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Prescripción de las infracciones y multas de la Inspección de Trabajo: plazos

Las infracciones laborales prescriben a los tres años, las de Seguridad Social a los cuatro y las de prevención de riesgos a uno, tres o cinco años según su gravedad, desde que se cometieron o, si se prolongan, desde que cesan. Una vez impuesta y firme, la multa prescribe a los cinco años. Nada de esto alarga el plazo de la persona trabajadora para reclamar a la empresa, que suele ser de un año o de veinte días hábiles.

Actualizado el 10 de octubre de 2026 · Alejandro Aradas García · 4 min de lectura

Una empresa no puede ser sancionada eternamente.

Las infracciones laborales prescriben a los tres años, las de Seguridad Social a los cuatro y las de prevención de riesgos laborales al año, a los tres o a los cinco, según sean leves, graves o muy graves.

Si el incumplimiento se prolonga en el tiempo, el plazo no empieza hasta que termina. Y una vez que la multa es firme, la Administración tiene cinco años para cobrarla.

Ninguno de estos plazos alarga el tuyo para reclamar a la empresa: ese sigue siendo, normalmente, de un año, o de veinte días hábiles si te han despedido.

Dos plazos distintos: el de la infracción y el de la multa

Conviene separar dos momentos:

  • Prescripción de la infracción: el tiempo que tiene la Administración para descubrir el incumplimiento, levantar el acta y sancionarlo. Pasado ese plazo, aunque la infracción sea evidente, ya no se puede multar.
  • Prescripción de la sanción: una vez impuesta la multa y firme, el tiempo que tiene la Administración para cobrarla.

Las normas que lo regulan son la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (la ley de sanciones, Real Decreto Legislativo 5/2000), su reglamento de procedimiento (Real Decreto 928/1998, que sigue vigente), la Ley 23/2015 de la Inspección de Trabajo y, solo para lo que no regulan ellas, la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.

Cuánto tarda en prescribir una infracción

El artículo 4 de la ley de sanciones fija estos plazos:

Tipo de infracción Plazo de prescripción
Laborales en general (salario, jornada, contratos, descansos, registro de jornada, igualdad…) 3 años
Seguridad Social (altas, cotización, prestaciones) 4 años
Prevención de riesgos laborales, leves 1 año
Prevención de riesgos laborales, graves 3 años
Prevención de riesgos laborales, muy graves 5 años
Cooperativas 3 meses, 6 meses o 1 año, según gravedad

Un ejemplo: si la empresa no te dio de alta durante unos meses de 2023, esa infracción de Seguridad Social puede sancionarse hasta 2027.

En prevención, la gravedad lo cambia todo: una infracción grave prescribe a los tres años (Superior de Madrid, julio de 2019), pero una leve, al año.

En Seguridad Social, la Ley General de la Seguridad Social (artículo 24) repite el plazo de cuatro años para sancionar y fija el mismo para que la Tesorería liquide y cobre las cuotas que la empresa dejó de ingresar.

Hay tribunales que han rechazado la prescripción alegada por una empresa que contaba tres años donde eran cuatro (Superior de Castilla y León, mayo de 2023).

Desde cuándo se cuenta

La regla es contar desde la fecha de la infracción.

Pero muchos incumplimientos no ocurren un día concreto, sino que se prolongan: tener a alguien sin dar de alta, no registrar la jornada, pagar por debajo del convenio mes tras mes.

En esas infracciones continuadas o permanentes, el plazo empieza a correr cuando termina la conducta, como dice el artículo 30.2 de la Ley 40/2015. Mientras el incumplimiento siga, no prescribe.

Así lo han aplicado los tribunales en casos en que los hechos se prolongaron durante todo el tiempo en que se cobraba una prestación (Superior de Galicia, mayo de 2018).

