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Salarios anteriores al concurso no reconocidos: los juzga el orden social
- Tribunal
- Tribunal Supremo · Sala de lo Social
- Fecha
- 27 de abril de 2022
- Recurso
- Recurso de casación para la unificación de doctrina
La reclamación de salarios anteriores a la declaración del concurso es competencia del juzgado de lo social, porque la ley concursal solo atribuye al juez del concurso ciertas acciones laborales, y no esta. Su ejecución sí corresponde después al juez mercantil.
La cuestión que se planteaba
Competencia del juez de lo mercantil o el de social para una reclamación de salarios no abonados antes del concurso que no han sido reconocidos en la lista de acreedores.
Qué pasó
Unos trabajadores reclamaron salarios adeudados que no se habían reconocido en el concurso de acreedores y una indemnización mayor que la aprobada en el expediente de regulación de empleo, tramitado cuando la empresa ya estaba en concurso.
Qué dice el tribunal
El Tribunal Superior de Justicia consideró competente para ambas reclamaciones al juzgado de lo mercantil. Los trabajadores recurrieron aceptando que la mayor indemnización debía resolverse en el incidente concursal laboral, pero defendiendo la competencia del juzgado de lo social para la deuda salarial, sin perjuicio de que su ejecución correspondiera luego al juez mercantil.
El Tribunal Supremo recuerda que su sentencia de 20 de febrero de 2021 (recurso 3740/2018) recopila la doctrina: del artículo 3 h) de la ley reguladora de la jurisdicción social y de los artículos 8, 55, 61.2 y 64.1 de la Ley Concursal se desprende que se transfirieron al juez del concurso solo ciertas materias laborales, y el orden social conserva la mayor parte de las que le son propias.
El artículo 2 a) de la ley procesal laboral atribuye al orden social las cuestiones entre empresas y trabajadores derivadas del contrato, salvo lo dispuesto en la Ley Concursal. El artículo 8 de la Ley 22/2003, Concursal, vigente para este litigio, enumera las acciones sociales de competencia exclusiva del juez del concurso, y no incluye las reclamaciones de cantidad; el artículo 55 añade las ejecuciones y apremios contra la concursada.
Aquí no se trata de una reclamación en fase de ejecución, sino de una acción para que se reconozca una deuda por salarios anteriores al concurso, así que es competente el juzgado de lo social.
Recorrido del proceso judicial
- SuplicaciónTribunal Superior de Justicia: declara competente al juzgado de lo mercantil para ambas reclamaciones
- CasaciónTribunal Supremo · 27 de abril de 2022: declara competente al juzgado de lo social para los salarios
El fallo
Declara competente al juzgado de lo social para la reclamación salarial.
Comentarios
Las guías donde se explica la regla general.
- ArtículoSolicitud del concurso de acreedores por el trabajadorSolicitud del concurso de acreedores por un trabajador que le adeudan nóminas o indemnización.La guía la cita: La reclamación de salarios anteriores al concurso que la administración concursal no reconoce corresponde al juzgado de lo social; al juez del concurso le…
- ArtículoDerechos de los trabajadores en un concurso de acreedoresLa guía la cita: La reclamación de salarios anteriores a la declaración de concurso que la administración concursal no reconoce corresponde al juzgado de lo social; lo que…
Normas y preceptos aplicados. Despliega cada uno para leer su texto.
Artículo 8Ley Concursal de 2003la reclamación de salarios anteriores al concurso no es competencia exclusiva del juez del concurso
Texto del artículoTexto consolidado vigenteArtículo 8. Juez del concurso.
Son competentes para conocer del concurso los jueces de lo mercantil. La jurisdicción del juez del concurso es exclusiva y excluyente en las siguientes materias:
1.º Las acciones civiles con trascendencia patrimonial que se dirijan contra el patrimonio del concursado con excepción de las que se ejerciten en los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores a las que se refiere el título I del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil. También conocerá de la acción a que se refiere el artículo 17.1 de esta Ley.
2.º Las acciones sociales que tengan por objeto la extinción, modificación o suspensión colectivas de los contratos de trabajo en los que sea empleador el concursado, así como la suspensión o extinción de contratos de alta dirección, sin perjuicio de que cuando estas medidas supongan modificar las condiciones establecidas en convenio colectivo aplicable a estos contratos se requerirá el acuerdo de los representantes de los trabajadores. En el enjuiciamiento de estas materias, y sin perjuicio de la aplicación de las normas específicas de esta ley, deberán tenerse en cuenta los principios inspiradores de la ordenación normativa estatutaria y del proceso laboral.
Por suspensión colectiva se entienden las previstas en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, incluida la reducción temporal de la jornada ordinaria diaria de trabajo.
3.º Toda ejecución frente a los bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado, cualquiera que sea el órgano que la hubiera ordenado.
