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Grados de discapacidad: concesión, beneficios y revisión
El grado de discapacidad lo reconoce tu comunidad autónoma con el baremo del Real Decreto 888/2022, en vigor desde el 20 de abril de 2023, y se expresa en porcentaje. Desde el 33 % se tiene la condición legal de persona con discapacidad, y el 45 % y el 65 % abren derechos mayores, como la jubilación anticipada o la pensión no contributiva. Si no estás de acuerdo, se reclama y se demanda ante el juzgado de lo social, y el grado puede revisarse, por regla general, pasados dos años.
El grado de discapacidad es un porcentaje que mide cuánto limitan tus dolencias tu vida diaria.
Lo reconoce tu comunidad autónoma, no el INSS, con el baremo del Real Decreto 888/2022, que se aplica desde el 20 de abril de 2023.
Con un 33 % tienes la condición legal de persona con discapacidad, y el 45 % y el 65 % abren derechos mayores: jubilarte antes, una pensión no contributiva si no tienes ingresos o más rebaja en el impuesto sobre la renta.
Si no estás de acuerdo con el porcentaje, se reclama y se demanda ante el juzgado de lo social, y el grado puede revisarse, por regla general, pasados dos años.
Qué es el grado de discapacidad y quién lo reconoce
El grado de discapacidad valora las deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales de una persona y cómo limitan sus actividades y su participación en la vida diaria, teniendo en cuenta también su entorno. Se expresa en porcentaje.
Lo reconoce y lo revisa la comunidad autónoma donde estás empadronado/a y vives (en Ceuta y Melilla, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales), según el artículo 5 del Real Decreto 888/2022.
La valoración la hace un equipo con profesionales sanitarios y sociales, que te examina y emite un dictamen.
Esa valoración es independiente de la que hagan otros organismos: que el INSS te haya reconocido una incapacidad permanente no fija tu porcentaje de discapacidad.
No hay que haber cotizado ni estar trabajando: el grado puede reconocerse a cualquier persona, desde el nacimiento.
Cómo se calcula: el baremo de 2022
El Real Decreto 888/2022 sustituyó al baremo de 1999. Ya no se valora casi solo la deficiencia médica: se combinan cuatro baremos (deficiencia global, limitaciones en la actividad, restricciones en la participación y factores contextuales o barreras del entorno).
Los factores del entorno pueden sumar hasta 24 puntos, pero sin hacer cambiar de clase (artículo 4).
El resultado te sitúa en una de estas clases:
| Clase | Discapacidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 0 | Nula | 0 % a 4 % |
| 1 | Leve | 5 % a 24 % |
| 2 | Moderada | 25 % a 49 % |
| 3 | Grave | 50 % a 95 % |
| 4 | Total | 96 % a 100 % |
Lo que cuenta son las limitaciones que se pueden comprobar, no el número de diagnósticos.
Por eso suele perderse el pleito en que se pide un porcentaje sumando lo que «vale» cada enfermedad, sin demostrar cómo encaja en los criterios del baremo (Superior de Asturias, noviembre de 2025).
Con el baremo anterior, el Supremo también aplicaba sus reglas al pie de la letra: los factores sociales solo se sumaban si la valoración médica llegaba al 25 % (Supremo, julio de 2023).
Y al revés: cuando cada dolencia se valora en el capítulo que le corresponde y se combinan bien los valores, se puede superar el umbral que se había negado, como le ocurrió a una mujer a la que el Tribunal Superior de Cataluña reconoció un 36 % (Superior de Cataluña, junio de 2026).
Si pediste el grado antes de abril de 2023
- Si ya tenías reconocido un 33 % o más con el baremo antiguo, no necesitas un nuevo reconocimiento. El baremo nuevo se te aplicará cuando se revise tu grado.
- Si tu solicitud estaba en trámite y todavía no te habían valorado el 20 de abril de 2023, se aplica el baremo nuevo (Superior de la Comunidad Valenciana, junio de 2026).
Cómo se solicita
- Se presenta la solicitud en el servicio de la comunidad autónoma que lleva la discapacidad, con todos los informes médicos y, si los hay, sociales. Cuanto más concretos sean sobre lo que no puedes hacer, mejor.
- El equipo multiprofesional te examina, en persona o, en casos especiales, a distancia. Puedes ir acompañado/a de una persona de confianza.
- La comunidad tiene seis meses para resolver y notificar. Puede acordar la tramitación urgente por razones de salud, de violencia de género, de esperanza de vida u otras humanitarias, y entonces los plazos se reducen a la mitad.
- La resolución fija el porcentaje, si tienes dificultades de movilidad para usar el transporte público, si necesitas a otra persona para las actividades básicas y la fecha a partir de la cual se puede revisar.
Con ella se emite la tarjeta acreditativa, válida en toda España. También puedes pedir un certificado del tipo de discapacidad, que debe expedirse en quince días.
Desde cuándo vale
El grado se entiende reconocido desde la fecha de la solicitud, no desde que se diagnosticó la enfermedad (Supremo, mayo de 2023).
Si el porcentaje sube solo porque te aplican un baremo nuevo, sin que tus dolencias hayan cambiado, el Supremo reconoce el grado mayor desde el primer reconocimiento (Supremo, mayo de 2023).
Cuando el grado sube porque has empeorado, cuenta desde que pides la revisión, salvo que se pruebe que ese grado ya existía antes y no se reconoció por alguna circunstancia extraordinaria (Supremo, abril de 2023).
Por eso conviene pedir la revisión en cuanto tengas informes que lo documenten.
Qué da cada porcentaje
| Grado | Principales derechos |
|---|---|
| 33 % o más | Condición legal de persona con discapacidad; cuota del 2 % en empresas de 50 o más personas; cupo en las oposiciones; centros especiales de empleo; mínimo por discapacidad de 3.000 euros en el impuesto sobre la renta |
| 45 % o más | Jubilación desde los 56 años, solo con las patologías de la lista oficial y los años de trabajo exigidos |
| 65 % o más | Coeficientes que adelantan la jubilación; pensión no contributiva si no hay ingresos; mínimo de 9.000 euros más 3.000 por gastos de asistencia en el impuesto sobre la renta |
Además, hay ayudas autonómicas y locales para vivienda, vehículos, educación o transporte, que cambian según dónde vivas.
