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Recurso de suplicación laboral: cuándo cabe, plazos, costes y cómo se presenta

La sentencia del juzgado de lo social se recurre en suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia. Se anuncia en cinco días hábiles desde la notificación y se presenta por escrito en los diez siguientes, siempre con abogado/a o graduado/a social. No es un segundo juicio: solo se revisan errores de procedimiento, hechos probados con documentos o pericias, y errores al aplicar la ley.

Actualizado el 11 de octubre de 2026 · Alejandro Aradas García · 10 min de lectura

La sentencia de un juzgado de lo social se recurre mediante el recurso de suplicación, que resuelve la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad autónoma.

Se anuncia en cinco días hábiles desde que te notifican la sentencia y se presenta por escrito en los diez días hábiles siguientes a que el juzgado ponga los autos a disposición, siempre con abogado/a o graduado/a social.

No es un segundo juicio: el tribunal parte de los hechos que el juzgado dio por probados y solo corrige errores concretos. Para la persona trabajadora recurrir no tiene más coste que los honorarios de su profesional.

Qué es el recurso de suplicación

Sirve para impugnar, tanto la empresa como la persona trabajadora, las sentencias de los juzgados de lo social (que la Ley Orgánica 1/2025 convirtió, al terminar 2025, en secciones de lo social de los tribunales de instancia) cuando no han dado la razón, aunque sea solo en parte.

Lo regulan los artículos 190 a 204 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Hay que tener en cuenta desde el principio que es un recurso extraordinario.

El proceso laboral se concibe como de instancia única: quien valora la prueba es el juez o jueza que la vio practicar en el juicio, y el tribunal del recurso solo puede corregir esa valoración cuando un error resulta de forma evidente de documentos o pericias que ya estaban en el pleito (Supremo, abril de 2025).

Por eso las posibilidades de éxito suelen ser limitadas y el recurso tiene que estar muy bien fundamentado.

Es obligatorio actuar con abogado/a o graduado/a social colegiado (artículo 21.1). Si no puedes pagarlo, puedes pedir uno de oficio: en el orden social las personas trabajadoras tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Qué sentencias se pueden recurrir y cuáles no

La regla general es que las sentencias del juzgado de lo social son recurribles. Pero el artículo 191.2 excluye el recurso en estos procesos:

  • Sanciones por faltas leves y graves, y por faltas muy graves que el juzgado no confirma (si la sanción toca un derecho fundamental hay excepciones: se explican en la guía de sanciones).
  • Fecha de disfrute de las vacaciones.
  • Materia electoral, salvo el caso del artículo 136.
  • Clasificación profesional, salvo el caso del artículo 137.3.
  • Movilidad geográfica que no sea traslado; modificación sustancial de condiciones que no sea colectiva; movilidad funcional, salvo que se acumule otra acción recurrible; y ERTE (suspensiones y reducciones de jornada) que afecten a menos personas que los umbrales del despido colectivo.
  • Derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral (artículo 139), salvo que se reclamen daños y perjuicios por una cuantía que abra el recurso.
  • Reclamaciones de 3.000 euros o menos, y las impugnaciones de alta médica, cualquiera que sea la cuantía.

La cuantía se calcula sumando todos los conceptos que se reclaman en la demanda (Supremo, mayo de 2025), pero sin los intereses: si el principal no supera los 3.000 euros, no hay recurso aunque con intereses sí los supere (Supremo, septiembre de 2023).

En cambio, siempre cabe suplicación (artículo 191.3):

  • En despido y extinción del contrato (salvo el despido colectivo impugnado por la representación de la plantilla).
  • Cuando la cuestión tiene afectación general, es decir, afecta a toda o a gran parte de la plantilla o de las personas beneficiarias de la Seguridad Social y eso es notorio, se alegó y probó en el juicio o nadie lo discute; y, desde el 20 de marzo de 2024, cuando la sentencia puede dar lugar a la extensión de efectos (los Tribunales Superiores lo leen de forma estricta: solo vale para la sentencia que reconoce un derecho (Superior de Asturias, octubre de 2024), y hay que probar en el juicio que hay otras personas en idéntica situación (Superior de Navarra, junio de 2026)). No basta con decir que «afecta a todos»: el Tribunal Supremo exige que haya una litigiosidad real sobre esa cuestión (Supremo, mayo de 2025). Tiene su propio artículo en la web.
  • En los pleitos sobre el derecho a una prestación de la Seguridad Social o sobre el grado de incapacidad permanente (letra c).
  • Para denunciar una falta esencial del procedimiento o la falta del intento de conciliación o mediación previa, si se protestó a tiempo y causó indefensión: aunque el pleito no tenga recurso por la materia o la cuantía, ese defecto sí se puede llevar al Tribunal Superior (Supremo, septiembre de 2022) (letra d).
  • Contra las sentencias que deciden sobre la falta de jurisdicción o de competencia (letra e).
  • En conflictos colectivos, impugnación de convenios colectivos o de estatutos de sindicatos, procedimientos de oficio y tutela de derechos fundamentales (letra f).
  • En la impugnación de actos administrativos en materia laboral que no tengan valor económico o cuya cuantía supere los 18.000 euros (letra g).

