InicioPrevención de riesgos laborales
No evaluar los riesgos psicosociales de un puesto vulnera la integridad moral
¿Está obligada la empresa a evaluar los riesgos psicosociales de un puesto de trabajo? Sí, y no hacerlo puede salirle muy caro: el TSJ de Galicia acaba de declarar que no evaluar el riesgo psicosocial de un puesto en conflicto vulnera el derecho a la integridad moral de la persona trabajadora, y ha condenado al SERGAS a pagar 38.497,80 euros de indemnización calculada con el baremo de accidentes de tráfico. La sentencia interesa tanto por la doctrina de fondo como por el criterio de cuantificación que fija.
La prevención de riesgos psicosociales no es opcional
La Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, obliga a la empresa a garantizar la seguridad y la salud de las personas trabajadoras en todos los aspectos relacionados con el trabajo, y eso incluye los riesgos psicosociales: el estrés, la ansiedad o el desgaste derivados de la organización del trabajo y de los conflictos en el entorno laboral.
Es lo que la doctrina llama la deuda de seguridad del empresario, apoyada en los artículos 14, 15, 16.1 y 22 de la ley, en el Real Decreto 39/1997 y, en el plano europeo, en la Directiva 89/391/CEE.
En la práctica, sin embargo, muchas evaluaciones de riesgos se quedan en lo físico: pantallas, posturas, cargas.
La sentencia que analizamos recuerda que cuando existe un conflicto laboral conocido y enquistado, la empresa no puede limitarse a los reconocimientos estándar: debe evaluar específicamente el riesgo psicosocial del puesto.
¿Cuándo pasa de infracción preventiva a vulneración de derechos fundamentales?
Este es el matiz doctrinal importante. La Sala parte de que no toda infracción de la normativa preventiva vulnera el artículo 15 de la Constitución, que protege la integridad física y moral.
Incumplir la ley de prevención es una infracción administrativa; para que además exista lesión de un derecho fundamental hace falta algo más: que exista un riesgo constatado de producción cierta de perjuicio para la salud de la persona trabajadora.
En el caso enjuiciado ese umbral se superaba con claridad, porque el daño no era una hipótesis: se había materializado en bajas médicas reiteradas. Ahí es donde la omisión preventiva deja de ser una simple infracción y pasa a vulnerar la integridad moral.
El caso: años de conflicto y ninguna evaluación psicosocial
El demandante, empleado estatutario fijo del SERGAS del grupo de gestión de la función administrativa en el Área Sanitaria de Vigo, mantenía desde enero de 2021 un conflicto abierto con la Dirección de Recursos Humanos: cambios sucesivos de funciones, restricciones de accesos informáticos y bajas reiteradas por trastorno adaptativo con ansiedad.
El procedimiento interno de acoso terminó archivado en enero de 2024 sin apreciar acoso, aunque con medidas correctoras.
Descartado el acoso, el pleito se desplazó al terreno preventivo: el SERGAS nunca practicó una evaluación de riesgos psicosociales específica del puesto, pese a conocer el conflicto desde marzo de 2022 por las reclamaciones del propio trabajador.
Los reconocimientos se limitaron al protocolo biomecánico, al de pantallas de visualización de datos y al reconocimiento básico. El Juzgado de lo Social número 5 de Vigo desestimó íntegramente la demanda de tutela, y el trabajador recurrió en suplicación.
El razonamiento de la Sala
El TSJ de Galicia, en su sentencia 3451/2026, de 31 de julio (rec. 1382/2026), estima en parte el recurso.
Considera acreditado que la Administración conocía el conflicto y el daño a la salud del trabajador y que, aun así, no realizó la evaluación psicosocial específica que la situación exigía.
Las adaptaciones sucesivas que fue ofreciendo al trabajador las califica de forma muy expresiva: bienintencionadas, pero carentes de todo rigor y estudio técnico. La buena voluntad no sustituye a la evaluación técnica que exige la normativa preventiva.
Sobre esa base, la Sala declara vulnerado el derecho a la integridad física y moral del trabajador, declara el incumplimiento de las obligaciones preventivas y condena al SERGAS a realizar la evaluación de riesgos psicosociales específica del puesto.
La indemnización: baremo de tráfico, no LISOS, y sin acumular
El segundo gran interés de la sentencia está en cómo se calcula la indemnización. En los pleitos de tutela de derechos fundamentales es habitual utilizar como referencia orientadora las sanciones de la LISOS.
La Sala, sin embargo, introduce un criterio relevante: rechaza acumular baremos, porque no cabe indemnizar dos veces el mismo daño moral por normas distintas, y opta por el baremo de accidentes de circulación de los artículos 136 y 137 del Real Decreto Legislativo 8/2004, por ser la vía más completa y de mayor cuantía, descartando el módulo de la LISOS.
El resultado es una condena de 38.497,80 euros, desglosada en dos partidas: 14.082,80 euros por el daño personal básico a la salud y 24.415 euros por la pérdida temporal de calidad de vida durante los periodos de baja.
Para quien litiga estas materias, el mensaje es doble: el baremo de tráfico puede ser más ventajoso que la LISOS, pero hay que elegir, no sumar.
Lo que el tribunal rechazó
No todo fue estimatorio.
