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¿Qué normativa se le aplica al personal laboral de la Administración?

El personal laboral de la Administración se rige por el Estatuto de los Trabajadores, por su convenio colectivo y por los artículos del Estatuto Básico del Empleado Público que lo digan expresamente. No se puede coger lo mejor de cada norma (el llamado espigueo), y si la Administración no tiene convenio propio no se le aplica sin más el convenio del sector.

Actualizado el 11 de octubre de 2026 · Alejandro Aradas García · 6 min de lectura

El personal laboral de la Administración se rige, a la vez, por tres normas: el Estatuto de los Trabajadores, el convenio colectivo que le corresponda y los artículos del Estatuto Básico del Empleado Público que digan expresamente que se aplican al personal laboral.

Encima de todo están las leyes, también las de presupuestos.

Lo que no se puede hacer es coger de cada norma lo que más conviene (el llamado espigueo), y si la Administración no tiene convenio propio, no se le aplica sin más el convenio del sector de la actividad.

Quién es personal laboral

Es personal laboral quien trabaja para una Administración pública con un contrato de trabajo, y no con un nombramiento como funcionario/a (artículo 11 del Estatuto Básico del Empleado Público). Ese contrato puede ser fijo, indefinido o temporal.

Dentro de las personas empleadas públicas están también los funcionarios/as (de carrera e interinos), el personal estatutario de la sanidad y el personal eventual.

No todos los puestos pueden cubrirse con personal laboral: las leyes de función pública de cada Administración dicen qué puestos son para funcionarios/as y cuáles pueden ser laborales. Las funciones que suponen ejercer potestades públicas quedan reservadas a funcionarios/as.

Qué normas se aplican y en qué orden

La base: Estatuto de los Trabajadores y convenio

El artículo 7 del Estatuto Básico del Empleado Público es la regla de partida: el personal laboral se rige por la legislación laboral y por los convenios, y además por los preceptos del Estatuto Básico que así lo dispongan.

Es decir, la norma de referencia es el Estatuto de los Trabajadores; el Estatuto Básico solo entra donde él mismo lo dice.

Algunos ejemplos de artículos del Estatuto Básico que sí alcanzan al personal laboral:

  • Acceso al empleo: igualdad, mérito, capacidad y publicidad (artículos 11 y 55).
  • Jornada, permisos y vacaciones: el artículo 51 remite a la vez a ese capítulo del Estatuto Básico y a la legislación laboral.
  • Permisos por nacimiento, adopción, del otro progenitor, lactancia y parental: desde la reforma del artículo 7 (Real Decreto-ley 6/2019 y, en su redacción actual, Real Decreto-ley 9/2025, vigente desde el 31 de julio de 2025), el personal laboral se rige en estos permisos por el Estatuto Básico y no por las suspensiones del contrato del Estatuto de los Trabajadores.
  • Régimen disciplinario: el Estatuto Básico regula faltas, sanciones y su prescripción para todo el personal.

A esto se suma la normativa propia de cada Administración (por ejemplo, en Galicia, la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia) y leyes que alcanzan a todo el personal público sea cual sea su relación, como la Ley 53/1984 de incompatibilidades.

La ley manda sobre el convenio

En una empresa privada el convenio pesa mucho. En lo público hay que contar con un límite más: la ley se impone al convenio.

El Supremo lo aplicó a una ley de presupuestos de la Comunidad de Madrid que suspendió los beneficios sociales pactados: la indemnización por incapacidad permanente del convenio quedó en suspenso porque, por jerarquía, el convenio cede ante la ley (Supremo, septiembre de 2022).

Tampoco vale tanto como en lo privado el «siempre se ha hecho así».

En las Administraciones y sociedades públicas, una costumbre favorable solo se convierte en derecho si la concedió de forma clara el órgano que podía hacerlo y no va contra una norma o convenio de obligado cumplimiento (Supremo, marzo de 2024).

El espigueo: por qué no se puede coger lo mejor de cada norma

Como varias normas regulan a la vez al personal laboral, es fácil que una misma materia (un permiso, un plazo, un complemento) aparezca en dos sitios con distinto contenido.

