El cierre de la empresa

Una de las causas de extinción de la relación laboral puede venir motivada por la extinción de la personalidad jurídica del empleador, es decir, el cierre de la sociedad mercantil y la liquidación de la misma.

En este sentido tenemos que diferenciar dos supuestos diferentes según la figura jurídica del empleador:

  1. El empleador es un empresario individual, es decir, un autónomo que es el que contrata a los trabajadores. En este supuesto, en caso de jubilación, muerte o incapacidad permanente, el trabajador tiene derecho a un mes de salario como indemnización, independientemente de la antigüedad que tenga. Esta posibilidad ha sido tratada con más profundidad en esta entrada.
  2. El empleador es una sociedad mercantil (limitada o anómina), y por una causa u otra, cierra la empresa y disuelve y liquida la sociedad, se debe de seguir el procedimiento del despido colectivo o individual en función del número de trabajadores afectados y causa de extinción como analizamos en esta entrada.

Es conveniente recordar, que en cualquiera de los dos casos anteriores, no se puede extinguir los contratos de trabajo y proceder a despedir a los trabajadores (al menos indicando como causa el cierre de la empresa) si la empresa se vende o continua la actividad económica bajo otra denominación, ya que en ese caso se trata de una sucesión empresarial.

En caso de sucesión empresarial, el trabajador tiene derecho a permanecer en su puesto de trabajo, por lo que tendrá que impugnar la medida antes los tribunales para que el despido sea considerado nulo o improcedente.

Liquidación de sociedad mercantil

El tercer párrafo de la letra g) apartado 1 del artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores dedicado a la extinción de la relación laboral establece que:

En los casos de extinción de la personalidad jurídica del contratante deberán seguirse los trámites del artículo 51.

El artículo 51 hace referencia al despido colectivo, conocido normalmente como ERE de extinción (Expediente de Regulación de Empleo).

La extinción de la personalidad jurídica, hace referencia a que la empresa ya no tiene razón de ser, es decir, no cierra por motivos económicos, técnicos, organizativos o de producción.

Sino que cierra por que ya no tiene objeto o actividad que realizar.

Lo cierto es una situación poco frecuente, ya que normalmente la empresa cierra por causas económicas. Por ejemplo, corporaciones públicas que cierran por orden de una administración pública.

Procedimiento a seguir por la empresa y derechos del trabajador

Se podría entender que, en virtud del artículo 49 anteriormente indicado, siempre que exista una extinción de la personalidad jurídica de la sociedad se deberá seguir el despido colectivo.

Así lo había entendido también la jurisprudencia, pero el Tribunal Supremo en la sentencia de 30 de marzo de 2022 y en la sentencia de 11 de mayo de 2022, ha considerado que sólo será necesario el despido colectivo cuando se extinga la relación laboral de más de cinco trabajadores en virtud del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores.

En este sentido, el artículo 51 establece que: «Se entenderá igualmente como despido colectivo la extinción de los contratos de trabajo que afecten a la totalidad de la plantilla de la empresa, siempre que el número de trabajadores afectados sea superior a cinco«

Por lo tanto, si son cinco trabajadores o menos se realizará un despido objetivo individual, si son más de seis se ha de seguir el procedimiento del despido colectivo.

El despido objetivo otorga el derecho al trabajador de una indemnización de 20 días por año trabajado con un máximo de doce meses con un preaviso de 15 días.

En caso de despido colectivo, la indemnización mínima es la misma, pero se puede negociar un importe superior con la empresa dentro de la negociación del despido colectivo.

¿Qué causas se pueden acreditar para justificar los despidos?

La jurisprudencia ha considerado que la extinción de la personalidad jurídica es una causa extintiva eficaz por sí misma, es decir, no es necesario acreditar unas causas económicas.

Así lo reconoce la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de julio de 2017 (que puedes descargar en este enlace) en la que se indica que: estamos en presencia de una causa extintiva eficaz por si misma -la extinción o desaparición de la persona jurídica contratante-, si bien para hacerla valer -a semejanza de lo que ocurre con la fuerza mayor- debe seguirse el correspondiente procedimiento de despido colectivo.

En cualquier caso, la jurisprudencia también establece que para que pueda aplicarse la causa extintiva consistente en la extinción de la personalidad jurídica de la empresa es necesario que la disolución de la sociedad responda a criterios legales objetivos y no a la mera conveniencia de la propia entidad o de sus socios.

Esos criterios legales pueden venir motivados por la obligación de cierre establecida en una legislación mercantil, cuando obligan a disolver y liquidar una sociedad, o en caso de una corporación pública por que así lo decide la administración correspondiente.

Para el caso de que se sospeche que la empresa actúa de mala fe o con otro propósito se deberá probar en el juicio, recayendo la carga de la prueba en el trabajador.

En definitiva, la jurisprudencia no exige a la empresa acreditar una causas como cualquier otro despido, pero tampoco puede ser una medida arbitraria ni carente de una justificación objetiva.

¿Que opciones tiene el trabajador?

La persona trabajadora tiene 20 días hábiles para impugnar la extinción, pero el procedimiento es algo diferente en caso de que se realice un despido objetivo o un despido colectivo, en este segundo caso te recomiendo leer este artículo este artículo donde lo explico más en profundidad.

Si es por despido individual, te recomiendo nuestra guía.

En caso de que tengamos sospechas de que el negocio va a ser traspasado o se vaya a continuar con la actividad es muy recomendable demandar para mantener vivas todas las opciones.