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Despido por fuerza mayor: cuándo cabe, indemnización y cómo reclamar

La empresa puede extinguir los contratos por fuerza mayor cuando un hecho externo, imprevisible o inevitable, como un incendio o una inundación, impide para siempre seguir trabajando. Antes tiene que pedir a la autoridad laboral que lo constate, que resuelve en cinco días y puede acordar que el Fondo de Garantía Salarial pague la indemnización, que los tribunales fijan en 20 días por año con un máximo de 12 mensualidades. Si el impedimento es temporal, lo que corresponde es un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE).

Actualizado el 15 de octubre de 2026 · Alejandro Aradas García · 4 min de lectura

La empresa puede extinguir los contratos por fuerza mayor cuando un hecho externo a ella, imprevisible o inevitable, impide para siempre seguir trabajando: un incendio que destruye la nave, una inundación que arrasa el local, una decisión de la autoridad que deja a la empresa sin actividad posible.

No basta con que el negocio vaya mal.

Antes de despedir, la empresa tiene que pedir a la autoridad laboral que constate la fuerza mayor; la autoridad resuelve en cinco días y puede acordar que la indemnización la pague el Fondo de Garantía Salarial.

Si el impedimento es solo temporal, lo que procede es un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), no el despido.

Qué es fuerza mayor y qué no

El artículo 49.1 h) del Estatuto de los Trabajadores permite extinguir el contrato por fuerza mayor que imposibilite definitivamente la prestación de trabajo, siempre que se haya constatado conforme al artículo 51.7. Los tribunales exigen tres cosas:

  1. Un hecho externo a la empresa, ajeno a su voluntad y a su forma de gestionar.
  2. Imprevisible, o inevitable aunque se hubiera previsto.
  3. Que impida trabajar de forma definitiva, no solo que haga el negocio menos rentable.

Son ejemplos típicos los incendios, las inundaciones, los terremotos o los temporales que destruyen las instalaciones.

En un caso real, una ferretería con siete personas sufrió un incendio, la autoridad laboral constató la fuerza mayor y los despidos se declararon procedentes (Superior de Cataluña, octubre de 2023).

Lo que no es fuerza mayor:

  • La caída de ventas o de clientes, aunque la cause algo externo. El Supremo negó la fuerza mayor a una cadena de ópticas que pudo seguir abierta: su problema era económico o productivo (Supremo, mayo de 2022). Para eso están el despido objetivo y el colectivo.
  • Lo que la empresa podía evitar o paliar. El Supremo no aceptó la pandemia como fuerza mayor para dejar de cotizar porque había aplazamientos y otros medios que la empresa no usó (Supremo, febrero de 2026).
  • Los problemas que crea la propia empresa (falta de mantenimiento, impagos). Y el fin del contrato de alquiler del local, que los tribunales suelen tratar como causa organizativa: tiene su propia guía.

La pandemia ya no es la referencia. Las normas especiales de 2020 sobre la fuerza mayor por la COVID-19 se pensaron para suspensiones temporales y ya no se aplican.

Cuando lo que impide trabajar es una decisión de la autoridad

A veces el hecho que impide trabajar es una decisión administrativa o judicial: una orden de cierre, la anulación de un concurso, el fin de una concesión. Es la llamada fuerza mayor impropia o «factum principis».

El Supremo aceptó que las decisiones de la autoridad durante el estado de alarma eran fuerza mayor para suspender contratos (Supremo, enero de 2021), y la ley lo recoge hoy para los ERTE (artículo 47.6).

Para la extinción definitiva, los Tribunales Superiores deciden según los hechos:

  • Sí hubo fuerza mayor en un expediente de extinción de una empresa de servicios que se quedó sin poder prestarlos por una decisión administrativa ajena, imprevisible e inevitable (Superior de Galicia, junio de 2026).
  • No la hubo cuando un ayuntamiento rescató antes de tiempo la concesión de un aparcamiento: el contrato ya preveía ese rescate, así que no era imprevisible (Superior de Cataluña, octubre de 2021).
  • Y aunque haya un hecho de la autoridad, la empresa tiene que seguir un procedimiento: una Diputación no pudo cesar sin más a quienes había contratado tras un concurso anulado por un juzgado, y fue condenada por despido (Superior de Castilla-La Mancha, junio de 2022).