La tentación es quedarse con lo mejor de cada una: el permiso del Estatuto Básico, la jornada del convenio, el plazo del Estatuto de los Trabajadores. Eso es el espigueo: montar un régimen a medida con trozos de normas distintas.

Los tribunales no lo admiten. La regla está en el artículo 3.3 del Estatuto de los Trabajadores: cuando dos normas chocan, se aplica la más favorable apreciada en su conjunto, entera, no trozo a trozo.

Cuándo se rechaza

  • Sumar derechos pensados para funcionarios/as al régimen laboral. El personal laboral de una entidad pública empresarial ferroviaria pidió los días adicionales por trienios que el Estatuto Básico da a los funcionarios/as. El Supremo lo rechazó: esos artículos no se le aplican directamente, porque sus permisos y vacaciones siguen la legislación laboral y su convenio (Supremo, junio de 2010).
  • Componer un régimen de permisos con piezas de varias normas. Un sindicato reclamó a un ayuntamiento días de asuntos particulares combinando normas; el tribunal lo rechazó como espigueo (Superior de Asturias, noviembre de 2021).
  • Elegir el plazo que conviene. En una sanción a un trabajador laboral de un organismo público, la prescripción de las faltas se rigió por el Estatuto Básico, que la regula para todo el personal, y no por los plazos más cortos del Estatuto de los Trabajadores (Superior de Murcia, junio de 2019). La regla es que manda el régimen disciplinario del Estatuto Básico cuando es aplicable, y el Estatuto de los Trabajadores completa lo que este no regula. Funciona en los dos sentidos: tampoco la Administración puede escoger.

Cuándo no es espigueo

  • Aplicar a la vez varias normas porque la ley lo manda. Un consejo insular alegó espigueo frente a un permiso pactado en convenio que había estado suspendido. El tribunal le respondió que no lo era: aplicar a la vez el Estatuto Básico y el convenio es justo lo que ordena el artículo 7 (Superior de Illes Balears, mayo de 2025).
  • Cubrir un hueco. Cuando la legislación laboral no regula una situación, se puede completar con el Estatuto Básico o con el convenio. El Supremo confirmó que un trabajador laboral nombrado asesor (personal eventual) conservaba la reserva de su puesto mientras duraba el cargo, situación que el Estatuto de los Trabajadores no prevé (Supremo, febrero de 2025).

En la práctica: antes de reclamar, conviene identificar qué norma regula esa materia para el personal laboral y pedir lo que dice esa norma completa, no una mezcla.

Los convenios colectivos del personal laboral

El personal laboral puede tener sus condiciones fijadas en convenio.

El más conocido es el IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 17 de mayo de 2019.

Ojo: solo se aplica al personal laboral de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y los ámbitos que enumera su artículo 1 (Administración de Justicia no transferida, Seguridad Social y otros).

No alcanza a comunidades autónomas ni a ayuntamientos, que tienen sus propios convenios o, muchas veces, ninguno.

Si la Administración no tiene convenio propio

Muchos ayuntamientos y organismos no tienen convenio. ¿Se puede pedir entonces el convenio del sector de lo que se hace, por ejemplo el de jardinería para un jardinero municipal?

Durante años el Supremo lo admitió.

Desde 2019 ya no: un ayuntamiento sin convenio propio no queda obligado por el convenio de sector, porque no participó ni estuvo representado en su negociación y no compite en ese mercado; rige lo pactado en el contrato, con los mínimos legales (Supremo, mayo de 2019).

La decisión tuvo un voto particular de cuatro magistrados/as que defendían lo contrario. El criterio se ha repetido después: que un convenio de sector mencione a «empresas públicas» no basta para incluir a ayuntamientos o diputaciones (Supremo, marzo de 2021).

Otra cosa es que la Administración sí esté sujeta a un convenio. Entonces se aplica obligatoriamente, y no se esquiva dándole a la persona una categoría que el convenio no recoge (Supremo, diciembre de 2023).

