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Esquirolaje en una huelga de varios días: todos los días van en una sola demanda
El Pleno del Tribunal Supremo fija dos reglas para reclamar por esquirolaje. La demanda del sindicato que convoca una huelga en toda España va a la Audiencia Nacional. Y la persona trabajadora sustituida varios días de la misma huelga tiene que reclamarlos todos a la vez: si ya hay sentencia firme sobre un día, no puede demandar después por otro que pudo incluir en aquella demanda.
Esta sentencia actualiza nuestra guía «Esquirolaje interno: cuándo sustituir a quien hace huelga vulnera el derecho».
Dos demandas por la misma huelga
El Sindicato Alternativa Ferroviaria convocó una huelga en el Grupo Renfe, en todo el territorio nacional, para el 4 y el 5 de diciembre de 2023.
Un maquinista la secundó los dos días. Las dos veces, la empresa le sustituyó con personal propio; el día 5, con un maquinista que estaba de reserva.
Es lo que se llama esquirolaje interno: sustituir a quien hace huelga con personal de la propia empresa.
El sindicato y el trabajador presentaron dos demandas: una por el día 4 y otra por el día 5.
La del día 4 terminó con una sentencia firme del Juzgado de lo Social nº 1 de Madrid, que declaró vulnerado el derecho de huelga y condenó a Renfe Viajeros a pagar una indemnización.
En la del día 5, el Juzgado de lo Social nº 2 de Madrid declaró vulnerada la libertad sindical del sindicato y del trabajador, pero no concedió indemnización, porque ya había una sentencia que condenaba a pagarla por el día anterior.
El Pleno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid apreció después, de oficio, que ese juzgado no era competente para la demanda del sindicato, que debía ir a la Audiencia Nacional, y fijó 500 euros para el trabajador.
La cuestión no era pacífica: en el Tribunal Superior, dos magistrados defendieron en un voto particular que el trabajador debió reclamar los dos días en la misma demanda y que había cosa juzgada.
Los dos recurrieron. La sentencia 851/2026, de 26 de octubre, dictada por el Pleno del Tribunal Supremo, responde a dos preguntas.
Primera regla: el sindicato convocante demanda ante la Audiencia Nacional
El sindicato quería pleitear en el juzgado del lugar donde se sustituyó al trabajador.
El Supremo dice que no.
El derecho de huelga forma parte de la actividad sindical del sindicato, según la Ley Orgánica de Libertad Sindical.
Cuando quien demanda es el sindicato que convocó una huelga en todo el país, los efectos de la posible lesión de su libertad sindical alcanzan a toda España, no solo al centro donde se produjo un esquirolaje concreto.
Y la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social atribuye a la Audiencia Nacional la tutela de derechos fundamentales cuando sus efectos se extienden a un ámbito superior al de una comunidad autónoma.
El Tribunal aplica el mismo criterio que en los conflictos colectivos: manda el ámbito real del conflicto, que aquí es el de la huelga, no el lugar de cada incidente.
Añade dos razones. Ese es el juez predeterminado por la ley.
Y si el sindicato pleiteara en cada juzgado, no podría probar el conjunto de interferencias de la empresa en la huelga, algo que importa para fijar su indemnización.
El Supremo ya había aplicado esa idea en 2019 (sentencia 578/2019, de 11 de julio): ante una huelga con esquirolaje en centros de varias provincias andaluzas, atribuyó la demanda del sindicato convocante al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y no a los juzgados de cada lugar.
Ahora el Pleno aplica el mismo criterio a una huelga estatal, que corresponde a la Audiencia Nacional.
Segunda regla: todos los días de esquirolaje, en la misma demanda
La segunda cuestión afecta a la persona trabajadora, y el resultado le perjudica.
El Supremo aprecia de oficio la cosa juzgada.
La Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que los hechos que pudieron alegarse en un primer pleito se consideran alegados en él (artículo 400.2), y que la sentencia firme impide un segundo proceso con el mismo objeto (artículo 222.1).
En este caso coincidían las partes, la huelga y lo que se pedía: que se declarara vulnerado el derecho de huelga y se pagara una indemnización por daño moral.
La sustitución del día 5 pudo alegarse en la primera demanda. En ese primer pleito pudo hacer valer, además, que el esquirolaje se repitió los dos días, lo que podría haber influido en la indemnización.