El procedimiento: la autoridad laboral constata y la empresa decide

El procedimiento está en el artículo 51.7 del Estatuto y en los artículos 31 a 33 del Real Decreto 1483/2012:

  1. Solicitud de la empresa a la autoridad laboral con las pruebas (informes de bomberos, fotografías, peritajes, la orden de la autoridad) y comunicación a la vez a la representación de la plantilla, que es parte en el expediente. Hace falta sea cual sea el número de personas afectadas, aunque sea una sola.
  2. Informe de la Inspección de Trabajo, que es obligatorio. Si aparecen hechos o pruebas distintos de los de la empresa, se da audiencia de un día a la empresa y a la representación.
  3. Resolución en cinco días desde la solicitud. La autoridad laboral no autoriza el despido: se limita a constatar si hay fuerza mayor, y puede reconocerla con un alcance menor del que pide la empresa (Supremo, febrero de 2022). El artículo 51.7 no dice qué pasa si no contesta a tiempo; en los ERTE por fuerza mayor la ley y el Supremo aplican el silencio positivo (Supremo, enero de 2024).
  4. La empresa decide si extingue los contratos y lo comunica a la representación y a la autoridad laboral. La extinción surte efectos desde el día del hecho que causó la fuerza mayor, aunque la carta llegue después.
  5. Si la autoridad no constata la fuerza mayor, la empresa puede recurrir en alzada o iniciar un despido colectivo o despidos objetivos por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, con sus reglas.

Cada persona afectada debe recibir la decisión por escrito. La carta puede remitirse a los hechos que constató la autoridad laboral (Superior de Cataluña, octubre de 2023).

La indemnización y quién la paga

El artículo 51.7 no fija la cuantía. Los tribunales aplican la del despido objetivo: 20 días de salario por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades, que la empresa debe poner a disposición con la carta (Superior de Cataluña, octubre de 2023).

La autoridad laboral que constata la fuerza mayor puede acordar que la indemnización la pague, entera o en parte, el Fondo de Garantía Salarial, que después reclamará a la empresa.

Es una posibilidad, no un derecho automático: la empresa tiene que pedirlo. Si lo acuerda, la empresa no tiene que adelantar esa parte.

En el caso del incendio de la ferretería, la autoridad lo acordó en una resolución posterior que corregía la primera, y los despidos se mantuvieron (Superior de Cataluña, octubre de 2023).

Si la empresa no paga y es insolvente, el Fondo responde con sus límites generales, como en cualquier despido.

Además, la extinción por fuerza mayor da derecho a la prestación por desempleo y, si se cumplen los demás requisitos, a la jubilación anticipada involuntaria (artículo 207.1 d) 5.ª de la Ley General de la Seguridad Social).

Si la empresa se salta el procedimiento

  • Despedir alegando fuerza mayor sin la constatación de la autoridad laboral hace el despido nulo (artículo 124.13 a) 3.ª de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social). Así se declaró cuando una asociación cerró por la clausura judicial de su local y despidió sin acudir a la autoridad laboral: readmisión y salarios (Superior de Cataluña, marzo de 2016).
  • Cambiar la etiqueta tampoco sirve. Una empresa que despidió alegando causas organizativas y técnicas, cuando la realidad era una situación de fuerza mayor, perdió el juicio porque no probó esas causas ni pidió la constatación (Superior de Madrid, marzo de 2021).
  • Si falta la carta o la indemnización, el despido es improcedente (artículo 122.3 de la ley procesal).

Cómo se impugna

Hay que distinguir qué se discute (Supremo, febrero de 2022):

  • Si se discute que haya fuerza mayor o que sea definitiva, se impugna la resolución de la autoridad laboral: primero recurso de alzada, en un mes, y después demanda ante el juzgado de lo social. Suele hacerlo la representación de la plantilla.
  • Si se discute la decisión de la empresa (la forma, la indemnización, por qué a mí), cada persona puede demandar por despido en 20 días hábiles desde que le notifican la decisión, con papeleta de conciliación previa. En ese juicio ya no se discute la fuerza mayor constatada (Superior de Cataluña, octubre de 2023), pero sí la carta, la indemnización y una elección discriminatoria.

