InicioGuía laboralContratos de trabajo

¿Puede tener un contrato laboral el socio o administrador de la sociedad?

Un socio puede tener un contrato de trabajo con su sociedad si hace un trabajo ordinario, depende de otros y no controla la empresa. Si dirige la sociedad desde su órgano de administración, la relación es mercantil, y si tiene el control efectivo debe cotizar como autónomo. Entre ambos extremos está el administrador sin control, que cotiza en el régimen general pero sin paro ni Fondo de Garantía Salarial.

Actualizado el 11 de octubre de 2026 · Alejandro Aradas García · 5 min de lectura

Sí, pero solo en algunos casos. Un socio puede tener un contrato de trabajo con su sociedad si hace un trabajo ordinario (comercial, técnico, administrativo…), recibe órdenes y no controla la empresa.

Si forma parte del órgano de administración y desde ahí dirige la sociedad, la relación es mercantil, no laboral. Y si tiene el control efectivo de la sociedad, tiene que cotizar como autónomo.

El caso intermedio es el del administrador sin control que dirige la empresa: cotiza en el régimen general, pero sin paro ni Fondo de Garantía Salarial.

Saber dónde está cada uno es importante: de ello depende cobrar el desempleo, poder reclamar por despido o que el Fondo de Garantía Salarial pague si la empresa no puede hacerlo.

Las tres situaciones posibles

Quien trabaja en una sociedad de la que es socio o administrador puede estar en una de estas tres situaciones:

Situación Régimen Paro y Fondo de Garantía Salarial
Socio que trabaja sin dirigir ni controlar la sociedad Régimen general, como trabajador por cuenta ajena Sí
Consejero o administrador que dirige la sociedad, sin controlarla, y está retribuido Régimen general, como asimilado No
Socio o administrador con el control efectivo de la sociedad Régimen Especial de Trabajadores Autónomos No (solo el cese de actividad de los autónomos)

La primera la recoge el artículo 136.2 b) de la Ley General de la Seguridad Social; la segunda, el artículo 136.2 c), y la tercera, el artículo 305.2 b) de la misma ley.

Si la persona es solo socia y no trabaja en la empresa ni ejerce funciones retribuidas, no tiene que darse de alta en ningún régimen.

¿Puede el administrador tener además un contrato de trabajo? La teoría del vínculo

El Estatuto de los Trabajadores excluye del contrato de trabajo la actividad que se limita al cargo de consejero o miembro del órgano de administración (artículo 1.3 c)). El problema aparece cuando esa persona, además, trabaja en la empresa.

El Tribunal Supremo lo resuelve con la llamada teoría del vínculo: no importa tanto qué funciones se hacen, sino de dónde nace la relación.

Si la persona forma parte del órgano de administración y además dirige la empresa (gerente, director general, consejero delegado), las funciones de dirección quedan absorbidas por el cargo y la relación es mercantil.

El doble vínculo, cargo más contrato de trabajo, solo se admite cuando el trabajo es común u ordinario, en régimen de dependencia.

Así lo aplica el Supremo en su sentencia de 9 de marzo de 2022 (Supremo, marzo de 2022): un consejero con el 18 % del capital que también hacía labores de gerencia y asesoramiento no tenía relación laboral.

La misma sentencia recuerda la doctrina anterior: la falta de ajenidad cuando el socio tiene el 50 % o más, y la falta de dependencia cuando forma parte del órgano máximo de dirección.

En 2017 el Supremo llegó a la misma conclusión con un socio con un tercio del capital que presidía el consejo y actuaba como gerente de ventas, aunque años antes hubiera firmado un contrato de trabajo como jefe de sección (Supremo, septiembre de 2017): lo que cuenta es lo que se hace, no el papel firmado.

Dos matices importantes:

  • Tiene que haber simultaneidad. Si alguien deja el consejo y después pasa a trabajar como directivo, esa nueva relación puede ser laboral; la teoría del vínculo se aplica cuando cargo y trabajo coinciden en el tiempo (Supremo, marzo de 2014).
  • Un directivo que no está en el consejo no es lo mismo. Quien se llama «director general» pero no forma parte del órgano de administración, y cuyas decisiones importantes siguen en manos del consejo, tiene una relación laboral común (Supremo, febrero de 2026). El alto directivo con contrato especial (artículo 2.1 a) del Estatuto y Real Decreto 1382/1985) tampoco es consejero.

En la práctica, los tribunales han negado la relación laboral a una socia con el 26 % que era administradora única (Superior de Galicia, septiembre de 2010) y la han reconocido a un socio minoritario que hacía labores comerciales, con sueldo fijo y sin poder para formar la voluntad de la sociedad (Superior de Madrid, enero de 2018).