Como no se hizo, la segunda demanda choca con la sentencia firme del día 4.
El Supremo desestima el recurso del sindicato y del trabajador.
Anula en parte la sentencia del Tribunal Superior: mantiene que la demanda del sindicato corresponde a la Audiencia Nacional y, apreciando de oficio la cosa juzgada de la sentencia del día 4, deja sin efecto la condena a pagar 500 euros.
Un matiz: es derecho de huelga, no libertad sindical
La sentencia hace una precisión útil.
Los tribunales anteriores habían hablado de lesión de la libertad sindical del trabajador.
El Supremo corrige: sustituir a un huelguista con personal de la empresa es un indicio de vulneración de su derecho de huelga, que el Tribunal Constitucional ha considerado prohibida también cuando el sustituto es de la propia plantilla.
La libertad sindical individual se refiere a afiliarse, organizarse y hacer actividad sindical.
Qué hacer en la práctica
Para las personas trabajadoras y sus abogados/as:
- Si te sustituyen varios días de la misma huelga, reclámalos todos en una sola demanda. Si ya hay sentencia firme sobre un día, la demanda por otro que pudiste incluir en aquella choca con la cosa juzgada, aunque el esquirolaje sea evidente.
- La repetición del esquirolaje puede pesar en la indemnización, pero hay que alegarla en la misma demanda.
- La regla se refiere a días que ya habían pasado cuando se presentó la primera demanda. La propia sentencia recuerda que la cosa juzgada no alcanza a lo que no pudo alegarse en el primer pleito; si la huelga sigue después de demandar, el Supremo no ha resuelto cómo actuar.
Para los sindicatos:
- Si la huelga es estatal, la demanda del sindicato convocante va a la Audiencia Nacional, aunque los esquirolajes ocurran en centros concretos.
- Allí puede probar las sustituciones en distintos centros, lo que podría tenerse en cuenta para su indemnización. La demanda individual del trabajador, en cambio, no se envía a la Audiencia Nacional.
Para las empresas, la sentencia no cambia la prohibición: sustituir a quien hace huelga con personal propio, como un maquinista de reserva, es indicio de esquirolaje interno, que el Constitucional considera lesivo del derecho de huelga.
Cuestiones Laborales es una web informativa: lo que explica es general y cada caso tiene sus matices. Para el tuyo, consulta siempre con un abogado o abogada laboralista o con un graduado o graduada social.
Comentarios
Las guías donde se explica la regla general.
- ArtículoEsquirolaje interno: cuándo sustituir a quien hace huelga vulnera el derechoDurante una huelga la empresa no puede usar a su propia plantilla para hacer el trabajo de quienes la secundan: es el llamado esquirolaje interno y vulnera un derecho fundamental. Da igual que lo ordene la empresa o que lo hagan los mandos por su cuenta, y tampoco la salva que el sustituto cubra ese puesto en vacaciones o bajas. Quien no hace huelga sí puede seguir con su trabajo de siempre.
- ArtículoCuándo y cómo se puede hacer una huelgaUna huelga la convocan los sindicatos con implantación, la representación legal de la plantilla o la propia plantilla por mayoría, y hay que comunicarla por escrito a la empresa y a la autoridad laboral con cinco días naturales de antelación, diez si se trata de servicios públicos. Quien la secunda no necesita avisar uno por uno: deja de trabajar, no cobra salario mientras dura y no puede ser sancionado por ello si la huelga es legal y no comete ninguna falta.
- ArtículoDemanda por vulneración de derechos fundamentales: cómo funciona la tutelaCuando la empresa vulnera un derecho fundamental (te discrimina, te acosa, te castiga por reclamar o por tu actividad sindical), se demanda por un procedimiento especial: urgente, con el Ministerio Fiscal como parte y en el que basta con aportar indicios para que sea la empresa quien tenga que probar que actuó por razones legítimas. Si se gana, el juzgado anula la conducta, ordena reponer la situación y fija una indemnización. Si lo que se impugna es un despido, una sanción o un cambio de condiciones, la tutela se pide dentro de ese pleito y con sus plazos, que son muy cortos.
Normas y preceptos aplicables. Despliega cada uno para leer su texto.
