Esta sentencia ha sido analizada en la Newsletter de Cuestiones Laborales
Consecuencias del despido improcedente
Cuando un despido es declarado improcedente, la empresa tiene el derecho (y deber) de optar en el plazo de cinco días hábiles entre la readmisión de la persona trabajadora o el abono de la indemnización del despido improcedente (33 días por año trabajado).
En caso de que no se comunique nada, el Estatuto de los Trabajadores entiende que se ha optado por la readmisión.
Aclarado lo anterior, vamos a comentar qué plazo tiene la empresa para proceder a esa readmisión.
Plazo para notificar la readmisión
El artículo 278 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS) establece que, si se opta por la readmisión (ya sea de forma expresa o tácita), la empresa debe comunicar por escrito la fecha de reincorporación en el plazo de diez días desde la notificación de la sentencia que declara la improcedencia del despido.
La fecha fijada de reincorporación no puede ser anterior a tres días desde que el trabajador recibe la notificación, para garantizar un margen razonable de reacción.
¿Qué ocurre si la empresa no cumple el plazo?
El incumplimiento del plazo de diez días convierte la readmisión en irregular y, por ello, se deberá iniciar el procedimiento de ejecución de readmisión irregular. Esto implica:
- La relación laboral se entiende extinguida.
- La empresa debe pagar la indemnización por despido improcedente, calculada con la nueva fecha de extinción fijada por el juzgado.
- Además, debe abonar los salarios de tramitación desde la fecha de la sentencia hasta el auto judicial que declare la extinción.
Se trata de un plazo preclusivo: una vez vencido, la empresa ya no puede regularizar la readmisión.
¿Qué debe hacer la persona trabajadora?
Si la empresa no comunica la readmisión en el plazo de diez días, la persona trabajadora debe acudir al Juzgado de lo Social que dictó la sentencia y solicitar la ejecución de la misma en virtud del artículo 279 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
El procedimiento es el siguiente:
- Presentar un escrito pidiendo que se declare la readmisión irregular por incumplimiento del plazo.
- El juzgado citará a las partes a una comparecencia y cada uno intentará valerse de las pruebas que estime convenientes.
- Si se confirma la irregularidad, el juez dictará un auto de extinción de la relación laboral con una nueva fecha de efectos.
- En ese auto se condenará a la empresa a pagar la indemnización correspondiente hasta la nueva fecha de extinción y los salarios de tramitación devengados hasta ese momento.
De este modo, el trabajador protege sus derechos y asegura que la empresa asuma las consecuencias económicas de no cumplir el plazo legal.
El criterio del Tribunal Supremo
La Sentencia del Tribunal Supremo 3930/2025, de 10 de septiembre, ha confirmado que el plazo de diez días comienza a contarse desde la notificación de la sentencia de instancia que declara la improcedencia, incluso aunque esta no sea firme.
El Supremo advierte que retrasar el cómputo hasta la firmeza generaría inseguridad jurídica y prolongaría de manera injustificada la ejecución. Por ello, si la empresa no cumple en plazo, la consecuencia es la extinción del contrato con nueva fecha y la obligación de abonar tanto indemnización como salarios de tramitación hasta ese momento.
Con esta doctrina, el Tribunal Supremo unifica el criterio y aporta seguridad tanto a trabajadores como a empresas: los plazos son estrictos y su incumplimiento no admite subsanación posterior.