la resolución que anula el alta se recurre en su plazo, porque todo lo demás depende de ella.

Hay que devolver lo cobrado, y la empresa responde

Quien cobra una prestación indebida tiene que devolverla (artículo 55.1 de la Ley General de la Seguridad Social).

La obligación prescribe a los cuatro años, pero no siempre desde el cobro: también desde que fue posible reclamar (artículo 55.3), y el Supremo ha dicho que puede ser desde que la Administración conoció la irregularidad (Supremo, junio de 2024).

Que hayan pasado cuatro años desde que cobraste no significa que la deuda haya desaparecido.

La empresa no se libra.

En la simulación de contratos y en la connivencia para obtener prestaciones, responde solidariamente de la devolución (artículo 23.2 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social), y quien contribuyó a la percepción indebida responde de forma subsidiaria salvo que pruebe su buena fe (artículo 55.2 de la Ley General de la Seguridad Social).

Aunque la persona no haya ideado el fraude, si no hubo trabajo real, la prestación es indebida.

En un caso de contratos cuyo único objeto era que el contratado recibiera formación, el tribunal no los consideró relación laboral, descontó ese tiempo de la pensión y condenó al beneficiario a devolver lo cobrado de más, con las entidades contratantes como responsables solidarias (Superior de Andalucía, noviembre de 2025).

Las sanciones: a la persona trabajadora y a la empresa

A la persona trabajadora, simular la relación laboral para obtener prestaciones y actuar en connivencia con el empresario son infracciones muy graves (artículo 26.1 y 3 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social).

La sanción es la pérdida de la prestación durante seis meses y, en el paro, su extinción; además se puede excluir a la persona de cualquier prestación y de la formación para el empleo durante un año (artículo 47.1 c).

Es lo que ocurrió en el despido fingido entre padre e hija (Superior de Extremadura, diciembre de 2024) o en un contrato temporal simulado entre familiares, en el que se extinguió el paro y hubo que devolverlo entero (Superior de Canarias, diciembre de 2017).

A la empresa, simular la contratación para que se cobren prestaciones y actuar en connivencia con sus trabajadores son infracciones muy graves (artículo 23.1 c) y e) de la misma ley).

Hay una infracción por cada persona afectada (artículo 23.2) y cada una se multa con entre 7.501 y 225.018 euros según el grado (artículo 40.1 c).

Además, pierde automáticamente las ayudas y bonificaciones de los programas de empleo, en proporción a las personas afectadas, y puede quedar excluida de ellas hasta dos años (artículo 46.1).

Cuándo es delito

El Código Penal castiga a quien obtiene prestaciones de la Seguridad Social, para sí o para otro, simulando hechos o callando los que debía comunicar (artículo 307 ter):

  • Prisión de seis meses a tres años; si el caso no es especialmente grave, multa del tanto al séxtuplo de lo defraudado.
  • Si lo cobrado supera los 50.000 euros o hay agravantes como actuar dentro de una organización o grupo criminal, prisión de dos a seis años y multa.
  • Además, pérdida de subvenciones y beneficios fiscales o de la Seguridad Social durante varios años.

Queda exento de pena quien devuelva lo cobrado, con intereses, antes de que le notifiquen el inicio de una inspección o de que se presente denuncia o querella (artículo 307 ter.3).

Y aunque haya proceso penal, la Administración puede reclamar ya el dinero por vía administrativa. No hay que confundirlo con el delito del artículo 307, que es el de no pagar las cuotas a la Seguridad Social.

Si la persona es extranjera

Simular una relación laboral con una persona extranjera, con ánimo de lucro o para que obtenga derechos de extranjería, es infracción muy grave (artículo 54.1 f) de la Ley Orgánica 4/2000), con multa de 10.001 a 100.000 euros (artículo 55.1 c), siempre que no sea delito.

Y las consecuencias para la persona extranjera pueden ser muy serias: el Tribunal Supremo ha dicho que la residencia conseguida con un contrato fingido no es residencia legal y no sirve para obtener la nacionalidad, aunque la autorización se concediera en su día y el fraude se descubra después; en ese caso se anuló la nacionalidad ya concedida (Supremo, noviembre de 2021).