Si se aplica a unos sí y a otros no

Aunque no se pueda exigir el convenio de sector, la Administración no puede tratar distinto, sin justificación, a quien hace el mismo trabajo:

  • El Supremo ha declarado que pagar menos a una persona contratada en un programa de empleo que al personal del ayuntamiento que hace lo mismo es una diferencia de trato que tiene que estar justificada y ser proporcionada; no basta con decir que el puesto no figura en la relación de puestos de trabajo (Supremo, junio de 2023). Lo ha vuelto a aplicar después (Supremo, febrero de 2024).
  • Cuando un ayuntamiento sin convenio aplicaba el convenio de sector a parte de su personal, un Tribunal Superior entendió que no podía negárselo a quien estaba en la misma situación. El Supremo no llegó a fijar doctrina, porque no apreció contradicción, pero esa sentencia quedó firme (Supremo, septiembre de 2022). Sirve como argumento, no como regla general.

La contratación del personal laboral

Para ser personal laboral fijo hay que superar un proceso selectivo público (oposición, concurso-oposición o, excepcionalmente, concurso) que respete la igualdad, el mérito, la capacidad y la publicidad (artículos 11 y 55 del Estatuto Básico).

Para el personal temporal se exige además celeridad y una necesidad urgente justificada.

Cuando una Administración encadena contratos temporales o los alarga sin justificación, hay abuso de temporalidad. Hasta 2026 la respuesta habitual era declarar a la persona indefinida no fija. Eso ha cambiado:

  • El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo en el caso Obadal que esa calificación no era una medida suficiente contra el abuso (Tribunal de Justicia de la UE, abril de 2026).
  • El Supremo, en Pleno, fijó la regla: la fijeza solo procede si la persona había superado un proceso selectivo para plaza fija, aunque no obtuviera plaza (Supremo, mayo de 2026). Si no lo superó, no puede ser declarada fija; tiene derecho a una indemnización por el abuso, y el caso se comunica a la Inspección de Trabajo (Supremo, junio de 2026).
  • Haber entrado por una convocatoria para formar una lista de contratación temporal no cuenta como proceso para plaza fija (Supremo, julio de 2026).

El detalle de esta doctrina, con sus límites, está en el artículo sobre el Supremo y la temporalidad en la Administración y en el del personal indefinido no fijo.

Dónde se reclama

  • Personal laboral: en el juzgado de lo social, como cualquier persona trabajadora, aunque el empleador sea una Administración (artículo 2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social). Por ejemplo, reclamar que se compute bien la antigüedad es cosa de lo social (Supremo, junio de 2026).
  • Funcionarios/as, también los interinos: en el juzgado de lo contencioso-administrativo.
  • Decisiones que afectan a la vez a laborales y funcionarios/as (un acuerdo de condiciones común, una instrucción general): se impugnan en lo contencioso-administrativo, salvo en prevención de riesgos laborales (Supremo, enero de 2024).

Acertar con el juzgado importa sobre todo en las reclamaciones con plazo corto: un despido del personal laboral, por ejemplo, tiene veinte días hábiles para impugnarse (artículo 59.4 del Estatuto de los Trabajadores).

Las diferencias salariales, en cambio, se pueden reclamar durante un año desde que se debieron pagar (artículo 59.2).

Preguntas frecuentes

¿Al personal laboral de un ayuntamiento se le aplica el Estatuto de los Trabajadores?

Sí. Su base es el Estatuto de los Trabajadores y el convenio, si lo hay. El Estatuto Básico del Empleado Público solo se le aplica en lo que él mismo dice que alcanza al personal laboral, como el acceso por mérito y capacidad, el régimen disciplinario o los permisos por nacimiento, lactancia y parental.

¿Qué es el espigueo?

Escoger de cada norma solo lo que más conviene (por ejemplo, el permiso del Estatuto Básico y la jornada del convenio) para montar un régimen a medida. Los tribunales no lo admiten: entre dos normas que regulan lo mismo se aplica la que en conjunto sea más favorable, entera.

