¿Qué puede hacer el trabajador?

El trabajador tiene varias opciones ante un impago de los salarios por parte de la empresa. Dependerá de la gravedad de los impagos para adoptar una u otra medida. En este sentido, el trabajador tiene derecho a:

  1. Solicitar las cantidades adeudadas. Sólo puede solicitarse las cantidades adeudadas con menos de un año de antigüedad. El plazo para reclamar es de 12 meses desde que el salario debió haberse abonado.
  2. Solicitar las cantidades adeudas y la extinción de la relación y recibir una indemnización correspondiente al despido improcedente. Además, en este caso, podrá solicitar la prestación por desempleo

En ambos casos, se podrá solicitar un interés por mora del 10% de la cantidad adeudada.

En principio, parece más ventajosa la segunda opción, ya que incluye la primera y además podremos extinguir la relación laboral y además podremos exigir una indemnización y, posteriormente, tener derecho a prestación por desempleo, pero no en todos los casos se puede exigir.

Opción 1: solicitar las cantidades adeudadas

La primera opción y más clara es solicitar judicialmente las cantidades adeudadas.

En esta entrada tenéis toda la información más completa.

Guía para reclamar salarios atrasados

Procedimiento, plazos y opciones del trabajador a la hora de exigir el pago de los salarios atrasados y adeudados.

A modo de resumen, y como en cualquier otro procedimiento; se tiene que presentar una papeleta de conciliación laboral y en caso de no alcanzar un acuerdo la consiguiente demanda.

Pero no existe otra manera que no sea judicial, para que la empresa pague las cantidades adeudadas.

Para poder acudir al Fondo de Garantía Salarial, conocido como FOGASA, tenemos que primero acudir a los juzgados. Es decir, que el FOGASA sólo paga el salario en caso de que existe una declaración de insolvencia indicada por un tribunal o en caso de un concurso de acreedores.

¿Y si presento una denuncia ante la inspección de trabajo?

Una denuncia ante la inspección de trabajo puede ser muy efectiva cuando la empresa no paga por que directamente no quiere y siempre y cuando la cantidad no sea discutible. Es decir, cuando tiene dinero pero no quiere pagar la nómina o la cantidad adeudada.

Por ejemplo, la empresa nos presenta un finiquito pero no lo paga. En ese caso la cantidad no se discute, puesto que la empresa es la que reconoce la cantidad, pero no paga por que no quiere. La inspección podrá sancionar a la empresa, y dicha sanción, hará que la empresa acabe pagando.

Pero si la empresa no tiene dinero, la denuncia ante la inspección sólo valdrá para que la empresa pueda ser sancionada, pero la inspección nunca podrá embargarle ningún bien para poder cobrar, ni como tampoco exigir al FOGASA que pague la cantidad que nos debe. Eso únicamente se podrá conseguir con una demanda ante los tribunales.

Opción 2: Solicitar cantidades y extinguir la relación laboral.

Además de lo salarios con lo indicado anteriormente, para exigir la extinción de la relación laboral los incumplimientos del empresario tiene que ser graves.

La jurisprudencia ha considerado que existe un incumplimiento grave y culpable cuando los impagos son continuados, persistentes en el tiempo y cuantitativamente importantes.

El cumplimiento de estos requisitos habrán de ser analizados para cada caso concreto, no obstante varias sentencias han estimado la procedencia de la extinción de la relación laboral por parte del trabajador cuando existen cuatro mensualidades impagadas en el momento de la sentencia, o tres impagadas en el momento de la presentación de la demanda.

Una vez planteada la demanda, el pago con retraso injustificado no elimina la justificación para la resolución del contrato, por lo tanto el trabajador sigue teniendo derecho a solicitar la extinción de la relación laboral y la indemnización correspondiente a el despido improcedente.

En cualquier caso, no sólo se puede exigir la extinción de la relación laboral cuando existen impagos, sino también que en caso de retrasos reiterados también es posible solicitar la extinción.

No obstante, siempre hay que valorar cada caso de manera concreta, ya que por ejemplo, el Tribunal Supremo consideró que demoras en el pago durante siete meses y el impago de un mes no fue causa suficiente para extinguir la relación laboral por parte del trabajador. Además, en este caso, los representantes de los trabajadores estaban informados y aceptaban el retraso en el pago como forma de solventar el mal momento económico, lo que era conocido por trabajadores que habían consentido cobrar con retraso para que la empresa siguiera adelante y no tuviera que reducir la plantilla.

Procedimiento que debe seguir el trabajador

La solicitud de extinción de la relación laboral se realiza en virtud del artículo 50 del Estatuto de los trabajadores. En esta entrada tienes más información.

Extinción por incumplimiento grave del empresario: Art. 50

Índice de la entrada El artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores Derecho a indemnización ¿Me cubre el FOGASA en caso de incumplimiento? ¿Tengo ...

El trabajador no puede unilateralmente extinguir la relación laboral, sino que tiene que ser el juez el que conceda tal derecho cuando se acredite en un procedimiento judicial el incumplimiento grave de empresario.

El procedimiento es el siguiente:

  1. El primer paso es presentar una papeleta de conciliación ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación. En el acto de conciliación se puede alcanzxar un acuerdo con  la empresa, para reclamar los salarios adeudados y extinguir la relación laboral.
  2. Si no hay acuerdo en el Acto de Conciliación, o la empresa no se presenta,  el trabajador debe presentar demanda ante el Juzgado de lo Social.

¿Debe el trabajador seguir acudiendo a su puesto de trabajo?

La respuesta no es fácil, por un lado la relación laboral se mantiene viva mientras el juez no dicta sentencia, por lo que el trabajador tiene la obligación de acudir al trabajo aunque el empresario no cumpla con el abono del salario, por muy injusto que parezca.

El no acudir al trabajo puede considerase abandono del trabajo, esto es, baja voluntaria del trabajador sin derecho a indemnización ni a la prestación por desempleo.

No obstante, los tribunales han flexibilizado esta exigencia en supuestos especialmente graves, en los que la convivencia entre el empresario y el trabajador resulte imposible.

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo avaló el comportamiento de un trabajador que no acudió a su puesto de trabajo, y además firmó un contrato con otra empresa sin haber resuelto el juez la demanda por impago. El supuesto es el siguiente:

El empleado comunicó a la empresa en el acto de conciliación que, si en el plazo de ocho días naturales no le eran abonados los salarios atrasados, dejaría de asistir a su puesto de trabajo y aceptaría cualquier otra oferta de empleo, manteniendo su demanda de rescisión indemnizada del contrato. La entidad, por su parte, comunicó al empleado que, si obraba de ese modo, entendería que había optado por la baja voluntaria y sin que procediese la extinción indemnizada.

Hay que tener en cuenta que en esta situación, advierte el Tribunal, el trabajador asume el riesgo del resultado del proceso.

Además, siempre se podrá solicitar como medida cautelar en el procedimiento judicial, que en la práctica, pocas veces concede el juez la posibilidad de no asistir a su puesto de trabajo.