Artículo 8.1Ley Reguladora de la Jurisdicción SocialAtribuye a la Audiencia Nacional la tutela de derechos fundamentales cuando sus efectos se extienden a un ámbito superior al de una comunidad autónoma.
Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 8 de julio de 20121. La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional conocerá en única instancia, de los procesos sobre las cuestiones a que se refieren las letras f), g), h), j), k) y l) del artículo 2 cuando extiendan sus efectos a un ámbito territorial superior al de una Comunidad Autónoma o tratándose de impugnación de laudos, de haber correspondido, en su caso, a esta Sala el conocimiento del asunto sometido a arbitraje.
Conocerá en única instancia de los procesos de despido colectivo impugnados por los representantes de los trabajadores de conformidad con lo previsto en los apartados 1 a 10 del artículo 124 de esta Ley, cuando extiendan sus efectos a un ámbito territorial superior al de una Comunidad Autónoma.
Asimismo, conocerá en única instancia de los de los procesos de oficio previstos en la letra b) del artículo 148 de esta Ley y de los procesos de impugnación de las resoluciones administrativas recaídas en los procedimientos previstos en el apartado 7 del artículo 51 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, de conformidad con lo previsto en el artículo 151 de esta Ley, cuando el acuerdo o acto administrativo impugnado extiendan sus efectos a un ámbito territorial superior al de una Comunidad Autónoma.
Artículo 400.2Ley de Enjuiciamiento CivilLo que pudo alegarse en el primer pleito se considera alegado: no cabe una segunda demanda por hechos que pudieron incluirse en la primera.
Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 8 de enero de 20012. De conformidad con lo dispuesto en el apartado anterior, a efectos de litispendencia y de cosa juzgada, los hechos y los fundamentos jurídicos aducidos en un litigio se considerarán los mismos que los alegados en otro juicio anterior si hubiesen podido alegarse en éste.
Artículo 222.1Ley de Enjuiciamiento CivilLa cosa juzgada de la sentencia firme impide un nuevo proceso con el mismo objeto.
Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 20 de marzo de 20241. La cosa juzgada de las sentencias firmes, sean estimatorias o desestimatorias, excluirá, conforme a la ley, un ulterior proceso cuyo objeto sea idéntico al del proceso en que aquélla se produjo.
Artículo 2.2.dLey Orgánica de Libertad SindicalLa actividad sindical incluye el ejercicio del derecho de huelga.
Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 9 de agosto de 19852. Las organizaciones sindicales en el ejercicio de la libertad sindical, tienen derecho a:
a) Redactar sus estatutos y reglamento, organizar su administración interna y sus actividades y formular su programa de acción.
b) Constituir federaciones, confederaciones y organizaciones internacionales, así como afiliarse a ellas y retirarse de las mismas.
c) No ser suspendidas ni disueltas sino mediante resolución firme de la Autoridad Judicial, fundada en incumplimiento grave de las Leyes.
d) El ejercicio de la actividad sindical en la empresa o fuera de ella, que comprenderá, en todo caso, el derecho a la negociación colectiva, al ejercicio del derecho de huelga, al planteamiento de conflictos individuales y colectivos y a la presentación de candidaturas para la elección de Comités de Empresa y Delegados de Personal, y de los correspondientes órganos de las Administraciones Públicas, en los términos previstos en las normas correspondientes.
Artículo 2 fLey Reguladora de la Jurisdicción SocialCompetencia del orden social para la tutela de la libertad sindical y la huelga.
Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 20 de marzo de 2024Artículo 2. Ámbito del orden jurisdiccional social.
Los órganos jurisdiccionales del orden social, por aplicación de lo establecido en el artículo anterior, conocerán de las cuestiones litigiosas que se promuevan:
a) Entre empresarios y trabajadores como consecuencia del contrato de trabajo y del contrato de puesta a disposición, con la salvedad de lo dispuesto en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal; y en el ejercicio de los demás derechos y obligaciones en el ámbito de la relación de trabajo.
b) En relación con las acciones que puedan ejercitar los trabajadores o sus causahabientes contra el empresario o contra aquéllos a quienes se les atribuya legal, convencional o contractualmente responsabilidad, por los daños originados en el ámbito de la prestación de servicios o que tengan su causa en accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, incluida la acción directa contra la aseguradora y sin perjuicio de la acción de repetición que pudiera corresponder ante el orden competente.