Cuando el contrato existe pero aparenta otra cosa

La simulación relativa es la inversa: hay trabajo de verdad, pero se viste de otra figura para ahorrar costes, normalmente la de autónomo.

Aquí la ley juega a favor de quien trabaja: vale lo que pasa en la realidad, no el nombre del contrato.

El Supremo declaró laboral la relación de los repartidores de una plataforma digital porque la empresa controlaba cómo se prestaba el servicio (Supremo, septiembre de 2020), y más recientemente la de unas personas encuestadoras de un organismo público que recibían instrucciones sobre todo su trabajo (Supremo, julio de 2026).

Si es tu caso, lo tienes desarrollado en las guías sobre qué es una relación laboral y sobre el falso autónomo.

Qué hacer si te dicen que tu contrato era ficticio

Si trabajaste de verdad y te comunican que tu alta era ficticia, lo que te salva son las pruebas y los plazos:

  1. Pide el expediente y lee qué indicios ha visto la Inspección. Es lo que tendrás que rebatir.
  2. Reúne pruebas del trabajo real: nóminas cobradas por transferencia, registro de jornada, correos y mensajes con la empresa, fotografías del puesto, clientes o compañeros/as que puedan declarar. Un salario cobrado en mano y sin rastro es justo lo que hace dudar.
  3. Presenta alegaciones en el plazo que te den. En las sanciones y revisiones del SEPE y del INSS, la defensa empieza ahí, no en el juicio (Superior de Illes Balears, enero de 2020).
  4. Recurre la anulación del alta de la Tesorería si te la notifican. Si queda firme, la retirada de la prestación tiene mucho más difícil defensa (Supremo, junio de 2023).
  5. Recurre la resolución que te retira la prestación y, si no te dan la razón, acude al juzgado de lo social.

Si en cambio el contrato fue de verdad fingido, la ley ofrece una salida: devolver voluntariamente lo cobrado, con intereses, antes de que empiecen las actuaciones evita la responsabilidad penal (artículo 307 ter.3 del Código Penal).

Preguntas frecuentes

¿Me pueden quitar el paro si el contrato que lo generó era falso?

Sí. Si no hubo trabajo real, no hay desempleo que proteger: el SEPE extingue la prestación, exige devolver lo cobrado y puede sancionar. Lo puede hacer sin ir al juzgado y aunque haya pasado más de un año.

Me contrataron estando embarazada y ahora dicen que el contrato era ficticio. ¿Tienen razón?

No por eso solo. El Supremo ha dicho que el embarazo no prueba el fraude y que presumirlo sería discriminatorio. Lo que cuenta es si trabajaste de verdad, y eso conviene poder demostrarlo con documentos y testigos.

¿Cuánto tiempo tiene la Seguridad Social para reclamarme lo cobrado?

Cuatro años, pero pueden contar desde que la Administración pudo conocer el fraude, no necesariamente desde que cobraste. Mientras tanto, la deuda puede seguir viva.

¿Qué multa le pueden poner a la empresa?

Simular contratos para obtener prestaciones es infracción muy grave: de 7.501 a 225.018 euros por cada persona afectada. Además, la empresa responde solidariamente de la devolución.

¿Es delito contratar de mentira para cobrar una prestación?

Puede serlo. El Código Penal castiga obtener prestaciones simulando hechos con prisión de seis meses a tres años, o multa si no es especialmente grave, y de dos a seis años si se superan 50.000 euros.

Si mi contrato dice que soy autónomo pero trabajo como cualquier empleado, ¿qué vale?

Vale la realidad. Si trabajas bajo las órdenes y la organización de la empresa y cobras por ello, la relación es laboral aunque el contrato diga otra cosa.

Cuestiones Laborales es una web informativa: lo que explica es general y cada caso tiene sus matices. Para el tuyo, consulta siempre con un abogado o abogada laboralista o con un graduado o graduada social.