Qué se puede pedir en el recurso

El artículo 193 permite tres cosas, y solo esas.

Que se repita el procedimiento por un defecto que causó indefensión

Si el juzgado infringió las normas del procedimiento y eso te dejó sin poder defenderte, se pide que se repongan las actuaciones al momento en que se cometió la infracción (artículo 193 a).

Casos típicos: el juzgado denegó una prueba testifical o documental, no era competente o la sentencia no resolvió algo que se pidió en la demanda (por ejemplo, se reclamaban salarios y una indemnización por daños, y no dice nada de la indemnización).

Hay que identificar la norma procesal infringida y explicar en qué te perjudicó.

Si el defecto es la denegación de una prueba, tienes que haber formulado protesta en el juicio: sin ella, el recurso no prospera (Superior de Murcia, julio de 2023).

Si se estima, a veces hay que repetir el juicio y otras basta con que el juez o jueza dicte una nueva sentencia, que puede ser parecida a la primera o no.

Que se cambien los hechos probados

Lo que sí se puede pedir es que se modifiquen los hechos probados a la vista de la prueba documental o pericial que ya está en el pleito (artículo 193 b).

No se puede proponer prueba nueva: ni testigos ni documentos nuevos, salvo las excepciones del artículo 233 (sentencias firmes o documentos decisivos que no pudiste aportar antes por causas ajenas a ti), que tienen su propio artículo en la web.

Qué sirve y qué no:

  • Correos electrónicos: sí. El Tribunal Supremo los considera prueba documental con un concepto amplio de documento (Supremo, julio de 2020), y lo ha aplicado a la suplicación (Supremo, mayo de 2023).
  • Grabaciones de audio: no, aunque se aporten transcritas: son un medio de prueba válido en el juicio, pero no un documento a estos efectos (Supremo, abril de 2022) (Supremo, abril de 2025).
  • Declaraciones de testigos o de las partes: no. Ni siquiera el tribunal del recurso puede cambiar los hechos apoyándose en testigos; si lo hace, el Supremo anula su sentencia (Supremo, mayo de 2026).
  • Mensajes de WhatsApp: muy difícil. El Supremo no ha fijado doctrina sobre el WhatsApp en la suplicación. En un recurso de casación de 2025 trató una conversación de WhatsApp como prueba documental, pero no cambió los hechos porque admitía varias interpretaciones (Supremo, abril de 2025). La mayoría de los Tribunales Superiores los consideran un medio de prueba que valora el juzgado, no un documento para revisar hechos (Superior de Galicia, julio de 2026). Alguno los trata como documento electrónico, pero rechaza la revisión cuando el mensaje admite varias lecturas o el juzgado lo valoró junto con otras pruebas (Superior de Cataluña, marzo de 2026). Conclusión práctica: lo importante conviene tenerlo, ya en el juicio, en un documento o un correo.

Para que prospere hay que señalar qué hecho se quiere cambiar, con qué documento concreto, la redacción alternativa que se propone y por qué ese cambio altera el fallo (artículo 196.3).

Remitirse «al conjunto de la prueba» o volver a valorarla entera lleva a perder el recurso (Superior de Illes Balears, mayo de 2026).

Un ejemplo: en un despido, la sentencia dice que el salario era de 1.500 euros brutos y las nóminas aportadas prueban que era de 2.000: el cambio se puede pedir, porque afecta a la indemnización.

Cómo se redacta este motivo se explica en el artículo sobre la modificación de los hechos probados.

Que se corrija la aplicación de la ley o de la jurisprudencia

Sin tocar los hechos, o después de pedir su cambio, se puede alegar que el juzgado aplicó mal la ley o la jurisprudencia (artículo 193 c).

Hay que citar la norma infringida y razonar por qué; es recomendable añadir la jurisprudencia favorable. Citar artículos sin explicar por qué se han vulnerado no sirve.

Las formas importan, pero no deben convertirse en una trampa: un error en la petición final (pedir que se «confirme» la sentencia cuando todo el escrito pide revocarla) no permite desestimar el recurso si se entiende con claridad lo que se pide (Supremo, junio de 2025).

Plazos y trámites

  1. Anuncio: cinco días hábiles desde la notificación de la sentencia (artículo 194). Basta con decir que se va a recurrir al recibir la notificación, o presentar un escrito o comparecer ante el juzgado que dictó la sentencia.
  2. Interposición: diez días hábiles desde que se notifica que los autos (la demanda, la prueba y la grabación del juicio) están a disposición del abogado/a o graduado/a social (artículo 195.1). El plazo corre aunque no se recojan. Con notificación electrónica, empieza a contar desde que se accede a ella dentro de los tres días disponibles (Supremo, noviembre de 2024). El escrito se presenta en el mismo juzgado y, tras la reforma de la Ley Orgánica 1/2025, ya no hace falta acompañar copias para las demás partes.
  3. Impugnación: cinco días hábiles para la otra parte (artículo 197). Quien impugna puede alegar que el recurso no debía admitirse y pedir también rectificaciones de hechos o causas de oposición subsidiarias, y el tribunal está obligado a responderlas (Supremo, julio de 2023). No impugnar no supone aceptar el recurso.
  4. Después, el juzgado envía todo a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, que dicta sentencia.

