A quién puede despedir la empresa en un despido objetivo o colectivo: prioridad y límites
La empresa elige a quién despide en un despido objetivo o colectivo, pero el juzgado puede anular la elección si es discriminatoria, fraudulenta o abusiva. Los representantes legales y los delegados sindicales y de prevención tienen prioridad para quedarse. Con las embarazadas, quienes disfrutan permisos o reducciones de jornada y las víctimas de violencia de género o sexual, la empresa tiene que probar por qué la causa obliga a despedir precisamente a esa persona; si no, el despido es nulo.
En un despido objetivo o colectivo la empresa elige a quién despide, pero no con libertad absoluta: el juzgado anula la elección si es discriminatoria, fraudulenta o abusiva.
La ley da prioridad para quedarse a la representación de la plantilla (comité, delegados/as de personal, delegados/as sindicales y de prevención).
Y con las embarazadas, quienes disfrutan permisos, reducciones o adaptaciones de jornada y las víctimas de violencia de género o sexual, la empresa tiene que probar que la causa obliga a despedir precisamente a esa persona; si no, el despido es nulo.
Quién elige y qué controla el juzgado
Ni en el despido objetivo individual ni en el colectivo fija la ley una lista de criterios para elegir.
La selección corresponde en principio a la empresa, y el juzgado solo la revisa si hay fraude de ley, abuso de derecho o discriminación (Supremo, noviembre de 2015).
Eso no quiere decir que valga cualquier elección. Además de no discriminar, la causa tiene que alcanzar al puesto de la persona despedida.
Un Tribunal Superior declaró improcedente el despido por causas económicas de un trabajador de la sección de lubricantes de una empresa química: la empresa tenía pérdidas tras perder un proveedor extranjero de materia prima, pero esa sección daba beneficios y no explicó por qué la crisis exigía su salida (Superior de La Rioja, septiembre de 2019).
La relación entre la causa y el puesto concreto se explica en la guía del despido objetivo.
Ejemplos de elección que el juzgado no admite: despedir solo a personas afiliadas a un sindicato, a quien acaba de pedir una reducción de jornada o a quien ha reclamado sus derechos (represalia).
En esos casos el despido es nulo (artículo 53.4 del Estatuto de los Trabajadores).
La prioridad de la representación de la plantilla
Quién la tiene
- Miembros del comité de empresa y delegados/as de personal (artículos 52 c), 51.5 y 68 b) del Estatuto).
- Delegados/as sindicales que no forman parte del comité: tienen sus mismas garantías (artículo 10.3 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical).
- Delegados/as de prevención: se les aplican las garantías del artículo 68 del Estatuto (artículo 37.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales).
En qué despidos
En todos los despidos objetivos por causas empresariales y en el despido colectivo, sea la causa económica, técnica, organizativa o productiva.
El artículo 68 b) solo nombra las causas «tecnológicas o económicas», pero el Supremo la aplica a todas; en ese caso declaró improcedente el despido del representante (Supremo, noviembre de 2024).
La prioridad también juega en suspensiones de contratos y traslados.
Hasta dónde llega
No es un blindaje. La empresa tiene que despedir antes a quien no es representante, pero solo entre puestos equivalentes que la persona representante pueda desempeñar:
- Si su puesto desaparece y no hay otro equivalente, puede ser despedida. Un delegado de personal cuyas tareas de contabilidad se externalizaron fue despedido de forma válida aunque en su departamento siguieran otras personas con funciones distintas (Superior de Galicia, septiembre de 2022).
- No se compara con toda la plantilla: sin funciones intercambiables, la prioridad no opera (Superior de Madrid, junio de 2017).
- No impide cualquier reorganización: pasar a representantes a otra empresa del grupo dentro de una reestructuración justificada no la vulneró (Supremo, octubre de 2022).
La prioridad es un derecho de cada representante y se reclama con su propia demanda de despido.
En el despido colectivo: criterios y prioridades pactadas
En un despido colectivo, la empresa tiene que decir qué criterios usará para elegir a las personas afectadas en la comunicación con la que abre el periodo de consultas (artículo 51.2 e).
Esos criterios se negocian con la representación y pueden acabar en el acuerdo. Son habituales la polivalencia, el rendimiento, la antigüedad, la edad o el puesto afectado.