Comparte o imprime este artículo

Comentarios

Deja tu comentario

Los comentarios se publican después de revisarlos. Por favor, no escribas datos que permitan identificarte a ti ni a tu empresa.

Otros artículos sobre este tema.

Más guías: Qué es una relación laboral y quién es trabajador/a.

Ver toda la guía de Contratos de trabajo →

Modelos de escritos para este caso, listos para descargar en Word y completar.

Normas y preceptos aplicables. Despliega cada uno para leer su texto.

  • Artículos 26.1 y 26.3Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden SocialInfracciones muy graves de la persona beneficiaria: la simulación de la relación laboral para obtener prestaciones y la connivencia con el empresario.
    Texto de los apartados citadosTexto consolidado vigente desde el 23 de mayo de 2024

    1. Actuar fraudulentamente con el fin de obtener prestaciones indebidas o superiores a las que correspondan, o prolongar indebidamente su disfrute mediante la aportación de datos o documentos falsos ; la simulación de la relación laboral ; y la omisión de declaraciones legalmente obligatorias u otros incumplimientos que puedan ocasionar percepciones fraudulentas.

    3. La connivencia con el empresario para la obtención indebida de cualesquiera prestaciones de la Seguridad Social.

    Ver el artículo 26 completo

  • Artículos 23.1 c) y 23.1 e) y 23 y 2Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden SocialInfracción muy grave de la empresa por simular la contratación o actuar en connivencia para que se cobren prestaciones indebidas; una infracción por cada persona y responsabilidad solidaria en la devolución.Cambio reciente: Letra c) del apartado 1 y apartado 2 modificados por el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril.
    Texto de los apartados citadosTexto consolidado vigente desde el 2 de marzo de 2022

    1. Son infracciones muy graves:

    c) Efectuar declaraciones, o facilitar, comunicar o consignar datos falsos o inexactos que den lugar a que las personas trabajadoras obtengan o disfruten indebidamente prestaciones, así como la connivencia con sus trabajadores/as o con las demás personas beneficiarias para la obtención de prestaciones indebidas o superiores a las que procedan en cada caso, o para eludir el cumplimiento de las obligaciones que a cualquiera de ellos corresponda en materia de prestaciones.

    e) Incrementar indebidamente la base de cotización del trabajador de forma que provoque un aumento en las prestaciones que procedan, así como la simulación de la contratación laboral para la obtención indebida de prestaciones.

    Ver el artículo 23 completo

  • Artículo 307 ter.1 a 3Código PenalDelito de obtener prestaciones de la Seguridad Social simulando hechos: penas y exención si se devuelve antes de las actuaciones.
    Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 17 de enero de 2013

    1. Quien obtenga, para sí o para otro, el disfrute de prestaciones del Sistema de la Seguridad Social, la prolongación indebida del mismo, o facilite a otros su obtención, por medio del error provocado mediante la simulación o tergiversación de hechos, o la ocultación consciente de hechos de los que tenía el deber de informar, causando con ello un perjuicio a la Administración Pública, será castigado con la pena de seis meses a tres años de prisión.

    Cuando los hechos, a la vista del importe defraudado, de los medios empleados y de las circunstancias personales del autor, no revistan especial gravedad, serán castigados con una pena de multa del tanto al séxtuplo.

    Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años.

  • Artículo 46.1Real Decreto Legislativo 5/2000, texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden SocialSanciones accesorias a la empresa por las infracciones muy graves del artículo 23: pérdida automática de ayudas y bonificaciones de empleo y exclusión hasta dos años.
    Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 2 de marzo de 2023

    1. Sin perjuicio de las sanciones a que se refiere el artículo 40.1 y, salvo lo establecido en el artículo 46 bis de esta ley, los empresarios que hayan cometido las infracciones graves previstas en los apartados 3 y 6 del artículo 15 o las infracciones muy graves tipificadas en los artículos 16 y 23 de esta ley, en materia de empleo, formación profesional para el empleo y protección por desempleo:

    a) Perderán, automáticamente, y de forma proporcional al número de trabajadores afectados por la infracción, las ayudas, bonificaciones y, en general, los beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo o formación profesional para el empleo, con efectos desde la fecha en que se cometió la infracción.

