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Revisión salarial con el PIB: si el INE corrige el dato después, no hay que recalcularla
El Tribunal Supremo confirma que la revisión salarial de 2023 del convenio estatal de seguros se calcula con el dato del PIB que el Instituto Nacional de Estadística había publicado cuando actuó la comisión mixta (2,5 %), y no con el corregido meses después (2,7 %). El convenio prevé un único cálculo y una sola paga, y así lo habían aplicado las partes en 2019.
El caso: dos décimas de PIB que valían un 0,6 % de salario
El convenio colectivo estatal de entidades de seguros, reaseguros y mutuas colaboradoras con la Seguridad Social liga la subida salarial de 2023 a dos indicadores de ese año:
- El Producto Interior Bruto (PIB): según su crecimiento, el incremento base es del 1 %, 1,5 %, 2 % o 2,5 %. Por ejemplo, con un PIB entre el 1,6 % y el 2,5 % el incremento base es del 1,5 %; entre el 2,6 % y el 3,5 %, del 2 %.
- El Índice de Precios de Consumo (IPC) a 31 de diciembre: si es igual o superior al 2 %, el incremento base se multiplica por 1,2.
Se pagaba un 0,8 % inicial y, una vez conocidos los dos datos, la comisión mixta del convenio los constataba, aprobaba las tablas y la diferencia se abonaba en una sola paga.
En 2024 la comisión usó el PIB de 2023 que el Instituto Nacional de Estadística (INE) había publicado entonces: 2,5 %. Con un IPC del 3,1 %, la subida fue del 1,8 %.
En septiembre de 2024, el INE corrigió el dato: el PIB de 2023 había crecido un 2,7 %. Con ese dato, la subida habría sido del 2,4 %.
CGT pidió a la comisión mixta que recalculara y que se pagara un 0,6 % adicional con efectos de 1 de enero de 2023. La comisión dijo que no.
CGT presentó un conflicto colectivo. La Audiencia Nacional lo desestimó y la sentencia 791/2026, de 6 de octubre, del Tribunal Supremo, lo confirma.
La comisión no se excedió: aplicó el convenio
CGT sostenía que, al negarse a usar el dato corregido, la comisión mixta había modificado el convenio, algo que el artículo 91 del Estatuto de los Trabajadores no le permite.
El Supremo recuerda que la comisión paritaria interpreta, aplica y administra el convenio, pero no puede renegociarlo, y que sus decisiones no vinculan a los tribunales.
Aquí, fijar qué dato del PIB y del IPC se usa para calcular la subida es aplicar el convenio, bien o mal, pero no modificarlo. Y esa aplicación puede revisarse ante el juzgado, tanto en lo jurídico como en los datos que se tomaron.
Qué dato del PIB vale
El convenio se remite a los datos oficiales del INE referidos al año 2023. El Supremo hace dos precisiones:
- La comisión actuó bien al usar el primer dato publicado, porque no constaba que el INE lo hubiera presentado como provisional. Si un dato se publica expresamente como provisional, lo relevante sería el definitivo.
- El convenio no prevé recalcular si el INE corrige después un dato ya publicado. Establece un único cálculo y una sola paga.
¿Podría entenderse que esa obligación de revisar está implícita, porque el convenio se refiere al PIB real? Es la tesis de CGT.
El Supremo advierte de que, si se adoptara, abriría una inseguridad permanente, porque los datos oficiales pueden corregirse incluso mucho tiempo después; y considera que la tesis contraria, la de la Audiencia Nacional, no es irracional ni absurda.
El precedente de 2019 pesa
En 2019 pasó lo contrario: el INE corrigió a la baja el PIB de 2018 después de que se calculara la subida.
Con el dato nuevo, el incremento habría bajado del 2 % al 1,5 %, pero no se recalculó ni se pidió devolución alguna a la plantilla.
CGT alegaba que aquello fue una decisión favorable a la plantilla que no podía servir de referencia, y que generaba una condición más beneficiosa. El Supremo lo rechaza:
- Ese precedente revela cómo entendían las partes el sistema: un único cálculo con los datos publicados, que no se revisa si el INE los corrige. Lo dice el artículo 1282 del Código Civil: para conocer la intención de las partes hay que atender a sus actos.
- Que entonces beneficiara a la plantilla y ahora a las empresas no cambia el criterio.
- Conociendo lo que pasó en 2019, las partes reprodujeron el mismo sistema en el convenio posterior sin matizarlo.
- No hay condición más beneficiosa en un hecho aislado como ese.
Respeto a la interpretación de la Audiencia Nacional
El Supremo recuerda que en casación revisa si la interpretación del convenio por el tribunal de instancia se ajusta a las reglas del Código Civil.
Pero cuando lo hace, y en especial en un conflicto colectivo entre quienes firmaron el convenio, no puede sustituirla por otra alternativa que también fuera razonable.
La interpretación de la Audiencia Nacional era racional y estaba apoyada en el texto y en los actos de las partes, así que se mantiene.
