El FOGASA quiere revisar prestaciones prescritas ganadas por silencio: sin contradicción

Normas y preceptos aplicados. Despliega cada uno para leer su texto.

• Artículo 47.1 f)Ley del Procedimiento Administrativo Comúnnulidad de los actos presuntos que adquieren derechos sin los requisitos esenciales

  Texto del artículoTexto consolidado vigente

  Artículo 47. Nulidad de pleno derecho.

  1. Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes:

  a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.

  b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.

  c) Los que tengan un contenido imposible.

  d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.

  e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.

  f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.

  g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de Ley.

  2. También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.

• Artículo 146Ley Reguladora de la Jurisdicción Socialrevisión de actos declarativos de derechos

  Texto del artículoTexto consolidado vigente

  Artículo 146. Revisión de actos declarativos de derechos.

  1. Las Entidades, órganos u Organismos gestores, o el Fondo de Garantía Salarial no podrán revisar por sí mismos sus actos declarativos de derechos en perjuicio de sus beneficiarios, debiendo, en su caso, solicitar la revisión ante el Juzgado de lo Social competente, mediante la oportuna demanda que se dirigirá contra el beneficiario del derecho reconocido.

  2. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior:

  a) La rectificación de errores materiales o de hecho y los aritméticos, así como las revisiones motivadas por la constatación de omisiones o inexactitudes en las declaraciones del beneficiario, así como la reclamación de las cantidades que, en su caso, se hubieran percibido indebidamente por tal motivo.

  b) Las revisiones de los actos en materia de protección por desempleo, y por cese de actividad de los trabajadores autónomos, siempre que se efectúen dentro del plazo máximo de un año desde la resolución administrativa o del órgano gestor que no hubiere sido impugnada, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 147.

  c) La revisión de los actos de reconocimiento del derecho a una prestación de muerte y supervivencia, motivada por la condena al beneficiario, mediante sentencia firme, por la comisión de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas, cuando la víctima fuera el sujeto causante de la prestación, que podrá efectuarse en cualquier momento, así como la reclamación de las cantidades que, en su caso, hubiera percibido por tal concepto.

  3. La acción de revisión a la que se refiere el apartado uno prescribirá a los cuatro años.

  4. La sentencia que declare la revisión del acto impugnado será inmediatamente ejecutiva.

  Ver el artículo 146