Mi ayuntamiento no tiene convenio: ¿puedo pedir el del sector de lo que hago?

En principio no. Desde 2019 el Tribunal Supremo entiende que un convenio de sector no obliga a la Administración que no participó en su negociación. Si el ayuntamiento lo aplica a otras personas en tu misma situación, o paga más a quien hace lo mismo, sí hay base para reclamar la igualdad.

Soy personal laboral y me han sancionado: ¿qué plazos de prescripción se aplican?

En principio, los del Estatuto Básico, que regula el régimen disciplinario de todo el personal, también del laboral, cuando sea aplicable. El Estatuto de los Trabajadores solo completa lo que el Estatuto Básico no regula; no se pueden escoger sus plazos más cortos porque convengan más.

¿Dónde reclamo, en lo social o en lo contencioso?

El personal laboral, en el juzgado de lo social. Los funcionarios, también los interinos, en lo contencioso-administrativo. Si la decisión afecta a la vez a laborales y funcionarios, también suele ir a lo contencioso.

Cuestiones Laborales es una web informativa: lo que explica es general y cada caso tiene sus matices. Para el tuyo, consulta siempre con un abogado o abogada laboralista o con un graduado o graduada social.

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10 comentarios

  1. Álvaro Bermúdez

    Buenos días, mi caso es el siguiente, pertenezco a una sociedad anónima unipersonal con capital 100% público, mi contrato está adscrito al Convenio de Oficinas y Despachos, pero la Admon. Pública nos está asemejando poco a poco a sus criterios. Soy director técnico adjunto desde hace más de 15 años y van a sacar la plaza de director técnico que lleva vacante desde hace 13 años. ¿tengo derecho y la empresa está obligada a realizar promoción internta antes de sacar la convocatoria pública? Muchas gracias .

    Responder
    1. AlejandroAutor

      Con los datos que me indicas, no. Salvo que exista alguna normativa aplicable a tu caso concreto que establezca el derecho de promoción interna con carácter prioritario.

      Responder
  2. Álvaro Bermúdez

    Muchas gracias, como continuación al email, un empleado con contrato laboral indefinidio de una sociedad anónima unipersonal con capital 100% público (Administración Local) es empleado laboral de organismo público, porque en ese caso, la ley exige que el 25% de la convocatoria sea promoción interna, pero la duda es si realmente es empleado laboral de organismo público. art 134 TRRL.

    Gracias nuevamente.

    Responder
    1. AlejandroAutor

      Tendría que revisar más en profundidad lo que comentas para dar una opinión.

      Responder
  3. Juan

    Buenas tardes.

    Mi pregunta es la siguiente:

    ¿Si se han aprobado dos procesos extraordinarios de estabilización y consolidación de empleo temporal en el mismo ayuntamiento aunque para plazas distintas, sería obligatorio renunciar a alguna de ellas y solo escoger una?

    El ayuntamiento me obliga a renunciar a una y coger solo una si o si. Las bases no establece nada al respecto y no encuentro normativa aplicable al caso.

    Un cordial saludo y a la espera de su información

    Responder
    1. AlejandroAutor

      Es una cuestión que desconozco.

      Responder
  4. JOSE

    Hola Alejandro, no sé si podrías iluminarme con una cuestión que tengo. Resulta que he trabajado más de 18 años para distintas administraciones locales fundamentalmente como personal laboral pero también 5 años como funcionario interino por programa. Tengo debidamente certificado el tiempo de servicios previos que pretendo hacer valer en mi nuevo puesto como personal laboral temporal a efectos de antigüedad de cara al cobro de trienios según VI Convenio de Personal Laboral de la Junta de Andalucía donde estoy contratado con contrato de relevo al 50%. Estoy recurriendo en reposición porque no me reconocen los contratos laborales debido a que en el Anexo I de Servicios Previos el ayuntamiento en la que trabajé no me consignó el código del nivel de proporcionalidad (sí lo hizo en las relaciones estatutarias que mantuve con dicha entidad). Ya he conseguido que me lo pongan y estoy esperando respuesta al recurso. Lo que quisiera saber es si trabajé todo el tiempo (6 trienios) como diplomado (nivel de proporcionalidad 8, a razón de 5 trienios como laboral y 1 como funcionario interino) me pagarán esos trienios como trienios de diplomado y no como trienios de la categoría que ahora ostento y que es inferior y en convenio está peor remunerada o por el contrario lo harán conforme al puesto que ahora desempeño. Otra cosa: ¿los trienios serían al 50% al tener contrato de relevo a parcial media jornada?

