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¿Si te conceden una incapacidad permanente tienes el 33 % de discapacidad?

No de forma automática ni para todo. Quien cobra una incapacidad permanente total, absoluta o gran incapacidad se considera persona con discapacidad del 33 % en el trabajo, la igualdad y no discriminación, la accesibilidad, la participación en asuntos públicos y el IRPF. Para el resto de ayudas y beneficios hace falta el certificado de la comunidad autónoma, que valora con su propio baremo, como ha repetido el Supremo hasta mayo de 2026.

Actualizado el 11 de octubre de 2026 · Alejandro Aradas García · 12 min de lectura

Tener reconocida una incapacidad permanente total, absoluta o una gran incapacidad no es lo mismo que tener un grado de discapacidad del 33 %.

La ley sí te considera persona con discapacidad del 33 % en algunos ámbitos por el solo hecho de cobrar esa pensión: el trabajo, la igualdad y no discriminación, la accesibilidad, la participación en asuntos públicos y el impuesto sobre la renta (IRPF).

Para todo lo demás (muchas ayudas, el impuesto de vehículos, la jubilación anticipada por discapacidad) necesitas el certificado de tu comunidad autónoma, que valora tus dolencias con su propio baremo y puede darte menos del 33 %.

Así lo ha repetido el Tribunal Supremo, la última vez en mayo de 2026.

Son dos reconocimientos distintos: la pensión la concede la Seguridad Social valorando si puedes trabajar; el grado de discapacidad lo reconoce tu comunidad autónoma aplicando un baremo que mide las limitaciones en tu vida diaria.

En esta guía te explico dónde llega la equiparación, dónde no y qué hacer en cada caso.

¿Incapacidad permanente y discapacidad son lo mismo?

No. Son dos situaciones diferentes, reconocidas por organismos distintos y con procedimientos también diferentes.

La incapacidad permanente la reconoce, con carácter general, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Valora cómo afectan las enfermedades o lesiones a tu capacidad para trabajar en tu profesión.

El grado de discapacidad lo reconoce el órgano competente de cada comunidad autónoma. Su valoración es más amplia: tiene en cuenta cómo afectan las deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a tu autonomía personal y a tu participación en la sociedad.

Por eso, una persona puede tener una incapacidad permanente total y, al pedir la valoración de discapacidad, obtener menos del 33 %. Y también al revés: se puede tener un 33 % o más sin tener derecho a ninguna incapacidad permanente.

¿Qué incapacidades permanentes se equiparan al 33 %?

La equiparación alcanza a quien cobra una pensión de la Seguridad Social por:

  • Incapacidad permanente total para la profesión habitual.
  • Incapacidad permanente absoluta para todo trabajo.
  • Gran incapacidad (hasta mayo de 2025 se llamaba «gran invalidez», y así sigue apareciendo en la ley de discapacidad y en la del IRPF).

También alcanza a los funcionarios/as de clases pasivas que cobran una pensión de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.

La incapacidad permanente parcial no está incluida. Y no basta con tener dolencias o estar pendiente del expediente: tiene que existir una resolución que reconozca la pensión.

¿Tener una incapacidad permanente significa que tienes oficialmente un 33 %?

No significa que tengas reconocido oficialmente un grado de discapacidad del 33 %.

La resolución del INSS y el certificado de discapacidad son documentos diferentes. El porcentaje lo fija la comunidad autónoma después de aplicar su baremo (artículo 4.3 de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad).

Lo que establece la ley es una equiparación para determinados efectos. Fuera de ellos, hay que mirar la norma de cada ayuda o beneficio: si exige un grado de discapacidad reconocido, hace falta el certificado.

¿Para qué efectos se considera que tienes un 33 %?

Desde el 2 de marzo de 2023, con la reforma de la Ley 3/2023, de Empleo, el artículo 4.2 de la ley de discapacidad dice que los pensionistas de incapacidad total, absoluta o gran incapacidad presentan una discapacidad igual o superior al 33 % a efectos de la accesibilidad, la participación en los asuntos públicos y la igualdad de oportunidades y no discriminación.

El artículo 35.1 lo extiende al derecho al trabajo. Y la ley del IRPF tiene su propia equiparación.