Antes de demandar, conviene pedir a la empresa copia de la resolución de la autoridad laboral, para saber si está constatada, desde qué fecha y si paga el Fondo de Garantía Salarial, y hablar con la representación, que pudo presentar alegaciones en el expediente.

Fuerza mayor temporal: ERTE y Mecanismo RED

Si el hecho impide trabajar solo durante un tiempo (la nave puede repararse, la orden de cierre es temporal), no cabe el despido: lo que corresponde es un ERTE por fuerza mayor (artículo 47.5 del Estatuto), que suspende los contratos o reduce la jornada mientras dure, con paro especial y sin consumir prestación.

Incluye las limitaciones por decisiones de la autoridad y, desde noviembre de 2024, la imposibilidad de llegar al centro por una catástrofe, una vez agotado el permiso retribuido de cuatro días (artículo 47.6).

El Mecanismo RED (artículo 47 bis) es otra medida temporal que activa el Gobierno para crisis generales o de un sector. Los dos tienen sus guías.

La DANA de 2024: prohibición de despedir

Tras la DANA que arrasó la provincia de Valencia y otras zonas a finales de octubre de 2024, el Real Decreto-ley 7/2024 permitió ERTE por fuerza mayor por los daños directos y por las pérdidas indirectas (artículo 44) y estableció que las empresas que recibieran las ayudas de la DANA o aplicaran esos ERTE no pueden despedir por fuerza mayor ni por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción derivadas de la DANA.

Si lo hacen, el despido es nulo y deben devolver la ayuda (artículo 46). En los fijos discontinuos, esas causas tampoco justifican no llamar.

Quien haya sido despedido en esas circunstancias debe impugnar en 20 días hábiles y pedir en la demanda la nulidad por el artículo 46 del Real Decreto-ley 7/2024, aportando lo que sepa de las ayudas o del ERTE de su empresa.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto me corresponde si me despiden por fuerza mayor?

Los tribunales aplican la indemnización del despido objetivo: 20 días de salario por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades. Si la autoridad laboral lo acuerda, la paga total o parcialmente el Fondo de Garantía Salarial.

¿Me pueden despedir por fuerza mayor si la empresa solo ha tenido que cerrar unas semanas?

No. El despido exige que el impedimento sea definitivo. Si es temporal, lo que corresponde es un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor, que suspende el contrato o reduce la jornada mientras dure.

La carta dice que el despido es de una fecha anterior a cuando me la dieron, ¿es legal?

Sí: la extinción por fuerza mayor surte efectos desde el día del hecho que la causó. Pero el plazo para impugnar empieza a contar cuando te notifican la decisión, no antes.

¿Tengo derecho a paro?

Sí. La extinción por fuerza mayor da acceso a la prestación por desempleo y, si cumples los demás requisitos, a la jubilación anticipada involuntaria.

Mi empresa recibió ayudas por la DANA y luego me despidió, ¿qué puedo hacer?

Si el despido se basa en la fuerza mayor o en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción derivadas de la DANA, la ley lo declara nulo para las empresas que recibieron esas ayudas o aplicaron los ERTE de la DANA. Impúgnalo en 20 días hábiles.

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Normas y preceptos aplicables. Despliega cada uno para leer su texto.

  • Artículo 51.7Estatuto de los TrabajadoresConstatación de la fuerza mayor por la autoridad laboral, plazo de cinco días, decisión de la empresa con efectos desde el hecho causante y posible pago por el Fondo de Garantía Salarial.Cambio reciente: Sin cambios desde el texto refundido de 2015 (el artículo 51 solo se modificó en su apartado 2, por la Ley 3/2023).
    Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 2 de marzo de 2023

    7. La existencia de fuerza mayor, como causa motivadora de la extinción de los contratos de trabajo, deberá ser constatada por la autoridad laboral, cualquiera que sea el número de los trabajadores afectados, previo procedimiento tramitado conforme a lo dispuesto en este apartado y en sus disposiciones de desarrollo reglamentario.