c) Entre las sociedades laborales o las cooperativas de trabajo asociado, y sus socios trabajadores, exclusivamente por la prestación de sus servicios.
d) En relación con el régimen profesional, tanto en su vertiente individual como colectiva, de los trabajadores autónomos económicamente dependientes a que se refiere la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo, incluidos los litigios que deriven del ejercicio por ellos de las reclamaciones de responsabilidad contempladas en el apartado b) de este artículo.
e) Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales y convencionales en materia de prevención de riesgos laborales, tanto frente al empresario como frente a otros sujetos obligados legal o convencionalmente, así como para conocer de la impugnación de las actuaciones de las Administraciones públicas en dicha materia respecto de todos sus empleados, bien sean éstos funcionarios, personal estatutario de los servicios de salud o personal laboral, que podrán ejercer sus acciones, a estos fines, en igualdad de condiciones con los trabajadores por cuenta ajena, incluida la reclamación de responsabilidad derivada de los daños sufridos como consecuencia del incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales que forma parte de la relación funcionarial, estatutaria o laboral; y siempre sin perjuicio de las competencias plenas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el ejercicio de sus funciones.
f) Sobre tutela de los derechos de libertad sindical, huelga y demás derechos fundamentales y libertades públicas, incluida la prohibición de la discriminación y el acoso, contra el empresario o terceros vinculados a éste por cualquier título, cuando la vulneración alegada tenga conexión directa con la prestación de servicios; sobre las reclamaciones en materia de libertad sindical y de derecho de huelga frente a actuaciones de las Administraciones públicas referidas exclusivamente al personal laboral; sobre las controversias entre dos o más sindicatos, o entre éstos y las asociaciones empresariales, siempre que el litigio verse sobre cuestiones objeto de la competencia del orden jurisdiccional social, incluida en todos los supuestos de este apartado la responsabilidad por daños; y sobre las demás actuaciones previstas en la presente Ley conforme al apartado 4 del artículo 117 de la Constitución Española en garantía de cualquier derecho.
g) En procesos de conflictos colectivos.
h) Sobre impugnación de convenios colectivos y acuerdos, cualquiera que sea su eficacia, incluidos los concertados por las Administraciones públicas cuando sean de aplicación exclusiva a personal laboral; así como sobre impugnación de laudos arbitrales de naturaleza social, incluidos los dictados en sustitución de la negociación colectiva, en conflictos colectivos, en procedimientos de resolución de controversias y en procedimientos de consulta en movilidad geográfica, modificaciones colectivas de condiciones de trabajo y despidos colectivos, así como en suspensiones y reducciones temporales de jornada. De haberse dictado respecto de las Administraciones públicas, cuando dichos laudos afecten en exclusiva al personal laboral.
i) En procesos sobre materia electoral, incluidas las elecciones a órganos de representación del personal al servicio de las Administraciones públicas.
j) Sobre constitución y reconocimiento de la personalidad jurídica de los sindicatos, impugnación de sus estatutos y su modificación.
k) En materia de régimen jurídico específico de los sindicatos, tanto legal como estatutario, en todo lo relativo a su funcionamiento interno y a las relaciones con sus afiliados.
l) Sobre constitución y reconocimiento de la personalidad jurídica de las asociaciones empresariales en los términos referidos en la disposición derogatoria de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, impugnación de sus estatutos y su modificación.
m) Sobre la responsabilidad de los sindicatos y de las asociaciones empresariales por infracción de normas de la rama social del Derecho.
n) En impugnación de resoluciones administrativas de la autoridad laboral recaídas en los procedimientos previstos en el apartado 5 del artículo 47, en el artículo 47 bis) y en el apartado 7 del artículo 51 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, así como las recaídas en el ejercicio de la potestad sancionadora en materia laboral y sindical y, respecto de las demás impugnaciones de otros actos de las Administraciones públicas sujetos al Derecho Administrativo en el ejercicio de sus potestades y funciones en materia laboral y sindical que pongan fin a la vía administrativa, siempre que en este caso su conocimiento no esté atribuido a otro orden jurisdiccional.