Además de la prioridad legal de la representación, el convenio colectivo o el acuerdo del periodo de consultas pueden dar prioridad a otros colectivos: personas con cargas familiares, mayores de cierta edad o con discapacidad (artículo 51.5).
Si la empresa despide a alguien saltándose una prioridad de la ley, del convenio o del acuerdo, ese despido es nulo y se reclama en la demanda individual, demandando también a quienes tenían la preferencia si se discute (artículo 124.13 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social).
Así ocurrió con un trabajador con prioridad al que la empresa no ofreció un puesto equivalente mientras recolocaba a otros sin explicación (Superior de Galicia, diciembre de 2022).
Si los criterios son objetivos y guardan relación con la causa, el despido individual se mantiene (Superior de Canarias, junio de 2025).
La edad puede ser criterio de selección: elegir a quienes están cerca de la jubilación no es discriminatorio si es razonable y se acompaña de medidas que atenúen el perjuicio, como el convenio especial con la Seguridad Social o complementos hasta la jubilación (Constitucional, abril de 2015).
La renuncia de un representante a su prioridad para entrar voluntariamente en el despido colectivo es posible: la prioridad le protege a él, y puede no ejercerla.
Embarazadas, permisos y reducciones de jornada: la empresa tiene que justificar por qué ellas
Estas personas no tienen prioridad para quedarse, pero sí una protección más fuerte: su despido objetivo es nulo salvo que la empresa demuestre la causa y que esa causa «requiere concretamente» despedir a esa persona (artículo 53.4 del Estatuto, en la redacción vigente desde el 3 de abril de 2025). Están protegidas:
- Embarazadas, desde el inicio del embarazo.
- Quienes están en suspensión por nacimiento, adopción, guarda o acogimiento, riesgo durante el embarazo o la lactancia, permiso parental o enfermedad por embarazo, parto o lactancia, y el preaviso que acaba en esos periodos.
- Quienes han pedido o disfrutan el permiso del artículo 37.3 b) (accidente, enfermedad grave u hospitalización de familiares), el de lactancia, la reducción de jornada por cuidado, la adaptación de jornada del artículo 34.8 o la excedencia por cuidado de hijos o familiares.
- Víctimas de violencia de género o sexual que ejercen sus derechos.
- Quienes se han reincorporado tras el nacimiento, la adopción o el acogimiento, durante 12 meses.
Es una nulidad objetiva: no hace falta probar que te despidieron por el embarazo o por la reducción, ni siquiera que la empresa lo supiera.
Es la empresa la que tiene que probar que tu puesto, y no otro, es el que la causa obliga a suprimir: por ejemplo, porque solo tú hacías una tarea que desaparece, o por idiomas, polivalencia o la situación de los clientes.
- Una trabajadora embarazada fue despedida cuando había otra persona con contrato temporal que podía asumir su puesto: nulo (Superior de Illes Balears, julio de 2022).
- A una trabajadora con reducción de jornada la despidieron sin que la empresa probara que su elección no tenía que ver con la reducción: nulo (Superior de Andalucía, septiembre de 2015).
- En cambio, si la empresa prueba la causa y que la elección no guarda relación con la situación protegida, el despido se mantiene: así ocurrió en un despido dentro de un proceso general de extinciones por causas económicas (Superior de Madrid, junio de 2014) y con la pérdida del cliente para el que trabajaba una trabajadora embarazada (Superior de Extremadura, marzo de 2026).
Cuando no se prueba la causa pero sí que la elección no tiene que ver con el embarazo o el permiso, el despido es improcedente, no nulo.
La lista completa de despidos nulos y sus efectos (readmisión, salarios, daño moral) está en la guía del despido nulo; el despido por pedir una reducción o adaptación de jornada tiene su guía propia.
Discapacidad y enfermedad
La ley no da preferencia a las personas con discapacidad, salvo que la pacte el convenio o el acuerdo del despido colectivo.
Pero elegir a alguien por su discapacidad, su enfermedad o su estado de salud es discriminación y hace nulo el despido (artículos 2.1 y 26 de la Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación).
Aquí la protección funciona con indicios: la persona trabajadora aporta hechos que hagan pensar en esa relación (la enfermedad conocida, la coincidencia en el tiempo, que solo se eligió a quien estaba de baja), y la empresa tiene que probar una razón objetiva y ajena.