Hay un último detalle. Una disposición adicional del convenio fijó la tabla de partida para 2024.
El Supremo da la razón a CGT en que no impedía revisar 2023, pero solo habría limitado los efectos de una eventual estimación a los atrasos de ese año.
Qué significa en la práctica
- Para la plantilla del sector de seguros: no hay derecho a ese 0,6 % adicional de 2023.
- Para quien negocia convenios con cláusulas ligadas al PIB, al IPC u otros indicadores: conviene decir expresamente qué dato vale (el primero publicado, el definitivo o el disponible en una fecha concreta) y si se recalcula cuando el organismo oficial lo corrige.
- Si el convenio no dice nada, la práctica anterior de las partes puede ser decisiva para interpretarlo, sea a favor de la plantilla o de las empresas.
- Las decisiones de la comisión paritaria pueden impugnarse ante los tribunales, también por los datos que se usaron para calcular. Lo explicamos en nuestra guía sobre la comisión paritaria y en la de atrasos del convenio.
Cuestiones Laborales es una web informativa: lo que explica es general y cada caso tiene sus matices. Para el tuyo, consulta siempre con un abogado o abogada laboralista o con un graduado o graduada social.
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Las guías donde se explica la regla general.
- ArtículoAtrasos del convenio: cuándo hay que pagarlos y cómo reclamarlosCuando un convenio se publica tarde y fija subidas desde una fecha anterior, la empresa debe pagar la diferencia de esos meses: los atrasos. Se pagan en el plazo que diga el convenio o, si no dice nada, son exigibles desde su publicación, y prescriben al año desde que pudieron reclamarse.
- ArtículoLa comisión paritaria del convenio: qué es, cómo consultarla y qué valor tieneLa comisión paritaria es el órgano que crean los firmantes del convenio para interpretarlo y vigilar su aplicación. Antes de llevar a los tribunales un conflicto colectivo sobre la interpretación del convenio hay que consultarla, pero su interpretación no ata a los jueces y no puede modificar el convenio.
- Artículo¿Cuánto debo cobrar según mi convenio? Tablas, grupo y qué hacer si cobras menosLo que tienes que cobrar como mínimo lo fijan las tablas salariales del convenio que corresponde a la actividad real de tu empresa, según el grupo profesional de las funciones que haces de verdad. Si cobras menos, puedes reclamar las diferencias del último año con un 10 % de interés.
Normas y preceptos aplicables. Despliega cada uno para leer su texto.
Artículo 91Estatuto de los TrabajadoresAtribuye a la comisión paritaria la interpretación y aplicación del convenio, sin facultad para renegociarlo y sin vincular a los tribunales.
Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 13 de noviembre de 2015Artículo 91. Aplicación e interpretación del convenio colectivo.
1. Sin perjuicio de las competencias legalmente atribuidas a la jurisdicción social, el conocimiento y resolución de las cuestiones derivadas de la aplicación e interpretación de los convenios colectivos corresponderá a la comisión paritaria de los mismos.
2. No obstante lo establecido en el apartado anterior, en los convenios colectivos y en los acuerdos a que se refiere el artículo 83.2 y 3, se podrán establecer procedimientos, como la mediación y el arbitraje, para la solución de las controversias colectivas derivadas de la aplicación e interpretación de los convenios colectivos. El acuerdo logrado a través de la mediación y el laudo arbitral tendrán la misma eficacia jurídica y tramitación que los convenios colectivos regulados en esta ley, siempre que quienes hubiesen adoptado el acuerdo o suscrito el compromiso arbitral tuviesen la legitimación que les permita acordar, en el ámbito del conflicto, un convenio colectivo conforme a lo previsto en los artículos 87, 88 y 89.
Estos acuerdos y laudos serán susceptibles de impugnación por los motivos y conforme a los procedimientos previstos para los convenios colectivos. Específicamente cabrá el recurso contra el laudo arbitral en el caso de que no se hubiesen observado en el desarrollo de la actuación arbitral los requisitos y formalidades establecidos al efecto, o cuando el laudo hubiese resuelto sobre puntos no sometidos a su decisión.
3. En los supuestos de conflicto colectivo relativo a la interpretación o aplicación del convenio deberá intervenir la comisión paritaria del mismo con carácter previo al planteamiento formal del conflicto en el ámbito de los procedimientos no judiciales a que se refiere el apartado anterior o ante el órgano judicial competente.
4. Las resoluciones de la comisión paritaria sobre interpretación o aplicación del convenio tendrán la misma eficacia jurídica y tramitación que los convenios colectivos regulados en esta ley.
5. Los procedimientos de solución de conflictos a que se refiere este artículo serán, asimismo, de aplicación en las controversias de carácter individual, cuando las partes expresamente se sometan a ellos.
Artículo 1282Código CivilManda atender a los actos de las partes, coetáneos y posteriores, para interpretar su intención; el Supremo lo aplica al precedente de 2019.
Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 16 de agosto de 1889Artículo 1282.
Para juzgar de la intención de los contratantes, deberá atenderse principalmente a los actos de éstos, coetáneos y posteriores al contrato.