Derechos laborales

Para el ejercicio del derecho al trabajo, quien cobra una de estas pensiones tiene la consideración de persona con discapacidad (artículo 35.1). Eso se nota en:

  • La igualdad de trato en el acceso al empleo.
  • La prohibición de discriminación por razón de discapacidad.
  • Las condiciones de trabajo y de retribución, y el despido.
  • La promoción y la formación profesional.
  • La adaptación del puesto de trabajo y la accesibilidad de la empresa.
  • La protección frente al acoso o las decisiones discriminatorias.

Una empresa no puede tratarte peor por las limitaciones que motivaron tu incapacidad permanente ni negarse sin más a estudiar las adaptaciones que necesites.

Las adaptaciones tienen que ser razonables, teniendo en cuenta tus necesidades, las funciones del puesto, el coste de la medida, el tamaño de la empresa y las ayudas públicas que existan.

Esto tiene una consecuencia muy concreta cuando te reconocen una incapacidad total.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo en 2024 que la empresa no puede extinguir el contrato por la incapacidad sin haber intentado antes adaptar el puesto o recolocarte, salvo que suponga una carga excesiva (Tribunal de Justicia de la UE, enero de 2024), y desde el 1 de mayo de 2025 el Estatuto de los Trabajadores exige ese intento previo (tienes 10 días naturales para pedirlo).

Hay sentencias que declaran nulo el despido cuando la empresa extinguió el contrato sin estudiar esos ajustes (Superior de Galicia, septiembre de 2025).

Pero si no hay un puesto compatible y la adaptación supone una carga excesiva, la extinción es válida (Superior de Galicia, marzo de 2026).

Lo explicamos en las guías del finiquito y la extinción del contrato por incapacidad y de la recolocación.

¿Computa para la cuota del 2 % de las empresas?

Sí, con carácter general. Las empresas públicas o privadas de 50 o más personas trabajadoras tienen que tener al menos un 2 % de plantilla con discapacidad (artículo 42 de la ley de discapacidad).

Como la equiparación del artículo 35.1 se extiende a todo el capítulo de la ley dedicado al trabajo, donde está esa cuota, quien cobra una incapacidad permanente total, absoluta o gran incapacidad puede contar para cumplirla.

Hace falta, claro, una relación laboral, y que el trabajo sea compatible con la incapacidad. Lo normal es que ocurra con la incapacidad total, que impide la profesión habitual pero no otra distinta o unas funciones adaptadas.

Beneficios en el IRPF

La ley del IRPF considera acreditado un grado igual o superior al 33 % cuando cobras una pensión de incapacidad total, absoluta o gran incapacidad (artículo 60.3 de la Ley 35/2006).

Eso te da derecho al mínimo por discapacidad de 3.000 euros anuales (artículo 60.1). No es dinero que pague Hacienda: es una parte de tu renta que no tributa.

Si Hacienda no te lo aplica, se puede reclamar. Un contribuyente que cobraba una de estas pensiones ganó ante el Tribunal Superior de Andalucía, que anuló la liquidación que le negaba el mínimo (Superior de Andalucía, junio de 2024).

No confundas este beneficio con la tributación de la propia pensión:

  • La pensión de incapacidad total tributa, en general, como rendimiento del trabajo.
  • Las pensiones de la Seguridad Social por incapacidad absoluta y gran incapacidad están exentas (artículo 7 f) de la Ley 35/2006). El límite de cuantía que menciona esa norma se aplica a las mutualidades que sustituyen a la Seguridad Social de algunos profesionales.

Puede haber además deducciones estatales o autonómicas por discapacidad, cada una con sus propios requisitos.

Igualdad de oportunidades y no discriminación

La equiparación se aplica también en la protección frente a la discriminación y en materia de accesibilidad.

Eso permite reclamar frente a un trato desfavorable por razón de tus limitaciones y exigir ajustes razonables en ámbitos como el acceso a bienes y servicios, las relaciones con las Administraciones o la participación en la vida pública.

¿Y en las oposiciones?

Aquí la respuesta no es tan sencilla como suele decirse.

El Estatuto Básico del Empleado Público reserva al menos el 7 % de las plazas para personas con discapacidad y, para definirlas, se remite al artículo 4.2 de la ley de discapacidad (artículo 59.1), que desde 2023 incluye a los pensionistas de incapacidad total, absoluta o gran incapacidad.