ñ) Contra las Administraciones públicas, incluido el Fondo de Garantía Salarial, cuando les atribuya responsabilidad la legislación laboral.
o) En materia de prestaciones de Seguridad Social, incluidas la protección por desempleo y la protección por cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, así como sobre la imputación de responsabilidades a empresarios o terceros respecto de las prestaciones de Seguridad Social en los casos legalmente establecidos. También las cuestiones referidas a aquellas prestaciones de protección social que establezcan las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias, dirigidas a garantizar recursos económicos suficientes para la cobertura de las necesidades básicas y a prevenir el riesgo de exclusión social de las personas beneficiarias. Igualmente, las cuestiones litigiosas relativas a la valoración, reconocimiento y calificación del grado de discapacidad, así como sobre el reconocimiento de la situación de dependencia y prestaciones económicas y servicios derivados de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, teniendo a todos los efectos de esta Ley la misma consideración que las relativas a las prestaciones y los beneficiarios de la Seguridad Social.
p) En materia de intermediación laboral, en los conflictos que surjan entre los trabajadores y los servicios públicos de empleo, las agencias de colocación autorizadas y otras entidades colaboradoras de aquéllos y entre estas últimas entidades y el servicio público de empleo correspondiente.
q) En la aplicación de los sistemas de mejoras de la acción protectora de la Seguridad Social, incluidos los planes de pensiones y contratos de seguro, siempre que su causa derive de una decisión unilateral del empresario, un contrato de trabajo o un convenio, pacto o acuerdo colectivo; así como de los complementos de prestaciones o de las indemnizaciones, especialmente en los supuestos de accidentes de trabajo o enfermedad profesional, que pudieran establecerse por las Administraciones públicas a favor de cualquier beneficiario.
r) Entre los asociados y las mutualidades, excepto las establecidas por los Colegios profesionales, en los términos previstos en los artículos 64 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, así como entre las fundaciones laborales o entre éstas y sus beneficiarios, sobre cumplimiento, existencia o declaración de sus obligaciones específicas y derechos de carácter patrimonial, relacionados con los fines y obligaciones propios de esas entidades.
s) En impugnación de actos de las Administraciones públicas, sujetos a derecho administrativo y que pongan fin a la vía administrativa, dictadas en el ejercicio de sus potestades y funciones en materia de Seguridad Social, distintas de las comprendidas en el apartado o) de este artículo, incluyendo las recaídas en el ejercicio de la potestad sancionadora en esta materia y con excepción de las especificadas en la letra f) del artículo 3.
t) En cualesquiera otras cuestiones que les sean atribuidas por ésta u otras normas con rango de ley.
Artículo 6.5Real Decreto-ley 17/1977, sobre relaciones de trabajoProhíbe sustituir a los huelguistas; el Constitucional extiende la prohibición al esquirolaje interno.
Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 25 de abril de 1981Artículo seis.
Uno. El ejercicio del derecho de huelga no extingue la relación de trabajo, ni puede dar lugar a sanción alguna, salvo que el trabajador, durante la misma, incurriera en falta laboral.
Dos. Durante la huelga se entenderá suspendido el contrato de trabajo y el trabajador no tendrá derecho al salario.
Tres. El trabajador en huelga permanecerá en situación de alta especial en la Seguridad Social, con suspensión de la obligación de cotización por parte del empresario y del propio trabajador. El trabajador en huelga no tendrá derecho a la prestación por desempleo, ni a la económica por incapacidad laboral transitoria.
Cuatro. Se respetará la libertad de trabajo de aquellos trabajadores que no quisieran sumarse a la huelga.
Cinco. En tanto dure la huelga, el empresario no podrá sustituir a los huelguistas por trabajadores que no estuviesen vinculados a la empresa al tiempo de ser comunicada la misma, salvo caso de incumplimiento de las obligaciones contenidas en el apartado número siete de este artículo.
Seis. Los trabajadores en huelga podrán efectuar publicidad de la misma, en forma pacífica, y llevar a efecto recogida de fondos sin coacción alguna.
Siete. El Comité de huelga habrá de garantizar durante la misma la prestación de los servicios necesarios para la seguridad de las personas y de las cosas, mantenimiento de los locales, maquinaria, instalaciones, materias primas y cualquier otra atención que fuese precisa para la ulterior reanudación de las tareas de la empresa. Corresponde al empresario la designación de los trabajadores que deban efectuar dichos servicios.
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