    No sé si estoy haciendo buen uso de la palabra «trienio» por ser laboral y no funcionario si bien el convenio si habla de complemento salarial por cada 3 años de servicio en la administración.

    Agradecería cualquier aclaración al respecto. Muchas gracias.

    Responder
    1. AlejandroAutor

      Habría que ver que es lo que dice el convenio sobre trienios, normalmente se abonan en proporción a la jornada y en relación al salario actual.

      Responder
  5. Noelia

    Buenas tardes Alejandro.

    Mi caso es el siguiente:

    En la actualidad, trabajo como personal laboral con contrato hasta fin de obra en la categoría A2 en un Ayuntamiento.

    En mi contrato pone que pertenezco al Estatuto de los trabajadores.

    Ahora, con la Ley de estabilización, y a través de un concurso-oposición, voy a estabilizar a un contrato fijo.

    No tenemos convenio como tal. ¿A qué convenio debería pertenecer?

    Me aplican el Estatuto de los trabajadores ¿o me deberían aplicar el EBEP?

    Muchas gracias.

    Responder
    1. AlejandroAutor

      Al personal laboral se le aplica tanto el EBEP en lo que haga referencia al persona laboral y el estatuto de los trabajadores. Muchos ayuntamiento tienen un convenio para el personal laboral.

      Responder

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Normas y preceptos aplicables. Despliega cada uno para leer su texto.

  • Artículo 7Estatuto Básico del Empleado Público (texto refundido, Real Decreto Legislativo 5/2015)Dice qué normas rigen al personal laboral: legislación laboral, convenio y los preceptos del Estatuto Básico que así lo dispongan; y que en los permisos por nacimiento, lactancia y parental manda el Estatuto Básico.Cambio reciente: Párrafo segundo modificado por el Real Decreto-ley 9/2025, de 29 de julio (vigente desde el 31-07-2025); antes, por el Real Decreto-ley 6/2019.
    Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 31 de julio de 2025

    Artículo 7. Normativa aplicable al personal laboral.

    El personal laboral al servicio de las Administraciones públicas se rige, además de por la legislación laboral y por las demás normas convencionalmente aplicables, por los preceptos de este Estatuto que así lo dispongan.

    No obstante, en materia de permisos de nacimiento, adopción, del progenitor diferente de la madre biológica, de lactancia y parental, el personal laboral al servicio de las Administraciones públicas se regirá por lo previsto en el presente Estatuto, no siendo de aplicación a este personal, por tanto, las previsiones del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores sobre las suspensiones de los contratos de trabajo que, en su caso, corresponderían por los mismos supuestos de hecho.

  • Artículo 3Estatuto de los TrabajadoresOrdena las fuentes de la relación laboral y fija la regla de la norma más favorable apreciada en su conjunto, que es la que impide el espigueo.
    Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 13 de noviembre de 2015

    Artículo 3. Fuentes de la relación laboral.

    1. Los derechos y obligaciones concernientes a la relación laboral se regulan:

    a) Por las disposiciones legales y reglamentarias del Estado.

    b) Por los convenios colectivos.

    c) Por la voluntad de las partes, manifestada en el contrato de trabajo, siendo su objeto lícito y sin que en ningún caso puedan establecerse en perjuicio del trabajador condiciones menos favorables o contrarias a las disposiciones legales y convenios colectivos antes expresados.

    d) Por los usos y costumbres locales y profesionales.

    2. Las disposiciones legales y reglamentarias se aplicarán con sujeción estricta al principio de jerarquía normativa. Las disposiciones reglamentarias desarrollarán los preceptos que establecen las normas de rango superior, pero no podrán establecer condiciones de trabajo distintas a las establecidas por las leyes a desarrollar.