Los días son hábiles: no cuentan sábados, domingos ni festivos.

Agosto y del 24 de diciembre al 6 de enero tampoco cuentan, salvo en despido, extinciones de los artículos 50, 51 y 52 del Estatuto de los Trabajadores, movilidad geográfica, modificación sustancial, ERTE, conciliación de la vida familiar, altas médicas, vacaciones, materia electoral, conflictos colectivos, impugnación de convenios y tutela de derechos fundamentales, en los que esos días son hábiles también para recurrir (artículo 43.4).

Un plazo vencido no se recupera: si el anuncio llega tarde, la sentencia queda firme.

Si recurre la empresa: depósito y consignación

La empresa que recurre tiene que:

  • Depositar 300 euros (artículo 229), que pierde si se desestima el recurso por completo.
  • Consignar la cantidad de la condena o presentar un aval bancario solidario, indefinido y pagadero a primer requerimiento (artículo 230). Si ha sido condenada a pagar 10.000 euros de salarios o de indemnización, tiene que dejar esa cantidad en la cuenta del juzgado.

Ambas cosas deben hacerse dentro del plazo de anuncio. Si la empresa consigna después, aunque el juzgado se lo haya requerido, el recurso no debe admitirse y la sentencia queda firme (Supremo, febrero de 2022).

La ley sí permite subsanar en cinco días algunos defectos: una consignación insuficiente, la falta del justificante si se consignó a tiempo o un error en el depósito (artículo 230.5).

Por eso, cuando la empresa anuncia un recurso, conviene comprobar fechas y cantidades: es una de las vías por las que la persona trabajadora puede ganar sin entrar en el fondo.

Ojo: consignar no es pagar. El dinero queda como garantía y los intereses de demora siguen corriendo hasta que la sentencia que fija la deuda es firme (Supremo, mayo de 2026).

Las personas trabajadoras y beneficiarias de la Seguridad Social, los sindicatos y quien tenga reconocida la justicia gratuita no pagan depósito ni consignación.

Qué cuesta recurrir y quién paga las costas

Para la persona trabajadora el recurso es gratuito: solo paga los honorarios que haya pactado con su profesional.

Y aunque pierda, no se le imponen costas: la exención alcanza a quien tiene justicia gratuita, a los sindicatos y al personal funcionario y estatutario (artículo 235.1).

Sí puede imponérsele una multa si el tribunal aprecia mala fe o temeridad, algo que se explica en el artículo sobre costas.

Si recurre la empresa y pierde, se le condena en costas, que cubren los honorarios del profesional de la otra parte con un máximo de 1.200 euros en suplicación.

Solo paga costas quien recurre y pierde: a la empresa que se limitó a defender la sentencia del juzgado como recurrida no se le imponen, aunque el Tribunal Superior la revoque (Supremo, octubre de 2025).

La sentencia y lo que viene después

El Tribunal Superior puede estimar el recurso entero, en parte o desestimarlo. El tiempo varía mucho de un tribunal a otro; de forma orientativa, suele tardar algo más de seis meses y menos de un año.

Contra su sentencia cabe el recurso de casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo (artículo 218), con abogado/a obligatoriamente.

Desde el 3 de abril de 2025 exige que haya sentencias contradictorias o un interés casacional objetivo; sus requisitos se explican en el artículo sobre el nuevo recurso de casación.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto tiempo tengo para recurrir una sentencia del juzgado de lo social?

Cinco días hábiles desde que se notifica la sentencia para anunciar el recurso y, después, diez días hábiles desde que el juzgado notifica que los autos están a disposición para presentarlo por escrito. En despido, tutela de derechos fundamentales y otras modalidades urgentes, agosto y las fiestas de Navidad también cuentan.

¿Me cuesta algo recurrir si soy trabajador/a?

No pagas depósito ni consignación y, aunque pierdas, no te condenan en costas: solo pagas los honorarios que hayas pactado con tu abogado/a o graduado/a social. Si el tribunal aprecia mala fe o temeridad sí puede imponer una multa.

¿Puedo recurrir yo sin abogado?

Puedes anunciar el recurso por ti mismo, incluso de palabra al recibir la notificación, pero el escrito de interposición tiene que firmarlo un abogado/a o un graduado/a social colegiado. Si no puedes pagarlo, puedes pedir uno de oficio.

¿Puedo presentar pruebas nuevas en el recurso?

Por regla general no. Solo se admiten sentencias o resoluciones firmes y documentos decisivos que no pudiste aportar antes por causas que no te eran imputables, o cuando sea necesario para evitar la vulneración de un derecho fundamental.

¿Valen los WhatsApp para cambiar los hechos probados?

En la mayoría de los Tribunales Superiores no: los consideran un medio de prueba que valora el juzgado y no un documento a estos efectos. El Supremo ha tratado una conversación de WhatsApp como documento, pero no cambió los hechos porque admitía varias lecturas. Los correos electrónicos sí sirven según el Tribunal Supremo. Por eso conviene que lo importante conste en un documento o un correo ya en el juicio.