- Una trabajadora despedida por su enfermedad, sin que la empresa diera otra justificación, obtuvo la nulidad, la readmisión y 7.500 euros de daño moral (Superior de Asturias, julio de 2025).
- Un trabajador con discapacidad no aportó ningún indicio que relacionara su elección con ella, y el despido se mantuvo (Superior de Cantabria, abril de 2025).
Si la empresa, al despedir, deja de cumplir la reserva de puestos para personas con discapacidad, puede tener consecuencias administrativas; que afecte a la validez del despido es discutible y no hay doctrina clara.
Si crees que te han elegido mal
- Pide por escrito los criterios que ha usado la empresa (en el colectivo, la representación los tiene) y anota quién sigue en puestos parecidos al tuyo.
- Reúne pruebas de tu situación: comunicaciones del embarazo, solicitudes de permiso o reducción, credencial de representante, partes médicos.
- Demanda en 20 días hábiles desde el despido, pidiendo la nulidad y, si no prospera, la improcedencia. La papeleta de conciliación suspende ese plazo.
La guía del despido objetivo explica la causa y los requisitos de forma; la del despido colectivo, el procedimiento y los umbrales.
Preguntas frecuentes
¿Me pueden despedir a mí y no a un compañero que hace lo mismo?
Sí: la elección corresponde a la empresa. Pero el juzgado la anula si es discriminatoria o abusiva, y si estás en una situación protegida (embarazo, permisos, reducción o adaptación de jornada) la empresa tiene que probar por qué tú.
Soy delegado/a de personal, ¿no me pueden despedir por causas objetivas?
Sí pueden, pero solo si no queda ningún puesto equivalente que puedas ocupar: tienes prioridad frente a quienes hacen funciones intercambiables con las tuyas, no frente a toda la plantilla.
¿Las personas con hijos o mayores tienen prioridad en un despido colectivo (ERE)?
Solo si lo dice el convenio o el acuerdo del periodo de consultas. La ley solo da prioridad a la representación, aunque permite pactarla para otros colectivos.
Estoy embarazada y me han despedido por causas objetivas, ¿es nulo?
Lo es salvo que la empresa pruebe la causa y que esa causa exige despedirte precisamente a ti. No hace falta que pruebes que te despidieron por el embarazo, ni siquiera que la empresa lo supiera.
¿Puede la empresa elegir a los mayores porque están cerca de jubilarse?
En un despido colectivo puede usar la edad como criterio si es objetivo y razonable y se acompaña de medidas que reduzcan el perjuicio, como un convenio especial o complementos hasta la jubilación.
Cuestiones Laborales es una web informativa: lo que explica es general y cada caso tiene sus matices. Para el tuyo, consulta siempre con un abogado o abogada laboralista o con un graduado o graduada social.
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Normas y preceptos aplicables. Despliega cada uno para leer su texto.
Artículo 52 c)Estatuto de los TrabajadoresPrioridad de permanencia de la representación en el despido objetivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.
Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 17 de julio de 2020El contrato podrá extinguirse:
c) Cuando concurra alguna de las causas previstas en el artículo 51.1 y la extinción afecte a un número inferior al establecido en el mismo.
Los representantes de los trabajadores tendrán prioridad de permanencia en la empresa en el supuesto al que se refiere este apartado.
Artículos 51.2 y 51.5Estatuto de los TrabajadoresPrioridad de la representación en el despido colectivo y posibilidad de pactar en convenio o acuerdo prioridades para otros colectivos (cargas familiares, mayores de cierta edad, discapacidad). La comunicación de apertura del periodo de consultas debe incluir los criterios para designar a las personas afectadas (letra e).Cambio reciente: El artículo 51 cambió en su apartado 2 por la Ley 3/2023 (desde 2-03-2023); el 5 no. Modificado por la Ley 3/2023, desde 2-03-2023.
Texto de los apartados citadosTexto consolidado vigente desde el 2 de marzo de 20232. El despido colectivo deberá ir precedido de un periodo de consultas con los representantes legales de los trabajadores de una duración no superior a treinta días naturales, o de quince en el caso de empresas de menos de cincuenta trabajadores. La consulta con los representantes legales de los trabajadores deberá versar, como mínimo, sobre las posibilidades de evitar o reducir los despidos colectivos y de atenuar sus consecuencias mediante el recurso a medidas sociales de acompañamiento, tales como medidas de recolocación o acciones de formación o reciclaje profesional para la mejora de la empleabilidad. La consulta se llevará a cabo en una única comisión negociadora, si bien, de existir varios centros de trabajo, quedará circunscrita a los centros afectados por el procedimiento. La comisión negociadora estará integrada por un máximo de trece miembros en representación de cada una de las partes.
