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Multas por trabajar sin alta: se suman todas las actas de una misma inspección
Cuando la Inspección de Trabajo detecta en una misma actuación a varias personas trabajando sin alta, unas cobrando el paro y otras no, puede levantar actas distintas. El Tribunal Supremo dice que, para aplicar el recargo de la multa según el número de trabajadores, se suman todos los de esa actuación, aunque estén en actas diferentes.
Este artículo actualiza nuestra guía «Multas a la empresa por no dar de alta, no registrar la jornada o no pagar el salario».
La cuestión
Tener a alguien trabajando sin darle de alta en la Seguridad Social es una infracción grave (artículo 22.2 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, LISOS).
Si además esa persona cobra una prestación incompatible, como el paro, la infracción es muy grave (artículo 23.1 a).
Para estas infracciones, el artículo 40.1 e) de la LISOS prevé un agravante: cuando en una misma actuación de inspección se detectan varias, la multa de cada una se incrementa según el número de trabajadores afectados:
- un 20 % si son dos;
- un 30 % si son tres;
- un 40 % si son cuatro;
- un 50 % si son cinco o más.
Pero las infracciones de Seguridad Social y las de prestaciones a veces se recogen en actas distintas. ¿Se cuentan los trabajadores de cada acta por separado o se suman todos?
El Tribunal Supremo responde que se suman, en la sentencia 774/2026, de 6 de octubre (recurso de casación para la unificación de doctrina 4622/2024).
El caso
La Inspección de Trabajo investigó a una compañía de seguros cuyos agentes y equipos de telemarketing tenían contratos mercantiles. Concluyó que eran relaciones laborales: había horario, control de la actividad, dependencia jerárquica, salario fijo más variable y medios de la empresa.
En una sola actuación levantó dos actas:
- una con 28 infracciones por no dar de alta a otros tantos trabajadores (artículo 22.2 LISOS);
- otra con tres infracciones muy graves, por tres trabajadores sin alta que cobraban el paro (artículo 23.1 a) LISOS).
En la segunda acta, dos de las tres multas se incrementaron un 50 %, aunque esa acta solo afectaba a tres personas: la Administración sumó a los trabajadores de las dos actas.
La tercera multa no se incrementó, porque esa infracción era anterior a la reforma legal que introdujo el incremento. La sanción de esa segunda acta fue de 40.004 euros.
La empresa lo impugnó: el acta impugnada no alcanzaba los cinco trabajadores. El Juzgado de lo Social de Jaén y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Granada) le dieron la razón a la Administración.
Otra sentencia del mismo Tribunal Superior (Sevilla) había resuelto lo contrario en un caso parecido. El Supremo unifica a favor de la Administración.
Por qué se suman
Lo que cuenta es la actuación, no el acta. El artículo 40.1 e) habla de las infracciones detectadas «con ocasión de una misma actuación de inspección».
Una actuación inspectora es un conjunto unitario de visitas, requerimientos y comprobaciones, del que pueden salir varias actas. La interpretación literal y la finalidad de la norma permiten sumar a todos los trabajadores afectados en esa actuación.
Las actas separadas son una cuestión de procedimiento. El reglamento de procedimiento sancionador (artículo 16 del Real Decreto 928/1998) ordena acumular en una sola acta las infracciones de una misma materia, pero obliga a separarlas en ciertos casos.
Que acaben en actas diferentes no rompe la unidad de la investigación.
Las infracciones son homogéneas. En el caso, todas consistían en tener trabajadores sin alta; unos, además, cobraban prestaciones. La misma empresa, la misma materia y la misma actuación.
Los argumentos de la empresa, rechazados
- Principio de legalidad: no se vulnera. La ley prevé con claridad el incremento del 50 % «cuando se trate de cinco o más trabajadores». Sumarlos es aplicar el supuesto de hecho de la norma, no ampliarla por analogía.
- Interpretación restrictiva y «pro reo»: se trata de saber qué dice la ley, y la ley permite la suma. El principio in dubio pro reo se refiere a la prueba de los hechos, no a la interpretación de la norma.
- Seguridad jurídica: el incremento por número de trabajadores es un dato objetivo y conocido de antemano.