Qué interrumpe la prescripción de la infracción

El artículo 7.2 del Real Decreto 928/1998 enumera lo que para el reloj y lo pone a cero:

  • El acta de infracción, siempre que esté debidamente notificada.
  • Un requerimiento de la Inspección o una orden de paralización de trabajos.
  • El inicio de cualquier actuación administrativa de comprobación de la que la empresa tenga conocimiento formal (una visita, una citación a comparecer con documentos).
  • Cualquier actuación de la empresa que reconozca los hechos.
  • Los recursos o reclamaciones de los afectados o de sus representantes.
  • El traslado de los hechos al juzgado o a la Fiscalía si pueden ser delito: el plazo queda parado hasta que termina el proceso penal.

Lo decisivo es que la empresa se entere. Un acta que no se notifica antes de que pasen los cuatro años no interrumpe nada, y la sanción cae (Superior de Andalucía, febrero de 2020).

Lo mismo vale cuando la sancionada es una persona trabajadora o beneficiaria de prestaciones.

Cuánto puede durar la investigación de la Inspección

Antes del acta hay una fase de comprobación (visitas, requerimientos, comparecencias). El artículo 21.4 de la Ley 23/2015 le pone límites:

  • No puede durar más de nueve meses, salvo que el retraso sea culpa de la empresa. Puede ampliarse otros nueve en casos complejos (gran volumen de actividad, dispersión geográfica, obstrucción, cooperación internacional).
  • No puede estar parada más de cinco meses, salvo que lo cause la empresa o que haya que esperar a un juicio que condicione el resultado.
  • Los plazos empiezan con la primera visita o, si la Inspección cita a comparecer, cuando la empresa aporta toda la documentación pedida (Superior de Madrid, abril de 2022).

El Tribunal Supremo ha precisado que los cinco meses de parón se cuentan hasta la fecha del acta, no hasta que se notifica (Supremo, septiembre de 2024).

Si se superan los límites, la investigación caduca y las actas que se basan en ella pueden anularse, aunque la infracción fuese real (Superior de Galicia, junio de 2025).

Cuando los hechos pueden ser delito, el expediente espera al proceso penal y la cuenta se complica; el Supremo no ha unificado cuándo se reanuda (Supremo, enero de 2023).

Cuánto tiene la Administración para resolver: la caducidad del expediente

Una vez levantada el acta, empieza el expediente sancionador. El artículo 20.3 del Real Decreto 928/1998 da seis meses, contados desde la fecha del acta hasta que se notifica la resolución.

Si se superan, el expediente caduca. No se cuentan las paradas causadas por la empresa ni las suspensiones previstas en el reglamento.

Esta redacción rige desde el 1 de enero de 2022 (Real Decreto 688/2021).

Antes, el reglamento decía «hasta la fecha en que se dicte la resolución», y los dos órganos del Supremo lo leían distinto: la Sala de lo Social contaba hasta la firma de la resolución (Supremo, mayo de 2024), mientras que la de lo Contencioso-administrativo contaba hasta su notificación, para evitar resoluciones antedatadas (Supremo, febrero de 2014).

Hoy el texto lo dice claro: una resolución firmada a tiempo pero notificada tarde llega tarde (Supremo, enero de 2024).

La caducidad no siempre salva a la empresa

Que un expediente caduque no significa que la infracción quede impune. El artículo 7.5 del reglamento permite abrir otro expediente por los mismos hechos si la infracción no ha prescrito, con nuevas actuaciones y nueva acta.

La contrapartida está en la Ley 39/2015 (artículo 95.3): un procedimiento caducado no interrumpe la prescripción, y tampoco lo hace el acta con la que empezó, aunque se notificara.

En la práctica, si los hechos son antiguos, la caducidad del primer expediente puede dejar a la Administración sin tiempo para el segundo.

Cuánto dura la multa una vez impuesta

Según el artículo 7.3 del Real Decreto 928/1998, las sanciones prescriben a los cinco años, contados desde el día siguiente a que la resolución que las impone sea firme.

Se discutió si debían aplicarse los plazos más cortos de la Ley 40/2015 (tres años para las sanciones por faltas muy graves, dos para las graves y uno para las leves), ya que el plazo de cinco años está en un reglamento y no en una ley.

