Costas a favor del Abogado del Estado: no hace falta que esté colegiado

Las guías donde se explica la regla general.

• ArtículoCostas, mala fe y temeridad en un juicio laboralAunque es excepcional en un procedimiento laboral es posible la imposición de una multa por temeridad o mala fe, así como la imposición de costas.Resuelve sobre el art. 235.1 LRJS, que explica la guía: las costas a favor del Abogado del Estado no exigen su colegiación

Normas y preceptos aplicados. Despliega cada uno para leer su texto.

• Artículo 235.1Ley Reguladora de la Jurisdicción Sociallas costas a favor del Abogado del Estado no exigen su colegiación

  Texto del artículoTexto consolidado vigente

  Artículo 235. Imposición de costas y convenio transaccional.

  1. La sentencia impondrá las costas a la parte vencida en el recurso, excepto cuando goce del beneficio de justicia gratuita o cuando se trate de sindicatos, o de funcionarios públicos o personal estatutario que deban ejercitar sus derechos como empleados públicos ante el orden social.

  Las costas comprenderán los honorarios del abogado o del graduado social colegiado de la parte contraria que hubiera actuado en el recurso en defensa o en representación técnica de la parte, sin que la atribución en las costas de dichos honorarios puedan superar la cantidad de mil doscientos euros en recurso de suplicación y de mil ochocientos euros en recurso de casación.

  2. La regla general del vencimiento establecida en el apartado anterior, no se aplicará cuando se trate de proceso sobre conflicto colectivo, en el que cada parte se hará cargo de las costas causadas a su instancia. Ello no obstante, la Sala podrá imponer el pago de las costas a cualquiera de las partes que en dicho proceso o en el recurso hubiera actuado con temeridad o mala fe.

  3. La Sala que resuelva el recurso de suplicación o casación o declare su inadmisibilidad podrá imponer a la parte recurrente que haya obrado con mala fe o temeridad la multa que señalan el apartado 4 del artículo 75 y el apartado 3 del artículo 97, así como cuando entienda que el recurso se interpuso con propósito dilatorio. Igualmente en tales casos, impondrá a dicho litigante, excepto cuando sea trabajador, funcionario, personal estatutario o beneficiario de la Seguridad Social, los honorarios de los abogados y, en su caso, de los graduados sociales colegiados actuantes en el recurso dentro de los límites fijados en el párrafo primero de este artículo. Cuando la Sala pretenda de oficio imponer las anteriores medidas, oirá previamente a las partes personadas en la forma que establezca.

  4. Las partes podrán alcanzar, en cualquier momento durante la tramitación del recurso, convenio transaccional que, de no apreciarse lesión grave para alguna de las partes, fraude de ley o abuso de derecho, será homologado por el órgano jurisdiccional que se encuentre tramitando el recurso, mediante auto, poniendo así fin al litigio y asumiendo cada parte las costas causadas a su instancia, con devolución del depósito constituido. El convenio transaccional, una vez homologado, sustituye el contenido de lo resuelto en la sentencia o sentencias anteriormente dictadas en el proceso y la resolución que homologue el mismo constituye título ejecutivo. La impugnación de la transacción judicial así alcanzada se efectuará ante el órgano jurisdiccional que haya acordado la homologación, mediante el ejercicio por las partes de la acción de nulidad por las causas que invalidan los contratos o por los posibles perjudicados con fundamento en su ilegalidad o lesividad, siguiendo los trámites establecidos para la impugnación de la conciliación judicial, sin que contra la sentencia dictada quepa recurso.

  Ver el artículo 235

Resoluciones que cita esta sentencia.

• 21 ene 2000Tribunal SupremoAuto del Tribunal Supremo de 21 de enero de 2000Costas por la intervención del Abogado del Estado
• 14 dic 2011Tribunal SupremoAuto del Tribunal Supremo de 14 de diciembre de 2011 (recurso 2349/2010)Costas por la intervención del Abogado del Estado