4.º Toda medida cautelar que afecte al patrimonio del concursado excepto las que se adopten en los procesos que quedan excluidos de su jurisdicción en el párrafo 1.º de este precepto y, en su caso, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52, las adoptadas por los árbitros en las actuaciones arbitrales, sin perjuicio de la competencia del juez para acordar la suspensión de las mismas, o solicitar su levantamiento, cuando considere que puedan suponer un perjuicio para la tramitación del concurso.
5.º Las que en el procedimiento concursal debe adoptar en relación con la asistencia jurídica gratuita y, en concreto, las que le atribuye la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.
6.º Las acciones de reclamación de deudas sociales interpuestas contra los socios subsidiariamente responsables de los créditos de la sociedad deudora, cualquiera que sea la fecha en que se hubiera contraído y las acciones para exigir a los socios de la sociedad deudora el desembolso de las aportaciones sociales diferidas o el cumplimiento de las prestaciones accesorias.
7.º Las acciones de responsabilidad contra los administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, y contra los auditores por los daños y perjuicios causados, antes o después de la declaración judicial de concurso, a la persona jurídica concursada.
- También se citan
Artículo 2 a) · cambió después de esta sentenciaLey Reguladora de la Jurisdicción Socialcompetencia general del orden social
Texto del apartado citadoRedacción vigente el día de la sentencia · desde el 1 de enero de 2022Los órganos jurisdiccionales del orden social, por aplicación de lo establecido en el artículo anterior, conocerán de las cuestiones litigiosas que se promuevan:
a) Entre empresarios y trabajadores como consecuencia del contrato de trabajo y del contrato de puesta a disposición, con la salvedad de lo dispuesto en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal; y en el ejercicio de los demás derechos y obligaciones en el ámbito de la relación de trabajo.
Así está hoyCambió después, desde el 20 de marzo de 2024, por Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembreLos órganos jurisdiccionales del orden social, por aplicación de lo establecido en el artículo anterior, conocerán de las cuestiones litigiosas que se promuevan:
a) Entre empresarios y trabajadores como consecuencia del contrato de trabajo y del contrato de puesta a disposición, con la salvedad de lo dispuesto en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal; y en el ejercicio de los demás derechos y obligaciones en el ámbito de la relación de trabajo.
Artículo 3 h) · cambió después de esta sentenciaLey Reguladora de la Jurisdicción Socialmaterias laborales atribuidas al juez del concurso
Texto del apartado citadoRedacción vigente el día de la sentencia · desde el 1 de enero de 2022No conocerán los órganos jurisdiccionales del orden social:
h) De las reclamaciones sobre responsabilidad patrimonial de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, así como de las demás entidades, servicios y organismos del Sistema Nacional de Salud y de los centros sanitarios concertados con ellas, sean estatales o autonómicos, por los daños y perjuicios causados por o con ocasión de la asistencia sanitaria, y las correspondientes reclamaciones, aun cuando en la producción del daño concurran con particulares o cuenten con un seguro de responsabilidad.
Así está hoyCambió después, desde el 24 de diciembre de 2022, por Ley 22/2021, de 28 de diciembreNo conocerán los órganos jurisdiccionales del orden social:
h) De las pretensiones cuyo conocimiento y decisión esté reservado por la Ley Concursal a la jurisdicción exclusiva y excluyente del juez del concurso.
Artículo 55Ley Concursal de 2003ejecuciones y apremios contra la concursada
Texto del artículoTexto consolidado vigenteArtículo 55. Ejecuciones y apremios.
1. Declarado el concurso, no podrán iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor.
Hasta la aprobación del plan de liquidación, podrán continuarse aquellos procedimientos administrativos de ejecución en los que se hubiera dictado diligencia de embargo y las ejecuciones laborales en las que se hubieran embargado bienes del concursado, todo ello con anterioridad a la fecha de declaración del concurso, siempre que los bienes objeto de embargo no resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor.
2. Las actuaciones que se hallaran en tramitación quedarán en suspenso desde la fecha de declaración de concurso, sin perjuicio del tratamiento concursal que corresponda dar a los respectivos créditos.
3. Cuando las actuaciones de ejecución hayan quedado en suspenso conforme a lo dispuesto en los apartados anteriores, el juez, a petición de la administración concursal y previa audiencia de los acreedores afectados, podrá acordar el levantamiento y cancelación de los embargos trabados cuando el mantenimiento de los mismos dificultara gravemente la continuidad de la actividad profesional o empresarial del concursado. El levantamiento y cancelación no podrá acordarse respecto de los embargos administrativos.
4. Se exceptúa de las normas contenidas en los apartados anteriores lo establecido en esta ley para los acreedores con garantía real.
Textos legales basados en datos de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Se trata de un texto consolidado de carácter meramente informativo, sin valor oficial. Para el texto auténtico hay que acudir al BOE.
Resoluciones que cita esta sentencia.
- 20 feb 2021Tribunal SupremoSentencia del Tribunal Supremo de 20 de febrero de 2021 (recurso 3740/2018)Reparto de competencias entre el juez del concurso y el orden social