InicioGuía laboralAccidente de trabajo y enfermedad profesional

Recargo de prestaciones: qué es, cuánto es y cómo solicitarlo

Es un aumento del 30 % al 50 % de las prestaciones por accidente de trabajo o enfermedad profesional cuando la empresa incumplió la prevención. Lo paga la empresa, no se puede asegurar, se pide al INSS en cinco años y alcanza también a la viudedad y la orfandad.

Actualizado el 14 de noviembre de 2026: Añadido: si el INSS tarda más de 135 días, el expediente de recargo no caduca y se puede reclamar por silencio (Pleno del Supremo, sentencia 852/2026). Más información

Actualizado el 14 de noviembre de 2026 · Alejandro Aradas García · 7 min de lectura

El recargo de prestaciones es un aumento de entre el 30 % y el 50 % de las prestaciones de Seguridad Social que cobra la persona trabajadora por un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, cuando se han producido porque la empresa incumplió las medidas de prevención.

Lo paga la empresa, no se puede asegurar y es compatible con cualquier otra indemnización. Se pide al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y el plazo es de cinco años.

Qué es el recargo

La empresa está obligada a proteger la salud de su plantilla y a cumplir la normativa de prevención de riesgos laborales (artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales).

Cuando un accidente de trabajo o una enfermedad profesional se produce porque no la cumplió, debe pagar un recargo sobre las prestaciones (artículo 164 de la Ley General de la Seguridad Social).

Requisitos

  1. Un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Si la mutua no lo ha reconocido como tal, primero hay que conseguir que se reconozca mediante el procedimiento de determinación de contingencias.
  2. Un incumplimiento de la empresa en materia de prevención: no evaluar el riesgo, no dar formación, no entregar equipos de protección, no adoptar las medidas necesarias.
  3. La relación directa entre ese incumplimiento y el accidente o la enfermedad. Es la clave.

Por ejemplo, se ha mantenido el recargo cuando el trabajador se lesionó en una zona de trabajo cuya tarea ni siquiera estaba evaluada (Superior del País Vasco, abril de 2025).

Y se ha anulado cuando el accidente se debió solo a la conducta del trabajador: alguien con formación, medios e instrucciones que hizo la tarea de forma distinta a la prevista, en un caso calificado de imprudencia temeraria (Superior de Andalucía, julio de 2026), o una maniobra innecesaria ajena a los riesgos evaluados (Superior de Navarra, septiembre de 2026).

Cuánto es: del 30 % al 50 %

La ley solo fija la horquilla. El porcentaje lo decide el INSS, o el juzgado si se recurre, según la gravedad del incumplimiento.

No depende de forma automática de cómo se calificó la sanción administrativa: se puede mantener un 50 % aunque la infracción se rebajara de muy grave a grave (Supremo, abril de 2026).

La conducta de la persona trabajadora cuenta: una imprudencia que no llegue a temeraria no libra a la empresa, pero puede rebajar el porcentaje (Supremo, diciembre de 2024).

El recargo se aplica sobre las prestaciones de la Seguridad Social que se cobren por ese accidente o enfermedad: la baja y, en su caso, la incapacidad permanente en cualquier grado. No se aplica sobre las mejoras del convenio.

Es compatible con las responsabilidades de cualquier tipo, incluida la penal (artículo 164.3 de la Ley General de la Seguridad Social), con la sanción administrativa (artículo 42.3 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales) y con la indemnización de daños y perjuicios.

Quién paga

La empresa infractora, directamente. La ley prohíbe asegurarlo (artículo 164.2 de la Ley General de la Seguridad Social).

En contratas y subcontratas, la empresa principal solo responde si el accidente se debe a una infracción suya y dentro de su ámbito de responsabilidad (Supremo, enero de 2025).

Responde, por ejemplo, la titular de un invernadero que alquiló la plataforma desde la que cayó el trabajador de la subcontrata sin vigilar su uso ni nombrar coordinador (Superior de Murcia, julio de 2025).

En la práctica, la Tesorería General de la Seguridad Social exige a la empresa el capital necesario y el INSS abona el recargo junto con la pensión. Si la empresa es insolvente, el cobro puede complicarse.

Cómo se solicita

Declara la responsabilidad el INSS. El expediente puede iniciarse:

  1. A propuesta de la Inspección de Trabajo, que es lo habitual cuando investiga un accidente.
  2. A petición de la persona trabajadora o sus familiares.

Si la Inspección no ha intervenido o no ha propuesto el recargo, conviene pedirlo uno mismo.