Trabajar con un grado de discapacidad
- Cuota de reserva. Las empresas públicas y privadas con 50 o más personas en plantilla tienen que tener al menos un 2 % de trabajadores/as con discapacidad. Solo pueden quedar exentas por convenio colectivo sectorial o por decisión comunicada a la autoridad laboral, y en ambos casos aplicando medidas alternativas (artículo 42 de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad). La Inspección de Trabajo explica cómo se cuenta la plantilla de 50 y cómo puede la empresa cumplir esta obligación en su criterio técnico 98/2016. Contratar a personas con discapacidad puede dar a la empresa bonificaciones en las cotizaciones.
- Empleo público. Las ofertas de empleo público reservan al menos el 7 % de las plazas a personas con discapacidad, y dentro de él, al menos un 2 % para discapacidad intelectual. Hay que superar el proceso selectivo y acreditar la discapacidad y que es compatible con las tareas, y se tiene derecho a adaptaciones de tiempo y medios en las pruebas (artículo 59 del Estatuto Básico del Empleado Público).
- Centros especiales de empleo. Son empresas cuya plantilla es mayoritariamente de personas con discapacidad, con un contrato y unas reglas propias. Reciben ayudas públicas, y por eso algunas empresas los crean para abaratar costes.
Jubilarse antes
- Con un 65 % o más, la edad de jubilación se rebaja aplicando al tiempo trabajado con ese grado un coeficiente de 0,25, o de 0,50 si además necesitas a otra persona para los actos básicos de la vida diaria (artículo 3 del Real Decreto 1539/2003). Por ejemplo, 20 años trabajados con un 65 % adelantan la edad 5 años.
- Con un 45 % o más, se puede jubilar a los 56 años, pero solo con alguna de las patologías que reducen la esperanza de vida de la lista oficial (entre otras, discapacidad intelectual, parálisis cerebral, síndrome de Down, trastornos del espectro autista, esquizofrenia, trastorno bipolar, esclerosis múltiple, lesión medular o espina bífida). La lista se amplió en julio de 2026 con, entre otras, la enfermedad de Parkinson, la de Huntington, la esclerosis sistémica y la enfermedad renal crónica en estadio G5. Desde la reforma de 2023 hay que haber trabajado, afectado/a por esa patología, al menos el periodo mínimo de cotización de la jubilación, y dentro de él cinco años con un 45 % o más.
- En ningún caso se puede jubilar antes de los 52 años (artículo 206 bis de la Ley General de la Seguridad Social).
Lo que más se discute es probar el grado durante los años trabajados. Tener hoy un 45 % no basta si no se acredita en el periodo exigido (Superior de Galicia, noviembre de 2025).
Pero se admite cualquier prueba de que la discapacidad venía de antes, aunque el certificado se obtuviera tarde (Superior del País Vasco, enero de 2022).
Y si el grado subió solo por un cambio de baremo, el tiempo trabajado cuenta como si siempre hubieras tenido el grado mayor (Supremo, febrero de 2023). Lo explicamos con detalle en la guía de jubilación anticipada por discapacidad.
La pensión no contributiva
Con un 65 % o más de discapacidad o enfermedad crónica, entre 18 y 65 años, con residencia legal en España durante cinco años (dos de ellos inmediatamente antes de pedirla) y sin ingresos suficientes, se puede pedir la pensión de incapacidad no contributiva (artículo 363 de la Ley General de la Seguridad Social).
En 2026 es de 8.803,20 euros al año, que se cobran en 14 pagas de 628,80 euros. Los ingresos se miden con los de las personas con las que convives.
Desde mayo de 2025 se llama «incapacidad no contributiva», no «invalidez». Si empiezas a trabajar y después pierdes el empleo, la recuperas automáticamente.
Impuestos
En el impuesto sobre la renta, el mínimo por discapacidad es de 3.000 euros al año con un 33 % o más y de 9.000 euros con un 65 % o más.
Se suman otros 3.000 euros por gastos de asistencia si tienes un 65 % o más, movilidad reducida o necesitas ayuda de otra persona (artículo 60 de la Ley del impuesto).
Se aplican también por familiares con discapacidad que convivan contigo y den derecho al mínimo por descendientes o ascendientes.
Si tienes una incapacidad permanente, ¿tienes ya el 33 %?
No para todo. La ley considera que quien cobra una pensión de incapacidad permanente total, absoluta o gran incapacidad tiene un 33 % solo en algunos ámbitos, sobre todo el empleo y la igualdad y no discriminación.
El impuesto sobre la renta también lo reconoce. El Supremo ha dicho desde 2018 que esa equiparación no vale «a todos los efectos» (Supremo, noviembre de 2018), y lo ha repetido en 2026 (Supremo, mayo de 2026).
Para las ayudas de la comunidad autónoma, el transporte o la vivienda, hace falta que la comunidad te reconozca tu propio grado.
Lo explicamos en las guías sobre la diferencia entre incapacidad y discapacidad y sobre si la incapacidad da el 33 %.
Si no estás de acuerdo con el porcentaje
Estos pleitos son del juzgado de lo social, no del contencioso, aunque quien resuelve sea la comunidad autónoma (artículo 2 o) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social).
Lo mismo vale para la movilidad reducida o la necesidad de otra persona (Superior de Andalucía, febrero de 2025).
- Reclamación previa ante la comunidad autónoma, en los 30 días siguientes a la notificación (artículo 13 del Real Decreto 888/2022 y artículo 71 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social).
- Si la comunidad no contesta en 45 días, se entiende denegada.
- Demanda ante el juzgado de lo social en los 30 días siguientes a la denegación, expresa o por silencio.
En el juicio se examina si la resolución era correcta cuando se dictó. Si has empeorado después, eso no se discute en ese pleito: hay que pedir la revisión (Superior de Madrid, septiembre de 2021).
La prueba decisiva suele ser un informe médico, o pericial, que explique tus limitaciones con los criterios del baremo.
La revisión del grado
El grado se revisa en la fecha que fija la resolución y siempre que se prevea que tus circunstancias cambian (artículo 12 del Real Decreto 888/2022).
Puedes pedirla tú:
- cuando hayan pasado al menos dos años desde la resolución;
- antes, solo si acreditas con documentos un cambio sustancial de tu situación o un error cuya corrección cambie el grado;
- antes también, si la resolución fijó una fecha de revisión anterior y la Administración no la ha iniciado.
Si se pide antes de tiempo y sin probar un cambio importante, se rechaza (Superior de Galicia, enero de 2024). Y en un pleito de revisión no basta con defender otro porcentaje: hay que acreditar los requisitos para revisar.
Que el grado se valorara mal en su día con el baremo no es una causa de revisión por agravación; así lo dijo el Tribunal Superior de Extremadura al dar la razón a la Administración (Superior de Extremadura, mayo de 2019).