Qué pasa si se equivoca. Si quien dirige la sociedad desde el consejo demanda por despido ante el juzgado social, lo normal es que el juzgado se declare incompetente y le remita a la vía civil o mercantil, sin indemnización por despido.

Antes de demandar conviene reunir pruebas del trabajo ordinario que se hacía (horario, órdenes recibidas, tareas concretas, nóminas) y comprobar qué cargos figuran en el Registro Mercantil.

Cuándo se tiene el control efectivo de la sociedad

El artículo 305.2 b) de la Ley General de la Seguridad Social obliga a cotizar como autónomo a quien, prestando servicios para una sociedad de capital (limitada o anónima) de forma habitual, personal y directa, tiene su control efectivo, directo o indirecto.

Se entiende en todo caso que hay control cuando las participaciones de la persona suponen al menos la mitad del capital.

Además, se presume el control, salvo prueba en contrario, cuando:

  1. Al menos la mitad del capital está repartida entre socios con los que convive y con los que tiene vínculo conyugal o de parentesco por consanguinidad, afinidad o adopción hasta el segundo grado.
  2. Su participación es igual o superior a un tercio del capital.
  3. Su participación es igual o superior a una cuarta parte, si además tiene atribuidas funciones de dirección y gerencia.

Aunque no se dé ninguna de esas circunstancias, la Administración puede demostrar por cualquier medio que la persona controla la sociedad.

Algunos ejemplos:

  • Un hijo que, junto con su madre, con la que convive, reúne la mitad del capital: se presume el control y su sitio es autónomos, sin paro (Superior de Andalucía, julio de 2011).
  • Una participación importante no basta si hay otro socio mayoritario y administrador único que es quien manda de verdad: entonces no hay control y se puede cobrar el paro (Superior de Andalucía, junio de 2020). Las presunciones admiten prueba en contrario.
  • Un socio con el 25 % que no es administrador ni tiene funciones de dirección está bien en el régimen general y tiene derecho al desempleo (Superior de Andalucía, junio de 2020).
  • Decir en los estatutos que el cargo de administrador es gratuito no evita el alta en autónomos si la persona gestiona y controla la sociedad (Supremo, enero de 2005).
  • El porcentaje no lo es todo: un socio con solo el 8,4 % de una sociedad familiar, que era además consejero delegado con plenos poderes, siguió en autónomos aunque cobrara como asalariado por su trabajo de perito; el tribunal rechazó la demanda de la Tesorería que pretendía pasarlo al régimen general (Superior de Andalucía, octubre de 2018).

La regla familiar puede alcanzar también a familiares que trabajan en la empresa aunque tengan pocas participaciones o ninguna, si conviven con los socios que reúnen la mitad del capital.

Es una presunción: se puede desmontar probando que esa persona no tiene poder real de decisión.

El administrador sin control: régimen general «asimilado»

El consejero o administrador que no controla la sociedad pero cuyo cargo conlleva funciones de dirección y gerencia, y está retribuido por ello o por su trabajo en la sociedad, cotiza en el régimen general como asimilado (artículo 136.2 c) de la Ley General de la Seguridad Social).

La ley lo excluye expresamente de la protección por desempleo y del Fondo de Garantía Salarial.

Los tribunales lo aplican sin fisuras: el asimilado no cobra el paro (Superior de Galicia, enero de 2010), ni siquiera el desempleo extraordinario de los expedientes temporales de la pandemia (Superior de Asturias, enero de 2022), y la socia minoritaria que forma parte de la administración con poderes solidarios tampoco tiene paro ni Fondo (Superior del País Vasco, septiembre de 2018).

En cambio, quien es socio o consejero solo sobre el papel, sin actividad efectiva, sin retribución y sin control, no está obligado a darse de alta en autónomos y no pierde el paro que le corresponda por su trabajo en otra empresa (Superior de Castilla y León, marzo de 2017).

Si el cese se presenta como un despido

Que la sociedad comunique al administrador su cese como «despido» no lo convierte en despido.

El Supremo negó la jubilación anticipada, que exige un cese involuntario por despido, a un administrador único con el 23 % de las acciones, de alta como asimilado: su relación era mercantil (Supremo, febrero de 2014).

En cambio, el Tribunal Superior de Castilla y León reconoció esa jubilación a un consejero sin control efectivo, de alta como asimilado, al que la empresa había despedido por causas objetivas pagándole la indemnización (Superior de Castilla y León, abril de 2023).