¿Qué pasa si la empresa recurre y no consigna lo que le condenaron a pagar?

Si no consigna o avala la cantidad dentro del plazo para anunciar el recurso, el juzgado lo tiene por no anunciado y la sentencia queda firme. Algunos defectos (una consignación insuficiente o un justificante que falta) pueden subsanarse en cinco días.

Cuestiones Laborales es una web informativa: lo que explica es general y cada caso tiene sus matices. Para el tuyo, consulta siempre con un abogado o abogada laboralista o con un graduado o graduada social.

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2 comentarios

  1. Ana

    Hola

    Si la empresa interpone un recurso de suplicacion, y el trabajador no tiene abogado. Le asignan uno de oficio para impugnarlo de manera obligatoria o puede decidir no impugnarlo y que no le asignen abogado de oficio?

    Responder
    1. AlejandroAutor

      Puedes solicitarlo, pero no se asigna automáticamente. Puedes decidir no impugnarlo.

      Responder

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Normas y preceptos aplicables. Despliega cada uno para leer su texto.

  • Artículo 191Ley Reguladora de la Jurisdicción SocialQué sentencias se recurren en suplicación y cuáles no.Cambio reciente: La letra 3 b) (afectación general y extensión de efectos) la modificó el Real Decreto-ley 6/2023, con efectos desde el 20-03-2024.
    Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 20 de marzo de 2024

    Artículo 191. Ámbito de aplicación.

    1. Son recurribles en suplicación las sentencias que dicten los Juzgados de lo Social en los procesos que ante ellos se tramiten, cualquiera que sea la naturaleza del asunto, salvo cuando la presente Ley disponga lo contrario.

    2. No procederá recurso de suplicación en los procesos relativos a las siguientes materias:

    a) Impugnación de sanción por falta que no sea muy grave, así como por falta muy grave no confirmada judicialmente.

    b) Procesos relativos a la fecha de disfrute de las vacaciones.

    c) Materia electoral, salvo en el caso del artículo 136.

    d) Procesos de clasificación profesional, salvo en el caso previsto en el apartado 3 del artículo 137.

    e) Procesos de movilidad geográfica distintos de los previstos en el apartado 2 del artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores; en los de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, salvo cuando tengan carácter colectivo de conformidad con el apartado 2 del artículo 41 del referido Estatuto; y en los de cambio de puesto o movilidad funcional, salvo cuando fuera posible acumular a estos otra acción susceptible de recurso de suplicación; y en las suspensiones y reducciones de jornada previstas en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores que afecten a un número de trabajadores inferior a los umbrales previstos en el apartado 1 del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores.

    f) Procedimientos relativos a los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral previstos en el artículo 139, salvo cuando se haya acumulado pretensión de resarcimiento de daños y perjuicios que por su cuantía pudiera dar lugar a recurso de suplicación.

    g) Reclamaciones cuya cuantía litigiosa no exceda de 3.000 euros. Tampoco procederá recurso en procesos de impugnación de alta médica cualquiera que sea la cuantía de las prestaciones de incapacidad temporal que viniere percibiendo el trabajador.

    3. Procederá en todo caso la suplicación:

    a) En procesos por despido o extinción del contrato, salvo en los procesos por despido colectivo impugnados por los representantes de los trabajadores.

    b) En reclamaciones, acumuladas o no, cuando la cuestión debatida afecte a todos o a un gran número de trabajadores o de beneficiarios de la Seguridad Social, siempre que tal circunstancia de afectación general fuera notoria o haya sido alegada y probada en juicio o posea claramente un contenido de generalidad no puesto en duda por ninguna de las partes; así como cuando la sentencia de instancia fuera susceptible de extensión de efectos.

    c) En los procesos que versen sobre reconocimiento o denegación del derecho a obtener prestaciones de Seguridad Social, así como sobre el grado de incapacidad permanente aplicable.

    d) Cuando el recurso tenga por objeto subsanar una falta esencial del procedimiento o la omisión del intento de conciliación o de mediación obligatoria previa, siempre que se haya formulado la protesta en tiempo y forma y hayan producido indefensión. Si el fondo del asunto no estuviera comprendido dentro de los límites de la suplicación, la sentencia resolverá sólo sobre el defecto procesal invocado.

    e) Contra las sentencias que decidan sobre la falta de jurisdicción por razón de la materia o de competencia territorial o funcional. Si el fondo del asunto no estuviera comprendido dentro de los límites de la suplicación la sentencia, resolverá sólo sobre la jurisdicción o competencia.

    f) Contra las sentencias dictadas en materias de conflictos colectivos, impugnación de convenios colectivos, impugnación de los estatutos de los sindicatos, procedimientos de oficio y tutela de derechos fundamentales y libertades públicas.

    g) Contra las sentencias dictadas en procesos de impugnación de actos administrativos en materia laboral no comprendidos en los apartados anteriores, cuando no sean susceptibles de valoración económica o cuando la cuantía litigiosa exceda de dieciocho mil euros.