    3. Los conflictos originados entre los preceptos de dos o más normas laborales, tanto estatales como pactadas, que deberán respetar en todo caso los mínimos de derecho necesario, se resolverán mediante la aplicación de lo más favorable para el trabajador apreciado en su conjunto, y en cómputo anual, respecto de los conceptos cuantificables.

    4. Los usos y costumbres solo se aplicarán en defecto de disposiciones legales, convencionales o contractuales, a no ser que cuenten con una recepción o remisión expresa.

    5. Los trabajadores no podrán disponer válidamente, antes o después de su adquisición, de los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales de derecho necesario. Tampoco podrán disponer válidamente de los derechos reconocidos como indisponibles por convenio colectivo.

    Ver el artículo 3

  • Artículo 82.3Estatuto de los TrabajadoresEl convenio obliga a quienes están en su ámbito de aplicación: por eso un convenio de sector no alcanza a la Administración que no estaba incluida en él.
    Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 13 de noviembre de 2015

    3. Los convenios colectivos regulados por esta ley obligan a todos los empresarios y trabajadores incluidos dentro de su ámbito de aplicación y durante todo el tiempo de su vigencia.

    Sin perjuicio de lo anterior, cuando concurran causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores legitimados para negociar un convenio colectivo conforme a lo previsto en el artículo 87.1, se podrá proceder, previo desarrollo de un periodo de consultas en los términos del artículo 41.4, a inaplicar en la empresa las condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo aplicable, sea este de sector o de empresa, que afecten a las siguientes materias:

    a) Jornada de trabajo.

    b) Horario y distribución del tiempo de trabajo.

    c) Régimen de trabajo a turnos.

    d) Sistema de remuneración y cuantía salarial.

    e) Sistema de trabajo y rendimiento.

    f) Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé el artículo 39.

    g) Mejoras voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social.

    Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si durante dos trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior.

    Se entiende que concurren causas técnicas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de producción; causas organizativas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la producción, y causas productivas cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado.

    La intervención como interlocutores ante la dirección de la empresa en el procedimiento de consultas corresponderá a los sujetos indicados en el artículo 41.4, en el orden y condiciones señalados en el mismo.

    Cuando el periodo de consultas finalice con acuerdo se presumirá que concurren las causas justificativas a que alude el párrafo segundo, y solo podrá ser impugnado ante la jurisdicción social por la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en su conclusión. El acuerdo deberá determinar con exactitud las nuevas condiciones de trabajo aplicables en la empresa y su duración, que no podrá prolongarse más allá del momento en que resulte aplicable un nuevo convenio en dicha empresa. El acuerdo de inaplicación no podrá dar lugar al incumplimiento de las obligaciones establecidas en convenio relativas a la eliminación de las discriminaciones por razones de género o de las que estuvieran previstas, en su caso, en el plan de igualdad aplicable en la empresa. Asimismo, el acuerdo deberá ser notificado a la comisión paritaria del convenio colectivo.

    En caso de desacuerdo durante el periodo de consultas cualquiera de las partes podrá someter la discrepancia a la comisión del convenio, que dispondrá de un plazo máximo de siete días para pronunciarse, a contar desde que la discrepancia le fuera planteada. Cuando no se hubiera solicitado la intervención de la comisión o esta no hubiera alcanzado un acuerdo, las partes deberán recurrir a los procedimientos que se hayan establecido en los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico, previstos en el artículo 83, para solventar de manera efectiva las discrepancias surgidas en la negociación de los acuerdos a que se refiere este apartado, incluido el compromiso previo de someter las discrepancias a un arbitraje vinculante, en cuyo caso el laudo arbitral tendrá la misma eficacia que los acuerdos en periodo de consultas y solo será recurrible conforme al procedimiento y en base a los motivos establecidos en el artículo 91.