    El procedimiento se iniciará mediante solicitud de la empresa, acompañada de los medios de prueba que estime necesarios y simultánea comunicación a los representantes legales de los trabajadores, quienes ostentarán la condición de parte interesada en la totalidad de la tramitación del procedimiento.

    La resolución de la autoridad laboral se dictará, previas las actuaciones e informes indispensables, en el plazo de cinco días desde la solicitud y deberá limitarse, en su caso, a constatar la existencia de la fuerza mayor alegada por la empresa, correspondiendo a esta la decisión sobre la extinción de los contratos, que surtirá efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor. La empresa deberá dar traslado de dicha decisión a los representantes de los trabajadores y a la autoridad laboral.

    La autoridad laboral que constate la fuerza mayor podrá acordar que la totalidad o una parte de la indemnización que corresponda a los trabajadores afectados por la extinción de sus contratos sea satisfecha por el Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio del derecho de este a resarcirse del empresario.

    Ver el artículo 51 completo

  • Artículo 49.1 h)Estatuto de los TrabajadoresEl contrato se extingue por fuerza mayor que imposibilite definitivamente el trabajo, constatada conforme al 51.7.
    Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 1 de mayo de 2025

    1. El contrato de trabajo se extinguirá:

    h) Por fuerza mayor que imposibilite definitivamente la prestación de trabajo, siempre que su existencia haya sido debidamente constatada conforme a lo dispuesto en el artículo 51.7.

    Ver el artículo 49 completo

  • Artículo 33Real Decreto 1483/2012, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornadaInforme de la Inspección, audiencia, resolución en cinco días, decisión de la empresa, recurso de alzada y despido colectivo si no se constata la fuerza mayor.Cambio reciente: Modificado por el Real Decreto 608/2023, de 11 de julio (desde 13-07-2023).
    Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 13 de julio de 2023

    Artículo 33. Instrucción y resolución.

    1. La autoridad laboral competente recabará, con carácter preceptivo, informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y podrá realizar o solicitar cuantas otras actuaciones o informes considere indispensables.

    No obstante lo anterior, la solicitud del informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social no será preceptiva en los casos en que la fuerza mayor temporal venga determinada por los impedimentos o limitaciones en la actividad normalizada de la empresa a los que se refiere el artículo 47.6 del Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

    2. La autoridad laboral dictará resolución en el plazo máximo de cinco días a contar desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para su tramitación.

    3. En el caso de que figuren en el procedimiento y puedan ser tenidos en cuenta en la resolución otros hechos, alegaciones y pruebas distintos de los aportados por la empresa en su solicitud, se dará a ésta y a la representación legal de las personas trabajadoras el oportuno trámite de audiencia, que deberá realizarse en el término de un día.

    4. La resolución de la autoridad laboral constatará, en su caso, la existencia de la fuerza mayor alegada por la empresa o la acreditación por parte de esta del impedimento o las limitaciones a su actividad.

    En los supuestos de reducción de jornada y suspensión de contratos, la resolución que declare la existencia de la fuerza mayor expresará, además, hasta qué fecha surte efectos.

    5. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, corresponderá a la empresa la decisión sobre la extinción de los contratos de trabajo o sobre la aplicación de medidas de reducción de jornada o suspensión de contratos, que surtirán efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor.

    La empresa deberá dar traslado de su decisión a la representación de las personas trabajadoras y a la autoridad laboral.

    6. En el supuesto de que, instruido el procedimiento, no se haya constatado la existencia de la fuerza mayor alegada, se podrá iniciar el oportuno procedimiento de despido colectivo o de suspensión de contratos o reducción de jornada por otras causas, de acuerdo con lo establecido en el título I.

    7. De conformidad con lo previsto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las resoluciones de la autoridad laboral podrán ser objeto de recurso de alzada por los interesados ante el órgano superior jerárquico del que las haya dictado, cuya resolución podrá ser impugnada ante la jurisdicción social.