Además, quien se presenta tiene que acreditar su discapacidad y que es compatible con las tareas del puesto.

En la práctica:

  • La mayoría de las convocatorias piden el certificado de la comunidad autónoma con un 33 % o más. Si lo tienes, preséntalo: evitas problemas.
  • Si solo tienes la resolución del INSS, lee las bases. Si solo piden acreditar la discapacidad, sin exigir el certificado, el Tribunal Superior de Andalucía ha admitido la resolución del INSS (Superior de Andalucía, julio de 2023) (Superior de Andalucía, marzo de 2026); si exigen expresamente el certificado, la resolución del INSS puede no bastar. Si te excluyen del cupo únicamente por no tener certificado, se puede presentar alegación o recurso defendiendo que la pensión acredita la discapacidad. No es una cuestión resuelta por el Tribunal Supremo, y el resultado no está garantizado.
  • Las plazas reservadas a la discapacidad intelectual exigen acreditar expresamente ese tipo de discapacidad, que la pensión no acredita.

No lo confundas con la cuota del 2 % de las empresas, donde la equiparación laboral sí funciona sin certificado.

¿Qué no te da automáticamente la incapacidad permanente?

La resolución del INSS no reconoce por sí sola:

  • Un certificado de discapacidad del 33 %.
  • Un grado del 45 % o del 65 %. Por eso no sirve para la jubilación anticipada por discapacidad, que exige un 65 %, o un 45 % con alguna de las patologías de la lista oficial (artículo 206 bis de la Ley General de la Seguridad Social).
  • La movilidad reducida ni la necesidad de ayuda de otra persona.
  • Una situación de dependencia.
  • La tarjeta de estacionamiento ni las plazas de aparcamiento reservadas.
  • La tarjeta autonómica de discapacidad.
  • La exención del impuesto de vehículos: la ley exige aportar el certificado del órgano competente (artículo 93 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales). El Tribunal Superior de Aragón lo confirmó en 2026 con un pensionista que solo aportaba su pensión (Superior de Aragón, julio de 2026).
  • Las ayudas para adaptar la vivienda o el vehículo, las bonificaciones en el transporte o los beneficios al comprar o matricular un vehículo.
  • El acceso a todas las prestaciones sociales autonómicas o municipales.

Cada ayuda tiene sus requisitos. Algunas aceptan expresamente la resolución de incapacidad permanente como equivalente al 33 %; otras exigen el certificado, la movilidad reducida, la necesidad de otra persona o un porcentaje mayor.

¿Qué ha dicho el Tribunal Supremo?

Que la incapacidad permanente no da el 33 % a todos los efectos.

El Pleno lo decidió en noviembre de 2018: la norma que extendía la equiparación «a todos los efectos» se pasó de lo que le permitía la ley que autorizó el texto refundido, así que solo valía para los efectos de la ley de discapacidad (Supremo, noviembre de 2018).

Lo ha repetido después muchas veces, siempre dando la razón a la comunidad autónoma o a la diputación foral que negaba el certificado (Supremo, febrero de 2022) (Supremo, abril de 2023) (Supremo, mayo de 2024) (Supremo, octubre de 2025).

La última, de 26 de mayo de 2026, anuló la sentencia que había reconocido el 33 % a un pensionista de incapacidad total porque incapacidad y discapacidad tienen finalidades, criterios y procedimientos distintos (Supremo, mayo de 2026).

Conviene precisar que esas sentencias resuelven casos anteriores a la Ley 3/2023.

Eso no significa que la cuestión esté abierta para los casos actuales: la ley vigente limita expresamente la equiparación a unos ámbitos concretos, de modo que la conclusión es la misma.

Lo que cambió la reforma no fue el derecho al certificado, que sigue exigiendo superar el baremo autonómico, sino la solidez de la equiparación donde sí opera: desde marzo de 2023, los efectos en empleo, igualdad, no discriminación y accesibilidad están en la propia ley.

¿Hay tribunales que lo ven de otra manera?

Pocos.

La mayoría de los Tribunales Superiores aplican la misma conclusión a la redacción de 2023: el Tribunal Superior de Galicia dijo que la reforma no da la vuelta a la doctrina del Supremo, porque limita la equiparación a ciertos capítulos de la ley (Superior de Galicia, octubre de 2024), y el de Cataluña negó el 33 % general a un pensionista de incapacidad total (Superior de Cataluña, octubre de 2024).