La diferencia está en si había control de la sociedad y en cómo terminó de verdad la relación: cada caso depende de cómo estuviera vinculado a ella.

Sociedades laborales

Las sociedades laborales son sociedades anónimas o limitadas en las que la mayoría del capital pertenece a trabajadores con contrato indefinido y, salvo excepciones, ningún socio tiene más de un tercio (artículo 1.2 de la Ley 44/2015, de Sociedades Laborales y Participadas).

En ellas:

  • Los socios trabajadores están en el régimen general como trabajadores por cuenta ajena, aunque formen parte del órgano de administración, si el cargo no conlleva dirección y gerencia y no tienen el control (artículo 136.2 d) de la Ley General de la Seguridad Social).
  • Los socios que, como administradores, dirigen la sociedad y están retribuidos por ello o tienen un contrato de alta dirección, son asimilados. Quedan sin paro ni Fondo de Garantía Salarial, salvo que la sociedad laboral no supere los 25 socios (artículo 136.2 e)).
  • Van a autónomos los socios cuya participación, sumada a la del cónyuge y parientes hasta el segundo grado con los que convivan, alcance el 50 %, salvo que acrediten que el control requiere a personas ajenas a la familia (artículo 305.2 e)) (Superior de Madrid, diciembre de 2015).

En estas sociedades ser administrador es compatible con el contrato de trabajo cuando el cargo no se retribuye: el Supremo reconoció el paro a un socio con el 25 % que trabajaba como maestro industrial y era consejero delegado sin cobrar por el cargo (Supremo, febrero de 2009), y lo mismo han hecho otros tribunales (Superior de Andalucía, septiembre de 2012).

Cooperativas

En las cooperativas de trabajo asociado, la cooperativa elige en sus estatutos si sus socios trabajadores cotizan como asimilados en el régimen general o como autónomos, y solo puede cambiar esa opción en los casos que fije el Gobierno (artículo 14 de la Ley General de la Seguridad Social).

En ninguno de los dos casos hay Fondo de Garantía Salarial.

Cuidado con las falsas cooperativas: si la cooperativa se limita a poner a sus socios a trabajar para otra empresa, sin organización ni medios propios, es una pantalla y los socios son en realidad trabajadores por cuenta ajena de la empresa que recibe el trabajo (Supremo, noviembre de 2025).

Sociedades civiles y comunidades de bienes

Los comuneros y los socios de sociedades civiles irregulares que trabajan en el negocio están en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, salvo que su actividad se limite a administrar los bienes puestos en común (artículo 305.2 d) de la Ley General de la Seguridad Social).

Solo habrá relación laboral si, pese a la etiqueta de socio, en realidad se trabaja para otros con dependencia y ajenidad.

Antes de tomar decisiones

  • Revisa en el Registro Mercantil qué cargo tienes y desde cuándo, y qué porcentaje del capital tenéis tú y tu familia conviviente.
  • Si cambian tus participaciones, tu cargo o tus funciones, revisa tu alta: un encuadramiento mal hecho puede salir a la luz cuando pidas el paro o en una inspección, y entonces las cuotas mal ingresadas pueden reclamarse.
  • Si vas a dejar el consejo para seguir trabajando como empleado, hazlo constar por escrito con fechas: la relación laboral posterior solo se reconoce si no coincide con el cargo.
  • Si te deniegan el paro por ser socio, la clave del pleito será demostrar que no tenías control efectivo ni funciones de dirección retribuidas.

Las reglas de cuándo darse de alta como autónomo societario, la cuota y sus obligaciones, y las diferencias entre el contrato de alta dirección y la relación laboral común se explican en sus propias guías.

Preguntas frecuentes

Tengo el 30 % de las participaciones y trabajo en la empresa, pero no soy administrador. ¿Autónomos o régimen general?

En principio, régimen general con paro y Fondo de Garantía Salarial: el umbral que presume el control es un tercio (33,33 %), o una cuarta parte si además tienes funciones de dirección y gerencia. Ojo con la regla familiar: si la mitad del capital está en manos de familiares con los que convives, se presume el control.

Soy administrador sin control y cotizo en el régimen general. ¿Cobraré el paro si cierro o me cesan?

No. El consejero o administrador asimilado con funciones de dirección queda excluido por ley del desempleo y del Fondo de Garantía Salarial, aunque cotice en el régimen general.

¿Puedo firmar un contrato de alta dirección con la sociedad de la que soy consejero delegado?

El contrato se puede firmar, pero para los tribunales sociales la relación sigue siendo mercantil: el cargo de consejero absorbe las funciones de alta dirección. Un cese no se podrá impugnar como despido ante lo social.