El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo lo ha zanjado: la Ley 40/2015 solo se aplica si no hay norma específica, y en las sanciones del orden social la hay, así que son cinco años (Supremo, junio de 2024).

Un magistrado firmó un voto particular defendiendo los plazos de la Ley 40/2015 por exigencia del principio de legalidad, pero es una opinión minoritaria.

También el Supremo ha recordado que todas las sanciones del orden social prescriben, incluidas las que se imponen a personas beneficiarias de prestaciones: una extinción del subsidio no puede cerrar para siempre el acceso a otra ayuda (Supremo, julio de 2023).

No confundas estos plazos con los tuyos

Todo lo anterior es el tiempo que tiene la Administración frente a la empresa. Tus plazos para reclamar a la empresa son otros y, en general, más cortos:

  • Un año para reclamar cantidades (salarios, horas extra, diferencias de convenio) desde que pudiste reclamarlas, y para el resto de acciones del contrato desde que termina (artículo 59 del Estatuto de los Trabajadores).
  • Veinte días hábiles para impugnar un despido, una modificación sustancial o una movilidad geográfica.

Que la Inspección esté investigando no alarga esos plazos. Lo que sí puede pasar es que la denuncia interrumpa la prescripción de lo que reclamas.

El Tribunal Supremo lo admite cuando la denuncia pide lo mismo que luego reclamas y la empresa llega a enterarse, por ejemplo porque la Inspección le requiere que pague (Supremo, diciembre de 2016) (Supremo, octubre de 2021).

Algún Tribunal Superior lo ha aplicado así (Superior de Madrid, junio de 2024).

Pero si la denuncia es genérica, o no consta que la empresa la conociera, no hay esa seguridad: hay sentencias que le niegan el efecto (Superior de Cataluña, septiembre de 2016) y casos de horas extraordinarias perdidas por esperar al resultado de la Inspección (Superior de Canarias, mayo de 2011).

Por eso, si además de denunciar quieres cobrar lo que te deben:

  1. Reclama por escrito a la empresa (un burofax con las cantidades y los meses) antes de que se cumpla el año. Eso sí interrumpe la prescripción.
  2. Si no paga, presenta la papeleta de conciliación y, después, la demanda.
  3. Si te han despedido, cuenta los veinte días hábiles desde el despido: la denuncia no los suspende.

El acta de la Inspección, si llega, te servirá como prueba en el juicio. Pero no esperes a ella para proteger tus plazos.

Preguntas frecuentes

¿Puedo denunciar a la empresa por algo que pasó hace dos años?

Sí, en la mayoría de los casos. Las infracciones laborales prescriben a los tres años y las de Seguridad Social a los cuatro; si el incumplimiento continúa (por ejemplo, horas sin cotizar), el plazo no empieza hasta que cesa. La excepción son las infracciones leves de prevención de riesgos, que prescriben al año.

Si denuncio, ¿se para mi plazo para reclamar el dinero a la empresa?

En general no. La mayoría de los Tribunales Superiores entiende que la denuncia ante la Inspección no interrumpe la prescripción de un año de lo que reclamas a la empresa. Envía también una reclamación escrita a la empresa o presenta la papeleta de conciliación.

¿Y el plazo para impugnar el despido?

Tampoco se para. Son veinte días hábiles desde el despido y solo los suspende la papeleta de conciliación (o la reclamación previa cuando es exigible). Denunciar ante la Inspección no sirve para eso.

¿Cuánto tiempo tiene la Administración para cobrar una multa ya firme?

Cinco años desde el día siguiente a que la resolución sea firme, según el Pleno de la Sala de lo Social del Supremo.

Si el expediente caduca, ¿la empresa se libra?

No necesariamente. Puede abrirse otro expediente con nuevas actuaciones y nueva acta mientras la infracción no haya prescrito, pero el expediente caducado no cuenta para interrumpir la prescripción.