Puede revisarla la Administración de oficio, en la fecha prevista, cuando conozca circunstancias nuevas o si detecta que la información que diste era inexacta.
La revisión puede bajar el grado, pero la Administración tiene que justificar que has mejorado o que hubo un error.
Un cambio en los criterios de valoración no basta: el Tribunal Superior de Andalucía devolvió el 65 % y la pensión no contributiva a un hombre al que se los habían quitado así (Superior de Andalucía, diciembre de 2024).
Y si la limitación sigue existiendo, el grado se mantiene, como le ocurrió a un trabajador con dislexia que conservó su 33 % al terminar los estudios (Superior de Cataluña, junio de 2026).
Si la Administración no revisa en plazo por causas ajenas a ti, mantienes tu grado hasta que haya una nueva resolución. Los errores materiales o de cálculo pueden corregirse en cualquier momento.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda la comunidad autónoma en resolver?
El plazo máximo es de seis meses desde la solicitud. Puede acordarse la tramitación urgente por razones de salud, violencia de género, esperanza de vida u otras humanitarias, y entonces los plazos se reducen a la mitad.
Tenía un 33 % con el baremo antiguo. ¿Tengo que pedirlo otra vez?
No. Quien tenía reconocido un 33 % o más antes del 20 de abril de 2023 no necesita un nuevo reconocimiento. El baremo nuevo se le aplicará cuando se revise su grado, de oficio o a petición suya.
¿Vale mi certificado si me mudo a otra comunidad?
Sí. El grado reconocido tiene validez en toda España, y la tarjeta acreditativa también. La comunidad competente para revisarlo será la de tu nuevo empadronamiento y residencia.
¿Puedo pedir que me revisen el grado antes de dos años?
Solo si acreditas con documentos un cambio sustancial en tu situación o un error que cambie el grado, o si la resolución fija una fecha de revisión anterior y la Administración no la ha iniciado. Si no, la petición se rechaza.
¿El certificado de discapacidad me da una pensión?
No por sí mismo. Con un 65 % o más, entre 18 y 65 años y sin ingresos suficientes puedes pedir la pensión de incapacidad no contributiva. Si has trabajado, la pensión que puede corresponderte es la de incapacidad permanente, que es otro trámite ante el INSS.
Cuestiones Laborales es una web informativa: lo que explica es general y cada caso tiene sus matices. Para el tuyo, consulta siempre con un abogado o abogada laboralista o con un graduado o graduada social.
15 comentarios
Sheyla
ResponderHOLA,EN EL 2018 ME CONCEDIERON LA INCAPACIDAD PERMANENTE ABSOLUTA REVISABLE A UN AÑO CON UN 33% DE DISCAPACIDAD,AL AÑO ME DIERON EL ALTA Y EMPECE EN MI TRABAJO,ME PUEDEN QUITAR MI DISCAPACIDAD DEL 33% POR MEJORIA???
AlejandroAutor
ResponderSí, el grado de discapacidad también puede ser revisable. No por el hecho de que trabajes, ya que son dos cuestiones diferentes.
Blanca Orta
ResponderBuenos días. Primero de todo, agradecer la generosidad y rigurosidad de su información.
En segundo lugar, creo que podría ser interesante el que puedan reflejar en su información semanal todos los beneficios de tramitar discapacidad, son muy interesantes, no solo a nivel laboral si no a nivel social y fiscal.
Un cordial saludo
Yoel
ResponderHola, Soy Yoel! Agradezco mucho tu ayuda.
Ayer 29/09/2023 recibí la resolución de mi reconocimiento de discapacidad y a pesar de tener una Sindactilia de tres dedos pegados en mi mano derecha y sufrí una trombosis hacen unos años en mi miembro inferior derecho, pero quedé con secuelas intermitente de úlceras varicosas, aún llevando mis informes, me dieron 18% y grado 3 de discapacidad.
Puedo interponer un recurso a esa resolución?
Quedo atento a su valiosa respuesta.
Gracias.
AlejandroAutor
ResponderSiempre puedes interponer un recurso si no estás conforme.
Pedro
ResponderHola buenos días me han dado un 49% de discapacidad en Madrid revisable 2027 y el 1 de dependencia y me gustaría reclamarlo porque creo que me deberían de dar más de discapacidad cuál sería el procedimiento correcto?
AlejandroAutor
ResponderFrente a la resolución, reclamación previa y posteriormente demanda. En la resolución te debe indicar los plazos y formas de impugnación.
ANGEL
ResponderTrabajador de CEE hace 15 años con incapacidad permanente absoluta y discapacidad del 73%.Ahora con la nueva sentencia que harán con nosotros,nos despidiran sin derecho a nada ,nos quitaran la pensión mínima que algunos tenemos,no tendremos derecho al paro……?Por que no nos matan como a ratas y nos entierran?Como discrimina este país a los que tenemos IPA y GI…..TODOS TENEMOS DERECHO A TRABAJAR ESTEMOS COMO ESTEMOS.Es una clara discriminación hacia mi colectivo
AlejandroAutor
ResponderNo debería ser motivo de despido, sino que puede ser motivo para que se revise la incapacidad permanente.
ANGEL
ResponderCon una pensión contributiva ni minima de 800 euros mejor me muero.Con eso no se puede vivir.Llevo 15 años demostrando que soy un trabajador bastante aceptable y trabajador que en 15 años no falto nunca en su trabajo
ANGEL
ResponderNecesito saber que clase de despido me harían y que me digan el porqué encima que estoy triturado físicamente me obligan a vivir con 800 euros a mis casi 50 años.No se que voy hacer en el resto de mi vida pero a pesar de que me arrastró literalmente para desplazarme a cualquier lado……NO PIENSO QUEDARME CON LOS BRAZOS CRUZADOS
Juan José
ResponderHola, tengo un 71 por ciento de discapacidad y al aprobarme la incapacidad permanente me dieron un 33 por ciento. Es justo, me queda de pensión casi igual
AlejandroAutor
Responder¿Te refieres a que la comunidad autónoma te redujo el grado de discapacidad? o que estás asimilando la incapacidad permanente con el grado de discapacidad, ya que son dos cosas diferentes.
Juan José Molina Villegas
ResponderLa comunidad autónoma me redujo mi grado de discapacidad del 71 al 33 por darme incapacidad permanente y me retiró mi pensión, osea por la incapacidad permanente me quedan 699 euros y un grado del 33,lo veo injusto, me costó mucho demostrar que ese grado de discapacidad es justo por enfermedad.