Soy socio pero no trabajo en la empresa. ¿Tengo que darme de alta?

No. Ser socio capitalista, sin trabajar ni ejercer funciones retribuidas, no obliga a ningún alta en la Seguridad Social.

Cuestiones Laborales es una web informativa: lo que explica es general y cada caso tiene sus matices. Para el tuyo, consulta siempre con un abogado o abogada laboralista o con un graduado o graduada social.

Comparte o imprime este artículo

1 comentario

  1. Pedro

    Soy administrador en una empresa y han incluido en el régimen de asimilados sin derecho a desempleo. Pero quería preguntarle ¿Mi salario tiene que ser por el convenio colectivo de la empresa o puedo percibir el que yo quiera?

    Gracias

    Responder

Deja tu comentario

Los comentarios se publican después de revisarlos. Por favor, no escribas datos que permitan identificarte a ti ni a tu empresa.

Otros artículos sobre este tema.

Más guías: Qué es una relación laboral y quién es trabajador/a.

Ver toda la guía de Contratos de trabajo →

Modelos de escritos para este caso, listos para descargar en Word y completar.

Normas y preceptos aplicables. Despliega cada uno para leer su texto.

  • Artículo 1.3 c)Estatuto de los TrabajadoresExcluye del contrato de trabajo el mero desempeño del cargo de consejero o miembro del órgano de administración.
    Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 13 de noviembre de 2015

    3. Se excluyen del ámbito regulado por esta ley:

    c) La actividad que se limite, pura y simplemente, al mero desempeño del cargo de consejero o miembro de los órganos de administración en las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad y siempre que su actividad en la empresa solo comporte la realización de cometidos inherentes a tal cargo.

    Ver el artículo 1 completo

  • Artículos 136.2 b) y 136.2 c) y 136.2 d) y 136.2 e)Ley General de la Seguridad SocialIncluye en el régimen general al socio trabajador sin dirección ni control y, como asimilado sin paro ni Fondo de Garantía Salarial, al consejero o administrador con dirección y sin control. Encuadramiento de los socios trabajadores de sociedades laborales y del socio administrador asimilado, con paro y Fondo si la sociedad no supera 25 socios.
    Texto de los apartados citadosTexto consolidado vigente desde el 2 de enero de 2016

    2. A los efectos de esta ley se declaran expresamente comprendidos en el apartado anterior:

    b) Los trabajadores por cuenta ajena y los socios trabajadores de las sociedades de capital, aun cuando sean miembros de su órgano de administración, si el desempeño de este cargo no conlleva la realización de las funciones de dirección y gerencia de la sociedad, ni posean su control en los términos previstos por el artículo 305.2.b).

    c) Como asimilados a trabajadores por cuenta ajena, los consejeros y administradores de las sociedades de capital, siempre que no posean su control en los términos previstos por el artículo 305.2.b), cuando el desempeño de su cargo conlleve la realización de las funciones de dirección y gerencia de la sociedad, siendo retribuidos por ello o por su condición de trabajadores por cuenta de la misma.

    Estos consejeros y administradores quedarán excluidos de la protección por desempleo y del Fondo de Garantía Salarial.

    d) Los socios trabajadores de las sociedades laborales, cuya participación en el capital social se ajuste a lo establecido en el artículo 1.2.b) de la Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas, y aun cuando sean miembros de su órgano de administración, si el desempeño de este cargo no conlleva la realización de las funciones de dirección y gerencia de la sociedad, ni posean su control en los términos previstos por el artículo 305.2.e).

    e) Como asimilados a trabajadores por cuenta ajena, los socios trabajadores de las sociedades laborales que, por su condición de administradores de las mismas, realicen funciones de dirección y gerencia de la sociedad, siendo retribuidos por ello o por su vinculación simultánea a la sociedad laboral mediante una relación laboral de carácter especial de alta dirección, y no posean su control en los términos previstos por el artículo 305.2.e).

    Estos socios trabajadores quedarán excluidos de la protección por desempleo y del Fondo de Garantía Salarial, salvo cuando el número de socios de la sociedad laboral no supere los veinticinco.