Artículo 82Estatuto de los TrabajadoresEstablece la fuerza vinculante del convenio colectivo, cuya cláusula de revisión salarial se interpreta.
Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 13 de noviembre de 2015Artículo 82. Concepto y eficacia.
1. Los convenios colectivos, como resultado de la negociación desarrollada por los representantes de los trabajadores y de los empresarios, constituyen la expresión del acuerdo libremente adoptado por ellos en virtud de su autonomía colectiva.
2. Mediante los convenios colectivos, y en su ámbito correspondiente, los trabajadores y empresarios regulan las condiciones de trabajo y de productividad. Igualmente podrán regular la paz laboral a través de las obligaciones que se pacten.
3. Los convenios colectivos regulados por esta ley obligan a todos los empresarios y trabajadores incluidos dentro de su ámbito de aplicación y durante todo el tiempo de su vigencia.
Sin perjuicio de lo anterior, cuando concurran causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores legitimados para negociar un convenio colectivo conforme a lo previsto en el artículo 87.1, se podrá proceder, previo desarrollo de un periodo de consultas en los términos del artículo 41.4, a inaplicar en la empresa las condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo aplicable, sea este de sector o de empresa, que afecten a las siguientes materias:
a) Jornada de trabajo.
b) Horario y distribución del tiempo de trabajo.
c) Régimen de trabajo a turnos.
d) Sistema de remuneración y cuantía salarial.
e) Sistema de trabajo y rendimiento.
f) Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé el artículo 39.
g) Mejoras voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social.
Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si durante dos trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior.
Se entiende que concurren causas técnicas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de producción; causas organizativas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la producción, y causas productivas cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado.
La intervención como interlocutores ante la dirección de la empresa en el procedimiento de consultas corresponderá a los sujetos indicados en el artículo 41.4, en el orden y condiciones señalados en el mismo.
Cuando el periodo de consultas finalice con acuerdo se presumirá que concurren las causas justificativas a que alude el párrafo segundo, y solo podrá ser impugnado ante la jurisdicción social por la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en su conclusión. El acuerdo deberá determinar con exactitud las nuevas condiciones de trabajo aplicables en la empresa y su duración, que no podrá prolongarse más allá del momento en que resulte aplicable un nuevo convenio en dicha empresa. El acuerdo de inaplicación no podrá dar lugar al incumplimiento de las obligaciones establecidas en convenio relativas a la eliminación de las discriminaciones por razones de género o de las que estuvieran previstas, en su caso, en el plan de igualdad aplicable en la empresa. Asimismo, el acuerdo deberá ser notificado a la comisión paritaria del convenio colectivo.
En caso de desacuerdo durante el periodo de consultas cualquiera de las partes podrá someter la discrepancia a la comisión del convenio, que dispondrá de un plazo máximo de siete días para pronunciarse, a contar desde que la discrepancia le fuera planteada. Cuando no se hubiera solicitado la intervención de la comisión o esta no hubiera alcanzado un acuerdo, las partes deberán recurrir a los procedimientos que se hayan establecido en los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico, previstos en el artículo 83, para solventar de manera efectiva las discrepancias surgidas en la negociación de los acuerdos a que se refiere este apartado, incluido el compromiso previo de someter las discrepancias a un arbitraje vinculante, en cuyo caso el laudo arbitral tendrá la misma eficacia que los acuerdos en periodo de consultas y solo será recurrible conforme al procedimiento y en base a los motivos establecidos en el artículo 91.
Cuando el periodo de consultas finalice sin acuerdo y no fueran aplicables los procedimientos a los que se refiere el párrafo anterior o estos no hubieran solucionado la discrepancia, cualquiera de las partes podrá someter la solución de la misma a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos cuando la inaplicación de las condiciones de trabajo afectase a centros de trabajo de la empresa situados en el territorio de más de una comunidad autónoma, o a los órganos correspondientes de las comunidades autónomas en los demás casos. La decisión de estos órganos, que podrá ser adoptada en su propio seno o por un árbitro designado al efecto por ellos mismos con las debidas garantías para asegurar su imparcialidad, habrá de dictarse en plazo no superior a veinticinco días a contar desde la fecha del sometimiento del conflicto ante dichos órganos. Tal decisión tendrá la eficacia de los acuerdos alcanzados en periodo de consultas y solo será recurrible conforme al procedimiento y en base a los motivos establecidos en el artículo 91.
El resultado de los procedimientos a que se refieren los párrafos anteriores que haya finalizado con la inaplicación de condiciones de trabajo deberá ser comunicado a la autoridad laboral a los solos efectos de depósito.
4. El convenio colectivo que sucede a uno anterior puede disponer sobre los derechos reconocidos en aquel. En dicho supuesto se aplicará, íntegramente, lo regulado en el nuevo convenio.
Textos legales basados en datos de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Se trata de un texto consolidado de carácter meramente informativo, sin valor oficial. Para el texto auténtico hay que acudir al BOE.