AlejandroAutor
ResponderSi no estás conforme con la resolución de la comunidad autónoma, tendrás que impugnarla.
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Modelos de escritos para este caso, listos para descargar en Word y completar.
- DocumentoSolicitud del grado de discapacidad (certificado del 33 %), también si cobras una incapacidad permanentePara pedir a tu comunidad autónoma que valore tu grado de discapacidad y te dé el certificado que exigen muchas ayudas, beneficios fiscales y el cupo de las oposiciones, aunque ya cobres una pensión de incapacidad permanente.El escrito que propone esta guía
- DocumentoReclamación previa contra la resolución de grado de discapacidad ante la comunidad autónomaPara impugnar la resolución de tu comunidad autónoma que te reconoce menos porcentaje de discapacidad del que te corresponde, te niega la movilidad reducida o la ayuda de otra persona, o te baja el grado. Es obligatoria antes de demandar en el juzgado de lo social.El escrito que propone esta guía
- DocumentoSolicitud de revisión del grado de discapacidad por agravamiento: más porcentaje o ayuda de otra personaPara pedir a tu comunidad autónoma que revise al alza tu grado de discapacidad porque has empeorado, y que el nuevo certificado recoja, si lo necesitas, la ayuda de otra persona o desde cuándo existe cada dolencia.El escrito que propone esta guía
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- DocumentoDemanda de pensión no contributiva (incapacidad o jubilación) contra la comunidad autónomaPara pedir al juzgado de lo social que te reconozca la pensión no contributiva de incapacidad o de jubilación, su cuantía correcta o un complemento, o que anule su retirada o la reclamación de lo cobrado, cuando la comunidad autónoma rechaza tu reclamación previa o no la contesta.
- DocumentoReclamación previa de pensión no contributiva (incapacidad o jubilación) ante la comunidad autónomaPara impugnar la resolución de tu comunidad autónoma que te deniega, rebaja o retira la pensión no contributiva de incapacidad o de jubilación, o te reclama devolver lo cobrado. Es el paso obligatorio antes de poder demandar en el juzgado de lo social.
- DocumentoSolicitud de traslado a otro centro de la empresa: víctima de violencia, discapacidad o traslado del cónyugePara ejercer por escrito tu derecho a ocupar una vacante en otro centro de la empresa cuando eres víctima de violencia y tienes que dejar la localidad, necesitas tratamiento por tu discapacidad en otra localidad o han trasladado a tu cónyuge.
- DocumentoAlegaciones o recurso contra la exclusión del cupo de discapacidad en una oposiciónPara pedir que te admitan por el cupo de discapacidad de una oposición cuando te han excluido, aportando el certificado o la resolución de tu incapacidad permanente y señalando qué exigen exactamente las bases.
- DocumentoSolicitud de adaptación de tiempos y medios en una oposición por discapacidad o incapacidad permanentePara pedir al órgano que convoca la oposición que adapte los exámenes a tus limitaciones (más tiempo, otro formato, ayudas técnicas o un sitio accesible), como prevé el artículo 59.2 del Estatuto Básico del Empleado Público, sin rebajar lo que se exige en la prueba.
- DocumentoComunicación de tus datos a la Seguridad Social para ajustar la retención de la pensión de incapacidad totalPara que el Instituto Nacional de la Seguridad Social tenga en cuenta tu discapacidad y tu situación familiar al retener el impuesto sobre la renta de la pensión de incapacidad total, y no te retenga de más. También sirve para pedir una retención mayor si además trabajas.
Normas y preceptos aplicables. Despliega cada uno para leer su texto.
Artículo 4Real Decreto 888/2022, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidadCómo se calcula el grado: baremos de deficiencia, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación, más hasta 24 puntos de factores contextuales sin cambiar de clase.Cambio reciente: Norma en vigor desde el 20 de abril de 2023; sustituyó al Real Decreto 1971/1999.
Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 20 de abril de 2023Artículo 4. Evaluación de la discapacidad.
1. La evaluación de la discapacidad, expresada en porcentaje, se realizará mediante la aplicación de los baremos que se acompañan como anexos I, II, III, IV, V y VI.
2. Para la determinación del grado de discapacidad, el porcentaje obtenido en la evaluación de las deficiencias, las limitaciones en la actividad y las restricciones en la participación que presente la persona, se modificará, en su caso, con la adición de la puntuación obtenida en el baremo de Factores Contextuales/Barreras Ambientales, siendo el máximo de puntos posibles de veinticuatro. Dicha puntuación modifica por adición el «grado de discapacidad ajustado» (GDA) sin poder cambiar de clase, conforme a lo establecido en el anexo I.
3. La evaluación de aquellas situaciones específicas de discapacidad que se establecen en los artículos 353.2 y 364.6 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, para tener derecho a la cuantía específica de la asignación económica por hijo a cargo y al incremento de la cuantía de la pensión de invalidez de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva por necesitar el concurso de otra persona para realizar los actos más esenciales de la vida, así como la prevista en el artículo 25.1.b) del Real Decreto 383/1984, de 1 de febrero, por el que se establece y regula el sistema especial de prestaciones sociales y económicas para personas con discapacidad para ser beneficiaria del subsidio de movilidad y compensación por gastos de transportes, se realizará de acuerdo con lo que se establece a continuación:
a) La determinación por el órgano técnico competente de la necesidad del concurso de tercera persona a que se refieren los artículos 354 y 367.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, se realizará mediante la aplicación del baremo establecido conforme a lo dispuesto en el artículo 27.2 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
Se estimará acreditada la necesidad de concurso de tercera persona cuando de la aplicación del referido baremo se obtenga una puntuación que dé lugar a cualquiera de los grados de dependencia establecidos.
b) La relación exigida entre el grado de discapacidad y la determinación de la existencia de dificultades de movilidad para utilizar transportes colectivos a que se refiere el artículo 25.1.b) del Real Decreto 383/1984, de 1 de febrero, se fijará por aplicación del Baremo de Evaluación de las Capacidades / Limitaciones en la Actividad (BLA) que figura dentro del anexo IV.
Cuando una vez evaluadas todas las actividades, el porcentaje de limitación obtenido en el dominio de movilidad asigne una limitación final de movilidad igual o superior al veinticinco por cien se determinará que la persona tiene movilidad reducida y dificultades de movilidad para utilizar transportes colectivos.