    8. Las personas trabajadoras y sus representantes legales podrán impugnar las decisiones empresariales sobre la extinción de contratos o sobre las medidas de reducción de jornada y suspensión de contratos que les afecten en los términos establecidos en los artículos 15 y 24.

  • Artículo 31 y 32Real Decreto 1483/2012, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornadaConstatación cualquiera que sea el número de personas afectadas; solicitud con pruebas y comunicación simultánea a la representación.
    Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 31 de octubre de 2012

    Artículo 31. Procedimientos de regulación de empleo por existencia de fuerza mayor.

    La existencia de fuerza mayor, como causa motivadora de la extinción y suspensión de los contratos de trabajo o de la reducción de jornada, deberá ser constatada por la autoridad laboral, cualquiera que sea el número de trabajadores afectados, previo procedimiento tramitado conforme a lo dispuesto en este Título.

    La autoridad laboral competente se determinará conforme a lo establecido en el artículo 25.

  • Artículo 53.1 b)Estatuto de los TrabajadoresIndemnización de 20 días por año con máximo de 12 mensualidades, que los tribunales aplican a la extinción por fuerza mayor.
    Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 3 de abril de 2025

    1. La adopción del acuerdo de extinción al amparo de lo prevenido en el artículo anterior exige la observancia de los requisitos siguientes:

    b) Poner a disposición del trabajador, simultáneamente a la entrega de la comunicación escrita, la indemnización de veinte días por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año y con un máximo de doce mensualidades.

    Cuando la decisión extintiva se fundase en el artículo 52.c), con alegación de causa económica, y como consecuencia de tal situación económica no se pudiera poner a disposición del trabajador la indemnización a que se refiere el párrafo anterior, el empresario, haciéndolo constar en la comunicación escrita, podrá dejar de hacerlo, sin perjuicio del derecho del trabajador de exigir de aquel su abono cuando tenga efectividad la decisión extintiva.

    Ver el artículo 53 completo

  • Artículo 124.13 a) 3.ªLey Reguladora de la Jurisdicción SocialEl despido es nulo si la empresa no respeta el procedimiento del artículo 51.7.
    Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 2 de marzo de 2014

    13. El trabajador individualmente afectado por el despido podrá impugnar el mismo a través del procedimiento previsto en los artículos 120 a 123 de esta ley, con las especialidades que a continuación se señalan.

    a) Cuando el despido colectivo no haya sido impugnado a través del procedimiento regulado en los apartados anteriores, serán de aplicación al proceso individual de despido las siguientes reglas específicas:

    1.ª El plazo para la impugnación individual dará comienzo una vez transcurrido el plazo de caducidad de veinte días para el ejercicio de la acción por los representantes de los trabajadores.

    2.ª Cuando el objeto del debate verse sobre preferencias atribuidas a determinados trabajadores, éstos también deberán ser demandados.

    3.ª El despido será nulo, además de por los motivos recogidos en el artículo 122.2 de esta ley, únicamente cuando el empresario no haya realizado el periodo de consultas o entregado la documentación prevista en el artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores o no haya respetado el procedimiento establecido en el artículo 51.7 del mismo texto legal, o cuando no se hubiese obtenido la autorización judicial del juez del concurso, en los supuestos en que esté legalmente prevista.

    4.ª También será nula la extinción del contrato acordada por el empresario sin respetar las prioridades de permanencia que pudieran estar establecidas en las leyes, los convenios colectivos o en el acuerdo alcanzado durante el periodo de consultas. Esta nulidad no afectará a las extinciones que dentro del mismo despido colectivo hayan respetado las prioridades de permanencia.

    Ver el artículo 124 completo

  • Artículo 122.3Ley Reguladora de la Jurisdicción SocialImprocedencia si no se cumplen los requisitos de forma del artículo 53.1.
    Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 30 de junio de 2023

    3. La decisión extintiva se calificará de improcedente cuando no se hubieren cumplido los requisitos establecidos en el apartado 1 del artículo 53 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

    No obstante, la no concesión del preaviso o el error excusable en el cálculo de la indemnización no determinará la improcedencia del despido, sin perjuicio de la obligación del empresario de abonar los salarios correspondientes a dicho período o al pago de la indemnización en la cuantía correcta, con independencia de los demás efectos que procedan.