La intervención como interlocutores ante la dirección de la empresa en el procedimiento de consultas corresponderá a los sujetos indicados en el artículo 41.4, en el orden y condiciones señalados en el mismo.
La comisión representativa de los trabajadores deberá quedar constituida con carácter previo a la comunicación empresarial de apertura del periodo de consultas. A estos efectos, la dirección de la empresa deberá comunicar de manera fehaciente a los trabajadores o a sus representantes su intención de iniciar el procedimiento de despido colectivo. El plazo máximo para la constitución de la comisión representativa será de siete días desde la fecha de la referida comunicación, salvo que alguno de los centros de trabajo que vaya a estar afectado por el procedimiento no cuente con representantes legales de los trabajadores, en cuyo caso el plazo será de quince días.
Transcurrido el plazo máximo para la constitución de la comisión representativa, la dirección de la empresa podrá comunicar formalmente a los representantes de los trabajadores y a la autoridad laboral el inicio del periodo de consultas. La falta de constitución de la comisión representativa no impedirá el inicio y transcurso del periodo de consultas, y su constitución con posterioridad al inicio del mismo no comportará, en ningún caso, la ampliación de su duración.
La comunicación de la apertura del periodo de consultas se realizará mediante escrito dirigido por el empresario a los representantes legales de los trabajadores, una copia del cual se hará llegar a la autoridad laboral. En dicho escrito se consignarán los siguientes extremos:
a) La especificación de las causas del despido colectivo conforme a lo establecido en el apartado 1.
b) Número y clasificación profesional de los trabajadores afectados por el despido.
c) Número y clasificación profesional de los trabajadores empleados habitualmente en el último año.
d) Periodo previsto para la realización de los despidos.
e) Criterios tenidos en cuenta para la designación de los trabajadores afectados por los despidos.
f) Copia de la comunicación dirigida a los trabajadores o a sus representantes por la dirección de la empresa de su intención de iniciar el procedimiento de despido colectivo.
g) Representantes de los trabajadores que integrarán la comisión negociadora o, en su caso, indicación de la falta de constitución de esta en los plazos legales.
La comunicación a los representantes legales de los trabajadores y a la autoridad laboral deberá ir acompañada de una memoria explicativa de las causas del despido colectivo y de los restantes aspectos señalados en el párrafo anterior, así como de la documentación contable y fiscal y los informes técnicos, todo ello en los términos que reglamentariamente se establezcan.
Recibida la comunicación, la autoridad laboral dará traslado de la misma a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo y recabará, con carácter preceptivo, informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que deberá ser evacuado en el improrrogable plazo de quince días desde la notificación a la autoridad laboral de la finalización del periodo de consultas y quedará incorporado al procedimiento.
El informe de la inspección, además de comprobar los extremos de la comunicación y el desarrollo del periodo de consultas, se pronunciará sobre la concurrencia de las causas especificadas por la empresa en la comunicación inicial, y constatará que la documentación presentada por esta se ajusta a la exigida en función de la causa concreta alegada para despedir.
Durante el periodo de consultas, las partes deberán negociar de buena fe, con vistas a la consecución de un acuerdo.
Dicho acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría de los representantes legales de los trabajadores o, en su caso, de la mayoría de los miembros de la comisión representativa de los trabajadores siempre que, en ambos casos, representen a la mayoría de los trabajadores del centro o centros de trabajo afectados.
El empresario y la representación de los trabajadores podrán acordar en cualquier momento la sustitución del periodo de consultas por el procedimiento de mediación o arbitraje que sea de aplicación en el ámbito de la empresa, que deberá desarrollarse dentro del plazo máximo señalado para dicho periodo.
La autoridad laboral velará por la efectividad del periodo de consultas pudiendo remitir, en su caso, advertencias y recomendaciones a las partes que no supondrán, en ningún caso, la paralización ni la suspensión del procedimiento. Igualmente y sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, la autoridad laboral podrá realizar durante el periodo de consultas, a petición conjunta de las partes, las actuaciones de mediación que resulten convenientes con el fin de buscar soluciones a los problemas planteados por el despido colectivo. Con la misma finalidad también podrá realizar funciones de asistencia a petición de cualquiera de las partes o por propia iniciativa.