4. La Comisión Estatal de Coordinación y Seguimiento de la Valoración del Grado de Discapacidad es el órgano colegiado de la Administración General del Estado, adscrito al Ministerio con competencias en materia de discapacidad, creado, con carácter permanente, como instrumento de coordinación y consulta entre las distintas Administraciones Públicas competentes en la materia y a los efectos de garantizar la uniformidad en los criterios de aplicación de los baremos en todo el territorio del Estado. También se integrará en esta Comisión Estatal una persona representante de la asociación de utilidad pública más representativa en el ámbito estatal de los diferentes tipos de discapacidad.
Artículo 5.1Real Decreto 888/2022, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidadEl reconocimiento y la revisión corresponden a la comunidad autónoma (en Ceuta y Melilla, al Instituto de Mayores y Servicios Sociales).Cambio reciente: En vigor desde el 20 de abril de 2023.
Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 20 de abril de 20231. Corresponderá a los órganos competentes de las comunidades autónomas o, en el caso de las ciudades de Ceuta y Melilla, al Instituto de Mayores y Servicios Sociales (en adelante, Imserso):
a) El reconocimiento y revisión de grado de discapacidad.
b) El reconocimiento de la necesidad de concurso de otra persona para realizar los actos esenciales de la vida diaria, así como de la dificultad para utilizar transportes públicos colectivos, a efectos de las prestaciones, servicios o beneficios públicos establecidos.
c) Aquellas otras funciones relativas a la evaluación y orientación de situaciones de discapacidad atribuidas o que puedan atribuirse por la legislación, tanto estatal como autonómica.
Artículo 12Real Decreto 888/2022, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidadRevisión del grado: de oficio, a petición propia pasados dos años o antes con cambios sustanciales o error, y mantenimiento del grado si la Administración no revisa a tiempo.Cambio reciente: En vigor desde el 20 de abril de 2023; sustituye al artículo 11 del Real Decreto 1971/1999.
Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 20 de abril de 2023Artículo 12. Revisión del grado de discapacidad.
1. El grado de discapacidad será objeto de revisión siempre que se prevea una modificación de las circunstancias que dieron lugar a su reconocimiento, y en todo caso, en la fecha de revisión prevista en el artículo 9.3.
2. El grado de discapacidad será revisable:
a) De oficio por las Administraciones competentes, por alguna de las siguientes causas:
1.º En la fecha de revisión prevista en la resolución de reconocimiento de grado de discapacidad
2.º Cuando sean conocedoras de circunstancias que puedan dar lugar a una modificación del grado de discapacidad.
3.º Cuando se constate la omisión o inexactitud en las informaciones de las personas usuarias.
b) A instancia de la persona interesada, con o sin medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica:
1.º Cuando hubieran transcurrido al menos dos años desde la fecha de la resolución.
2.º Excepcionalmente, este plazo puede reducirse, cuando se acredite documentalmente que se han producido cambios sustanciales en las circunstancias que motivaron el reconocimiento del grado de discapacidad o un error cuya corrección implique un cambio en el grado reconocido.
3.º Asimismo, la persona interesada podrá instar la incoación del procedimiento de revisión a partir de la fecha prevista a tal efecto en la resolución de reconocimiento del grado de discapacidad, aunque esta sea anterior al referido plazo de dos años, para el caso de que la Administración competente no haya procedido a la iniciación de oficio.
3. Los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes podrán, asimismo, rectificarse en cualquier momento, de oficio o a instancia de parte.
4. Cuando la Administración competente no haya revisado el grado de discapacidad en plazo, por causas ajenas a la persona interesada, se mantendrá el grado de discapacidad hasta que haya una nueva resolución.
Artículo 9Real Decreto 888/2022, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidadPlazo de seis meses para resolver, efectos desde la fecha de la solicitud, validez en toda España y fecha de revisión obligatoria en la resolución.
Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 20 de abril de 2023Artículo 9. Resolución.
1. La Administración competente deberá dictar resolución expresa, a la vista del dictamen propuesta, sobre el reconocimiento de grado de discapacidad, así como sobre la puntuación obtenida en los baremos para determinar la necesidad del concurso de otra persona o dificultades de movilidad, si procede.
Dicha resolución se dictará y notificará en el plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha de presentación de la solicitud.
Asimismo, se notificará junto con la resolución el dictamen propuesta.
2. El reconocimiento de grado de discapacidad se entenderá producido desde la fecha de solicitud y tendrá validez en todo el territorio del Estado.
3. En la resolución deberá figurar necesariamente la fecha en que puede tener lugar la revisión, de acuerdo con lo que se establece en el artículo 12.
Artículo 13Real Decreto 888/2022, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidadContra la resolución cabe reclamación previa a la vía judicial social, según el artículo 71 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 20 de abril de 2023Artículo 13. Reclamaciones previas.
Contra las resoluciones de reconocimiento de grado de discapacidad y de revisión del grado de discapacidad que se dicten por la Administración competente, las personas interesadas, con o sin medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica, podrán interponer reclamación previa a la vía jurisdiccional social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.
Artículo disposición transitoria 1.ª y 2.ªReal Decreto 888/2022, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidadQuien ya tenía un 33 % o más no necesita nuevo reconocimiento; los procedimientos sin valorar al entrar en vigor se valoran con el baremo nuevo.
Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 20 de abril de 2023Disposición transitoria primera. Exención de nuevo reconocimiento para las personas que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al treinta y tres por ciento.
Quienes, con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto, tuvieran reconocido un grado de discapacidad igual o superior al treinta y tres por ciento con arreglo al procedimiento establecido en el Real Decreto 1723/1981, de 24 de julio, o en el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, no precisarán de un nuevo reconocimiento. Cuando se realice la revisión de dichas valoraciones, de oficio o a instancia de parte, se aplicará lo previsto en este real decreto.
Artículos 4.2 y 4.3Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (Real Decreto Legislativo 1/2013)Persona con discapacidad desde el 33 %; equiparación de los pensionistas de incapacidad total, absoluta y gran incapacidad solo a ciertos efectos; reconocimiento por el órgano competente.Cambio reciente: Apartados 1 y 2 modificados por la disposición final 2.ª de la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo; vigente desde el 2 de marzo de 2023.
Texto de los apartados citadosTexto consolidado vigente desde el 23 de octubre de 20262. Además de lo establecido en el apartado anterior, a los efectos de esta ley, tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.
Se considerará también, a los efectos de esta ley, que presentan una discapacidad del 33 por ciento las personas a las que se les haya reconocido oficialmente una situación de dependencia en grado I, así como una discapacidad del 65 por ciento a las personas a las que se les haya reconocido oficialmente una situación de dependencia en grado II y III. Esta asimilación provocará efectos exclusivamente en los ámbitos previstos por ley o por otras normas que expresamente la contemplen, no siendo de aplicación en el ámbito tributario.