    Ver el artículo 122 completo

  • Artículo 33.2Estatuto de los TrabajadoresEl Fondo de Garantía Salarial paga indemnizaciones reconocidas por resolución administrativa en las extinciones del artículo 51, con límites.Cambio reciente: Redacción de la Ley 16/2022 (desde 9-09-2022).
    Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 9 de septiembre de 2022

    2. El Fondo de Garantía Salarial, en los casos del apartado anterior, abonará indemnizaciones reconocidas como consecuencia de sentencia, auto, acto de conciliación judicial o resolución administrativa a favor de los trabajadores a causa de despido o extinción de los contratos conforme a los artículos 50, 51, 52, 40.1 y 41.3, y de extinción de contratos conforme a los artículos 181 y 182 del texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, y al artículo 11.2 del Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar, así como las indemnizaciones por extinción de contratos temporales o de duración determinada en los casos que legalmente procedan. En todos los casos, con el límite máximo de una anualidad, excepto en el supuesto del artículo 41.3 de esta norma, en que el límite máximo será de 9 mensualidades y en el del artículo 11.2 del Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, en que el límite será de 6 mensualidades, sin que el salario diario, base del cálculo, pueda exceder del doble del salario mínimo interprofesional, incluyendo la parte proporcional de las pagas extraordinarias.

    El importe de la indemnización, a los solos efectos de abono por el Fondo de Garantía Salarial para los casos de despido o extinción de los contratos conforme a los artículos 50 y 56, se calculará sobre la base de treinta días por año de servicio, con el límite fijado en el párrafo anterior.

    Ver el artículo 33 completo

  • Artículos 47.5 y 47.6Estatuto de los TrabajadoresExpediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor temporal y por decisiones de la autoridad o imposibilidad de acceder al centro: la alternativa cuando el impedimento no es definitivo.Cambio reciente: Apartado 6 modificado por el Real Decreto-ley 8/2024 (desde 30-11-2024).
    Texto de los apartados citadosTexto consolidado vigente desde el 30 de noviembre de 2024

    5. Las empresas podrán aplicar la reducción de la jornada de trabajo o la suspensión de los contratos de trabajo por causa derivada de fuerza mayor temporal, previo procedimiento tramitado conforme a lo dispuesto en este apartado, en el artículo 51.7 y en sus disposiciones reglamentarias de aplicación.

    El procedimiento se iniciará mediante solicitud de la empresa dirigida a la autoridad laboral competente, acompañada de los medios de prueba que estime necesarios, y simultánea comunicación a la representación legal de las personas trabajadoras.

    La existencia de fuerza mayor temporal como causa motivadora de la suspensión o reducción de jornada de los contratos de trabajo, deberá ser constatada por la autoridad laboral, cualquiera que sea el número de personas trabajadoras afectadas.

    La autoridad laboral solicitará informe preceptivo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social antes de dictar resolución. Este informe deberá pronunciarse sobre la concurrencia de la fuerza mayor.

    La resolución de la autoridad laboral se dictará, previas las actuaciones e informes indispensables, en el plazo de cinco días desde la solicitud, y deberá limitarse, en su caso, a constatar la existencia de la fuerza mayor alegada por la empresa, correspondiendo a esta la decisión sobre la reducción de las jornadas de trabajo o suspensión de los contratos de trabajo. La resolución surtirá efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor, y hasta la fecha determinada en la misma resolución.

    Si no se emite resolución expresa en el plazo indicado, se entenderá autorizado el expediente de regulación temporal de empleo.

    En el supuesto de que se mantenga la fuerza mayor a la finalización del período determinado en la resolución del expediente, se deberá solicitar una nueva autorización.

    6. La fuerza mayor temporal podrá estar determinada por impedimentos o limitaciones en la actividad normalizada de la empresa que sean consecuencia de decisiones adoptadas por la autoridad pública competente, incluidas aquellas orientadas a la protección de la salud pública.