    Cuando el periodo de consultas finalice sin acuerdo y no fueran aplicables los procedimientos a los que se refiere el párrafo anterior o estos no hubieran solucionado la discrepancia, cualquiera de las partes podrá someter la solución de la misma a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos cuando la inaplicación de las condiciones de trabajo afectase a centros de trabajo de la empresa situados en el territorio de más de una comunidad autónoma, o a los órganos correspondientes de las comunidades autónomas en los demás casos. La decisión de estos órganos, que podrá ser adoptada en su propio seno o por un árbitro designado al efecto por ellos mismos con las debidas garantías para asegurar su imparcialidad, habrá de dictarse en plazo no superior a veinticinco días a contar desde la fecha del sometimiento del conflicto ante dichos órganos. Tal decisión tendrá la eficacia de los acuerdos alcanzados en periodo de consultas y solo será recurrible conforme al procedimiento y en base a los motivos establecidos en el artículo 91.

    El resultado de los procedimientos a que se refieren los párrafos anteriores que haya finalizado con la inaplicación de condiciones de trabajo deberá ser comunicado a la autoridad laboral a los solos efectos de depósito.

    Ver el artículo 82 completo

  • Artículo 11Estatuto Básico del Empleado Público (texto refundido, Real Decreto Legislativo 5/2015)Define al personal laboral (fijo, por tiempo indefinido o temporal) y exige procesos de selección públicos con igualdad, mérito y capacidad.Cambio reciente: Apartado 3 añadido por el Real Decreto-ley 14/2021 y por la Ley 20/2021, de 28 de diciembre.
    Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 30 de diciembre de 2021

    Artículo 11. Personal laboral.

    1. Es personal laboral el que en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas. En función de la duración del contrato éste podrá ser fijo, por tiempo indefinido o temporal.

    2. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto establecerán los criterios para la determinación de los puestos de trabajo que pueden ser desempeñados por personal laboral, respetando en todo caso lo establecido en el artículo 9.2.

    3. Los procedimientos de selección del personal laboral serán públicos, rigiéndose en todo caso por los principios de igualdad, mérito y capacidad. En el caso del personal laboral temporal se regirá igualmente por el principio de celeridad, teniendo por finalidad atender razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia.

  • Artículo 51Estatuto Básico del Empleado Público (texto refundido, Real Decreto Legislativo 5/2015)Ejemplo de remisión doble: jornada, permisos y vacaciones del personal laboral se rigen por ese capítulo del Estatuto Básico y por la legislación laboral.
    Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 1 de noviembre de 2015

    Artículo 51. Jornada de trabajo, permisos y vacaciones del personal laboral.

    Para el régimen de jornada de trabajo, permisos y vacaciones del personal laboral se estará a lo establecido en este capítulo y en la legislación laboral correspondiente.

  • Artículo 55Estatuto Básico del Empleado Público (texto refundido, Real Decreto Legislativo 5/2015)Principios de acceso al empleo público (igualdad, mérito, capacidad, publicidad) que se aplican también a la selección del personal laboral.
    Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 1 de noviembre de 2015

    Artículo 55. Principios rectores.

    1. Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el presente Estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico.

    2. Las Administraciones Públicas, entidades y organismos a que se refiere el artículo 2 del presente Estatuto seleccionarán a su personal funcionario y laboral mediante procedimientos en los que se garanticen los principios constitucionales antes expresados, así como los establecidos a continuación:

    a) Publicidad de las convocatorias y de sus bases.

    b) Transparencia.

    c) Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección.

    d) Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección.

    e) Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar.

    f) Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección.

  • Artículo 59Estatuto de los TrabajadoresPlazos para reclamar: un año para las diferencias salariales y veinte días hábiles para impugnar un despido.
    Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 19 de noviembre de 2026

    Artículo 59. Prescripción y caducidad.

    1. Las acciones derivadas del contrato de trabajo que no tengan señalado plazo especial prescribirán al año de su terminación.

    A estos efectos, se considerará terminado el contrato:

    a) El día en que expire el tiempo de duración convenido o fijado por disposición legal o convenio colectivo.

    b) El día en que termine la prestación de servicios continuados, cuando se haya dado esta continuidad por virtud de prórroga expresa o tácita.