Sin perjuicio de lo anterior, a los efectos de la sección 1.ª del capítulo V y del capítulo VIII del título I, así como del título II, se considerará que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento las personas pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez y a las personas pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio.
Independientemente de lo expresado anteriormente, la persona podrá solicitar la valoración con base en su discapacidad real.
3. El reconocimiento del grado de discapacidad deberá ser efectuado por el órgano competente en los términos desarrollados reglamentariamente.
La acreditación del grado de discapacidad se realizará en los términos establecidos reglamentariamente y tendrá validez en todo el territorio nacional.
Artículo 42.1Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (Real Decreto Legislativo 1/2013)Cuota del 2 % de personas con discapacidad en empresas de 50 o más personas trabajadoras y medidas alternativas.Cambio reciente: Apartado 1 modificado por la Ley 6/2022, de 31 de marzo; vigente desde el 2 de abril de 2022.
Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 2 de abril de 20221. Las empresas públicas y privadas que empleen a un número de 50 o más trabajadores vendrán obligadas a que de entre ellos, al menos, el 2 por 100 sean trabajadores con discapacidad. El cómputo mencionado anteriormente se realizará sobre la plantilla total de la empresa correspondiente, cualquiera que sea el número de centros de trabajo de aquélla y cualquiera que sea la forma de contratación laboral que vincule a los trabajadores de la empresa. Igualmente se entenderá que estarán incluidos en dicho cómputo los trabajadores con discapacidad que se encuentren en cada momento prestando servicios en las empresas públicas o privadas, en virtud de los contratos de puesta a disposición que las mismas hayan celebrado con empresas de trabajo temporal.
De manera excepcional, las empresas públicas y privadas podrán quedar exentas de esta obligación, de forma parcial o total, bien a través de acuerdos recogidos en la negociación colectiva sectorial de ámbito estatal y, en su defecto, de ámbito inferior, a tenor de lo dispuesto en el artículo 83. 2 y 3, del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, bien por opción voluntaria del empresario, debidamente comunicada a la autoridad laboral, y siempre que en ambos supuestos se apliquen las medidas alternativas que se determinen reglamentariamente.
Artículo 2 o)Ley Reguladora de la Jurisdicción SocialAtribuye al orden social los pleitos sobre la valoración, reconocimiento y calificación del grado de discapacidad.Cambio reciente: Letra o) modificada por el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, con efectos desde el 20 de marzo de 2024 (mantiene la competencia sobre discapacidad).
Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 20 de marzo de 2024Los órganos jurisdiccionales del orden social, por aplicación de lo establecido en el artículo anterior, conocerán de las cuestiones litigiosas que se promuevan:
o) En materia de prestaciones de Seguridad Social, incluidas la protección por desempleo y la protección por cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, así como sobre la imputación de responsabilidades a empresarios o terceros respecto de las prestaciones de Seguridad Social en los casos legalmente establecidos. También las cuestiones referidas a aquellas prestaciones de protección social que establezcan las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias, dirigidas a garantizar recursos económicos suficientes para la cobertura de las necesidades básicas y a prevenir el riesgo de exclusión social de las personas beneficiarias. Igualmente, las cuestiones litigiosas relativas a la valoración, reconocimiento y calificación del grado de discapacidad, así como sobre el reconocimiento de la situación de dependencia y prestaciones económicas y servicios derivados de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, teniendo a todos los efectos de esta Ley la misma consideración que las relativas a las prestaciones y los beneficiarios de la Seguridad Social.
Artículos 71.2 y 71.5 y 71.6Ley Reguladora de la Jurisdicción SocialPlazos de la reclamación previa (30 días), de la respuesta (45 días) y de la demanda (30 días).
Texto de los apartados citadosTexto consolidado vigente desde el 11 de diciembre de 20112. La reclamación previa deberá interponerse ante el órgano competente que haya dictado resolución sobre la solicitud inicial del interesado, en el plazo de treinta días desde la notificación de la misma, si es expresa, o desde la fecha en que, conforme a la normativa reguladora del procedimiento de que se trate, deba entenderse producido el silencio administrativo.
En los procedimientos de impugnación de altas médicas no exentos de reclamación previa según el apartado 1 de este artículo la reclamación previa se interpondrá en el plazo de once días desde la notificación de la resolución.
5. Formulada reclamación previa en cualquiera de los supuestos mencionados en el presente artículo, la Entidad deberá contestar expresamente a la misma en el plazo de cuarenta y cinco días. En caso contrario se entenderá denegada la reclamación por silencio administrativo.
En los procedimientos de impugnación de altas médicas en los que deba interponerse reclamación previa, el plazo para la contestación de la misma será de siete días, entendiéndose desestimada una vez transcurrido dicho plazo.
6. La demanda habrá de formularse en el plazo de treinta días, a contar desde la fecha en que se notifique la denegación de la reclamación previa o desde el día en que se entienda denegada por silencio administrativo.
En los procesos de impugnación de altas médicas el plazo anterior será de veinte días, que cuando no sea exigible reclamación previa se computará desde la adquisición de plenos efectos del alta médica o desde la notificación del alta definitiva acordada por la Entidad gestora.
Artículo 206 bisLey General de la Seguridad SocialJubilación anticipada con discapacidad del 65 % o del 45 % (esta, solo para discapacidades que reducen la esperanza de vida); nunca antes de los 52 años.Cambio reciente: Añadido por la Ley 21/2021, de 28 de diciembre; vigente desde el 1 de enero de 2022.
Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 1 de enero de 2022Artículo 206 bis. Jubilación anticipada en caso de discapacidad.
1. La edad mínima de acceso a la pensión de jubilación a que se refiere el artículo 205.1.a) podrá ser reducida en el caso de personas con discapacidad en un grado igual o superior al 65 por ciento, en los términos contenidos en el correspondiente real decreto acordado a propuesta del titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, o también en un grado de discapacidad igual o superior al 45 por ciento, siempre que, en este último supuesto, se trate de discapacidades reglamentariamente determinadas respecto de las que existan evidencias contrastadas que determinan de forma generalizada una reducción significativa de la esperanza de vida.
2. La aplicación de los correspondientes coeficientes reductores de la edad en ningún caso dará lugar a que el interesado pueda acceder a la pensión de jubilación con una edad inferior a la de cincuenta y dos años.