    Ver el artículo 136 completo

  • Artículos 305.2 b) y 305.2 d) y 305.2 e)Ley General de la Seguridad SocialObliga a cotizar como autónomo a quien tiene el control efectivo de la sociedad y fija las presunciones del 50 %, la convivencia familiar, un tercio y una cuarta parte. Autónomos: comuneros y socios de sociedades civiles irregulares, y socios de sociedades laborales con el 50 % familiar.Cambio reciente: El artículo 305 fue modificado por el Real Decreto-ley 1/2023 (nueva letra m, desde el 1-4-2023), sin cambiar la letra b).
    Texto de los apartados citadosTexto consolidado vigente desde el 1 de abril de 2023

    2. A los efectos de esta ley se declaran expresamente comprendidos en este régimen especial:

    b) Quienes ejerzan las funciones de dirección y gerencia que conlleva el desempeño del cargo de consejero o administrador, o presten otros servicios para una sociedad de capital, a título lucrativo y de forma habitual, personal y directa, siempre que posean el control efectivo, directo o indirecto, de aquella. Se entenderá, en todo caso, que se produce tal circunstancia, cuando las acciones o participaciones del trabajador supongan, al menos, la mitad del capital social.

    Se presumirá, salvo prueba en contrario, que el trabajador posee el control efectivo de la sociedad cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

    1.º Que, al menos, la mitad del capital de la sociedad para la que preste sus servicios esté distribuido entre socios con los que conviva y a quienes se encuentre unido por vínculo conyugal o de parentesco por consanguinidad, afinidad o adopción, hasta el segundo grado.

    2.º Que su participación en el capital social sea igual o superior a la tercera parte del mismo.

    3.º Que su participación en el capital social sea igual o superior a la cuarta parte del mismo, si tiene atribuidas funciones de dirección y gerencia de la sociedad.

    En los supuestos en que no concurran las circunstancias anteriores, la Administración podrá demostrar, por cualquier medio de prueba, que el trabajador dispone del control efectivo de la sociedad.

    d) Los comuneros de las comunidades de bienes y los socios de sociedades civiles irregulares, salvo que su actividad se limite a la mera administración de los bienes puestos en común, a los que se refiere el artículo 1.2.b) de la Ley 20/2007, de 11 de julio.

    e) Los socios trabajadores de las sociedades laborales cuando su participación en el capital social junto con la de su cónyuge y parientes por consanguinidad, afinidad o adopción hasta el segundo grado con los que convivan alcance, al menos, el 50 por ciento, salvo que acrediten que el ejercicio del control efectivo de la sociedad requiere el concurso de personas ajenas a las relaciones familiares.

    Ver el artículo 305 completo

  • Artículo 14Ley General de la Seguridad SocialOpción estatutaria de las cooperativas de trabajo asociado entre régimen general (asimilados) y autónomos; sin Fondo de Garantía Salarial.
    Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 2 de enero de 2016

    Artículo 14. Socios trabajadores y socios de trabajo de cooperativas.

    1. Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado disfrutarán de los beneficios de la Seguridad Social, pudiendo optar la cooperativa entre las modalidades siguientes:

    a) Como asimilados a trabajadores por cuenta ajena. Dichas cooperativas quedarán integradas en el Régimen General o en alguno de los regímenes especiales de la Seguridad Social, según proceda, de acuerdo con su actividad.

    b) Como trabajadores autónomos en el régimen especial correspondiente.

    Las cooperativas ejercitarán la opción en sus estatutos, y solo podrán modificarla en los supuestos y condiciones que el Gobierno establezca.

    2. Los socios trabajadores de las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra y los socios de trabajo a los que se refiere el artículo 13.4 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, serán asimilados a trabajadores por cuenta ajena a efectos de Seguridad Social.

    3. En todo caso, no serán de aplicación a las cooperativas de trabajo asociado, ni a las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra ni a los socios trabajadores que las integran, las normas sobre cotización y prestaciones del Fondo de Garantía Salarial.

    4. Se autoriza al Gobierno para regular el alcance, términos y condiciones de la opción prevista en este artículo, así como para, en su caso, adaptar las normas de los regímenes de la Seguridad Social a las peculiaridades de la actividad cooperativa.

    Ver el artículo 14

  • Artículo 2.1 a)Estatuto de los TrabajadoresRelación laboral especial de alta dirección, distinta del cargo de consejero.
    Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 31 de marzo de 2022

    1. Se considerarán relaciones laborales de carácter especial:

    a) La del personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c).

    Ver el artículo 2 completo

  • Artículos 1.2 y 1.3Real Decreto 1382/1985, de relación laboral especial del personal de alta direcciónDefine al alto directivo y excluye la actividad del artículo 1.3 c) del Estatuto.
    Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 7 de marzo de 2012

    Art. 1. Ambito de aplicación.

    Uno. El presente Real Decreto, de acuerdo con el artículo 2.1.a) de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, y al amparo de la disposición adicional primera de la Ley 32/1984, de 2 de agosto, regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección.