    2. Si la acción se ejercita para exigir percepciones económicas o para el cumplimiento de obligaciones de tracto único, que no puedan tener lugar después de extinguido el contrato, el plazo de un año se computará desde el día en que la acción pudiera ejercitarse.

    3. Las acciones relativas a la vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación en materia retributiva prescribirán a los tres años contados desde el momento en que cese la situación discriminatoria.

    4. El ejercicio de la acción contra el despido o resolución de contratos temporales caducará a los veinte días siguientes de aquel en que se hubiera producido. Los días serán hábiles y el plazo de caducidad a todos los efectos.

    El plazo de caducidad quedará interrumpido por la presentación de la solicitud de conciliación ante el órgano público de mediación, arbitraje y conciliación competente.

    5. Lo previsto en el apartado anterior será de aplicación a las acciones contra las decisiones empresariales en materia de movilidad geográfica y modificación sustancial de condiciones de trabajo. El plazo se computará desde el día siguiente a la fecha de notificación de la decisión empresarial, tras la finalización, en su caso, del periodo de consultas.

    Ver el artículo 59

  • Artículo 2Ley 53/1984, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones PúblicasSe aplica a todo el personal público, cualquiera que sea la naturaleza de su relación, también al laboral.
    Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 13 de mayo de 2007

    Artículo segundo.

    1. La presente Ley será de aplicación a:

    a) El personal civil y militar al servicio de la Administración del Estado y de sus Organismos Públicos.

    b) El personal al servicio de las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de los Organismos de ellas dependientes, así como de sus Asambleas Legislativas y órganos institucionales.

    c) El personal al servicio de las Corporaciones Locales y de los Organismos de ellas dependientes.

    d) El personal al servicio de Entes y Organismos públicos exceptuados de la aplicación de la Ley de Entidades Estatales Autónomas.

    e) El personal que desempeñe funciones públicas y perciba sus retribuciones mediante arancel.

    f) El personal al servicio de la Seguridad Social, de sus Entidades Gestoras y de cualquier otra Entidad u Organismo de la misma.

    g) El personal al servicio de entidades, corporaciones de derecho público, fundaciones y consorcios cuyos presupuestos se doten ordinariamente en más de un 50 por cien con subvenciones u otros ingresos procedentes de las Administraciones Públicas.

    h) El personal que preste servicios en Empresas en que la participación del capital, directa o indirectamente, de las Administraciones Públicas sea superior al 50 por 100.

    i) El personal al servicio del Banco de España y de las instituciones financieras públicas.

    j) El restante personal al que resulte de aplicación el régimen estatutario de los funcionarios públicos.

    2. En el ámbito delimitado en el apartado anterior se entenderá incluido todo el personal, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo.

  • Artículo 2 a)Ley Reguladora de la Jurisdicción SocialLleva al juzgado de lo social los conflictos entre empleador y trabajador derivados del contrato de trabajo, también cuando el empleador es una Administración.
    Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 20 de marzo de 2024

    Los órganos jurisdiccionales del orden social, por aplicación de lo establecido en el artículo anterior, conocerán de las cuestiones litigiosas que se promuevan:

    a) Entre empresarios y trabajadores como consecuencia del contrato de trabajo y del contrato de puesta a disposición, con la salvedad de lo dispuesto en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal; y en el ejercicio de los demás derechos y obligaciones en el ámbito de la relación de trabajo.

    Ver el artículo 2 completo

Textos legales basados en datos de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Se trata de un texto consolidado de carácter meramente informativo, sin valor oficial. Para el texto auténtico hay que acudir al BOE.

Lo que han dicho los tribunales sobre cada una de las cuestiones de este artículo.

¿Puedo coger de cada norma lo que más me convenga (espigueo)?

Si la Administración no tiene convenio propio, ¿se aplica el convenio del sector de mi actividad?

¿Cómo se accede a un puesto laboral público y qué pasa si me contrataron sin proceso selectivo o en fraude?