    4. Podrá interponerse recurso de suplicación contra las siguientes resoluciones:

    a) Los autos que resuelvan el recurso de reposición interpuesto contra la resolución en que el órgano jurisdiccional, antes del acto del juicio, declare la falta de jurisdicción o de competencia por razón de la materia, de la función o del territorio.

    b) Los autos y sentencias que se dicten por los Juzgados de lo Mercantil en el proceso concursal en cuestiones de carácter laboral. En dichas resoluciones deberán consignarse expresamente y por separado, los hechos que se estimen probados.

    c) Los autos que resuelvan el recurso de reposición, o en su caso de revisión, interpuesto contra la resolución que disponga la terminación anticipada del proceso en los siguientes supuestos:

    1.º Satisfacción extraprocesal o pérdida sobrevenida de objeto.

    2.º Falta de subsanación de los defectos advertidos en la demanda no imputable a la parte o a su representación procesal o incomparecencia injustificada a los actos de conciliación y juicio, siempre que, por caducidad de la acción o de la instancia o por otra causa legal, no fuera jurídicamente posible su reproducción ulterior.

    d) Los autos que decidan el recurso de reposición interpuesto contra los que dicten los Juzgados de lo Social y los autos que decidan el recurso de revisión interpuesto contra los decretos del secretario judicial, dictados unos y otros en ejecución definitiva de sentencia u otros títulos, siempre que la sentencia hubiere sido recurrible en suplicación o que, de tratarse de ejecución derivada de otro título, haya recaído en asunto en el que, de haber dado lugar a sentencia, la misma hubiere sido recurrible en suplicación, en los siguientes supuestos:

    1.º Cuando denieguen el despacho de ejecución.

    2.º Cuando resuelvan puntos sustanciales no controvertidos en el pleito, no decididos en la sentencia o que contradigan lo ejecutoriado.

    3.º Cuando pongan fin al procedimiento incidental en la ejecución decidiendo cuestiones sustanciales no resueltas o no contenidas en el título ejecutivo.

    4.º En los mismos casos, procederá también recurso de suplicación en ejecución provisional si se hubieran excedido materialmente los límites de la misma o se hubiera declarado la falta de jurisdicción o competencia del orden social.

    Ver el artículo 191

  • Artículo 193Ley Reguladora de la Jurisdicción SocialLos tres motivos del recurso: reponer actuaciones, revisar hechos probados y examinar infracciones de normas o jurisprudencia.
    Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 11 de diciembre de 2011

    Artículo 193. Objeto del recurso de suplicación.

    El recurso de suplicación tendrá por objeto:

    a) Reponer los autos al estado en el que se encontraban en el momento de cometerse una infracción de normas o garantías del procedimiento que haya producido indefensión.

    b) Revisar los hechos declarados probados, a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas.

    c) Examinar las infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia.

    Ver el artículo 193

  • Artículo 230Ley Reguladora de la Jurisdicción SocialConsignación de la condena o aval para poder recurrir, y plazo de subsanación.
    Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 11 de diciembre de 2011

    Artículo 230. Consignación de cantidad.

    1. Cuando la sentencia impugnada hubiere condenado al pago de cantidad, será indispensable que el recurrente que no gozare del derecho de asistencia jurídica gratuita acredite, al anunciar el recurso de suplicación o al preparar el recurso de casación, haber consignado en la oportuna entidad de crédito y en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta a nombre del órgano jurisdiccional, la cantidad objeto de la condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito. En este último caso, el documento de aseguramiento quedará registrado y depositado en la oficina judicial. El secretario expedirá testimonio del mismo para su unión a autos, facilitando el oportuno recibo.

    En el caso de condena solidaria, la obligación de consignación o aseguramiento alcanzará a todos los condenados con tal carácter, salvo que la consignación o el aseguramiento, aunque efectuado solamente por alguno de los condenados, tuviera expresamente carácter solidario respecto de todos ellos para responder íntegramente de la condena que pudiera finalmente recaer frente a cualquiera de los mismos.

    Cuando la condena se haya efectuado por primera vez en la sentencia de suplicación, o se haya incrementado en la misma la cuantía previamente reconocida en la sentencia de instancia, la consignación o aseguramiento regulados en el presente artículo se efectuarán por primera vez, o se complementarán en la medida correspondiente, al preparar el recurso de casación.

    2. En materia de Seguridad Social se aplicarán las siguientes reglas:

    a) Cuando en la sentencia se reconozca al beneficiario el derecho a percibir prestaciones, para que pueda recurrir el condenado al pago de dicha prestación será necesario que haya ingresado en la Tesorería General de la Seguridad Social el capital coste de la pensión o el importe de la prestación a la que haya sido condenado en el fallo, con objeto de abonarla a los beneficiarios durante la sustanciación del recurso, presentando en la oficina judicial el oportuno resguardo, que se testimoniará en autos, quedando bajo la custodia del secretario.

    El mismo ingreso deberá efectuar el declarado responsable del recargo por falta de medidas de seguridad, en cuanto al porcentaje que haya sido reconocido por primera vez en vía judicial y respecto de las pensiones causadas hasta ese momento, previa fijación por la Tesorería General de la Seguridad Social del capital coste o importe del recargo correspondiente.