Cuestiones Laborales es una web informativa: lo que explica es general y cada caso tiene sus matices. Para el tuyo, consulta siempre con un abogado o abogada laboralista o con un graduado o graduada social.

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Normas y preceptos aplicables. Despliega cada uno para leer su texto.

  • Artículo 4Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (Real Decreto Legislativo 5/2000)Plazos de prescripción de las infracciones: 3 años con carácter general, 4 en Seguridad Social, 1/3/5 en prevención de riesgos, 3/6/12 meses en cooperativas.
    Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 1 de enero de 2001

    Artículo 4. Prescripción de las infracciones.

    1. Las infracciones en el orden social a que se refiere la presente Ley prescriben a los tres años contados desde la fecha de la infracción, salvo lo dispuesto en los números siguientes.

    2. Las infracciones en materia de Seguridad Social prescribirán a los cuatro años, contados desde la fecha de la infracción.

    3. En materia de prevención de riesgos laborales, las infracciones prescribirán: al año las leves, a los tres años las graves y a los cinco años las muy graves, contados desde la fecha de la infracción.

    4. Las infracciones a la legislación de sociedades cooperativas prescribirán: las leves, a los tres meses; las graves, a los seis meses; y las muy graves, al año, contados desde la fecha de la infracción.

    Ver el artículo 4

  • Artículo 7Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social (Real Decreto 928/1998)Qué interrumpe la prescripción de las infracciones, cinco años de prescripción de la sanción firme y posibilidad de abrir otro expediente tras la caducidad.Cambio reciente: Redacción del Real Decreto 772/2011, vigente desde el 21-09-2011.
    Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 21 de septiembre de 2011

    Artículo 7. Prescripción y cosa resuelta.

    1. Las infracciones en el orden social prescriben a los tres años contados desde la fecha de la infracción, salvo en materia de Seguridad Social en que el plazo de prescripción es de cuatro años, y en materia de prevención de riesgos laborales en que prescribirán al año las infracciones leves, a los tres años las graves y a los cinco años las muy graves, de acuerdo con su legislación específica.

    2. Los plazos de prescripción para la imposición de sanciones en el orden social se interrumpen por cualquiera de las causas admitidas en Derecho, por acta de infracción debidamente notificada, requerimiento u orden de paralización de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En las deudas por cuotas a la Seguridad Social se estará a lo dispuesto en el artículo 21 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. La prescripción también se interrumpirá por la iniciación del procedimiento de oficio señalado en el artículo 6 del presente Reglamento y, en todo caso, por el inicio de actuación administrativa con conocimiento formal del sujeto pasivo conducente a la comprobación de la infracción o de la deuda, por cualquier actuación del sujeto responsable que implique reconocimiento de los hechos constitutivos de la infracción o de la deuda, o por la interposición de reclamación o recurso de cualquier clase por parte de los afectados o sus representantes.

    La comunicación trasladando el tanto de culpa al órgano judicial competente o al Ministerio Fiscal, cuando las infracciones pudieran ser constitutivas de delito, interrumpe la prescripción hasta que se notifique a la Administración competente la firmeza de la resolución judicial que recaiga, o hasta que el Ministerio Fiscal comunique su decisión de no ejercitar la acción penal.

    3. Las sanciones impuestas prescribirán a los cinco años, a contar desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.

    4. No podrán sancionarse los mismos hechos que hayan sido objeto de anterior resolución administrativa sancionadora, cuando concurra identidad de sujeto, de hechos y de fundamentos, salvo que así lo disponga expresamente dicha resolución y persista el infractor de forma continuada en los hechos sancionados.

    5. La caducidad declarada de un expediente administrativo sancionador o liquidatorio, no impide la iniciación de otro nuevo con identidad de sujeto, hechos y fundamentos, cuando la infracción denunciada o la deuda imputada no hayan prescrito, se realicen nuevas actuaciones inspectoras y se practique nueva acta de infracción o de liquidación.

