InicioReclamaciones frente a la empresa

Un fallo en la notificación del juzgado no es error judicial, dice el Supremo

El Tribunal Supremo ha rechazado una demanda de error judicial de una empresa condenada sin haber ido al juicio porque, según ella, la citación se envió con un CIF equivocado. Las notificaciones y citaciones son tarea del letrado/a de la Administración de Justicia, no del juez, y sus fallos se reclaman como funcionamiento anormal de la justicia ante el Ministerio de Justicia, no como error judicial.

Sentencia comentada · Actualizado el 11 de octubre de 2026 · Alejandro Aradas García · 4 min de lectura

Si un fallo en una notificación o en una citación del juzgado te deja sin defensa, no puedes pedir al Tribunal Supremo que declare un error judicial.

Así lo ha dicho la Sala de lo Social en su sentencia de 2 de marzo de 2026 (Supremo, marzo de 2026): esos actos son tarea del letrado/a de la Administración de Justicia, no del juez, y el error judicial solo cubre las decisiones del juez.

El daño que causan se reclama por otra vía, la del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, ante el Ministerio de Justicia.

Quién es el letrado/a de la Administración de Justicia

En los juzgados no solo trabajan jueces y juezas.

El letrado/a de la Administración de Justicia, antes llamado secretario/a judicial, impulsa el proceso y dicta las resoluciones de tramitación que la ley no reserva al juez (artículo 456 de la Ley Orgánica del Poder Judicial): diligencias de ordenación y de comunicación, decretos para admitir la demanda y buena parte de la ejecución.

También dirige los actos de comunicación (notificaciones, citaciones, emplazamientos), y es el responsable de que ese servicio esté bien organizado (artículo 152.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Qué pasó

Un trabajador de una empresa de sistemas constructivos de Madrid fue despedido en agosto de 2023 y demandó.

La empresa no compareció al juicio, que se celebró sin ella, y el juzgado de lo social declaró el despido improcedente en junio de 2024.

Como no hubo readmisión ni pago, el trabajador pidió la ejecución, y en diciembre de 2024 el juzgado declaró extinguida la relación laboral y condenó a la empresa a pagar 7.143 euros de indemnización y 17.336,29 euros de salarios de tramitación.

La empresa se presentó en el juzgado en febrero de 2025, ya en plena ejecución.

Dijo que se había enterado del pleito por los embargos de sus cuentas: la demanda del trabajador llevaba un CIF equivocado, el juzgado lo usó al notificarle por el sistema de notificaciones electrónicas de la Comunidad de Madrid y, según la empresa, por eso no la citaron bien al juicio ni le notificaron lo que se iba resolviendo.

El trabajador, el Abogado del Estado y la Fiscalía sostenían que las notificaciones se hicieron bien. Pidió la nulidad de actuaciones y el juzgado la rechazó por auto en marzo de 2025.

Contra ese auto acudió al Supremo con una demanda de error judicial.

Qué decidió el Supremo y por qué

El Supremo rechazó la demanda (Supremo, marzo de 2026). El error judicial sirve para un caso muy concreto: una decisión del juez (una sentencia, un auto o una providencia) con un error craso, patente e indiscutible.

Aquí el daño que alegaba la empresa no venía de lo que decidió el juez, sino de una actuación de tramitación (la notificación de la demanda y la citación al juicio), que la ley encomienda al letrado/a de la Administración de Justicia.

Por eso el Supremo entendió que la empresa había elegido mal el camino.

Ni siquiera entró a examinar si la citación se hizo bien o mal, ni si la demanda de error estaba en plazo o se habían agotado los recursos: al no tratarse de un error del juez, lo que habría sido un motivo para no admitir la demanda se convirtió, a esas alturas, en motivo para desestimarla.

Recordó que ya lo había dicho en septiembre de 2025, en un caso de un fallo en un embargo atribuido al letrado/a (Supremo, septiembre de 2025).

La empresa pagó caro el error de vía. La ley impone las costas a quien pide el error judicial y no lo consigue (artículo 293.1 e) de la Ley Orgánica del Poder Judicial): 1.500 euros, más la pérdida del depósito.

Contra la sentencia no cabe recurso, y la condena por el despido sigue en pie.

La vía correcta: el funcionamiento anormal de la justicia

Cuando el daño no viene de una decisión del juez sino del funcionamiento del juzgado (un retraso excesivo, una notificación defectuosa o que no se hizo, un documento extraviado, un fallo en la ejecución), la ley da derecho a una indemnización a cargo del Estado por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia (artículo 292.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial). Hay tres condiciones que conviene tener claras:

  • El daño tiene que ser real y medible: efectivo, evaluable en dinero e individualizado (artículo 292.2).
  • La petición va directamente al Ministerio de Justicia, no al Supremo, y se tramita como una reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado. Si se rechaza, cabe recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa (artículo 293.2).
  • Hay un año para reclamar, desde el día en que se pudo hacer (artículo 293.2).