    En los casos en los que no proceda el ingreso del capital coste o del importe de la prestación se estará a las reglas generales del apartado 1 de este artículo.

    b) Cuando proceda efectuar el ingreso del capital coste de la pensión o del importe de la prestación conforme al apartado a) anterior, una vez anunciado o preparado el recurso, el secretario judicial dictará diligencia ordenando que se dé traslado a la Tesorería General de la Seguridad Social para que se fije el capital coste o importe de la prestación a percibir. Recibida esta comunicación, la notificará al recurrente para que en el plazo de cinco días efectúe la consignación requerida en la Tesorería General de la Seguridad Social, bajo apercibimiento de que de no hacerlo así se pondrá fin al trámite del recurso.

    c) Si en la sentencia se condenara a la Entidad Gestora de la Seguridad Social, ésta quedará exenta del ingreso prevenido en los apartados a) y b) anteriores, pero deberá presentar ante la oficina judicial, al anunciar o preparar su recurso, certificación acreditativa de que comienza el abono de la prestación y que lo proseguirá puntualmente durante la tramitación del recurso, hasta el límite de su responsabilidad, salvo en prestaciones de pago único o correspondientes a un período ya agotado en el momento del anuncio. De no cumplirse efectivamente este abono se pondrá fin al trámite del recurso.

    d) Cuando la condena se refiera a mejoras voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social, el condenado o declarado responsable vendrá obligado a efectuar la consignación o aseguramiento de la condena ante el juzgado en la forma establecida en el apartado 1 de este mismo artículo.

    3. Los anteriores requisitos de consignación y aseguramiento de la condena deben justificarse, junto con la constitución del depósito necesario para recurrir, en su caso, en el momento del anuncio del recurso de suplicación o de la preparación del recurso de casación. Si el anuncio o la preparación del recurso se hubiere efectuado por medio de mera manifestación en el momento de la notificación de la sentencia, el depósito y la consignación o aseguramiento podrá efectuarse hasta la expiración del plazo establecido para el anuncio o preparación del recurso, debiendo en este último caso acreditar dichos extremos dentro del mismo plazo ante la oficina judicial mediante los justificantes correspondientes.

    4. Si el recurrente no hubiere efectuado la consignación o aseguramiento de la cantidad objeto de condena en la forma prevenida en los apartados anteriores, incluidas las especialidades en materia de Seguridad Social, el juzgado o la Sala tendrán por no anunciado o por no preparado el recurso de suplicación o de casación, según proceda, y declararán la firmeza de la resolución mediante auto contra el que podrá recurrirse en queja ante la Sala que hubiera debido conocer del recurso.

    5. El secretario judicial concederá a la parte recurrente, con carácter previo a que se resuelva sobre el anuncio o preparación, un plazo de cinco días para la subsanación de los defectos advertidos, si el recurrente hubiera incurrido en defectos consistentes en:

    a) Insuficiencia de la consignación o del aseguramiento efectuados, incluidas las especialidades en materia de Seguridad Social.

    b) Falta de aportación, en el momento del anuncio o preparación del recurso, de los justificantes de la consignación o del aseguramiento, siempre que el requisito se hubiera cumplimentado dentro del plazo de anuncio o preparación.

    c) Defecto, omisión o error en la constitución del depósito o en la justificación documental del mismo.

    d) Falta de acreditación o acreditación insuficiente de la representación necesaria o de cualquier requisito formal de carácter subsanable necesario para el anuncio o preparación.

    6. De no efectuarse la subsanación en tiempo y forma se dictará auto poniendo fin al trámite del recurso, quedando firme la resolución. Contra dicho auto podrá recurrirse en queja ante la Sala que hubiera debido conocer del recurso.

    Ver el artículo 230

  • Artículo 194Ley Reguladora de la Jurisdicción SocialAnuncio del recurso en cinco días desde la notificación de la sentencia.
    Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 11 de diciembre de 2011

    Artículo 194. Anuncio del recurso.

    El recurso de suplicación deberá anunciarse dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia, bastando para ello la mera manifestación de la parte o de su abogado, graduado social colegiado o de su representante, al hacerle la notificación de aquélla, de su propósito de entablarlo. También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito de las partes o de su abogado o graduado social colegiado, o representante ante el juzgado que dictó la resolución impugnada, dentro del indicado plazo.

    Ver el artículo 194

  • Artículo 195.1Ley Reguladora de la Jurisdicción SocialDiez días para interponer desde la puesta a disposición de los autos; auto que tiene por no anunciado el recurso y queja.
    Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 11 de diciembre de 2011

    1. Si la resolución fuera recurrible en suplicación y la parte hubiera anunciado el recurso en tiempo y forma y cumplido las demás prevenciones establecidas en esta Ley, el secretario judicial tendrá por anunciado el recurso y acordará poner los autos a disposición del letrado o graduado social colegiado designado por la parte recurrente, por el orden de anuncio, en la forma dispuesta en el apartado 1 del artículo 48, para que interponga el recurso, dentro de los diez días siguientes a que se notifique la puesta a disposición, debiendo sustituirse el traslado material de las actuaciones por la entrega de soporte informático o mediante acceso telemático, si se dispusiera de los medios necesarios para ello. Este plazo correrá cualquiera que sea el momento en que el letrado o el graduado social colegiado examinara o recogiera los autos.