Transcurrido el periodo de consultas el empresario comunicará a la autoridad laboral el resultado del mismo. Si se hubiera alcanzado acuerdo, trasladará copia íntegra del mismo. En caso contrario, remitirá a los representantes de los trabajadores y a la autoridad laboral la decisión final de despido colectivo que haya adoptado y las condiciones del mismo.
Si en el plazo de quince días desde la fecha de la última reunión celebrada en el periodo de consultas, el empresario no hubiera comunicado a los representantes de los trabajadores y a la autoridad laboral su decisión sobre el despido colectivo, se producirá la caducidad del procedimiento de despido colectivo en los términos que reglamentariamente se establezcan.
5. Los representantes legales de los trabajadores tendrán prioridad de permanencia en la empresa en los supuestos a que se refiere este artículo. Mediante convenio colectivo o acuerdo alcanzado durante el periodo de consultas se podrán establecer prioridades de permanencia a favor de otros colectivos, tales como trabajadores con cargas familiares, mayores de determinada edad o personas con discapacidad.
Artículo 53.4Estatuto de los TrabajadoresNulidad del despido objetivo discriminatorio y del de embarazadas, personas con permisos, reducciones, adaptaciones o excedencia por cuidado y víctimas de violencia, salvo que la empresa pruebe que la causa exige despedir a esa persona.Cambio reciente: Letra b) del apartado 4 modificada por la Ley Orgánica 1/2025, desde 3-04-2025 (repone los permisos del 37.3 b) y la adaptación del 34.8).
Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 3 de abril de 20254. Cuando la decisión extintiva del empresario tuviera como móvil algunas de las causas de discriminación prohibidas en la Constitución o en la ley o bien se hubiera producido con violación de derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador, la decisión extintiva será nula, debiendo la autoridad judicial hacer tal declaración de oficio.
Será también nula la decisión extintiva en los siguientes supuestos:
a) El de las personas trabajadoras durante los periodos de suspensión del contrato de trabajo por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, a que se refiere el artículo 45.1.d) y e), disfrute del permiso parental a que se refiere el artículo 48 bis, o por enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia natural, o cuando se notifique la decisión en una fecha tal que el plazo de preaviso concedido finalice dentro de dichos periodos.
b) El de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo hasta el comienzo del periodo de suspensión a que se refiere la letra a); el de las personas trabajadoras que hayan solicitado uno de los permisos a los que se refieren los apartados 3.b), 4, 5 y 6 del artículo 37, o estén disfrutando de ellos, o hayan solicitado o estén disfrutando de las adaptaciones de jornada previstas en el artículo 34.8 o la excedencia prevista en el artículo 46.3; y el de las personas trabajadoras víctimas de violencia de género o de violencia sexual, por el ejercicio de su derecho a la tutela judicial efectiva o de los derechos reconocidos en esta ley para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral.
c) El de las personas trabajadoras después de haberse reintegrado al trabajo al finalizar los periodos de suspensión del contrato por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, a que se refiere el artículo 45.1.d), siempre que no hubieran transcurrido más de doce meses desde la fecha del nacimiento, la adopción, la guarda con fines de adopción o el acogimiento.
Lo establecido en las letras anteriores será de aplicación, salvo que, en esos casos, se declare la procedencia de la decisión extintiva por motivos no relacionados con el embarazo o con el ejercicio del derecho a los permisos y excedencia señalados. Para considerarse procedente deberá acreditarse suficientemente que la causa objetiva que sustenta el despido requiere concretamente la extinción del contrato de la persona referida.
En el resto de los supuestos, la decisión extintiva se considerará procedente cuando se acredite la concurrencia de la causa en que se fundamentó la decisión extintiva y se hubiesen cumplido los requisitos establecidos en el apartado 1. En otro caso se considerará improcedente.
No obstante, la no concesión del preaviso o el error excusable en el cálculo de la indemnización no determinará la improcedencia del despido, sin perjuicio de la obligación del empresario de abonar los salarios correspondientes a dicho periodo o al pago de la indemnización en la cuantía correcta, con independencia de los demás efectos que procedan.