Se presenta la solicitud con el modelo de la sede electrónica de la Seguridad Social, o en cualquier registro si no se tiene certificado electrónico, y se guarda el justificante.

Si el INSS no resuelve en el plazo máximo de 135 días, contados desde que recibe la solicitud o, si el expediente se abre de oficio, desde el acuerdo de iniciación (artículo 14 de la Orden de 18 de enero de 1996), la solicitud se puede entender denegada por silencio, y ya se puede reclamar sin esperar más.

Ese retraso no hace caducar el expediente ni libra a la empresa del recargo.

Así lo ha confirmado el Pleno del Tribunal Supremo, que mantiene su doctrina anterior, aunque con un voto particular de dos magistrados que defienden aplicar al recargo las garantías de las sanciones, incluida la caducidad (Supremo, noviembre de 2026) (sentencia 852/2026, de 3 de noviembre).

Contra la resolución, o el silencio, hay que presentar reclamación previa y, después, demanda ante el juzgado de lo social.

Pedir el recargo tiene además otra ventaja: interrumpe el plazo de un año para reclamar a la empresa la indemnización de daños.

Plazo: cinco años

El plazo para pedir el recargo es de cinco años (artículo 53.1 de la Ley General de la Seguridad Social). Empieza cuando se declara en firme por primera vez que el accidente o la enfermedad causan una prestación permanente.

Si se deja pasar, no renace porque después se reconozca un grado mayor (Supremo, diciembre de 2015).

Los efectos económicos solo llegan a los tres meses anteriores a la solicitud que origina el recargo, aunque antes se hubiera pedido otra cosa (Supremo, octubre de 2020).

Cómo tributa en el IRPF

El recargo tributa igual que la prestación a la que se suma. Si se suma a una prestación que paga impuesto, como la pensión de incapacidad permanente total, el recargo también: es rendimiento del trabajo y puede llevar retención.

Si se suma a una prestación exenta, como la pensión de incapacidad permanente absoluta o de gran invalidez (artículo 7 f) de la Ley del IRPF), el recargo también está exento.

Es el criterio de la Dirección General de Tributos en dos consultas vinculantes (V2557-16 y V2786-17).

Recargo, sanción e indemnización

Los procedimientos están conectados:

  • Si una sentencia firme anula la sanción porque no hubo infracción ni relación causal, el recargo cae por esos mismos hechos (Supremo, junio de 2024). Y al revés: si se anula el recargo por no haber infracción, cae también la sanción (Supremo, mayo de 2022). Por eso no conviene desentenderse de ninguno de los dos.
  • Si se gana el recargo, la relación causal queda declarada y la empresa no puede negarla después en el pleito de daños y perjuicios (Supremo, abril de 2023).

El recargo en las pensiones de viudedad y orfandad

El recargo también alcanza a las prestaciones por muerte y supervivencia: viudedad, orfandad, en favor de familiares y auxilio por defunción.

Si la persona fallecida tenía reconocida una incapacidad permanente absoluta o una gran invalidez por accidente de trabajo o enfermedad profesional, la ley presume que murió por esa causa, sin admitir prueba en contrario (artículo 217.2 de la Ley General de la Seguridad Social).

Por eso, si aquella pensión llevaba recargo, el recargo pasa a la viudedad y a la orfandad aunque la muerte se deba a otra causa.

El Tribunal Supremo lo aplicó, por ejemplo, a la viuda de un trabajador con una incapacidad absoluta por accidente de trabajo de 2003, con un recargo del 40 %, que murió en 2018 por un ictus (Supremo, octubre de 2023), siguiendo una regla fijada años antes (Supremo, junio de 2015).

Si no se daba esa situación, hay que probar que la muerte se debió al accidente o a la enfermedad.

Además, si la ley sube el porcentaje de la pensión de viudedad, el recargo se recalcula sobre la nueva cuantía, aunque no se revalorice cada año con la pensión (Supremo, enero de 2024).

Y si la persona fallece antes de calcularse el capital que debe ingresar la empresa, se calcula hasta la fecha real de la muerte (Supremo, septiembre de 2024).

Preguntas frecuentes

¿El recargo lo paga la empresa o la Seguridad Social?

Lo paga la empresa, que no puede asegurarlo; la Seguridad Social lo abona junto con la pensión tras exigírselo a la empresa.

¿Es compatible con la indemnización por daños?

Sí, con cualquier indemnización y con la sanción administrativa.

¿Qué plazo tengo para pedirlo?

Cinco años desde que se declara en firme la primera prestación permanente; los efectos económicos solo llegan a tres meses antes de la solicitud.