  • Artículo 20.3Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social (Real Decreto 928/1998)Seis meses desde la fecha del acta hasta la notificación de la resolución; si se superan, el expediente caduca.Cambio reciente: Real Decreto 688/2021, con efectos desde el 1-01-2022: el plazo termina con la notificación de la resolución (antes, «hasta la fecha en que se dicte»).
    Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 1 de enero de 2022

    3. El plazo máximo para resolver los expedientes sancionadores por infracciones de orden social será de seis meses, computados desde la fecha del acta hasta la fecha en que se notifique la resolución, produciéndose en caso de superación de dicho plazo la caducidad del expediente. Cuando concurran circunstancias excepcionales, podrá acordarse la ampliación de dicho plazo máximo, en los términos previstos en los artículos 21.5 y 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

    No se computarán dentro del plazo máximo para resolver las interrupciones por causas imputables a los interesados o motivadas por la suspensión del procedimiento a que se refiere este Reglamento.

    Tampoco se computará en dicho plazo máximo para resolver el tiempo transcurrido desde la fecha de remisión de la notificación en la que se facilite la documentación precisa para llevar a cabo el pago al sujeto responsable que hubiese manifestado su intención de pagar la sanción con carácter previo a la resolución y el último día del plazo máximo para que se lleve a cabo dicho pago y su correspondiente acreditación.

  • Artículo 21.4Ley 23/2015, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad SocialLas comprobaciones de la Inspección no pueden durar más de nueve meses (ampliables otros nueve) ni pararse más de cinco.
    Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 23 de julio de 2015

    4. Las actuaciones comprobatorias no se dilatarán por espacio de más de nueve meses salvo que la dilación sea imputable al sujeto a inspección o a las personas dependientes del mismo. No obstante, podrá ampliarse, con el alcance y requisitos establecidos reglamentariamente, por otro periodo que no excederá de nueve meses, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

    a) Cuando las actividades de inspección revistan especial dificultad y complejidad. Se entiende que se produce atendiendo al volumen de operaciones de la persona o de la entidad, por la dispersión geográfica de sus actividades, y en aquellos otros supuestos que indique una norma reglamentaria.

    b) Cuando en el transcurso de las mismas se descubra que el sujeto inspeccionado ha obstruido u ocultado al órgano inspector alguna de sus actividades o de las personas que las desempeñen.

    c) Cuando la actuación inspectora requiera de cooperación administrativa internacional.

    Asimismo, no se podrán interrumpir por más de cinco meses, salvo que la interrupción sea causada por el sujeto inspeccionado o personas de él dependientes, o cuando se constate la imposibilidad de proseguir la actuación inspectora por la pendencia de un pronunciamiento judicial que pueda condicionar el resultado de la misma.

    Las comprobaciones efectuadas en una actuación inspectora tendrán el carácter de antecedente para las sucesivas.

    Cualquiera que sea el origen de la actuación inspectora conforme al artículo 20.3, el cómputo de los plazos establecidos en este apartado se iniciará a partir de la fecha de la primera visita efectuada o, en caso de requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado, desde la fecha efectiva de la comparecencia, siempre que haya aportado la totalidad de la documentación requerida con trascendencia en la actuación inspectora. No se considerará incluido en ningún caso en el cómputo de los plazos, el tiempo transcurrido durante el aplazamiento concedido al sujeto obligado en los supuestos de formularse requerimientos de subsanación de incumplimientos previos por parte del órgano inspector.

  • Artículo 30Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector PúblicoPlazos generales de prescripción, que solo se aplican si la ley especial no fija otros; regla de las infracciones continuadas (desde que cesa la conducta).
    Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 2 de octubre de 2016

    Artículo 30. Prescripción.

    1. Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan. Si éstas no fijan plazos de prescripción, las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año.

    2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido. En el caso de infracciones continuadas o permanentes, el plazo comenzará a correr desde que finalizó la conducta infractora.

    Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, de un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora, reiniciándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.

    3. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla.

    Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor.

    En el caso de desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto contra la resolución por la que se impone la sanción, el plazo de prescripción de la sanción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo legalmente previsto para la resolución de dicho recurso.