Artículo 68 b)Estatuto de los TrabajadoresPrioridad de permanencia de comité y delegados de personal en la empresa o centro de trabajo.
Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 13 de noviembre de 2015Los miembros del comité de empresa y los delegados de personal, como representantes legales de los trabajadores, tendrán, a salvo de lo que se disponga en los convenios colectivos, las siguientes garantías:
b) Prioridad de permanencia en la empresa o centro de trabajo respecto de los demás trabajadores, en los supuestos de suspensión o extinción por causas tecnológicas o económicas.
Artículo 10.3Ley Orgánica de Libertad SindicalLos delegados sindicales que no forman parte del comité tienen las mismas garantías que sus miembros, también la prioridad de permanencia.
Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 9 de agosto de 19853. Los delegados sindicales, en el supuesto de que no formen parte del comité de empresa, tendrán las mismas garantías que las establecidas legalmente para los miembros de los comités de empresa o de los órganos de representación que se establezcan en las Administraciones públicas, así como los siguientes derechos a salvo de lo que se pudiera establecer por convenio colectivo:
1.º Tener acceso a la misma información y documentación que la empresa ponga a disposición del comité de empresa, estando obligados los delegados sindicales a guardar sigilo profesional en aquellas materias en las que legalmente proceda.
2.º Asistir a las reuniones de los comités de empresa y de los órganos internos de la empresa en materia de seguridad e higiene o de los órganos de representación que se establezcan en las Administraciones públicas, con voz pero sin voto.
3.º Ser oídos por la empresa previamente a la adopción de medidas de carácter colectivo que afecten a los trabajadores en general y a los afiliados a su sindicato en particular, y especialmente en los despidos y sanciones de estos últimos.
Artículo 37.1Ley de Prevención de Riesgos LaboralesAplica a los Delegados/as de prevención las garantías del artículo 68 del Estatuto.
Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 10 de febrero de 19961. Lo previsto en el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores en materia de garantías será de aplicación a los Delegados de Prevención en su condición de representantes de los trabajadores.
El tiempo utilizado por los Delegados de Prevención para el desempeño de las funciones previstas en esta Ley será considerado como de ejercicio de funciones de representación a efectos de la utilización del crédito de horas mensuales retribuidas previsto en la letra e) del citado artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores.
No obstante lo anterior, será considerado en todo caso como tiempo de trabajo efectivo, sin imputación al citado crédito horario, el correspondiente a las reuniones del Comité de Seguridad y Salud y a cualesquiera otras convocadas por el empresario en materia de prevención de riesgos, así como el destinado a las visitas previstas en las letras a) y c) del número 2 del artículo anterior.
Artículo 124.13Ley Reguladora de la Jurisdicción SocialEn el despido colectivo, la extinción que no respeta las prioridades de la ley, el convenio o el acuerdo es nula; se reclama en el proceso individual, demandando también a quienes tienen la preferencia.
Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 2 de marzo de 201413. El trabajador individualmente afectado por el despido podrá impugnar el mismo a través del procedimiento previsto en los artículos 120 a 123 de esta ley, con las especialidades que a continuación se señalan.
a) Cuando el despido colectivo no haya sido impugnado a través del procedimiento regulado en los apartados anteriores, serán de aplicación al proceso individual de despido las siguientes reglas específicas:
1.ª El plazo para la impugnación individual dará comienzo una vez transcurrido el plazo de caducidad de veinte días para el ejercicio de la acción por los representantes de los trabajadores.
2.ª Cuando el objeto del debate verse sobre preferencias atribuidas a determinados trabajadores, éstos también deberán ser demandados.
3.ª El despido será nulo, además de por los motivos recogidos en el artículo 122.2 de esta ley, únicamente cuando el empresario no haya realizado el periodo de consultas o entregado la documentación prevista en el artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores o no haya respetado el procedimiento establecido en el artículo 51.7 del mismo texto legal, o cuando no se hubiese obtenido la autorización judicial del juez del concurso, en los supuestos en que esté legalmente prevista.
4.ª También será nula la extinción del contrato acordada por el empresario sin respetar las prioridades de permanencia que pudieran estar establecidas en las leyes, los convenios colectivos o en el acuerdo alcanzado durante el periodo de consultas. Esta nulidad no afectará a las extinciones que dentro del mismo despido colectivo hayan respetado las prioridades de permanencia.
b) Cuando el despido colectivo haya sido impugnado a través del procedimiento regulado en los apartados anteriores de este artículo, serán de aplicación las siguientes reglas:
1.ª El plazo de caducidad para la impugnación individual comenzará a computar desde la firmeza de la sentencia dictada en el proceso colectivo, o, en su caso, desde la conciliación judicial.