    Dos. Se considera personal de alta dirección a aquellos trabajadores que ejercitan poderes inherentes a la titularidad jurídica de la Empresa, y relativos a los objetivos generales de la misma, con autonomía y plena responsabilidad sólo limitadas por los criterios e instrucciones directas emanadas de la persona o de los órganos superiores de gobierno y administración de la Entidad que respectivamente ocupe aquella titularidad.

    Tres. Se excluye del ámbito de este Real Decreto la actividad delimitada en el artículo 1.3.c), del Estatuto de los Trabajadores.

    Cuatro. El presente real decreto se aplicará a los máximos responsables y personal directivo a que se refiere el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, sobre régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades, que no estén vinculados por una relación mercantil, en aquello que no se oponga al mismo ni al Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.

  • Artículo 1.2Ley 44/2015, de Sociedades Laborales y ParticipadasRequisitos de la sociedad laboral: mayoría del capital en manos de trabajadores indefinidos y ningún socio con más de un tercio, salvo excepciones.
    Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 9 de mayo de 2021

    2. Podrán obtener la calificación de «Sociedad Laboral» las sociedades anónimas o de responsabilidad limitada que cumplan los siguientes requisitos:

    a) Que al menos la mayoría del capital social sea propiedad de trabajadores que presten en ellas servicios retribuidos de forma personal y directa, en virtud de una relación laboral por tiempo indefinido.

    b) Que ninguno de los socios sea titular de acciones o participaciones sociales que representen más de la tercera parte del capital social, salvo que:

    La sociedad laboral se constituya inicialmente por dos socios trabajadores con contrato por tiempo indefinido, en la que tanto el capital social como los derechos de voto estarán distribuidos al cincuenta por ciento, con la obligación de que en el plazo máximo de 36 meses se ajusten al límite establecido en este apartado.

    Se trate de socios que sean entidades públicas, de participación mayoritariamente pública, entidades no lucrativas o de la economía social, en cuyo caso la participación podrá superar dicho límite, sin alcanzar el cincuenta por ciento del capital social.

    En los supuestos de transgresión sobrevenida de los límites que se indican en los apartados a) y b) del presente artículo, la sociedad estará obligada a acomodar a la ley la situación de sus socios, en el plazo de dieciocho meses a contar desde el primer incumplimiento.

    c) Que el número de horas-año trabajadas por los trabajadores contratados por tiempo indefinido que no sean socios no sea superior al cuarenta y nueve por ciento del cómputo global de horas-año trabajadas en la sociedad laboral por el conjunto de los socios trabajadores. No computará para el cálculo de este límite el trabajo realizado por los trabajadores con discapacidad de cualquier clase en grado igual o superior al treinta y tres por ciento.

    Si fueran superados los límites previstos en este apartado, la sociedad deberá alcanzarlos, de nuevo, en el plazo máximo de doce meses. El órgano del que dependa el Registro de Sociedades Laborales podrá conceder hasta dos prórrogas, por un plazo máximo de doce meses cada una, siempre que se acredite en cada solicitud de prórroga que se ha avanzado en el proceso de adaptación a los límites previstos. El plazo de adaptación en los casos de subrogación legal o convencional de trabajadores será de treinta y seis meses, pudiendo solicitarse igualmente las prórrogas previstas en este apartado.

  • Artículo 33Estatuto de los TrabajadoresFondo de Garantía Salarial, del que quedan excluidos los consejeros y administradores asimilados.
    Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 9 de septiembre de 2022

    Artículo 33. El Fondo de Garantía Salarial.

    1. El Fondo de Garantía Salarial, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, con personalidad jurídica y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, abonará a los trabajadores el importe de los salarios pendientes de pago a causa de insolvencia o concurso del empresario.

    A los anteriores efectos, se considerará salario la cantidad reconocida como tal en acto de conciliación o en resolución judicial por todos los conceptos a que se refiere el artículo 26.1, así como los salarios de tramitación en los supuestos en que legalmente procedan, sin que pueda el Fondo abonar, por uno u otro concepto, conjunta o separadamente, un importe superior a la cantidad resultante de multiplicar el doble del salario mínimo interprofesional diario, incluyendo la parte proporcional de las pagas extraordinarias, por el número de días de salario pendiente de pago, con un máximo de ciento veinte días.