Pero el Tribunal Superior de Madrid, en julio de 2025, sí declaró a un pensionista con un 33 % de discapacidad frente a la Comunidad de Madrid, entendiendo que la reforma obliga a reconocerlo (Superior de Madrid, julio de 2025), y el de Andalucía en Granada hizo lo mismo en 2024, aplicando la ley nueva porque ya estaba en vigor el día del juicio (Superior de Andalucía, mayo de 2024).

Son sentencias minoritarias, el propio tribunal de Granada ha resuelto después en sentido contrario y el Supremo no ha dicho todavía la última palabra sobre la redacción vigente.

Si tu comunidad te deniega el certificado, la vía segura es la valoración con el baremo, no pleitear solo con la pensión.

¿Es necesario solicitar el grado de discapacidad?

Aunque tengas una incapacidad permanente, suele convenir pedir también la valoración a tu comunidad autónoma, sobre todo si:

  • Quieres presentarte por el cupo de discapacidad de una oposición.
  • Necesitas un certificado para una ayuda, la exención del impuesto de vehículos o la tarjeta de aparcamiento.
  • Crees que tus limitaciones justifican más del 33 %, por ejemplo un 65 % o, en ciertas enfermedades, un 45 % para la jubilación anticipada.
  • Necesitas que se valore la movilidad reducida o la ayuda de otra persona.
  • Quieres acceder a beneficios autonómicos o municipales que exijan el certificado.

El grado cuenta desde la fecha de la solicitud, así que no conviene retrasarla. La valoración es independiente: el porcentaje puede ser inferior, igual o superior al 33 %.

Y si es inferior, no pierdes las equiparaciones que la ley da a los pensionistas en el trabajo, la no discriminación, la accesibilidad y el IRPF.

¿Cómo se acredita la equiparación?

Donde la ley admite la equiparación, basta normalmente con la resolución del INSS o un certificado de que cobras una pensión de incapacidad total, absoluta o gran incapacidad.

Cuando la ayuda, la convocatoria o el trámite exige un grado de discapacidad reconocido, hay que presentar la resolución de la comunidad autónoma. Antes de pedir nada, mira exactamente qué documento exige.

Ten en cuenta que la equiparación va unida a la pensión: si en una revisión te la retiran, la pierdes. El certificado de discapacidad, si lo tienes, se mantiene mientras no se revise.

Resumen de los principales efectos

Ámbito ¿Basta la pensión de incapacidad total, absoluta o gran incapacidad?
Igualdad de trato y no discriminación en el trabajo, ajustes razonables Sí
Cuota del 2 % en empresas de 50 o más personas Sí, con carácter general
Accesibilidad y participación en asuntos públicos Sí
Mínimo por discapacidad en el IRPF (3.000 euros) Sí
Cupo de discapacidad en oposiciones Depende de las bases: si exigen el certificado, hace falta; si solo piden acreditar la discapacidad, hay sentencias que admiten la pensión
Exención del impuesto de vehículos No: hace falta el certificado
Tarjeta de estacionamiento, movilidad reducida, dependencia No: exigen una valoración específica
Jubilación anticipada por discapacidad No: exige un 45 % o un 65 %
Ayudas autonómicas y municipales Depende de cada ayuda; la mayoría piden el certificado
Incapacidad permanente parcial No da ninguna equiparación

Conclusión

El reconocimiento de una incapacidad permanente total, absoluta o gran incapacidad no supone que te hayan concedido oficialmente un grado de discapacidad del 33 % para todos los efectos.

Sí te da una equiparación importante: en el trabajo eres persona con discapacidad, estás protegido/a frente a la discriminación, puedes pedir ajustes razonables antes de que la empresa extinga tu contrato y cuentas para la cuota del 2 %.

También tienes acreditado el 33 % en el IRPF y en accesibilidad, participación pública e igualdad de oportunidades.

Lo que no te da es el certificado: ni la tarjeta de aparcamiento, ni la exención del impuesto de vehículos, ni un grado del 45 % o del 65 %, ni la mayoría de las ayudas sociales.

Por eso conviene comprobar la norma de cada beneficio y, casi siempre, pedir además la valoración del grado de discapacidad a tu comunidad autónoma.