¿Si muere mi pareja, cobro el recargo en la viudedad?

Sí, si su pensión de incapacidad absoluta o gran invalidez por contingencia profesional llevaba recargo, aunque la muerte se deba a otra causa.

Historial de cambios

  • 14 de noviembre de 2026 Añadido: si el INSS tarda más de 135 días, el expediente de recargo no caduca y se puede reclamar por silencio (Pleno del Supremo, sentencia 852/2026). Más información

Cuestiones Laborales es una web informativa: lo que explica es general y cada caso tiene sus matices. Para el tuyo, consulta siempre con un abogado o abogada laboralista o con un graduado o graduada social.

Comparte o imprime este artículo

2 comentarios

  1. Carmen

    Muchas gracias por el modelo de solicitud del recargo de prestaciones. ¿Tenéis algún modelo para la reclamación previa, por falta de contestación trascurridos los 135 días? Muchísimas gracias de antemano.

    Responder
    1. AlejandroAutor

      No. Intentaré hacerlo y publicarlo.

      Responder

Deja tu comentario

Los comentarios se publican después de revisarlos. Por favor, no escribas datos que permitan identificarte a ti ni a tu empresa.

Otros artículos sobre este tema.

Más guías: Indemnizaciones y responsabilidad de la empresa.

Ver toda la guía de Accidente de trabajo y enfermedad profesional →

Modelos de escritos para este caso, listos para descargar en Word y completar.

Normas y preceptos aplicables. Despliega cada uno para leer su texto.

  • Artículo 164Ley General de la Seguridad SocialRecargo del 30 al 50 % por falta de medidas de seguridad, a cargo directo de la empresa, no asegurable y compatible.
    Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 2 de enero de 2016

    Artículo 164. Recargo de las prestaciones económicas derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional.

    1. Todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50 por ciento, cuando la lesión se produzca por equipos de trabajo o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los medios de protección reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad y salud en el trabajo, o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador.

    2. La responsabilidad del pago del recargo establecido en el apartado anterior recaerá directamente sobre el empresario infractor y no podrá ser objeto de seguro alguno, siendo nulo de pleno derecho cualquier pacto o contrato que se realice para cubrirla, compensarla o trasmitirla.

    3. La responsabilidad que regula este artículo es independiente y compatible con las de todo orden, incluso penal, que puedan derivarse de la infracción.

    Ver el artículo 164

  • Artículo 14Ley de Prevención de Riesgos LaboralesDeber de la empresa de proteger eficazmente la seguridad y salud.Cambio reciente: Apartado 2 por la Ley 54/2003, desde el 14-12-2003.
    Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 14 de diciembre de 2003

    Artículo 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales.

    1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.

    El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales.

    Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones públicas respecto del personal a su servicio.

    Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.

    2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos siguientes en materia de plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios en los términos establecidos en el capítulo IV de esta ley.

    El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el fin de perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar y los niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo.

    3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

    4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en materia de protección y prevención a trabajadores o servicios de la empresa y el recurso al concierto con entidades especializadas para el desarrollo de actividades de prevención complementarán las acciones del empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona.

    5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores.

    Ver el artículo 14

  • Artículo 53.1Ley General de la Seguridad SocialPrescripción de cinco años y efectos de tres meses desde la solicitud.
    Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 2 de enero de 2016

    1. El derecho al reconocimiento de las prestaciones prescribirá a los cinco años, contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar el hecho causante de la prestación de que se trate, sin perjuicio de las excepciones que se determinen en la presente ley y de que los efectos de tal reconocimiento se produzcan a partir de los tres meses anteriores a la fecha en que se presente la correspondiente solicitud.

    Si el contenido económico de las prestaciones ya reconocidas resultara afectado con ocasión de solicitudes de revisión de las mismas, los efectos económicos de la nueva cuantía tendrán una retroactividad máxima de tres meses desde la fecha de presentación de dicha solicitud. Esta regla de retroactividad máxima no operará en los supuestos de rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos ni cuando de la revisión derive la obligación de reintegro de prestaciones indebidas a la que se refiere el artículo 55.

    Ver el artículo 53 completo

  • Artículo 15.4Ley de Prevención de Riesgos LaboralesLa prevención debe prever las distracciones e imprudencias no temerarias.
    Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 10 de febrero de 1996

    4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas, las cuales sólo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras.

