El Supremo tumba el veto a las ETT en la contratación de temporada de personas extranjeras

Qué se impugnaba: el recurso contra el Reglamento de Extranjería

La Asociación Coordinadora de Barrios, la Asociación Pro Derechos Humanos de España y Extranjeristas en Red impugnaron directamente más de treinta preceptos e incisos del Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, que aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, con oposición del Abogado del Estado a todos ellos.

Durante la tramitación, el Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, modificó varios de los preceptos impugnados, lo que dejó sin objeto parte del recurso.

La sentencia estima el recurso solo en parte, pero las anulaciones que declara son de calado. Para el mundo laboral, la más relevante está en el fundamento octavo: la que afecta a las empresas de trabajo temporal.

Una segunda sentencia de 29 de julio de 2026 (rec. 21/2025), a instancia de Cáritas, CEAR, Andalucía Acoge, Red Acoge y el Servicio Jesuita a Migrantes, reitera una de las anulaciones —la de la tramitación electrónica obligatoria— y desestima el resto.

El veto a las ETT en el trabajo de temporada

El artículo 101.1, párrafo tercero, del Reglamento disponía que las empresas de trabajo temporal no podían ser titulares de la autorización de residencia y trabajo para actividades de temporada, ni ser autorizadas por cambio de empleador o en la cadena de concatenaciones.

En la práctica, expulsaba a las ETT de todo el circuito de la contratación en origen y de temporada: ni contratar directamente para ceder, ni entrar después como nuevo empleador.

El sector afectado no es menor: las campañas agrícolas y otros trabajos estacionales dependen de una gestión intensiva de mano de obra en periodos cortos, que es exactamente el terreno natural de las empresas de trabajo temporal.

Primer argumento: un reglamento no puede restringir lo que la ley permite

El Supremo (sentencia 868/2026, de 8 de julio) parte de un principio clásico: el reglamento puede desarrollar y complementar la ley, «pero no puede innovar el ordenamiento jurídico en perjuicio de los particulares introduciendo exclusiones o restricciones que la norma de rango superior no prevé ni autoriza».

Y las normas con rango de ley dicen lo contrario de lo que hacía el Reglamento.

El artículo 6.2 de la Ley 14/1994, de Empresas de Trabajo Temporal, permite a las ETT celebrar contratos de duración determinada e indefinidos, incluidos los fijos-discontinuos, en relación con el artículo 16.1 del Estatuto de los Trabajadores.

Y el artículo 8 de la misma ley enumera de forma taxativa los supuestos en que no cabe el contrato de puesta a disposición, sin incluir la contratación de personas extranjeras para campañas de temporada.

Cuando una restricción afecta a un sector económico reconocido por ley, concluye la Sala, la norma de cobertura debe autorizarla siquiera implícitamente; aquí no había ninguna, con vulneración del artículo 9.3 de la Constitución.

Segundo argumento: la Directiva 2008/104 y la justificación que nunca existió

El segundo pilar es europeo.

El artículo 4.1 de la Directiva 2008/104/CE, interpretado por la STJUE de 17 de marzo de 2015 (AKT, C-533/13), obliga a los Estados a revisar y suprimir las restricciones al recurso a las ETT que no estén justificadas por razones de interés general.

La Abogacía del Estado alegó en el pleito razones como reducir la precariedad o evitar la dilución de responsabilidades.

El problema es que esas razones no figuraban ni en la exposición de motivos ni en el expediente de elaboración de la norma, y el Supremo es tajante: «la justificación ex post proporcionada en sede procesal no puede suplir la ausencia de motivación en el propio acto normativo».

La prohibición tampoco superaba el triple escrutinio —razón imperiosa de interés general, adecuación y necesidad— que el artículo 56 del TFUE impone a una prohibición absoluta que alcanza también a las ETT de otros Estados miembros, con cita de la STJUE de 19 de junio de 2008, Comisión contra Luxemburgo (C-319/06).

Alcance de la anulación: titularidad, cambio de empleador y concatenación

La Sala anula el párrafo tercero del artículo 101.1 en su integridad: cae la prohibición de que las ETT sean titulares de la autorización de temporada y también las prohibiciones de autorización por cambio de empleador y en la cadena de concatenaciones.

La nulidad es de pleno derecho, como corresponde a las disposiciones generales contrarias al ordenamiento.

Familiares de españoles: fin de la denegación automática por antecedentes penales

Fuera del terreno estrictamente laboral, la sentencia confirma el diseño general del régimen de los familiares de españoles —incluido su carácter constitutivo y la exigencia de visado, porque la Directiva 2004/38 no rige para los «españoles estáticos»—, pero anula piezas relevantes: la exigencia de que la tutela de un menor se haya constituido conforme al ordenamiento español (contraria al Convenio de La Haya de 1996) y, sobre todo, los incisos de los artículos 97.4 y 98.1 que imponían la denegación automática por antecedentes penales cuando la negativa priva a un ciudadano español del disfrute efectivo de la ciudadanía de la Unión (artículo 20 del TFUE).

Conforme a la jurisprudencia europea (Rendón Marín, C-165/14, y Chavez-Vilchez, C-133/15), la Administración debe verificar si existe una amenaza real, actual y suficientemente grave, ponderando la gravedad de los delitos, el tiempo transcurrido, la conducta posterior y el interés de los hijos e hijas menores. El automatismo queda proscrito.

La relación electrónica obligatoria, también anulada

Cae igualmente, y en su integridad, el artículo 197.2, que imponía la relación electrónica obligatoria a las personas físicas en siete procedimientos, entre ellos la autorización inicial de residencia y trabajo por cuenta ajena, la de temporada y la gestión colectiva en origen.

El artículo 14.3 de la Ley 39/2015 exige acreditar que el colectivo afectado tiene acceso y disponibilidad de medios electrónicos, y nada de eso constaba para colectivos tan heterogéneos como los temporeros agrícolas.

El propio Real Decreto 316/2026, al admitir la presentación presencial en la regularización extraordinaria, demostraba que la exclusividad del canal electrónico no era necesaria.

Consecuencias prácticas para campañas agrícolas y empresas usuarias

Para el sector de la gestión de mano de obra estacional, la sentencia abre una vía que el Reglamento había cerrado: las empresas de trabajo temporal pueden ser titulares de autorizaciones de residencia y trabajo de temporada y participar en los cambios de empleador y concatenaciones, con el régimen de garantías propio de la Ley 14/1994.

Las empresas usuarias ganan un instrumento de flexibilidad para las campañas, y las personas trabajadoras extranjeras, un empleador formal sujeto a la regulación específica de las ETT.

Para quienes tramitan autorizaciones, la anulación de la relación electrónica obligatoria y del automatismo de los antecedentes penales en los supuestos del artículo 20 del TFUE obliga a revisar prácticas administrativas muy asentadas desde la entrada en vigor del Reglamento.

Habrá que estar atentos a cómo la Administración adapta formularios, instrucciones y criterios a una sentencia que, al publicarse en el BOE, produce efectos generales.