Los coeficientes reductores de la edad de jubilación no serán tenidos en cuenta, en ningún caso, a efectos de acreditar la exigida para acceder a la jubilación parcial, a los beneficios establecidos en el artículo 210.2, y a cualquier otra modalidad de jubilación anticipada.
Artículo 3Real Decreto 1539/2003, por el que se establecen coeficientes reductores de la edad de jubilación a favor de los trabajadores que acreditan un grado importante de minusvalíaCoeficientes de 0,25 (65 %) y 0,50 (65 % con necesidad de otra persona) sobre el tiempo trabajado.
Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 1 de enero de 2004Artículo 3. Reducción de la edad de jubilación.
La edad ordinaria de 65 años, exigida para el acceso a la pensión de jubilación, se reducirá en un período equivalente al que resulte de aplicar al tiempo efectivamente trabajado los coeficientes que se indican, siempre que durante los períodos de trabajo realizado se acrediten los siguientes grados de minusvalía:
a) El coeficiente del 0,25, en los casos en que el trabajador tenga acreditado un grado de minusvalía igual o superior al 65 por ciento.
b) El coeficiente del 0,50, en los casos en que el trabajador tenga acreditado un grado de minusvalía igual o superior al 65 por ciento y acredite la necesidad del concurso de otra persona para la realización de los actos esenciales de la vida ordinaria.
Artículo 1 y 3Real Decreto 1851/2009, por el que se desarrolla el artículo 161 bis de la Ley General de la Seguridad Social en cuanto a la anticipación de la jubilación de los trabajadores con discapacidad en grado igual o superior al 45 por cientoJubilación a los 56 años con un 45 % por una de las patologías del anexo, con los años de trabajo exigidos.Cambio reciente: Artículos 1 y 2 modificados y anexo añadido por el Real Decreto 370/2023, de 16 de mayo (lista de patologías en anexo y requisito de cinco años con el 45 %); anexo ampliado por el Real Decreto 632/2026, de 29 de julio (Parkinson, Huntington, espina bífida, esclerosis sistémica, enfermedad renal crónica G5, entre otras).
Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 1 de junio de 2023Artículo 1. Ámbito de aplicación.
Lo dispuesto en este real decreto se aplicará a las personas trabajadoras por cuenta ajena y por cuenta propia incluidas en cualquiera de los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social que acrediten que, a lo largo de su vida laboral, han trabajado un tiempo efectivo equivalente, al menos, al período mínimo de cotización que se exige para poder acceder a la pensión de jubilación, estando afectados durante ese tiempo por alguna de las patologías generadoras de discapacidad enumeradas en el anexo y dentro de ese período durante al menos cinco años con un grado de discapacidad igual o superior al 45 por ciento, motivado por las mismas patologías en los términos previstos en el artículo 5.3.
Artículo 363.1Ley General de la Seguridad SocialPensión de incapacidad no contributiva: 18 a 65 años, residencia legal, discapacidad o enfermedad crónica del 65 % y falta de ingresos.Cambio reciente: «Invalidez no contributiva» pasa a «incapacidad no contributiva» por la Ley 2/2025, de 29 de abril, desde el 1 de mayo de 2025.
Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 23 de octubre de 20261. Tendrán derecho a la pensión de incapacidad no contributiva las personas que cumplan los siguientes requisitos:
a) Ser mayor de dieciocho y menor de sesenta y cinco años de edad.
b) Residir legalmente en territorio español y haberlo hecho durante cinco años, de los cuales dos deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de la pensión.
c) Estar afectadas por una discapacidad o por una enfermedad crónica, en un grado igual o superior al 65 por ciento.
d) Carecer de rentas o ingresos suficientes. Se considerará que existen rentas o ingresos insuficientes cuando la suma, en cómputo anual, de los mismos sea inferior al importe, también en cómputo anual, de la prestación a que se refiere el apartado 1 del artículo siguiente.
Aunque el solicitante carezca de rentas o ingresos propios, en los términos señalados en el párrafo anterior, si convive con otras personas en una misma unidad económica, únicamente se entenderá cumplido el requisito de carencia de rentas o ingresos suficientes cuando la suma de los de todos los integrantes de aquella sea inferior al límite de acumulación de recursos obtenido conforme a lo establecido en los apartados siguientes.
A los efectos de apreciar la carencia de rentas o ingresos suficientes no se considerarán rentas o ingresos computables las indemnizaciones por responsabilidad civil por daños personales en la cuantía legal o judicialmente reconocidas. No quedarán excluidas las cantidades que tengan naturaleza salarial, prestacional, retributiva o de sustitución ordinaria de rentas, aunque se abonen en ejecución de una resolución judicial o acuerdo, ni los rendimientos que produzcan las cantidades indemnizatorias una vez percibidas.
Los beneficiarios de la pensión de incapacidad no contributiva que sean contratados por cuenta ajena, se establezcan por cuenta propia o se acojan a los programas de renta activa de inserción para trabajadores desempleados de larga duración mayores de cuarenta y cinco años recuperarán automáticamente, en su caso, el derecho a dicha pensión cuando, respectivamente, se les extinga su contrato, dejen de desarrollar su actividad laboral o cesen en el programa de renta activa de inserción, a cuyo efecto, no obstante lo previsto en el apartado 5, no se tendrán en cuenta, en el cómputo anual de sus rentas, las que hubieran percibido en virtud de su actividad laboral por cuenta ajena, propia o por su integración en el programa de renta activa de inserción en el ejercicio económico en que se produzca la extinción del contrato, el cese en la actividad laboral o en el citado programa.
Artículo 2.5Real Decreto-ley 3/2026, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia de Seguridad SocialCuantía de la pensión no contributiva en 2026: 8.803,20 euros al año.Cambio reciente: Vigente desde el 4 de febrero de 2026, con efectos de 1 de enero de 2026.
Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 4 de febrero de 20265. Las pensiones no contributivas del sistema de la Seguridad Social de incapacidad y jubilación tendrán un importe anual de 8.803,20 euros.
Artículo 59.1Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (Real Decreto Legislativo 5/2015)Cupo de al menos el 7 % de las plazas de empleo público para personas con discapacidad, con un 2 % para discapacidad intelectual.
Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 1 de noviembre de 20151. En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, considerando como tales las definidas en el apartado 2 del artículo 4 del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas, de modo que progresivamente se alcance el dos por ciento de los efectivos totales en cada Administración Pública.
La reserva del mínimo del siete por ciento se realizará de manera que, al menos, el dos por ciento de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el resto de las plazas ofertadas lo sea para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad.