    Ver el artículo 15 completo

  • Artículo 42.3Ley de Prevención de Riesgos LaboralesCompatibilidad de la sanción con la indemnización y el recargo.
    Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 1 de enero de 2001

    3. Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador serán compatibles con las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados y de recargo de prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social que puedan ser fijadas por el órgano competente de conformidad con lo previsto en la normativa reguladora de dicho sistema.

    Ver el artículo 42 completo

  • Artículo 217.2Ley General de la Seguridad SocialPresunción de muerte por la contingencia profesional si había incapacidad absoluta o gran invalidez.
    Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 2 de enero de 2016

    2. Se reputarán de derecho muertos a consecuencia de accidente de trabajo o de enfermedad profesional quienes tengan reconocida por tales contingencias una incapacidad permanente absoluta o la condición de gran inválido.

    Si no se da el supuesto previsto en el párrafo anterior, deberá probarse que la muerte ha sido debida al accidente de trabajo o a la enfermedad profesional. En caso de accidente de trabajo dicha prueba solo se admitirá si el fallecimiento hubiera ocurrido dentro de los cinco años siguientes a la fecha del accidente. En caso de enfermedad profesional se admitirá tal prueba cualquiera que sea el tiempo transcurrido.

    Ver el artículo 217 completo

  • Artículo 142Ley Reguladora de la Jurisdicción SocialInforme de la Inspección de Trabajo en los procesos de recargo.
    Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 11 de diciembre de 2011

    Artículo 142. Documentación en procesos por accidente de trabajo o enfermedad profesional.

    1. Si en las demandas por accidente de trabajo o enfermedad profesional no se consignara el nombre de la Entidad gestora o, en su caso, de la Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, el secretario judicial, antes del señalamiento del juicio, requerirá al empresario demandado para que en plazo de cuatro días presente el documento acreditativo de la cobertura de riesgo. Si transcurrido este plazo no lo presentara, vistas las circunstancias que concurran y oyendo a la Tesorería General de la Seguridad Social, el juez acordará el embargo de bienes del empresario en cantidad suficiente para asegurar el resultado del juicio y cuantas medidas cautelares se consideren necesarias.

    Iguales medidas se adoptarán, en el procedimiento correspondiente, en relación con el aseguramiento del riesgo y el documento de cobertura de las mejoras voluntarias o complementarias de seguridad social y de otras posibles responsabilidades del empresario o de terceros por accidente de trabajo y enfermedad profesional, a cuyo efecto el empresario o el tercero deberán aportar en el plazo antes indicado y previo requerimiento al efecto, el documento de aseguramiento y los datos de la entidad aseguradora que cubra el mismo, con apercibimiento de adoptarse la medida de embargo preventivo prevista anteriormente u otras medidas cautelares idóneas.

    2. En los procesos para la determinación de contingencia o de la falta de medidas de seguridad en accidentes de trabajo y enfermedad profesional, y en los demás supuestos en que lo estime necesario, la resolución en la que se admita la demanda a trámite deberá interesar de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, si no figurase ya en el expediente o en los autos, informe relativo a las circunstancias en que sobrevino el accidente o enfermedad, trabajo que realizaba el accidentado o enfermo, salario que percibía y base de cotización, que será expedido necesariamente en el plazo máximo de diez días. Con antelación de al menos cinco días a la celebración del juicio, el secretario judicial deberá reiterar la remisión de dicho informe si éste no hubiere tenido todavía entrada en los autos.

    Ver el artículo 142

  • Artículos 14.1 y 14.3Orden de 18 de enero de 1996, de aplicación y desarrollo del Real Decreto 1300/1995 sobre incapacidades laboralesPlazo máximo de 135 días para resolver el expediente (también el de recargo, que el Real Decreto 1300/1995 atribuye al INSS) y silencio negativo.
    Texto de los apartados citadosTexto consolidado vigente desde el 1 de febrero de 1996

    1. El plazo máximo para resolver el procedimiento regulado en esta Orden será de ciento treinta y cinco días, que se computarán a partir de la fecha del acuerdo de iniciación en los procedimientos de oficio o de la recepción de la solicitud en la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social competente en los demás casos.

    3. Cuando la resolución no se dicte en el plazo señalado en el número 1 de este artículo, la solicitud podrá entenderse desestimada, en cuyo caso el interesado podrá ejercitar las acciones que le confiere el artículo 71 del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, sin perjuicio de la obligación de resolver.

Textos legales basados en datos de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Se trata de un texto consolidado de carácter meramente informativo, sin valor oficial. Para el texto auténtico hay que acudir al BOE.

Lo que han dicho los tribunales sobre cada una de las cuestiones de este artículo.