2.ª La sentencia firme o el acuerdo de conciliación judicial tendrán eficacia de cosa juzgada sobre los procesos individuales, por lo que el objeto de dichos procesos quedará limitado a aquellas cuestiones de carácter individual que no hayan sido objeto de la demanda formulada a través del proceso regulado en los apartados anteriores.
3.ª Será nula la extinción del contrato acordada por el empresario sin respetar las prioridades de permanencia que pudieran estar establecidas en las leyes, los convenios colectivos o en el acuerdo alcanzado durante el periodo de consultas. Esta nulidad no afectará a las extinciones que dentro del mismo despido colectivo hayan respetado las prioridades de permanencia.
Artículo 122.2Ley Reguladora de la Jurisdicción SocialNulidad del despido objetivo en los supuestos del 53.4 del Estatuto.Cambio reciente: Apartado 2 modificado por el Real Decreto-ley 5/2023, desde 30-06-2023.
Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 30 de junio de 20232. La decisión extintiva será nula en los supuestos señalados en el artículo 53.4 del Estatuto de los Trabajadores, así como cuando se haya efectuado en fraude de ley, eludiendo las normas establecidas para los despidos colectivos, en los casos a que se refiere el último párrafo del artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores.
Artículo 26Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación (Ley 15/2022)Nulidad de los actos discriminatorios por los motivos del artículo 2.1, entre ellos discapacidad, enfermedad o condición de salud.
Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 14 de julio de 2022Artículo 26. Nulidad de pleno derecho.
Son nulos de pleno derecho las disposiciones, actos o cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de alguno de los motivos previstos en el apartado primero del artículo 2 de esta ley.
Textos legales basados en datos de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Se trata de un texto consolidado de carácter meramente informativo, sin valor oficial. Para el texto auténtico hay que acudir al BOE.
Lo que han dicho los tribunales sobre cada una de las cuestiones de este artículo.
¿Puede la empresa elegir libremente a quién despide? ¿Cuándo puede el juzgado revisar la elección?
- 24 nov 2015Tribunal SupremoLa selección de las personas afectadas por un despido por causas empresariales corresponde en principio a la empresa, y solo es revisable si hay fraude de ley, abuso de derecho o móviles discriminatorios. Confirma el despido objetivo.Es el punto de partida: la empresa elige, pero con límites que el juzgado controla.Doctrina de referencia · ganó la empresa
- 26 sep 2019TSJ La RiojaLa empresa tenía pérdidas tras perder un proveedor extranjero de materia prima, pero el trabajador despedido por causas económicas era de la sección de lubricantes, que daba beneficios, y no se explicó por qué la crisis exigía su salida: improcedente. Desestima el recurso de la empresa.Aunque la empresa vaya mal, la causa tiene que alcanzar al puesto de la persona despedida.Un caso real · ganó la persona trabajadora
¿Qué prioridad tienen los representantes de la plantilla, los delegados sindicales y los de prevención?
- 13 nov 2024Tribunal SupremoLa prioridad de permanencia de la representación se aplica a todas las causas del despido colectivo y objetivo, también a las organizativas y productivas, aunque el 68 b) solo nombre las tecnológicas y económicas. Declara improcedente el despido de un representante.Cierra la discusión sobre qué causas activan la prioridad.Doctrina de referencia · ganó la persona trabajadora · comentada en la newsletter
- 4 oct 2022Tribunal SupremoLa prioridad opera en la movilidad geográfica, el despido colectivo y objetivo y las suspensiones por causas empresariales; pasar a representantes a otra empresa del grupo dentro de una reestructuración justificada no la vulnera ni lesiona la libertad sindical.Marca el límite: la prioridad no impide cualquier cambio organizativo.Doctrina de referencia · ganó la empresa · comentada en la newsletter
- 21 sep 2022TSJ GaliciaAvala el despido objetivo de un delegado de personal cuyas tareas, casi en exclusiva de contabilidad, se externalizaron con un coste probado, aunque en su departamento quedaran otras personas con funciones distintas; no aprecia represalia.La prioridad no protege si el puesto desaparece y no hay otro equivalente que pueda ocupar.Un caso real · ganó la empresa
- 23 jun 2017TSJ MadridEn una suspensión de contratos, la prioridad de permanencia del 68 b) no se aplica si las representantes no tenían funciones equivalentes ni la misma categoría que quienes siguieron trabajando: exige un puesto intercambiable.La prioridad se mide frente a puestos equivalentes, no frente a toda la plantilla.Un caso real · ganó la empresa
En un despido colectivo, ¿cómo se eligen las personas afectadas y qué pasa si no se respetan los criterios o las prioridades pactadas?