    La pérdida de estas ayudas, subvenciones, bonificaciones y beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo o formación profesional para el empleo afectará a los de mayor cuantía, con preferencia sobre los que la tuvieren menor en el momento de la comisión de la infracción. Este criterio ha de constar necesariamente en el acta de infracción, de forma motivada.

    b) Podrán ser excluidos del acceso a tales ayudas, subvenciones, bonificaciones y beneficios por un período máximo de dos años, con efectos desde la fecha de la resolución que imponga la sanción.

    Se excluirá en todo caso del acceso a tales ayudas, subvenciones, bonificaciones y beneficios por un periodo de cinco años, cuando la infracción cometida estuviera tipificada como muy grave en las letras d), e) y f) del apartado 1 del artículo 16 y en la letra h) del apartado 1 del artículo 23 de esta ley, con efectos desde la fecha de la resolución que imponga la sanción.

    c) En los supuestos previstos en las letras d), e) y f) del artículo 16.1, quedan obligados, en todo caso, a la devolución de las cantidades obtenidas indebidamente y las no aplicadas o aplicadas incorrectamente.

    Ver el artículo 46 completo

  • Artículo 8.1Estatuto de los TrabajadoresPresume que hay contrato de trabajo cuando se presta un servicio por cuenta y bajo la organización de otro a cambio de retribución: si no hay servicio, no hay contrato.
    Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 19 de noviembre de 2026

    1. El contrato de trabajo se podrá celebrar por escrito o de palabra. Se presumirá existente entre todo el que presta un servicio por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de otro y el que lo recibe a cambio de una retribución a aquel.

    Ver el artículo 8 completo

  • Artículo 47.1 c)Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden SocialSanción de esas infracciones: pérdida de la prestación seis meses o, en el paro, extinción, y posible exclusión de prestaciones durante un año.Cambio reciente: Apartado 1 b) y e) modificados por el Real Decreto-ley 2/2024, de 21 de mayo, con efectos de 1 de noviembre de 2024; la letra c) no cambia.
    Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 1 de noviembre de 2024

    1. En el caso de los solicitantes y beneficiarios de pensiones o prestaciones de Seguridad Social, incluidas las de desempleo y la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos, las infracciones se sancionarán:

    c) Las muy graves, con pérdida de la pensión o prestaciones durante un período de seis meses, y en el caso de las prestaciones o subsidios por desempleo o de la prestación por cese de actividad del trabajador autónomo, con la extinción.

    Igualmente, se les podrá excluir del derecho a percibir cualquier prestación económica y, en su caso, ayuda de fomento de empleo durante un año, así como del derecho a participar durante ese período en formación profesional para el empleo.

    Ver el artículo 47 completo

  • Artículo 40.1 c)Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden SocialMultas de las infracciones muy graves: de 7.501 a 225.018 euros según el grado.Cambio reciente: Cuantías actualizadas por la Ley 10/2021, de 9 de julio, con efectos de 1 de octubre de 2021.
    Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 31 de diciembre de 2021

    1. Las infracciones en materia de relaciones laborales y empleo, en materia de Seguridad Social, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 siguiente, en materia de movimientos migratorios y trabajo de extranjeros, en materia de empresas de trabajo temporal y empresas usuarias, excepto las que se refieran a materias de prevención de riesgos laborales, que quedarán encuadradas en el apartado 2 de este artículo, así como las infracciones por obstrucción se sancionarán:

    c) Las muy graves con multa, en su grado mínimo, de 7.501 a 30.000 euros; en su grado medio de 30.001 a 120.005 euros; y en su grado máximo de 120.006 euros a 225.018 euros.

    c bis) Las infracciones graves señaladas en los artículos 7.2, 7.14, 18.2.c), 19.2.b), 19.2.e), 19 bis.1.b), 19 ter.2.b) y 19 ter.2.e) se sancionarán con la multa siguiente: en su grado mínimo, de 1.000 a 2.000 euros; en su grado medio, de 2.001 a 5.000 euros y, en su grado máximo, de 5.001 a 10.000 euros.