Preguntas frecuentes

Me han dado la incapacidad permanente total. ¿Puedo decir que tengo un 33 % de discapacidad?

En el trabajo, en la protección frente a la discriminación, en accesibilidad y en el IRPF, sí, sin certificado. Para ayudas, el impuesto de vehículos, la tarjeta de aparcamiento o la mayoría de beneficios autonómicos, necesitas el certificado de tu comunidad autónoma.

¿La incapacidad permanente parcial también cuenta?

No. La equiparación solo alcanza a la total, la absoluta y la gran incapacidad.

Hacienda no me aplicó el mínimo por discapacidad. ¿Puedo reclamarlo?

Sí. La ley del IRPF considera acreditado el 33 % con la pensión de incapacidad total, absoluta o gran incapacidad. Puedes pedir la rectificación de las declaraciones de los años no prescritos aportando la resolución del INSS.

¿Me sirve la incapacidad permanente para jubilarme antes por discapacidad?

No. La jubilación anticipada por discapacidad exige un grado del 65 %, o del 45 % con alguna de las patologías de la lista oficial, reconocido por la comunidad autónoma. La equiparación solo llega al 33 %.

Si en una revisión me quitan la incapacidad permanente, ¿pierdo también el 33 %?

Pierdes la equiparación, que va unida a cobrar la pensión. Si además tienes un certificado de discapacidad de tu comunidad autónoma, ese se mantiene mientras no se revise.

Cuestiones Laborales es una web informativa: lo que explica es general y cada caso tiene sus matices. Para el tuyo, consulta siempre con un abogado o abogada laboralista o con un graduado o graduada social.

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2 comentarios

  1. Mariano

    Muchas gracias por este artículo.
    Precisamente hoy compruebo como mi nota para una oposición de la age no me llega para las plazas libres pero si me hubiera dado para coger plaza por el cupo.

    Esto lo aviso el inap publicando una nota cuando salieron los listados de admitidos y excluidos, pero esto paso 3 meses después de hacer la convocatoria del proceso selectivo. Es indignante que esto no se avisara al comienzo del proceso, y me indigna aún más el saber que en convocatorias anteriores esto no pasaba. Además en las mismas fechas hubo exámenes para la seguridad social, que también las convoca el estado, y en este caso se permitió que las personas con incapacidad si pudieran ir por el cupo. ¿Qué podría hacer para intentar que mi nota fuera admitida en el cupo?. Gracias.

    Responder
    1. AlejandroAutor

      En las convocatorias posteriores a la reforma de 2023, el INAP está considerando que una incapacidad permanente total, absoluta o gran incapacidad no basta por sí sola para acceder al cupo de discapacidad si no existe además un grado reconocido de al menos el 33 %.
      No obstante, existen sentencias que han admitido la resolución de incapacidad permanente para acceder por ese cupo, aunque se refieren a procesos anteriores a la reforma. En tu caso, además, podría ser relevante que ese criterio se comunicase después de publicada la convocatoria. Si todavía estás en plazo, valoraría presentar recurso o alegaciones.

      Responder

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Normas y preceptos aplicables. Despliega cada uno para leer su texto.

  • Artículos 4.2 y 4.3Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (Real Decreto Legislativo 1/2013)Equipara al 33 % a los pensionistas de incapacidad total, absoluta o gran incapacidad (y de clases pasivas) solo a efectos de accesibilidad, participación en asuntos públicos e igualdad y no discriminación; el grado lo reconoce el órgano competente.Cambio reciente: Apartados 1 y 2 modificados por la disposición final 2.ª de la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo; vigente desde el 2 de marzo de 2023. Sigue diciendo «gran invalidez».
    Texto de los apartados citadosTexto consolidado vigente desde el 23 de octubre de 2026

    2. Además de lo establecido en el apartado anterior, a los efectos de esta ley, tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.

    Se considerará también, a los efectos de esta ley, que presentan una discapacidad del 33 por ciento las personas a las que se les haya reconocido oficialmente una situación de dependencia en grado I, así como una discapacidad del 65 por ciento a las personas a las que se les haya reconocido oficialmente una situación de dependencia en grado II y III. Esta asimilación provocará efectos exclusivamente en los ámbitos previstos por ley o por otras normas que expresamente la contemplen, no siendo de aplicación en el ámbito tributario.

