Servicios mínimos de huelga: dejarlos en manos de la empresa vulnera el derecho de huelga

La regla general: quién fija los servicios mínimos y cómo

El derecho de huelga está reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución, que al mismo tiempo prevé que la ley establezca las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.

De ahí nacen los servicios mínimos: una restricción del derecho de huelga que solo se justifica en la medida estrictamente necesaria para proteger otros bienes, como la movilidad de las personas usuarias en el transporte aéreo.

Precisamente porque los servicios mínimos limitan un derecho fundamental, su fijación está rodeada de garantías.

Debe hacerla una autoridad gubernativa imparcial, no las partes del conflicto, y debe motivarse: la resolución tiene que explicar qué servicios se protegen y por qué el nivel de cobertura decidido es el imprescindible.

Una fijación genérica o inmotivada impide a quienes convocan la huelga conocer y discutir el sacrificio que se les impone.

El caso: la huelga de tripulantes de cabina de Ryanair

El origen del asunto es la huelga de tripulantes de cabina de Ryanair de 2022. La resolución de 5 de agosto de 2022 fijó los servicios mínimos de aquella huelga y el sindicato USO la impugnó.

La Sala Tercera del Tribunal Supremo validó la resolución, y USO acudió en amparo al Tribunal Constitucional.

El problema no estaba tanto en los vuelos protegidos, cuya selección sí estaba motivada, como en el personal necesario para operarlos.

En ese punto, la resolución administrativa se limitaba a emplear fórmulas como que la plantilla destinada a los servicios mínimos debía ser la «suficiente, pero no más de la estrictamente necesaria», y no fijaba criterio alguno sobre las imaginarias, es decir, sobre el personal de retén que debe estar disponible por si surge una necesidad.

El razonamiento del Constitucional

El Pleno del Tribunal Constitucional estima el amparo de USO.

La clave del razonamiento es que una resolución de servicios mínimos que no concreta el personal necesario, ni establece criterios verificables para determinarlo, no está fijando realmente los servicios mínimos: está delegando esa fijación en la empresa.

Decir que el personal será el «suficiente, pero no más de lo estrictamente necesario» es no decir nada: con esa fórmula, quien decide cuántas personas trabajadoras quedan privadas de ejercer la huelga cada día es la propia compañía, que es parte interesada en el conflicto.

Y lo mismo ocurre con las imaginarias sin criterio alguno: la empresa puede inmovilizar a un número indeterminado de tripulantes como retén, vaciando de hecho el ejercicio del derecho.

La consecuencia es doble: el Tribunal anula la resolución de 5 de agosto de 2022 que fijó los servicios mínimos de la huelga y anula también la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que la había considerado válida.

La doctrina: la empresa no puede ser quien decida

La doctrina que deja esta sentencia puede resumirse en tres ideas:

• No basta con motivar qué servicios se protegen (en este caso, qué vuelos): también hay que motivar y concretar el personal preciso para cubrirlos.
• Las fórmulas genéricas del tipo «lo estrictamente necesario», sin cuantificación ni criterios, equivalen a una delegación en la empresa de la fijación real de los servicios mínimos.
• Esa delegación es incompatible con el derecho de huelga, porque pone la medida restrictiva en manos de una de las partes del conflicto.

El pronunciamiento tiene especial valor porque corrige al Tribunal Supremo, que había dado por buena la resolución.

El estándar de control que fija el Constitucional es más exigente: la suficiencia de la motivación debe alcanzar también a la dimensión cuantitativa y personal de los servicios mínimos.

Consecuencias prácticas

Para los sindicatos, la sentencia es una herramienta potente de cara a futuras huelgas en servicios esenciales: al examinar una resolución de servicios mínimos, no solo hay que mirar qué actividad se protege, sino cómo se determina el personal adscrito.

Si la resolución no concreta plantillas ni criterios verificables, o deja las imaginarias al albur de la empresa, hay base sólida para impugnarla.

Para la autoridad gubernativa, el mensaje es que las resoluciones de servicios mínimos deberán descender al detalle del personal: cuántas personas, con qué criterios y con qué justificación.

Y para las empresas de sectores esenciales, la advertencia es que no pueden aspirar a administrar ellas mismas el alcance de la huelga de su plantilla: esa decisión corresponde a la autoridad, con motivación suficiente y bajo control judicial.

Conviene recordar, en fin, que la anulación llega años después de la huelga, cuando el conflicto ya pasó.

Es una constante en esta materia que refuerza la importancia de que las resoluciones se dicten bien desde el principio: la tutela posterior repara el derecho sobre el papel, pero la huelga limitada en exceso ya no se recupera.