    2. El Fondo de Garantía Salarial, en los casos del apartado anterior, abonará indemnizaciones reconocidas como consecuencia de sentencia, auto, acto de conciliación judicial o resolución administrativa a favor de los trabajadores a causa de despido o extinción de los contratos conforme a los artículos 50, 51, 52, 40.1 y 41.3, y de extinción de contratos conforme a los artículos 181 y 182 del texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, y al artículo 11.2 del Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar, así como las indemnizaciones por extinción de contratos temporales o de duración determinada en los casos que legalmente procedan. En todos los casos, con el límite máximo de una anualidad, excepto en el supuesto del artículo 41.3 de esta norma, en que el límite máximo será de 9 mensualidades y en el del artículo 11.2 del Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, en que el límite será de 6 mensualidades, sin que el salario diario, base del cálculo, pueda exceder del doble del salario mínimo interprofesional, incluyendo la parte proporcional de las pagas extraordinarias.

    El importe de la indemnización, a los solos efectos de abono por el Fondo de Garantía Salarial para los casos de despido o extinción de los contratos conforme a los artículos 50 y 56, se calculará sobre la base de treinta días por año de servicio, con el límite fijado en el párrafo anterior.

    3. En caso de procedimientos concursales, desde el momento en que se tenga conocimiento de la existencia de créditos laborales o se presuma la posibilidad de su existencia, el juez, de oficio o a instancia de parte, citará al Fondo de Garantía Salarial, sin cuyo requisito no asumirá este las obligaciones señaladas en los apartados anteriores. El Fondo se personará en el expediente como responsable legal subsidiario del pago de los citados créditos, pudiendo instar lo que a su derecho convenga y sin perjuicio de que, una vez realizado, continúe como acreedor en el expediente. A los efectos del abono por el Fondo de las cantidades que resulten reconocidas a favor de los trabajadores, se tendrán en cuenta las reglas siguientes:

    Primera. Sin perjuicio de los supuestos de responsabilidad directa del organismo en los casos legalmente establecidos, el reconocimiento del derecho a la prestación exigirá que los créditos de los trabajadores aparezcan incluidos en la lista de acreedores o, en su caso, reconocidos como deudas de la masa por el órgano del concurso competente para ello en cuantía igual o superior a la que se solicita del Fondo, sin perjuicio de la obligación de aquellos de reducir su solicitud o de reembolsar al Fondo la cantidad que corresponda cuando la cuantía reconocida en la lista definitiva fuese inferior a la solicitada o a la ya percibida.

    Segunda. Las indemnizaciones a abonar a cargo del Fondo, con independencia de lo que se pueda pactar en el proceso concursal, se calcularán sobre la base de veinte días por año de servicio, con el límite máximo de una anualidad, sin que el salario diario, base del cálculo, pueda exceder del doble del salario mínimo interprofesional, incluyendo la parte proporcional de las pagas extraordinarias.

    Tercera. En el supuesto de que los trabajadores perceptores de estas indemnizaciones solicitaran del Fondo el abono de la parte de indemnización no satisfecha por el empresario, el límite de la prestación indemnizatoria a cargo del Fondo se reducirá en la cantidad ya percibida por aquellos.

    4. El Fondo asumirá las obligaciones especificadas en los apartados anteriores, previa instrucción de expediente para la comprobación de su procedencia.

    Para el reembolso de las cantidades satisfechas, el Fondo de Garantía Salarial se subrogará obligatoriamente en los derechos y acciones de los trabajadores, conservando el carácter de créditos privilegiados que les confiere el artículo 32 de esta ley. Si dichos créditos concurriesen con los que puedan conservar los trabajadores por la parte no satisfecha por el Fondo, unos y otros se abonarán a prorrata de sus respectivos importes.

    5. El Fondo de Garantía Salarial se financiará con las aportaciones efectuadas por todos los empresarios a que se refiere el artículo 1.2 de esta ley, tanto si son públicos como privados.

    El tipo de cotización se fijará por el Gobierno sobre los salarios que sirvan de base para el cálculo de la cotización para atender las contingencias derivadas de accidentes de trabajo, enfermedad profesional y desempleo en el sistema de la Seguridad Social.

    6. A los efectos de este artículo se entiende que existe insolvencia del empresario cuando, instada la ejecución en la forma establecida por la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, no se consiga satisfacción de los créditos laborales. La resolución en que conste la declaración de insolvencia será dictada previa audiencia del Fondo de Garantía Salarial.

    7. El derecho a solicitar del Fondo de Garantía Salarial el pago de las prestaciones que resultan de los apartados anteriores prescribirá al año de la fecha del acto de conciliación, sentencia, auto o resolución de la autoridad laboral en que se reconozca la deuda por salarios o se fijen las indemnizaciones.

    Tal plazo se interrumpirá por el ejercicio de las acciones ejecutivas o de reconocimiento del crédito en procedimiento concursal y por las demás formas legales de interrupción de la prescripción.