    Si el órgano jurisdiccional dispusiera de los medios para dar simultáneo traslado o acceso a las actuaciones a todas las partes recurrentes, se dispondrá que tanto la puesta a disposición de las actuaciones, como la interposición del recurso, se efectúen dentro de un plazo común a todos los recurrentes.

    Ver el artículo 195 completo

  • Artículo 196Ley Reguladora de la Jurisdicción SocialContenido del escrito de interposición: motivos, normas infringidas, documento o pericia y redacción alternativa.Cambio reciente: El apartado 1 lo modificó la Ley Orgánica 1/2025, desde el 03-04-2025: ya no se exigen copias para las partes.
    Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 3 de abril de 2025

    Artículo 196. Escrito de interposición.

    1. El escrito interponiendo el recurso de suplicación se presentará ante el juzgado que dictó la resolución impugnada.

    2. En el escrito de interposición del recurso, junto con las alegaciones sobre su procedencia y sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos, se expresarán, con suficiente precisión y claridad, el motivo o los motivos en que se ampare, citándose las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que se consideren infringidas. En todo caso se razonará la pertinencia y fundamentación de los motivos.

    3. También habrán de señalarse de manera suficiente para que sean identificados, el concreto documento o pericia en que se base cada motivo de revisión de los hechos probados que se aduzca e indicando la formulación alternativa que se pretende.

    Ver el artículo 196

  • Artículo 197Ley Reguladora de la Jurisdicción SocialImpugnación del recurso en cinco días y posibilidad de pedir rectificaciones de hechos al impugnar.
    Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 11 de diciembre de 2011

    Artículo 197. Traslado a las otras partes.

    1. Interpuesto el recurso en tiempo y forma, el secretario judicial proveerá en el plazo de dos días dando traslado del mismo para su impugnación, a la parte o partes recurridas por un plazo común de cinco días para todas ellas. En los escritos de impugnación, que se presentarán acompañados de tantas copias como sean las demás partes para su traslado a las mismas, podrán alegarse motivos de inadmisibilidad del recurso, así como eventuales rectificaciones de hecho o causas de oposición subsidiarias aunque no hubieran sido estimadas en la sentencia, con análogos requisitos a los indicados en el artículo anterior.

    2. Del escrito o escritos de impugnación se dará traslado a las partes. De haberse formulado en dichos escritos alegaciones sobre inadmisibilidad del recurso o los motivos a que se refiere el apartado anterior, las demás partes podrán presentar directamente sus alegaciones al respecto, junto con las correspondientes copias para su traslado a las demás partes, dentro de los dos días siguientes a recibir el traslado del escrito de impugnación.

    3. Transcurrido el plazo de impugnación y en su caso el de alegaciones del apartado anterior, háyanse presentado o no escritos en tal sentido y previo traslado de las alegaciones si se hubieran presentado, se elevarán los autos a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, junto con el recurso y escritos presentados, dentro de los dos días siguientes.

    Ver el artículo 197

  • Artículo 229Ley Reguladora de la Jurisdicción SocialDepósito de 300 euros para recurrir, del que están exentas las personas trabajadoras y beneficiarias.
    Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 11 de diciembre de 2011

    Artículo 229. Depósito para recurrir.

    1. Todo el que, sin tener la condición de trabajador, causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, anuncie recurso de suplicación o prepare recurso de casación, consignará como depósito:

    a) Trescientos euros, si se trata de recurso de suplicación.

    b) Seiscientos euros, si el recurso fuera el de casación incluido el de casación para la unificación de doctrina.

    2. Los depósitos se constituirán en la cuenta de depósitos y consignaciones correspondiente al órgano que hubiere dictado la resolución recurrida. El secretario judicial verificará en la cuenta la realización del ingreso, debiendo quedar constancia de dicha actuación en el procedimiento.

    3. Los depósitos cuya pérdida hubiere sido acordada por sentencia se ingresarán en el Tesoro Público.

    4. El Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de los mismos, así como las entidades de derecho público reguladas por su normativa específica y los órganos constitucionales, estarán exentos de la obligación de constituir los depósitos, cauciones, consignaciones o cualquier otro tipo de garantía previsto en las leyes. Los sindicatos y quienes tuvieren reconocido el beneficio de justicia gratuita quedarán exentos de constituir el depósito referido y las consignaciones que para recurrir vienen exigidas en esta Ley.

    Ver el artículo 229

  • Artículo 235.1Ley Reguladora de la Jurisdicción SocialCostas de la parte que pierde el recurso, con el tope de 1.200 euros en suplicación, y exenciones.
    Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 11 de diciembre de 2011

    1. La sentencia impondrá las costas a la parte vencida en el recurso, excepto cuando goce del beneficio de justicia gratuita o cuando se trate de sindicatos, o de funcionarios públicos o personal estatutario que deban ejercitar sus derechos como empleados públicos ante el orden social.

    Las costas comprenderán los honorarios del abogado o del graduado social colegiado de la parte contraria que hubiera actuado en el recurso en defensa o en representación técnica de la parte, sin que la atribución en las costas de dichos honorarios puedan superar la cantidad de mil doscientos euros en recurso de suplicación y de mil ochocientos euros en recurso de casación.