- Que la sentencia no detallara la otra acta: era irrelevante, porque el número de trabajadores de ambas actas no se discutía.
La empresa fue condenada, además, a pagar las costas del recurso (1.500 euros).
Un detalle sobre la norma aplicada
El acta se levantó el 26 de diciembre de 2014, y el caso se resolvió con la redacción del artículo 40.1 e) que dio la Ley 13/2012.
Por eso una de las tres infracciones, anterior a esa reforma, no se incrementó. La sentencia de contraste citaba la redacción posterior de la Ley 6/2017, y el Supremo considera esa diferencia intrascendente para la cuestión.
Qué deben tener en cuenta empresas y asesorías
- El riesgo de no dar de alta crece con el número de personas. Si en una inspección aparecen cinco o más trabajadores sin alta, cada multa puede subir un 50 %, aunque se repartan en actas distintas.
- Si alguno cobra el paro, la infracción es muy grave: la multa del artículo 40.1 e) para el artículo 23.1 a) va de 12.001 a 30.000 euros en su grado mínimo, antes del incremento.
- Al impugnar una sanción, no sirve el argumento de que el acta concreta tiene menos de cinco trabajadores si la misma actuación generó otras actas.
- Revisad los contratos mercantiles de comerciales, agentes o teleoperadores: si hay horario, control y dependencia, la Inspección puede considerarlos laborales, con las altas, cotizaciones y multas que eso supone.
Cuestiones Laborales es una web informativa: lo que explica es general y cada caso tiene sus matices. Para el tuyo, consulta siempre con un abogado o abogada laboralista o con un graduado o graduada social.
Comentarios
Normas y preceptos aplicables. Despliega cada uno para leer su texto.
Artículo 40.1Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden SocialSu letra e) fija las multas por falta de alta y el incremento del 20 al 50 % según el número de trabajadores afectados en una misma actuación de inspección.
Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 31 de diciembre de 20211. Las infracciones en materia de relaciones laborales y empleo, en materia de Seguridad Social, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 siguiente, en materia de movimientos migratorios y trabajo de extranjeros, en materia de empresas de trabajo temporal y empresas usuarias, excepto las que se refieran a materias de prevención de riesgos laborales, que quedarán encuadradas en el apartado 2 de este artículo, así como las infracciones por obstrucción se sancionarán:
a) Las leves, en su grado mínimo, con multas de 70 a 150 euros; en su grado medio, de 151 a 370 euros; y en su grado máximo, de 371 a 750 euros.
b) Las graves con multa, en su grado mínimo, de 751 a 1.500 euros, en su grado medio de 1.501 a 3.750 euros; y en su grado máximo de 3.751 a 7.500 euros.
c) Las muy graves con multa, en su grado mínimo, de 7.501 a 30.000 euros; en su grado medio de 30.001 a 120.005 euros; y en su grado máximo de 120.006 euros a 225.018 euros.
c bis) Las infracciones graves señaladas en los artículos 7.2, 7.14, 18.2.c), 19.2.b), 19.2.e), 19 bis.1.b), 19 ter.2.b) y 19 ter.2.e) se sancionarán con la multa siguiente: en su grado mínimo, de 1.000 a 2.000 euros; en su grado medio, de 2.001 a 5.000 euros y, en su grado máximo, de 5.001 a 10.000 euros.
d) Las infracciones señaladas en los artículos 22.3, 23.1.b) y 23.1.k) se sancionarán:
1.º La infracción grave del artículo 22.3 se sancionará con la multa siguiente: en su grado mínimo, con multa del 50 al 65 por ciento del importe de las cuotas de Seguridad Social y demás conceptos de recaudación conjunta no ingresados, incluyendo recargos, intereses y costas; en su grado medio, con multa del 65,01 al 80 por ciento; y en su grado máximo, con multa del 80,01 al 100 por ciento.
2.º La infracción muy grave del artículo 23.1.b) se sancionará con la multa siguiente: en su grado mínimo, con multa del 100,01 al 115 por ciento del importe de las cuotas de Seguridad Social y demás conceptos de recaudación conjunta no ingresados, incluyendo recargos, intereses y costas; en su grado medio, con multa del 115,01 al 130 por ciento; y en su grado máximo, con multa del 130,01 al 150 por ciento.