    8. El Fondo de Garantía Salarial tendrá la consideración de parte en la tramitación de los procedimientos arbitrales, a efectos de asumir las obligaciones previstas en este artículo.

    9. El Fondo de Garantía Salarial dispensará la protección regulada en este artículo en relación con los créditos impagados de los trabajadores que ejerzan o hayan ejercido habitualmente su trabajo en España cuando pertenezcan a una empresa con actividad en el territorio de al menos dos Estados miembros de la Unión Europea, uno de los cuales sea España, cuando concurran, conjuntamente, las siguientes circunstancias:

    a) Que se haya solicitado la apertura de un procedimiento colectivo basado en la insolvencia del empresario en un Estado miembro distinto de España, previsto por sus disposiciones legales y administrativas, que implique el desapoderamiento parcial o total del empresario y el nombramiento de un síndico o persona que ejerza una función similar.

    b) Que se acredite que la autoridad competente, en virtud de dichas disposiciones, ha decidido la apertura del procedimiento; o bien que ha comprobado el cierre definitivo de la empresa o el centro de trabajo del empresario, así como la insuficiencia del activo disponible para justificar la apertura del procedimiento.

    Cuando, de acuerdo con los términos establecidos en este apartado, la protección de los créditos impagados corresponda al Fondo de Garantía Salarial, este solicitará información de la institución de garantía del Estado miembro en el que se tramite el procedimiento colectivo de insolvencia sobre los créditos pendientes de pago de los trabajadores y sobre los satisfechos por dicha institución de garantía y pedirá su colaboración para garantizar que las cantidades abonadas a los trabajadores sean tenidas en cuenta en el procedimiento, así como para conseguir el reembolso de dichas cantidades.

    10. En el supuesto de procedimiento concursal solicitado en España en relación con una empresa con actividad en el territorio de al menos otro Estado miembro de la Unión Europea, además de España, el Fondo de Garantía Salarial estará obligado a proporcionar información a la institución de garantía del Estado en cuyo territorio los trabajadores de la empresa en estado de insolvencia hayan ejercido o ejerzan habitualmente su trabajo, en particular, poniendo en su conocimiento los créditos pendientes de pago de los trabajadores, así como los satisfechos por el propio Fondo de Garantía Salarial.

    Asimismo, el Fondo de Garantía Salarial prestará a la institución de garantía competente la colaboración que le sea requerida en relación con su intervención en el procedimiento y con el reembolso de las cantidades abonadas a los trabajadores.

    11. El Fondo procederá a la instrucción de un expediente para la comprobación de la procedencia de los salarios e indemnizaciones reclamados, respetando en todo caso los límites previstos en los apartados anteriores.

    Concluida la instrucción del expediente, el órgano competente dictará resolución en el plazo máximo de tres meses contados desde la presentación en forma de la solicitud. La notificación al interesado deberá ser cursada dentro del plazo de 10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.

    Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución expresa, el solicitante podrá entender estimada por silencio administrativo la solicitud de reconocimiento de las obligaciones con cargo al Fondo, sin que en ningún caso pueda obtenerse por silencio el reconocimiento de obligaciones en favor de personas que no puedan ser legalmente beneficiarias o por cuantía superior a la que resulte por aplicación de los límites previstos en los apartados anteriores. La resolución expresa posterior al vencimiento del plazo solo podrá dictarse de ser confirmatoria del reconocimiento de la obligación, en favor de personas que puedan ser legalmente beneficiarias y dentro de los límites previstos en los apartados anteriores. En todo caso, a efectos probatorios, se podrá solicitar un certificado acreditativo del silencio producido, en el que se incluirán las obligaciones con cargo al Fondo que, dentro de los límites previstos en los apartados anteriores, deben entenderse reconocidas.

    Contra dicha resolución podrá interponerse demanda ante el órgano jurisdiccional del orden social competente en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación si el acto fuera expreso; si no lo fuera, dicho plazo se contará a partir del día siguiente a aquel en que deba entenderse estimada la solicitud conforme a lo establecido en el apartado anterior por silencio.

    Ver el artículo 33

Textos legales basados en datos de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Se trata de un texto consolidado de carácter meramente informativo, sin valor oficial. Para el texto auténtico hay que acudir al BOE.

Lo que han dicho los tribunales sobre cada una de las cuestiones de este artículo.

¿Puede un socio o miembro del órgano de administración tener al mismo tiempo un contrato de trabajo con la sociedad?

¿Cuándo se considera que el socio tiene el control efectivo de la sociedad y debe cotizar como autónomo?