La Sala rechaza la indemnización adicional de 24.585 euros que el trabajador pedía como daño moral disuasorio, y rechaza también fijar judicialmente medidas preventivas concretas: determinar qué medidas deben adoptarse corresponde a la Administración conforme a los informes técnicos, no al tribunal.
El juez declara el incumplimiento y ordena evaluar; el cómo es cosa del empleador y de sus servicios de prevención.
Consecuencias prácticas para plantillas y empresas
Para las personas trabajadoras inmersas en un conflicto laboral que está afectando a su salud, la sentencia abre un camino claro cuando el acoso no se logra acreditar: la falta de evaluación psicosocial específica puede sostener por sí sola una demanda de tutela, con indemnización calculada conforme al baremo de tráfico.
Conviene documentar que la empresa conocía el conflicto —reclamaciones internas, comunicaciones al servicio de prevención— y los daños a la salud sufridos.
Para las empresas y Administraciones, el aviso es serio: ante un conflicto conocido con repercusión en la salud, no basta con reconocimientos genéricos ni con recolocaciones voluntaristas.
Hay que activar la evaluación de riesgos psicosociales del puesto con rigor técnico, y hacerlo pronto; cada baja posterior a ese conocimiento engorda la eventual indemnización.
Una nota procesal: cuidado con los recursos de más de 50.000 caracteres
La sentencia incluye, además, un aviso a navegantes para los profesionales: el escrito de recurso superaba el límite de 50.000 caracteres fijado en el acuerdo no jurisdiccional del Pleno de la Sala de 13 de mayo de 2025.
En esta ocasión no se impuso la multa del artículo 75 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social por tratarse de la primera vez, pero el aviso queda hecho: la extensión de los escritos también se vigila, y la próxima puede costar dinero.
Cuestiones Laborales es una web informativa: lo que explica es general y cada caso tiene sus matices. Para el tuyo, consulta siempre con un abogado o abogada laboralista o con un graduado o graduada social.
Comentarios
Las guías donde se explica la regla general.
- ArtículoEstrés laboral y carga de trabajo: qué debe hacer la empresa y cómo reclamarEl estrés y la sobrecarga son riesgos que la empresa debe evaluar y prevenir. Se puede exigir por escrito, a través de la representación, ante la Inspección o en el juzgado. Una baja por ansiedad puede ser accidente de trabajo si se prueba que la causa exclusiva fue el trabajo o la crisis estalló en él, lo que abre la puerta al recargo y a una indemnización.
- ArtículoObligaciones de la empresa en prevención de riesgos laborales: qué puedes exigirLa empresa tiene un deber de protección eficaz: evaluar los riesgos, planificar las medidas en un plan de prevención, formar e informar, consultar a la representación, dar equipos adecuados y ofrecer vigilancia de la salud, sin coste para la plantilla. Si no cumple, se le puede exigir ante la Inspección y el juzgado, y si hay un accidente responde con recargo e indemnización salvo que pruebe que hizo todo lo exigible.
- ArtículoIndemnización por daño moral en el trabajo: cómo se calcula y cuánto se cobraCuando un juzgado declara que la empresa vulneró un derecho fundamental (discriminación, represalia, acoso, libertad sindical), tiene que fijar además una indemnización por daño moral. No hace falta probar el importe exacto: el tribunal lo fija con prudencia y suele tomar como referencia las multas de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, que hoy parten de 7.501 euros en las infracciones muy graves.
Normas y preceptos aplicables. Despliega cada uno para leer su texto.
Artículo 16.1Ley de Prevención de Riesgos LaboralesObliga a la empresa a evaluar los riesgos de cada puesto, incluidos los psicosociales.
Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 27 de diciembre de 20091. La prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema general de gestión de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de ésta, a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales a que se refiere el párrafo siguiente.
Este plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir la estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos en la empresa, en los términos que reglamentariamente se establezcan.
Artículo 14Ley de Prevención de Riesgos LaboralesImpone a la empresa el deber de proteger la seguridad y la salud en todos los aspectos del trabajo.
Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 14 de diciembre de 2003Artículo 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales.
1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales.
Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones públicas respecto del personal a su servicio.
Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos siguientes en materia de plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios en los términos establecidos en el capítulo IV de esta ley.
El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el fin de perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar y los niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo.
3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en materia de protección y prevención a trabajadores o servicios de la empresa y el recurso al concierto con entidades especializadas para el desarrollo de actividades de prevención complementarán las acciones del empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona.
5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores.
Artículo 15Constitución EspañolaProtege la integridad física y moral; se vulnera cuando la falta de prevención ya ha dañado la salud.
Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 29 de diciembre de 1978Artículo 15
Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.
Artículo 15Ley de Prevención de Riesgos LaboralesPrincipios de la acción preventiva que la empresa debe aplicar.
Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 10 de febrero de 1996Artículo 15. Principios de la acción preventiva.
1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el artículo anterior, con arreglo a los siguientes principios generales:
a) Evitar los riesgos.
b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
c) Combatir los riesgos en su origen.
d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.
e) Tener en cuenta la evolución de la técnica.
f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.
h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.
2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas.
3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico.
4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas, las cuales sólo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras.
5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista en la prestación de su trabajo personal.
Textos legales basados en datos de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Se trata de un texto consolidado de carácter meramente informativo, sin valor oficial. Para el texto auténtico hay que acudir al BOE.