InicioRepresentación colectiva y libertad sindical

La empresa pública no puede elegir sola el tribunal que el convenio encarga a la paritaria

Si el convenio colectivo atribuye a una comisión paritaria la propuesta de los tribunales que seleccionan al personal temporal, la empresa no puede nombrarlos por su cuenta. El Tribunal Supremo considera que saltarse esa comisión vulnera la libertad sindical en su vertiente de negociación colectiva, anula los nombramientos y condena a la Corporación de Radio y Televisión de Galicia a pagar 7.501 euros al sindicato demandante.

Sentencia comentada · Actualizado el 14 de noviembre de 2026 · Alejandro Aradas García · 6 min de lectura

El caso: tres bolsas de empleo y tres tribunales elegidos por la dirección

En marzo y abril de 2025, el director de Recursos Humanos de la Corporación de Radio y Televisión de Galicia (CRTVG) convocó la ampliación de las listas de contratación temporal en tres categorías: técnico/a de control, maquillador/a y redactor/a.

En las propias convocatorias fijó quién formaría los tribunales. Varios de sus miembros eran cargos de la estructura directiva: un subdirector de Medios, el subdirector de los Servicios Informativos, una redactora jefa y la jefa del Servicio de Formación y Selección.

El sindicato Central Unitaria de Traballadoras (CUT) recusó a esos miembros y demandó por tutela de derechos fundamentales.

Pedía la nulidad de las convocatorias, por falta de negociación previa y por la presencia de personal directivo, y una indemnización de 7.501 euros. Comisiones Obreras y la CIG se adhirieron.

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia desestimó la demanda. El Supremo, en la sentencia 798/2026, de 7 de octubre, le da la razón al sindicato en parte.

Que un cargo sea de libre designación no lo hace parcial

El primer argumento del sindicato era que los cargos nombrados por libre designación dependen de la dirección y, por eso, no son imparciales.

El Supremo lo rechaza. La libre designación es un sistema de provisión previsto por la ley y exige valorar la idoneidad de la persona para el puesto.

Usar esa vía de nombramiento no convierte a nadie en parcial. Aceptar la tesis contraria obligaría a eliminar la libre designación del sistema.

Además, el recurso no señalaba ningún dato concreto de falta de imparcialidad de cada persona recusada. Y la Sala no puede construir ese argumento de oficio.

La sentencia recuerda también, siguiendo su doctrina anterior, que la CRTVG es una sociedad mercantil pública: forma parte del sector público autonómico, pero no de la Administración.

Por eso no se le aplica el artículo 60 del Estatuto Básico del Empleado Público, que impide formar parte de los órganos de selección al personal de designación política, interino o eventual.

Lo decisivo: el convenio encargaba la propuesta a una comisión paritaria

El segundo argumento es el que prospera. El convenio colectivo de la CRTVG crea una Comisión de la gestión de las listas de contratación temporal, paritaria: un miembro de cada sindicato del Comité intercentros y el mismo número en representación de la empresa.

Entre sus funciones, el artículo 32 del convenio le atribuye «proponer los miembros y la composición del tribunal» que realiza y evalúa las pruebas de las listas temporales.

La Corporación no acudió a esa comisión. Aplicó a las bolsas temporales el sistema de tribunales que el convenio prevé para las pruebas del personal fijo y nombró los tribunales directamente.

Para el Supremo, ese trámite era obligatorio. Los nombramientos no podía hacerlos la dirección por su cuenta: tenía que dar paso a la comisión para que hiciera la propuesta.

Por qué es un problema de libertad sindical

La negociación colectiva forma parte del contenido esencial de la libertad sindical. No toda limitación de la actividad de un sindicato la vulnera, pero sí la que es arbitraria, antijurídica o carece de justificación.

Aquí, al saltarse la comisión, la empresa privó a los sindicatos del Comité intercentros de intervenir en un ámbito que el convenio les reservaba. CUT vio reducida, aunque de forma indirecta, su actividad sindical.

La Sala sigue el criterio que ya fijó en su sentencia 1177/2025, de 3 de diciembre (rec. 197/2023), sobre la misma Corporación y el mismo artículo del convenio. Allí precisó cómo funciona esa propuesta:

  • la hace la comisión como órgano, no cada representación por separado, lo que obliga de hecho a llegar a un consenso;
  • los sindicatos no pueden proponer directamente a miembros del tribunal, porque se pertenece a él a título individual;
  • una vez constituido, el tribunal actúa con objetividad, imparcialidad, profesionalidad e independencia.