    También estará determinada por el mantenimiento, transcurridos los cuatro días previstos en el artículo 37.3.g), de la imposibilidad de acceder al centro de trabajo o a las vías de circulación necesarias para acudir al mismo, salvo que sea posible el trabajo a distancia en los términos recogidos en dicho precepto.

    Por el contrario, las circunstancias del párrafo anterior no serán constitutivas de fuerza mayor durante la duración del permiso del artículo 37.3.g). Durante la misma, solo podrá justificarse la fuerza mayor en base a otras circunstancias, en cuyo caso los efectos se retrotraerán al momento del hecho causante correspondiente.

    Será de aplicación el procedimiento previsto para los expedientes por causa de fuerza mayor temporal a que se refiere el apartado anterior, con las siguientes particularidades:

    a) La solicitud de informe por parte de la autoridad laboral a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social no será preceptiva.

    b) La empresa deberá justificar, en la documentación remitida junto con la solicitud, la existencia de las concretas limitaciones o del impedimento a su actividad como consecuencia de la decisión de la autoridad competente.

    c) La autoridad laboral autorizará el expediente si se entienden justificadas las limitaciones o impedimento referidos.

    Ver el artículo 47 completo

  • Artículo 46.1Real Decreto-ley 7/2024, de 11 de noviembre, de medidas urgentes para el impulso del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la DANALas empresas con ayudas de la DANA o con sus ERTE no pueden despedir por fuerza mayor ni por causas derivadas de la DANA; si lo hacen, el despido es nulo.Cambio reciente: Vigente desde el 13-11-2024, sin modificaciones en el texto consolidado.
    Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 13 de noviembre de 2024

    1. Las empresas beneficiarias de las ayudas directas previstas con ocasión de la DANA, así como aquellas que se acojan a las medidas contempladas en el artículo 44 del presente real decreto-ley, no podrán despedir por causa de fuerza mayor y por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción derivadas del mencionado fenómeno atmosférico.

    El incumplimiento de esta obligación conllevará el reintegro de la ayuda recibida y la calificación del despido como nulo.

  • Artículo 207.1 d) 5.ªLey General de la Seguridad SocialLa extinción por fuerza mayor constatada permite la jubilación anticipada involuntaria.Cambio reciente: Redacción de la Ley Orgánica 10/2022 (desde 7-10-2022).
    Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 7 de octubre de 2022

    1. El acceso a la jubilación anticipada derivada del cese en el trabajo por causa no imputable a la libre voluntad del trabajador exigirá los siguientes requisitos:

    d) Que el cese en el trabajo se haya producido por alguna de las causas siguientes:

    1.ª El despido colectivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, conforme al artículo 51 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

    2.ª El despido por causas objetivas conforme al artículo 52 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

    3.ª La extinción del contrato por resolución judicial en los supuestos contemplados en el texto refundido de la Ley concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo.

    4.ª La muerte, jubilación o incapacidad del empresario individual, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, o la extinción de la personalidad jurídica del contratante.

    5.ª La extinción del contrato de trabajo motivada por la existencia de fuerza mayor constatada por la autoridad laboral conforme a lo establecido en el artículo 51.7 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

    6.ª La extinción del contrato por voluntad del trabajador por las causas previstas en los artículos 40.1, 41.3 y 50 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

    7.ª La extinción del contrato por voluntad de la trabajadora por ser víctima de la violencia de género o violencia sexual prevista en el artículo 49.1.m) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

    En los supuestos contemplados en las causas 1.ª, 2.ª y 6.ª, para poder acceder a esta modalidad de jubilación anticipada, será necesario que el trabajador acredite haber percibido la indemnización correspondiente derivada de la extinción del contrato de trabajo o haber interpuesto demanda judicial en reclamación de dicha indemnización o de impugnación de la decisión extintiva.

    El percibo de la indemnización se acreditará mediante documento de la transferencia bancaria recibida o documentación acreditativa equivalente.

    Ver el artículo 207 completo

Textos legales basados en datos de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Se trata de un texto consolidado de carácter meramente informativo, sin valor oficial. Para el texto auténtico hay que acudir al BOE.

Lo que han dicho los tribunales sobre cada una de las cuestiones de este artículo.

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