    Sin perjuicio de lo anterior, a los efectos de la sección 1.ª del capítulo V y del capítulo VIII del título I, así como del título II, se considerará que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento las personas pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez y a las personas pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio.

    Independientemente de lo expresado anteriormente, la persona podrá solicitar la valoración con base en su discapacidad real.

    3. El reconocimiento del grado de discapacidad deberá ser efectuado por el órgano competente en los términos desarrollados reglamentariamente.

    La acreditación del grado de discapacidad se realizará en los términos establecidos reglamentariamente y tendrá validez en todo el territorio nacional.

  • Artículo 35.1Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (Real Decreto Legislativo 1/2013)Para el derecho al trabajo (capítulo VI, que incluye la cuota del 2 %), los pensionistas de incapacidad total, absoluta o gran incapacidad son personas con discapacidad.Cambio reciente: Apartado 1 modificado por la disposición final 2.ª de la Ley 3/2023; vigente desde el 2 de marzo de 2023.
    Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 23 de octubre de 2026

    1. Las personas con discapacidad tienen derecho al trabajo, en condiciones que garanticen la aplicación de los principios de igualdad de trato y no discriminación.

    Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4, a los efectos del presente capítulo VI y del ejercicio del derecho al trabajo de las personas con discapacidad, tendrán la consideración de personas con discapacidad las personas pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y las personas pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.

  • Artículo 60.3Ley 35/2006, del Impuesto sobre la Renta de las Personas FísicasA efectos del IRPF se considera acreditado el 33 % con una pensión de incapacidad total, absoluta o gran incapacidad, lo que da el mínimo por discapacidad de 3.000 euros (apartado 1).
    Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 1 de enero de 2015

    3. A los efectos de este Impuesto, tendrán la consideración de personas con discapacidad los contribuyentes que acrediten, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan, un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.

    En particular, se considerará acreditado un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento en el caso de los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez y en el caso de los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. Igualmente, se considerará acreditado un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento, cuando se trate de personas cuya incapacidad sea declarada judicialmente, aunque no alcance dicho grado.

  • Artículo 7 f)Ley 35/2006, del Impuesto sobre la Renta de las Personas FísicasExención de las pensiones de la Seguridad Social por incapacidad absoluta o gran incapacidad.
    Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 8 de octubre de 2026

    Estarán exentas las siguientes rentas:

    f) Las prestaciones reconocidas al contribuyente por la Seguridad Social o por las entidades que la sustituyan como consecuencia de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez.

    Asimismo, las prestaciones reconocidas a los profesionales no integrados en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos por las mutualidades de previsión social que actúen como alternativas al régimen especial de la Seguridad Social mencionado, siempre que se trate de prestaciones en situaciones idénticas a las previstas para la incapacidad permanente absoluta o gran invalidez de la Seguridad Social. La cuantía exenta tendrá como límite el importe de la prestación máxima que reconozca la Seguridad Social por el concepto que corresponda. El exceso tributará como rendimiento del trabajo, entendiéndose producido, en caso de concurrencia de prestaciones de la Seguridad Social y de las mutualidades antes citadas, en las prestaciones de estas últimas.

  • Artículo 59.1Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (Real Decreto Legislativo 5/2015)Cupo de al menos el 7 % en las ofertas de empleo público para personas con discapacidad «definidas en el apartado 2 del artículo 4» de la ley de discapacidad, que acrediten su discapacidad y la compatibilidad con las tareas.
    Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 1 de noviembre de 2015

    1. En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, considerando como tales las definidas en el apartado 2 del artículo 4 del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas, de modo que progresivamente se alcance el dos por ciento de los efectivos totales en cada Administración Pública.

    La reserva del mínimo del siete por ciento se realizará de manera que, al menos, el dos por ciento de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el resto de las plazas ofertadas lo sea para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad.