Esta vía da dinero, pero no deshace la condena. Para anular lo actuado sin una citación válida están los recursos contra la sentencia y, si ya no caben, el incidente de nulidad de actuaciones, que la empresa sí intentó.

Y si el juez confirmó lo que hizo el letrado/a

La situación cambia cuando lo que hizo el letrado/a pasa por el juez.

En enero de 2026, un trabajador pidió el error judicial contra un decreto del letrado/a que aplazaba la ejecución y contra el auto del juez que lo confirmó (Supremo, enero de 2026).

Ahí el Supremo sí examinó el caso, porque había una decisión judicial, aunque lo rechazó: no se habían agotado los recursos y el aplazamiento tenía apoyo en la ley.

Que haya una decisión del juez abre la puerta, pero sigue haciendo falta un error evidente, no una simple discrepancia.

Qué significa para quien reclama

El criterio no depende de los hechos: cualquier fallo de notificación, citación o tramitación se imputa al letrado/a o al personal del juzgado, no al juez, y no se arregla con una demanda de error judicial.

Si te pasa, lo práctico es moverse rápido dentro del propio pleito (recurso o nulidad de actuaciones) para recuperar la defensa, y reclamar después al Ministerio de Justicia el daño que no se haya podido evitar.

Presentar una demanda de error judicial por la vía equivocada no solo no sirve: puede costar las costas.

Los requisitos del error judicial (plazo de tres meses, agotar antes los recursos, qué se considera un error patente) se explican en la guía sobre el recurso por error judicial en una sentencia laboral, y la nulidad de actuaciones, en su guía propia.

Preguntas frecuentes

¿Qué es el letrado/a de la Administración de Justicia?

Es el profesional del juzgado, antes llamado secretario/a judicial, que dirige la tramitación: notificaciones, citaciones, admisión de la demanda por decreto, buena parte de la ejecución y la conciliación judicial.

Si el juzgado no me citó bien y perdí el juicio, ¿puedo pedir el error judicial?

No por ese motivo: según el Supremo, la citación es tarea del letrado/a, no una decisión del juez. Para deshacer lo actuado están la nulidad de actuaciones y los recursos; para que te indemnicen, la reclamación al Ministerio de Justicia por funcionamiento anormal.

¿Cuánto tiempo hay para reclamar por funcionamiento anormal de la justicia?

Un año desde el día en que se pudo reclamar. La petición va directamente al Ministerio de Justicia y, si la rechaza, se recurre ante lo contencioso-administrativo.

¿Cuesta algo perder una demanda de error judicial?

Sí: si el error no se aprecia, la ley impone las costas a quien la presentó. En este caso fueron 1.500 euros, más la pérdida del depósito.

Cuestiones Laborales es una web informativa: lo que explica es general y cada caso tiene sus matices. Para el tuyo, consulta siempre con un abogado o abogada laboralista o con un graduado o graduada social.

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Las guías donde se explica la regla general.

Normas y preceptos aplicables. Despliega cada uno para leer su texto.

  • Artículos 293.1 y 293.2Ley Orgánica del Poder JudicialDemanda de error judicial ante el Supremo: tres meses, agotar antes los recursos, informe del órgano, costas si no se aprecia, sin recurso. La reclamación por funcionamiento anormal va directamente al Ministerio de Justicia, prescribe al año y se recurre ante lo contencioso-administrativo.
    Texto de los apartados citadosTexto consolidado vigente desde el 1 de mayo de 1988

    1. La reclamación de indemnización por causa de error deberá ir precedida de una decisión judicial que expresamente lo reconozca. Esta previa decisión podrá resultar directamente de una sentencia dictada en virtud de recurso de revisión. En cualquier otro caso distinto de éste se aplicaran las reglas siguientes:

    a) La acción judicial para el reconocimiento del error deberá instarse inexcusablemente en el plazo de tres meses, a partir del día en que pudo ejercitarse.

    b) La pretensión de declaración del error se deducirá ante la Sala del Tribunal Supremo correspondiente al mismo orden jurisdiccional que el órgano a quien se imputa el error, y si éste se atribuyese a una Sala o Sección del Tribunal Supremo la competencia corresponderá a la Sala que se establece en el artículo 61. Cuando se trate de órganos de la jurisdicción militar, la competencia corresponderá a la Sala Quinta de lo Militar del Tribunal Supremo.

    c) El procedimiento para sustanciar la pretensión será el propio del recurso de revisión en materia civil, siendo partes, en todo caso, el Ministerio Fiscal y la Administración del Estado.

    d) El Tribunal dictara sentencia definitiva, sin ulterior recurso, en el plazo de quince días, con informe previo del órgano jurisdiccional a quien se atribuye el error.

    e) Si el error no fuera apreciado se impondrán las costas al peticionario.

    f) No procederá la declaración de error contra la resolución judicial a la que se impute mientras no se hubieren agotado previamente los recursos previstos en el ordenamiento.

    g) La mera solicitud de declaración del error no impedirá la ejecución de la resolución judicial a la que aquél se impute.