3.º La infracción muy grave del artículo 23.1.k) se sancionará con la multa siguiente: en su grado mínimo, con multa del 100,01 al 115 por ciento del importe de las cuotas de Seguridad Social no ingresadas y descontadas a los trabajadores o del exceso del descuento previsto legalmente, incluyendo recargos, intereses y costas; en su grado medio, con multa del 115,01 al 130 por ciento; y en su grado máximo, con multa del 130,01 al 150 por ciento.
e) Las infracciones señaladas en los artículos 22.2, 22.7 a), 22.16 y 23.1.a) se sancionarán:
1.º La infracción grave de los artículos 22.2, 22.7 a) y 22.16 se sancionará con la multa siguiente: en su grado mínimo, de 3.750 a 7.500 euros; en su grado medio, de 7.501 a 9.600 euros y, en su grado máximo, de 9.601 a 12.000 euros.
2.º La infracción muy grave del artículo 23.1.a) se sancionará con la multa siguiente: en su grado mínimo, de 12.001 a 30.000 euros; en su grado medio, de 30.001 a 120.005 euros y, en su grado máximo, de 120.006 a 225.018 euros.
No obstante, cuando con ocasión de una misma actuación de inspección se detecten varias infracciones de las contempladas en este apartado, la sanción que en su caso se proponga para cada una de ellas, graduada conforme a los criterios contenidos en el artículo 39.2 que procedan, se incrementará en:
Un 20 por ciento en cada infracción cuando se trate de dos trabajadores, beneficiarios o solicitantes.
Un 30 por ciento en cada infracción cuando se trate de tres trabajadores, beneficiarios o solicitantes.
Un 40 por ciento en cada infracción cuando se trate de cuatro trabajadores, beneficiarios o solicitantes.
Un 50 por ciento en cada infracción cuando se trate de cinco o más trabajadores, beneficiarios o solicitantes.
En ningún caso, la cuantía correspondiente a la infracción prevista en el artículo 22.2 podrá exceder de 12.000 euros, ni la prevista en el artículo 23.1.a) podrá exceder de 225.018 euros para cada una de las infracciones.
f) Cuando la actuación inspectora de la que se derive la obstrucción fuera dirigida a la comprobación de la situación de alta de los trabajadores que presten servicios en una empresa y el incumplimiento de las obligaciones del empresario pudiera dar lugar a la comisión de las infracciones tipificadas en los artículos 22.2 y 23.1.a), las infracciones por obstrucción se sancionarán:
1.º Las calificadas como graves: en su grado mínimo, con multa de 3.750 a 7.500 euros; en su grado medio, de 7.501 a 9.600 euros y, en su grado máximo, de 9.601 a 12.000 euros.
2.º Las calificadas como muy graves: en su grado mínimo, con una multa de 12.001 a 30.000 euros; en su grado medio, de 30.001 a 120.005 euros y, en su grado máximo, de 120.006 a 225.018 euros.
Las sanciones impuestas por las infracciones muy graves tipificadas en las letras d), e) y f) del apartado 1 del artículo 16, y en las letras a) y h) del apartado 1 del artículo 23, así como las sanciones por obstrucción calificadas como muy graves en el párrafo anterior, una vez firmes, se harán públicas en la forma que se prevea reglamentariamente.
Artículo 22.2Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden SocialTipifica como infracción grave no dar de alta en la Seguridad Social a quien empieza a trabajar.
Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 1 de enero de 20192. No solicitar la afiliación inicial o el alta de los trabajadores que ingresen a su servicio, o solicitar la misma, como consecuencia de actuación inspectora, fuera del plazo establecido. A estos efectos se considerará una infracción por cada uno de los trabajadores afectados.
Artículo 23.1Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden SocialSu letra a) tipifica como infracción muy grave dar ocupación sin alta a quien cobra una prestación incompatible con el trabajo, como el paro.
Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 2 de marzo de 20221. Son infracciones muy graves:
a) Dar ocupación como trabajadores a beneficiarios o solicitantes de pensiones u otras prestaciones periódicas de la Seguridad Social, cuyo disfrute sea incompatible con el trabajo por cuenta ajena, cuando no se les haya dado de alta en la Seguridad Social con carácter previo al inicio de su actividad.
b) No ingresar, en la forma y plazos reglamentarios, las cuotas correspondientes que por todos los conceptos recauda la Tesorería General de la Seguridad Social, no habiendo cumplido dentro de plazo las obligaciones establecidas en los apartados 1 y 2 del artículo 26 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, así como actuar fraudulentamente al objeto de eludir la responsabilidad solidaria, subsidiaria o mortis causa en el cumplimiento de la obligación de cotizar o en el pago de los demás recursos de la Seguridad Social.
c) Efectuar declaraciones, o facilitar, comunicar o consignar datos falsos o inexactos que den lugar a que las personas trabajadoras obtengan o disfruten indebidamente prestaciones, así como la connivencia con sus trabajadores/as o con las demás personas beneficiarias para la obtención de prestaciones indebidas o superiores a las que procedan en cada caso, o para eludir el cumplimiento de las obligaciones que a cualquiera de ellos corresponda en materia de prestaciones.
d) Pactar con sus trabajadores de forma individual o colectiva la obligación por parte de ellos de pagar total o parcialmente la prima o parte de cuotas a cargo del empresario, o bien su renuncia a los derechos que les confiere el sistema de la Seguridad Social.
e) Incrementar indebidamente la base de cotización del trabajador de forma que provoque un aumento en las prestaciones que procedan, así como la simulación de la contratación laboral para la obtención indebida de prestaciones.
f) Efectuar declaraciones o facilitar, comunicar o consignar datos falsos o inexactos, que ocasionen liquidaciones, deducciones o compensaciones fraudulentas en las cuotas a satisfacer a la Seguridad Social, o incentivos relacionados con las mismas.
g) No facilitar al Organismo público correspondiente, en tiempo y forma, los datos identificativos de titulares de prestaciones sociales económicas, así como, en cuanto determinen o condicionen el derecho a percibirlas, los de los beneficiarios, cónyuges y otros miembros de la unidad familiar, o los de sus importes, clase de las prestaciones y fecha de efectos de su concesión.
h) Incurrir los empresarios, las entidades de formación o aquellas que asuman la organización de las acciones formativas programadas por las empresas, en el falseamiento de documentos o en la simulación de la ejecución de la acción formativa, incluida la teleformación, para la obtención o disfrute indebido de bonificaciones en materia de formación profesional para el empleo.
Se entenderá una infracción por cada empresa y por cada acción formativa.
i) Incumplir la obligación de suscribir el convenio especial en los supuestos establecidos en el artículo 51.9 del Estatuto de los Trabajadores
j) Dar ocupación a los trabajadores afectados por la suspensión de contratos o reducción de jornada, en el período de aplicación de las medidas de suspensión de contratos o en el horario de reducción de jornada comunicado a la autoridad laboral o a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo, en su caso.
k) Retener indebidamente, no ingresándola dentro de plazo, la parte de cuota de Seguridad Social descontada a sus trabajadores o efectuar descuentos superiores a los legalmente establecidos, no ingresándolos en el plazo reglamentario.
l) Incumplir lo dispuesto en los Reglamentos de la Unión Europea sobre Coordinación de Sistemas de Seguridad Social, respecto a la determinación de la legislación de seguridad social aplicable, cuando dicho incumplimiento dé lugar a la inscripción o alta en el sistema de seguridad social español de empresas, trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia.
m) Incumplir lo dispuesto en los Reglamentos de la Unión Europea sobre Coordinación de Sistemas de Seguridad Social, respecto a la determinación de la legislación de seguridad social aplicable, cuando dicho incumplimiento dé lugar a la falta de alta y cotización en el sistema de seguridad social español de personas desplazadas a España desde otro Estado Miembro de la Unión Europea, ya se trate de una empresa que desplace trabajadores para prestar servicios por cuenta ajena o de personas que se desplacen para prestar servicios por cuenta propia.
Artículo 21Ley 23/2015, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad SocialDefine las modalidades de la actuación inspectora (visitas, comparecencias, expediente), que el Supremo toma como una unidad.
Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 23 de julio de 2015Artículo 21. Modalidades y documentación de la actuación inspectora.
1. La actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se desarrollará mediante visita a los centros o lugares de trabajo, sin necesidad de aviso previo; mediante requerimiento de comparecencia ante el funcionario actuante de quien resulte obligado, aportando la documentación que se señale en cada caso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13.3.c), o para efectuar las aclaraciones pertinentes; o en virtud de expediente administrativo, cuando el contenido de su actuación permita iniciar y finalizar aquélla. Las actuaciones inspectoras podrán realizarse por uno o varios funcionarios y podrán extenderse durante el tiempo necesario.
2. Igualmente la Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá actuar mediante comprobación de datos o antecedentes que obren en las Administraciones Públicas. A tal efecto, podrá utilizar los datos o antecedentes que le suministren otras Administraciones Públicas de la Unión Europea.
3. Cuando iniciada visita de inspección no fuese posible su prosecución y finalización por no aportar el sujeto inspeccionado los antecedentes o documentos solicitados, la actuación proseguirá en virtud de requerimiento para su aportación en la forma indicada en el apartado 1.
4. Las actuaciones comprobatorias no se dilatarán por espacio de más de nueve meses salvo que la dilación sea imputable al sujeto a inspección o a las personas dependientes del mismo. No obstante, podrá ampliarse, con el alcance y requisitos establecidos reglamentariamente, por otro periodo que no excederá de nueve meses, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Cuando las actividades de inspección revistan especial dificultad y complejidad. Se entiende que se produce atendiendo al volumen de operaciones de la persona o de la entidad, por la dispersión geográfica de sus actividades, y en aquellos otros supuestos que indique una norma reglamentaria.
b) Cuando en el transcurso de las mismas se descubra que el sujeto inspeccionado ha obstruido u ocultado al órgano inspector alguna de sus actividades o de las personas que las desempeñen.
c) Cuando la actuación inspectora requiera de cooperación administrativa internacional.
Asimismo, no se podrán interrumpir por más de cinco meses, salvo que la interrupción sea causada por el sujeto inspeccionado o personas de él dependientes, o cuando se constate la imposibilidad de proseguir la actuación inspectora por la pendencia de un pronunciamiento judicial que pueda condicionar el resultado de la misma.
Las comprobaciones efectuadas en una actuación inspectora tendrán el carácter de antecedente para las sucesivas.
Cualquiera que sea el origen de la actuación inspectora conforme al artículo 20.3, el cómputo de los plazos establecidos en este apartado se iniciará a partir de la fecha de la primera visita efectuada o, en caso de requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado, desde la fecha efectiva de la comparecencia, siempre que haya aportado la totalidad de la documentación requerida con trascendencia en la actuación inspectora. No se considerará incluido en ningún caso en el cómputo de los plazos, el tiempo transcurrido durante el aplazamiento concedido al sujeto obligado en los supuestos de formularse requerimientos de subsanación de incumplimientos previos por parte del órgano inspector.
5. Con ocasión de sus visitas a los lugares de trabajo, los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social solicitarán la presencia de los representantes de los trabajadores cuando legalmente proceda, conforme a la normativa de prevención de riesgos laborales, o cuando así lo aconseje la índole de la actuación a realizar de acuerdo con las instrucciones que se dicten al respecto.
6. Los funcionarios actuantes extenderán diligencia por escrito de cada actuación que realicen con ocasión de las visitas a los centros de trabajo o de las comprobaciones efectuadas mediante comparecencia del sujeto inspeccionado en dependencias públicas.
Mediante Orden del titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social se determinarán los hechos y actos que deban incorporarse a las diligencias, su formato y su remisión a los sujetos inspeccionados, teniendo en cuenta que, en lo posible, se utilizarán medios electrónicos y que no se impondrán obligaciones a los interesados para adquirir o diligenciar cualquier clase de libros o formularios para la realización de dichas diligencias.
Textos legales basados en datos de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Se trata de un texto consolidado de carácter meramente informativo, sin valor oficial. Para el texto auténtico hay que acudir al BOE.
Lo que han dicho los tribunales sobre cada una de las cuestiones de este artículo.