  • Artículo 42.1Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (Real Decreto Legislativo 1/2013)Cuota de reserva del 2 % en empresas de 50 o más personas trabajadoras, dentro del capítulo VI al que se extiende la equiparación del artículo 35.1.Cambio reciente: Apartado 1 modificado por la Ley 6/2022, de 31 de marzo; vigente desde el 2 de abril de 2022 (comprobado en la ficha 15 el 10-10-2026).
    Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 2 de abril de 2022

    1. Las empresas públicas y privadas que empleen a un número de 50 o más trabajadores vendrán obligadas a que de entre ellos, al menos, el 2 por 100 sean trabajadores con discapacidad. El cómputo mencionado anteriormente se realizará sobre la plantilla total de la empresa correspondiente, cualquiera que sea el número de centros de trabajo de aquélla y cualquiera que sea la forma de contratación laboral que vincule a los trabajadores de la empresa. Igualmente se entenderá que estarán incluidos en dicho cómputo los trabajadores con discapacidad que se encuentren en cada momento prestando servicios en las empresas públicas o privadas, en virtud de los contratos de puesta a disposición que las mismas hayan celebrado con empresas de trabajo temporal.

    De manera excepcional, las empresas públicas y privadas podrán quedar exentas de esta obligación, de forma parcial o total, bien a través de acuerdos recogidos en la negociación colectiva sectorial de ámbito estatal y, en su defecto, de ámbito inferior, a tenor de lo dispuesto en el artículo 83. 2 y 3, del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, bien por opción voluntaria del empresario, debidamente comunicada a la autoridad laboral, y siempre que en ambos supuestos se apliquen las medidas alternativas que se determinen reglamentariamente.

  • Artículos 93.1 e) y 93.2Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004)Exención del impuesto de vehículos para personas con discapacidad de al menos el 33 %, que exige aportar el certificado del órgano competente.
    Texto de los apartados citadosTexto consolidado vigente desde el 10 de marzo de 2004

    1. Estarán exentos del impuesto:

    e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere el apartado A del anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.

    Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como a los destinados a su transporte.

    Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de ellas por más de un vehículo simultáneamente.

    A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 por ciento.

    2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos e) y g) del apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando las características del vehículo, su matrícula y la causa del beneficio. Declarada la exención por la Administración municipal, se expedirá un documento que acredite su concesión.

    En relación con la exención prevista en el segundo párrafo del párrafo e) del apartado 1 anterior, el interesado deberá aportar el certificado de la minusvalía emitido por el órgano competente y justificar el destino del vehículo ante el ayuntamiento de la imposición, en los términos que éste establezca en la correspondiente ordenanza fiscal.

  • Artículo 206 bisLey General de la Seguridad SocialLa jubilación anticipada por discapacidad exige un grado del 65 %, o del 45 % en las patologías de la lista oficial: la equiparación al 33 % no sirve para ella.Cambio reciente: Añadido por la Ley 21/2021, de 28 de diciembre; vigente desde el 1 de enero de 2022 (comprobado en la ficha 15 el 10-10-2026).
    Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 1 de enero de 2022

    Artículo 206 bis. Jubilación anticipada en caso de discapacidad.

    1. La edad mínima de acceso a la pensión de jubilación a que se refiere el artículo 205.1.a) podrá ser reducida en el caso de personas con discapacidad en un grado igual o superior al 65 por ciento, en los términos contenidos en el correspondiente real decreto acordado a propuesta del titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, o también en un grado de discapacidad igual o superior al 45 por ciento, siempre que, en este último supuesto, se trate de discapacidades reglamentariamente determinadas respecto de las que existan evidencias contrastadas que determinan de forma generalizada una reducción significativa de la esperanza de vida.

    2. La aplicación de los correspondientes coeficientes reductores de la edad en ningún caso dará lugar a que el interesado pueda acceder a la pensión de jubilación con una edad inferior a la de cincuenta y dos años.

    Los coeficientes reductores de la edad de jubilación no serán tenidos en cuenta, en ningún caso, a efectos de acreditar la exigida para acceder a la jubilación parcial, a los beneficios establecidos en el artículo 210.2, y a cualquier otra modalidad de jubilación anticipada.

    Ver el artículo 206 bis

Textos legales basados en datos de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Se trata de un texto consolidado de carácter meramente informativo, sin valor oficial. Para el texto auténtico hay que acudir al BOE.

Lo que han dicho los tribunales sobre cada una de las cuestiones de este artículo.

¿La resolución del INSS que reconoce una incapacidad total, absoluta o gran incapacidad equivale al certificado de discapacidad del 33 % a todos los efectos?

Tras la Ley 3/2023, ¿cambia algo? ¿Algún tribunal reconoce el 33 % automático con la redacción nueva?