Artículo 60Ley 35/2006, del Impuesto sobre la Renta de las Personas FísicasMínimo por discapacidad de 3.000 o 9.000 euros, más 3.000 por gastos de asistencia, y equiparaciones a efectos del impuesto.
Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 1 de enero de 2015Artículo 60. Mínimo por discapacidad.
El mínimo por discapacidad será la suma del mínimo por discapacidad del contribuyente y del mínimo por discapacidad de ascendientes y descendientes.
1. El mínimo por discapacidad del contribuyente será de 3.000 euros anuales cuando sea una persona con discapacidad y 9.000 euros anuales cuando sea una persona con discapacidad y acredite un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento.
Dicho mínimo se aumentará, en concepto de gastos de asistencia, en 3.000 euros anuales cuando acredite necesitar ayuda de terceras personas o movilidad reducida, o un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento.
2. El mínimo por discapacidad de ascendientes o descendientes será de 3.000 euros anuales por cada uno de los descendientes o ascendientes que generen derecho a la aplicación del mínimo a que se refieren los artículos 58 y 59 de esta Ley, que sean personas con discapacidad, cualquiera que sea su edad. El mínimo será de 9.000 euros anuales, por cada uno de ellos que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento.
Dicho mínimo se aumentará, en concepto de gastos de asistencia, en 3.000 euros anuales por cada ascendiente o descendiente que acredite necesitar ayuda de terceras personas o movilidad reducida, o un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento.
3. A los efectos de este Impuesto, tendrán la consideración de personas con discapacidad los contribuyentes que acrediten, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan, un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.
En particular, se considerará acreditado un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento en el caso de los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez y en el caso de los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. Igualmente, se considerará acreditado un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento, cuando se trate de personas cuya incapacidad sea declarada judicialmente, aunque no alcance dicho grado.
Textos legales basados en datos de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Se trata de un texto consolidado de carácter meramente informativo, sin valor oficial. Para el texto auténtico hay que acudir al BOE.
Lo que han dicho los tribunales sobre cada una de las cuestiones de este artículo.
¿Quién reconoce el grado de discapacidad y ante qué juzgado se reclama si no estoy de acuerdo?
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- 20 feb 2025TSJ AndalucíaEl juzgado de lo social es competente no solo para el porcentaje, sino también para decidir si la persona tiene dificultades de movilidad para usar el transporte colectivo, que se reconoce en el mismo procedimiento.Todo lo que decide la resolución de discapacidad (grado, movilidad, necesidad de otra persona) se reclama por la misma vía social.Cómo se reclama
¿Cómo se calcula el porcentaje y qué baremo se aplica si la solicitud es anterior a abril de 2023?
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- 29 jun 2026TSJ CataluñaRevoca la sentencia del juzgado y reconoce a una mujer con obesidad mórbida y secuelas de una operación de vesícula un 36 % de discapacidad, con efectos de la fecha de su solicitud de 2022, valorando cada dolencia en el capítulo del baremo que le corresponde y combinando los valores.Caso real en que, valorando bien cada dolencia, se pasa del umbral del 33 % y el grado cuenta desde la solicitud.Un caso real · ganó la persona trabajadora
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¿Desde cuándo vale el grado reconocido, y desde cuándo el que se obtiene al revisar?
- 9 may 2023Tribunal SupremoEl grado produce efectos desde la solicitud, no desde el diagnóstico; pero si sube solo porque se aplica un baremo nuevo, sin que las dolencias hayan cambiado, el grado superior se reconoce desde el primer reconocimiento.Explica desde cuándo puedes usar el certificado y protege a quien sale beneficiado por un cambio de baremo.Doctrina de referencia · ganó la persona trabajadora · comentada en la newsletter
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¿Cuándo puedo pedir la revisión del grado y puede la Administración bajármelo?
- 16 ene 2024TSJ GaliciaDesestima el recurso del solicitante: la revisión del grado exige el plazo mínimo de dos años salvo error de diagnóstico o cambios sustanciales probados, y la nueva resolución no tiene efectos hacia atrás.Muestra que pedir la revisión antes de tiempo, sin acreditar un cambio importante, se pierde.Un caso real · ganó la Administración
- 5 dic 2024TSJ AndalucíaAnula la revisión de oficio que había rebajado el grado de un hombre y le había quitado la pensión no contributiva: el grado no puede bajarse solo porque cambien los criterios de valoración, sino si hay mejoría objetiva o error de diagnóstico. Le reconoce el 65 % y la pensión.Es el caso que más interesa a quien recibe una revisión a la baja: la Administración tiene que probar que has mejorado.Un caso real · ganó la persona trabajadora
- 8 jun 2026TSJ CataluñaRevoca la sentencia del juzgado y declara que un trabajador con dislexia mantiene el 33 % que tenía reconocido de forma provisional, porque el trastorno persiste al terminar los estudios y le afecta en un trabajo que exige interpretar textos.Muestra que en la revisión no se pierde el grado si la limitación sigue existiendo, aunque cambie la etapa vital.Un caso real · ganó la persona trabajadora
- 27 may 2019TSJ ExtremaduraEstima el recurso de la Junta de Extremadura y desestima la demanda de revisión del grado, porque el juzgado la había aceptado sin responder a si concurrían los requisitos de la revisión por agravación.Recuerda que en un pleito de revisión hay que probar los requisitos (plazo, agravación o error), no solo que el porcentaje debería ser otro.Un caso real · ganó la Administración
¿Qué hace falta para jubilarse antes por discapacidad del 45 % o del 65 %?
- 22 feb 2023Tribunal SupremoDesestima el recurso del INSS: si el grado sube por un cambio de baremo y no porque la salud haya cambiado, el tiempo trabajado cuenta para la jubilación anticipada como si ese grado se hubiera tenido desde el principio.Protege a quien se jubila anticipadamente por discapacidad y tenía reconocido un grado menor con el baremo anterior.Doctrina de referencia · ganó la persona trabajadora · comentada en la newsletter
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¿Tener una incapacidad permanente total, absoluta o gran incapacidad da por sí solo el 33 %?
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- 26 may 2026Tribunal SupremoAnula la sentencia que reconocía el 33 % a un pensionista de incapacidad total: con la regulación anterior a la Ley 3/2023 no cabe el reconocimiento automático, porque incapacidad y discapacidad tienen finalidades y procedimientos distintos.Es la aplicación más reciente: quien tiene una incapacidad permanente y quiere los beneficios de la discapacidad fuera del trabajo tiene que pedir su propio grado.Doctrina de referencia · ganó la Administración · comentada en la newsletter