  • Artículo 95.3Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones PúblicasLa caducidad no hace prescribir por sí sola, pero el procedimiento caducado no interrumpe la prescripción.
    Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 2 de octubre de 2016

    3. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción.

    En los casos en los que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento por no haberse producido la prescripción, podrán incorporarse a éste los actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad. En todo caso, en el nuevo procedimiento deberán cumplimentarse los trámites de alegaciones, proposición de prueba y audiencia al interesado.

  • Artículo 24Ley General de la Seguridad SocialCuatro años para liquidar y cobrar cuotas y para sancionar incumplimientos de Seguridad Social; qué interrumpe ese plazo.
    Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 2 de enero de 2016

    Artículo 24. Prescripción.

    1. Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos y acciones:

    a) El derecho de la Administración de la Seguridad Social para determinar las deudas por cuotas y por conceptos de recaudación conjunta mediante las oportunas liquidaciones.

    b) La acción para exigir el pago de las deudas por cuotas de la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta.

    c) La acción para imponer sanciones por incumplimiento de las normas de Seguridad Social.

    2. Respecto de las obligaciones con la Seguridad Social cuyo objeto sean recursos distintos a cuotas, el plazo de prescripción será el establecido en las normas que resulten aplicables en razón de la naturaleza jurídica de aquellas.

    3. La prescripción quedará interrumpida por las causas ordinarias y, en todo caso, por cualquier actuación administrativa realizada con conocimiento formal del responsable del pago conducente a la liquidación o recaudación de la deuda y, especialmente, por su reclamación administrativa mediante reclamación de deuda o acta de liquidación. La prescripción quedará interrumpida, asimismo, por el inicio de las actuaciones a que se refiere el artículo 20.6 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

    Ver el artículo 24

  • Artículo 59Estatuto de los TrabajadoresPlazos propios de la persona trabajadora: un año para reclamar y veinte días hábiles para el despido, que no se alargan por la actuación de la Inspección.
    Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 19 de noviembre de 2026

    Artículo 59. Prescripción y caducidad.

    1. Las acciones derivadas del contrato de trabajo que no tengan señalado plazo especial prescribirán al año de su terminación.

    A estos efectos, se considerará terminado el contrato:

    a) El día en que expire el tiempo de duración convenido o fijado por disposición legal o convenio colectivo.

    b) El día en que termine la prestación de servicios continuados, cuando se haya dado esta continuidad por virtud de prórroga expresa o tácita.

    2. Si la acción se ejercita para exigir percepciones económicas o para el cumplimiento de obligaciones de tracto único, que no puedan tener lugar después de extinguido el contrato, el plazo de un año se computará desde el día en que la acción pudiera ejercitarse.

    3. Las acciones relativas a la vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación en materia retributiva prescribirán a los tres años contados desde el momento en que cese la situación discriminatoria.

    4. El ejercicio de la acción contra el despido o resolución de contratos temporales caducará a los veinte días siguientes de aquel en que se hubiera producido. Los días serán hábiles y el plazo de caducidad a todos los efectos.

    El plazo de caducidad quedará interrumpido por la presentación de la solicitud de conciliación ante el órgano público de mediación, arbitraje y conciliación competente.

    5. Lo previsto en el apartado anterior será de aplicación a las acciones contra las decisiones empresariales en materia de movilidad geográfica y modificación sustancial de condiciones de trabajo. El plazo se computará desde el día siguiente a la fecha de notificación de la decisión empresarial, tras la finalización, en su caso, del periodo de consultas.

    Ver el artículo 59

Textos legales basados en datos de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Se trata de un texto consolidado de carácter meramente informativo, sin valor oficial. Para el texto auténtico hay que acudir al BOE.

Lo que han dicho los tribunales sobre cada una de las cuestiones de este artículo.

¿Cuánto puede durar la investigación de la Inspección antes del acta y qué pasa si se para?

¿Estos plazos alargan el de la persona trabajadora para reclamar a la empresa? ¿La denuncia ante la Inspección lo interrumpe?