    Ver el artículo 40 completo

  • Artículo 55.1 a 3Ley General de la Seguridad SocialObligación de devolver lo cobrado indebidamente, responsabilidad subsidiaria de quien contribuyó y prescripción a los cuatro años.
    Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 2 de enero de 2016

    1. Los trabajadores y las demás personas que hayan percibido indebidamente prestaciones de la Seguridad Social vendrán obligados a reintegrar su importe.

    Ver el artículo 55 completo

  • Artículos 146.1 y 146.2 a) y 146.2 b)Ley reguladora de la jurisdicción socialRegla general de que la entidad gestora no puede revisar sola sus actos y excepciones que le permiten retirar la prestación sin juicio cuando hubo inexactitudes del beneficiario o en el paro.Cambio reciente: Apartado 2 modificado por la Ley 26/2015, de 28 de julio.
    Texto de los apartados citadosTexto consolidado vigente desde el 18 de agosto de 2015

    1. Las Entidades, órganos u Organismos gestores, o el Fondo de Garantía Salarial no podrán revisar por sí mismos sus actos declarativos de derechos en perjuicio de sus beneficiarios, debiendo, en su caso, solicitar la revisión ante el Juzgado de lo Social competente, mediante la oportuna demanda que se dirigirá contra el beneficiario del derecho reconocido.

    2. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior:

    a) La rectificación de errores materiales o de hecho y los aritméticos, así como las revisiones motivadas por la constatación de omisiones o inexactitudes en las declaraciones del beneficiario, así como la reclamación de las cantidades que, en su caso, se hubieran percibido indebidamente por tal motivo.

    b) Las revisiones de los actos en materia de protección por desempleo, y por cese de actividad de los trabajadores autónomos, siempre que se efectúen dentro del plazo máximo de un año desde la resolución administrativa o del órgano gestor que no hubiere sido impugnada, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 147.

    Ver el artículo 146 completo

  • Artículo 54.1 f)Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración socialInfracción muy grave de simular la relación laboral con una persona extranjera con ánimo de lucro o para obtener derechos.
    Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 13 de diciembre de 2009

    1. Son infracciones muy graves:

    f) Simular la relación laboral con un extranjero, cuando dicha conducta se realice con ánimo de lucro o con el propósito de obtener indebidamente derechos reconocidos en esta Ley, siempre que tales hechos no constituyan delito.

  • Artículo 55.1 c)Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración socialMulta de 10.001 a 100.000 euros para las infracciones muy graves de extranjería.
    Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 13 de diciembre de 2009

    1. Las infracciones tipificadas en los artículos anteriores serán sancionadas en los términos siguientes:

    c) Las infracciones muy graves con multa desde 10.001 hasta 100.000 euros, excepto la prevista en el artículo 54.2.b), que lo será con una multa de 5.000 a 10.000 euros por cada viajero transportado o con un mínimo de 750.000 euros a tanto alzado, con independencia del número de viajeros transportados. La prevista en el artículo 54.2.a) en relación con el artículo 66.1 lo será con una multa de 10.001 hasta 100.000 euros por cada viaje realizado sin haber comunicado los datos de las personas transportadas o habiéndolos comunicado incorrectamente, con independencia de que la Autoridad gubernativa pueda adoptar la inmovilización, incautación y decomiso del medio de transporte, o la suspensión provisional o retirada de la autorización de explotación.

Textos legales basados en datos de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Se trata de un texto consolidado de carácter meramente informativo, sin valor oficial. Para el texto auténtico hay que acudir al BOE.

Lo que han dicho los tribunales sobre cada una de las cuestiones de este artículo.

¿Cuándo consideran los tribunales que un contrato de trabajo es simulado porque no hubo trabajo real?

¿Quién tiene que probar la simulación y basta con una sospecha (embarazo, parentesco, informe de la Inspección)?