    2. Tanto en el supuesto de error judicial declarado como en el de daño causado por el anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, el interesado dirigirá su petición indemnizatoria directamente al Ministerio de Justicia, tramitándose la misma con arreglo a las normas reguladoras de la responsabilidad patrimonial del estado. Contra la resolución cabrá recurso contencioso-administrativo. El derecho a reclamar la indemnización prescribirá al año, a partir del día en que pudo ejercitarse.

  • Artículo 292Ley Orgánica del Poder JudicialIndemnización a cargo del Estado por error judicial o por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia; el daño ha de ser efectivo, evaluable e individualizado.
    Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 3 de julio de 1985

    Artículo 292.

    1. Los daños causados en cualesquiera bienes o derechos por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán a todos los perjudicados derecho a una indemnización a cargo del estado, salvo en los casos de fuerza mayor, con arreglo a lo dispuesto en este Título.

    2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.

    3. La mera revocación o anulación de las resoluciones judiciales no presupone por sí sola derecho a indemnización.

  • Artículo 456Ley Orgánica del Poder JudicialFunciones del letrado/a de la Administración de Justicia: impulso del proceso, diligencias de comunicación, decretos, ejecución.Cambio reciente: Redacción de la Ley Orgánica 7/2015, vigente desde el 01-10-2015.
    Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 1 de octubre de 2015

    Artículo 456.

    1. El Letrado de la Administración de Justicia impulsará el proceso en los términos que establecen las leyes procesales.

    2. A tal efecto, dictará las resoluciones necesarias para la tramitación del proceso, salvo aquéllas que las leyes procesales reserven a Jueces o Tribunales. Estas resoluciones se denominarán diligencias, que podrán ser de ordenación, de constancia, de comunicación o de ejecución.

    3. Se llamará decreto a la resolución que dicte el Letrado de la Administración de Justicia con el fin de admitir la demanda, poner término al procedimiento del que tenga atribuida exclusiva competencia, o cuando sea preciso o conveniente razonar su decisión. Será siempre motivado y contendrá, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en que se basa.

    4. Las diligencias de ordenación y los decretos serán recurribles en los casos y formas previstos en las leyes procesales.

    5. Las resoluciones de carácter gubernativo de los Letrados de la Administración de Justicia se denominarán acuerdos.

    6. Los Letrados de la Administración de Justicia, cuando así lo prevean las leyes procesales, tendrán competencias en las siguientes materias:

    a) Ejecución, salvo aquellas competencias que exceptúen las leyes procesales por estar reservadas a Jueces y Magistrados.

    b) Jurisdicción voluntaria, asumiendo su tramitación y resolución, sin perjuicio de los recursos que quepa interponer.

    c) Conciliación, llevando a cabo la labor mediadora que les sea propia.

    d) Tramitación y, en su caso, resolución de los procedimientos monitorios.

    e) Mediación.

    f) Cualesquiera otras que expresamente se prevean.

  • Artículo 152.1Ley de Enjuiciamiento CivilLos actos de comunicación se hacen bajo la dirección del letrado/a de la Administración de Justicia, responsable de organizar el servicio.Cambio reciente: Apartado 2 modificado y apartado 6 añadido por el Real Decreto-ley 6/2023, desde el 20-03-2024 (notificaciones electrónicas).
    Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 20 de marzo de 2024

    1. Los actos de comunicación se realizarán bajo la dirección del letrado de la Administración de Justicia, que será el responsable de la adecuada organización del servicio. Tales actos se ejecutarán por:

    1.º Los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial.

    2.º El procurador de la parte que lo solicite.

    A tal efecto, en todo escrito que dé inicio a un procedimiento judicial, de ejecución, o a otra instancia, el solicitante deberá expresar si interesa que todos los actos de comunicación se realicen por su procurador. Si no se manifestare nada al respecto, el letrado de la Administración de Justicia dará curso a los autos, realizándose tales actos por los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial. Asimismo, serán realizados por estos últimos si los demandados, ejecutados o recurridos no solicitan expresamente en su escrito de personación que se realicen por su procurador o si las partes fueran beneficiarias del derecho de asistencia jurídica gratuita.

    Los solicitantes podrán, de forma motivada y concurriendo justa causa, pedir la modificación del régimen inicial, procediendo el letrado de la Administración de Justicia, si lo considera justificado, a realizar los sucesivos actos de comunicación conforme a la nueva petición.

    Se tendrán por válidamente realizados estos actos de comunicación cuando en la diligencia quede constancia suficiente de haber sido practicados en la persona, en el domicilio, en la dirección electrónica habilitada al efecto, por comparecencia electrónica o por los medios telemáticos o electrónicos elegidos por el destinatario.

    A estos efectos, el procurador acreditará, bajo su responsabilidad, la identidad y condición del receptor del acto de comunicación, cuidando de que en la copia quede constancia fehaciente de la recepción, de su fecha y hora y del contenido de lo comunicado.

Textos legales basados en datos de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Se trata de un texto consolidado de carácter meramente informativo, sin valor oficial. Para el texto auténtico hay que acudir al BOE.

Lo que han dicho los tribunales sobre cada una de las cuestiones de este artículo.