    Ver el artículo 235 completo

  • Artículo 21.1Ley Reguladora de la Jurisdicción SocialEn suplicación es obligatorio actuar con abogado/a o graduado/a social colegiado.
    Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 20 de marzo de 2024

    1. La defensa por abogado y la representación técnica por graduado social colegiado tendrá carácter facultativo en la instancia. En el recurso de suplicación los litigantes habrán de estar defendidos por abogado o representados técnicamente por graduado social colegiado. En el recurso de casación y en las actuaciones procesales ante el Tribunal Supremo será preceptiva la defensa de abogado. Cuando la defensa sea facultativa, con excepción de lo previsto en el artículo siguiente, podrá utilizarla sin embargo cualquiera de los litigantes, en cuyo caso será de su cuenta el pago de los honorarios o derechos respectivos con las excepciones contempladas en la legislación sobre asistencia jurídica gratuita.

    Ver el artículo 21 completo

  • Artículo 43.4Ley Reguladora de la Jurisdicción SocialAgosto y del 24 de diciembre al 6 de enero son inhábiles, salvo en despido, tutela y otras modalidades, también en trámite de recurso.
    Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 23 de diciembre de 2022

    4. Los días del mes de agosto y los días que median entre el 24 de diciembre y el 6 de enero del año siguiente, ambos inclusive, serán inhábiles, salvo en las modalidades procesales de despido, extinción del contrato de trabajo de los artículos 50, 51 y 52 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, movilidad geográfica, modificación sustancial de las condiciones de trabajo, suspensión del contrato y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor, derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral del artículo 139, impugnación de altas médicas, vacaciones, materia electoral, conflictos colectivos, impugnación de convenios colectivos y tutela de derechos fundamentales y libertades públicas, tanto en el proceso declarativo como en trámite de recurso o de ejecución.

    Tampoco serán inhábiles dichos días para la adopción de actos preparatorios, medidas precautorias y medidas cautelares, en particular en materia de prevención de riesgos laborales, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como para otras actuaciones que tiendan directamente a asegurar la efectividad de los derechos reclamados o para aquellas que, de no adoptarse, pudieran dar lugar a un perjuicio de difícil reparación.

    Serán hábiles el mes de agosto y los días que median entre el 24 de diciembre y el 6 de enero del año siguiente, ambos inclusive, para el ejercicio de las acciones laborales derivadas de los derechos establecidos en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

    Ver el artículo 43 completo

  • Artículo 233.1Ley Reguladora de la Jurisdicción SocialProhibición general de aportar documentos nuevos en el recurso y sus excepciones.
    Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 11 de diciembre de 2011

    1. La Sala no admitirá a las partes documento alguno ni alegaciones de hechos que no resulten de los autos. No obstante, si alguna de las partes presentara alguna sentencia o resolución judicial o administrativa firmes o documentos decisivos para la resolución del recurso que no hubiera podido aportar anteriormente al proceso por causas que no le fueran imputables, y en general cuando en todo caso pudiera darse lugar a posterior recurso de revisión por tal motivo o fuera necesario para evitar la vulneración de un derecho fundamental, la Sala, oída la parte contraria dentro del plazo de tres días, dispondrá en los dos días siguientes lo que proceda, mediante auto contra el que no cabrá recurso de reposición, con devolución en su caso a la parte proponente de dichos documentos, de no acordarse su toma en consideración. De admitirse el documento, se dará traslado a la parte proponente para que, en el plazo de cinco días, complemente su recurso o su impugnación y por otros cinco días a la parte contraria a los fines correlativos.

    Ver el artículo 233 completo

  • Artículo 218Ley Reguladora de la Jurisdicción SocialContra la sentencia de suplicación cabe casación para la unificación de doctrina.
    Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 11 de diciembre de 2011

    Artículo 218. Sentencias recurribles.

    Son recurribles en casación para la unificación de doctrina, las sentencias dictadas en suplicación por las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia.

    Ver el artículo 218

  • Artículo 2 d)Ley de Asistencia Jurídica GratuitaLas personas trabajadoras y beneficiarias de la Seguridad Social tienen justicia gratuita en lo social, lo que las exime de depósitos, consignaciones y costas.
    Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 3 de octubre de 2025

    En los términos y con el alcance previstos en esta ley y en los tratados y convenios internacionales sobre la materia en los que España sea parte, tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita:

    d) En el orden jurisdiccional social, además, los trabajadores y beneficiarios del sistema de Seguridad Social, tanto para la defensa en juicio como para el ejercicio de acciones para la efectividad de los derechos laborales en los procedimientos concursales.

    Asimismo, el derecho a la asistencia jurídica gratuita se reconoce a los trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social para los litigios que sobre esta materia se sustancien ante el orden contencioso-administrativo.

Textos legales basados en datos de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Se trata de un texto consolidado de carácter meramente informativo, sin valor oficial. Para el texto auténtico hay que acudir al BOE.

Lo que han dicho los tribunales sobre cada una de las cuestiones de este artículo.

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