- 15 dic 2022TSJ GaliciaEn un despido colectivo de 68 personas, confirma la nulidad del despido de un trabajador con prioridad de permanencia: la empresa recolocó a otros sin explicar por qué no le ofreció a él un puesto equivalente para el que era idóneo.Saltarse la prioridad en un despido colectivo lleva a la nulidad y a la readmisión.Un caso real · ganó la persona trabajadora
- 5 jun 2025TSJ CanariasEn un despido colectivo, los criterios de selección deben ser razonables y guardar conexión con la causa; como la empresa justificó esa conexión, estima su recurso y desestima la demanda del trabajador.Si los criterios son objetivos y responden a la causa, el despido individual se mantiene.Un caso real · ganó la empresa
- 13 abr 2015Tribunal ConstitucionalElegir a las personas afectadas por un despido colectivo por su proximidad a la jubilación no es discriminación por edad si es un criterio objetivo y razonable y se acompaña de medidas que atenúen el perjuicio. Deniega el amparo.La edad puede ser criterio de selección, pero no de cualquier manera.Derechos fundamentales y derecho europeo · ganó la empresa
¿Qué protección tienen las embarazadas y quienes disfrutan permisos, reducciones o adaptaciones de jornada?
- 15 jul 2022TSJ Illes BalearsDespido objetivo de una trabajadora embarazada: nulo, porque la causa no justificaba despedirla precisamente a ella cuando había otra persona con contrato temporal que podía asumir su puesto. Readmisión y salarios.Aplica la regla del 53.4: con una persona protegida, la empresa tiene que explicar por qué ella.Un caso real · ganó la persona trabajadora
- 16 sep 2015TSJ AndalucíaDespido objetivo de una trabajadora con reducción de jornada: nulo, porque la empresa no probó que la decisión de despedirla fuese ajena a la reducción.Sustituye a la sentencia de Navarra que citaba el artículo: misma regla, mismo resultado.Un caso real · ganó la persona trabajadora
- 20 jun 2014TSJ MadridHaber pedido una reducción de jornada por guarda legal no impide el despido objetivo cuando se enmarca en un proceso general de extinciones por causas económicas, sin relación con la reducción; desestima el recurso de la trabajadora.El otro lado: si la empresa prueba la causa y por qué esa persona, el despido se mantiene.Un caso real · ganó la empresa
- 5 mar 2026TSJ ExtremaduraLa empresa acreditó una causa objetiva para extinguir el contrato de una trabajadora embarazada (el fin del acuerdo de colaboración con el cliente para el que trabajaba), sin conexión con el embarazo; no hay nulidad. Desestima el recurso de la trabajadora.Muestra cómo se salva la empresa: causa real y ligada al puesto concreto.Un caso real · ganó la empresa
¿Tienen preferencia las personas con discapacidad o con una enfermedad? ¿Cuándo es discriminatorio elegirlas?
- 15 jul 2025TSJ Principado de AsturiasDespido basado en la enfermedad de la trabajadora: nulo por discriminación según la Ley 15/2022, sin necesidad de equipararla a discapacidad, porque la empresa no dio una justificación objetiva que excluyera ese motivo. Readmisión, salarios y 7.500 euros de daño moral.Elegir a alguien por su salud es discriminación, y la empresa tiene que probar otra razón.Un caso real · ganó la persona trabajadora
- 11 abr 2025TSJ CantabriaNo hay nulidad por discriminación por discapacidad si no se aporta un indicio razonable de que la selección del trabajador obedeció a su discapacidad; sin indicio no se invierte la carga de la prueba. Desestima el recurso del trabajador.Tener una discapacidad no basta: hacen falta indicios que la relacionen con la elección.Un caso real · ganó la empresa