Las consecuencias: nulidad, reposición e indemnización

El Supremo estima en parte el recurso y declara:

  • la vulneración del derecho a la libertad sindical en su vertiente de negociación colectiva;
  • la nulidad radical de los nombramientos de los tribunales de las tres convocatorias;
  • el cese inmediato de la conducta y la reposición del proceso de selección al momento anterior a la lesión;
  • una indemnización de 7.501 euros para el sindicato, la cantidad que pedía. La calcula con los criterios orientadores de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social y tiene en cuenta que la conducta afectó a más de un proceso de selección.

No hay condena en costas. La estimación es parcial: se rechaza la recusación de los miembros por su forma de nombramiento, y lo que se anula son los nombramientos de los tribunales, no las convocatorias en sí.

No es lo mismo que excluir a un sindicato de una comisión

La sentencia conviene leerla junto a otra reciente de la misma Sala, la 796/2026, de 6 de octubre. Allí el Supremo consideró que no vulnera la libertad sindical excluir a un sindicato firmante de unas comisiones técnicas del convenio que no tienen funciones negociadoras.

Aquí el problema es otro. La empresa no decidió quién se sentaba en la comisión: la dejó sin función, al hacer ella sola lo que el convenio le encargaba.

Ese vaciamiento de un órgano paritario creado por el convenio es lo que lesiona el derecho.

Tampoco es lo mismo que negociar las bases de cada convocatoria: el Supremo ha dicho que las bases de una convocatoria concreta del sector público no tienen que negociarse con los sindicatos.

Aquí la obligación no venía de un deber general de negociar, sino de una función que el propio convenio encargaba a la comisión paritaria.

Qué deben tener en cuenta empresas y representantes

  • Empresas: si el convenio atribuye a una comisión paritaria una función en la selección (proponer tribunales, gestionar listas, valorar méritos), el Supremo trata ese paso como obligatorio. En este caso, saltárselo llevó a la nulidad de los nombramientos, a reponer el proceso y a una indemnización.
  • Sociedades mercantiles públicas: no les obliga el artículo 60 del Estatuto Básico del Empleado Público, pero sí su convenio. Lo que pacten en él sobre los procesos de selección es vinculante.
  • Sindicatos: aquí la vía fue la demanda de tutela de derechos fundamentales. Para reclamar una indemnización conviene concretar su cálculo, por ejemplo con los importes de las sanciones de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, como hizo el sindicato en este caso.
  • Cargos directivos en tribunales: no basta con alegar que son de libre designación. Para recusarlos hay que aportar hechos concretos que pongan en duda la imparcialidad de cada persona.

Cuestiones Laborales es una web informativa: lo que explica es general y cada caso tiene sus matices. Para el tuyo, consulta siempre con un abogado o abogada laboralista o con un graduado o graduada social.

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Las guías donde se explica la regla general.

Normas y preceptos aplicables. Despliega cada uno para leer su texto.

  • Artículo 28.1Constitución EspañolaReconoce la libertad sindical, que incluye la actividad sindical y la negociación colectiva.
    Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 29 de diciembre de 1978

    1. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato.

  • Artículo 2.2Ley Orgánica de Libertad SindicalIncluye en la actividad sindical el derecho a la negociación colectiva (letra d).
    Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 9 de agosto de 1985

    2. Las organizaciones sindicales en el ejercicio de la libertad sindical, tienen derecho a:

    a) Redactar sus estatutos y reglamento, organizar su administración interna y sus actividades y formular su programa de acción.

    b) Constituir federaciones, confederaciones y organizaciones internacionales, así como afiliarse a ellas y retirarse de las mismas.

    c) No ser suspendidas ni disueltas sino mediante resolución firme de la Autoridad Judicial, fundada en incumplimiento grave de las Leyes.

    d) El ejercicio de la actividad sindical en la empresa o fuera de ella, que comprenderá, en todo caso, el derecho a la negociación colectiva, al ejercicio del derecho de huelga, al planteamiento de conflictos individuales y colectivos y a la presentación de candidaturas para la elección de Comités de Empresa y Delegados de Personal, y de los correspondientes órganos de las Administraciones Públicas, en los términos previstos en las normas correspondientes.

    Ver el artículo 2 completo

  • Artículo 183Ley Reguladora de la Jurisdicción SocialFija la indemnización por vulneración de derechos fundamentales, que la Sala calcula con los criterios de la LISOS.
    Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 11 de diciembre de 2011

    Artículo 183. Indemnizaciones.

    1. Cuando la sentencia declare la existencia de vulneración, el juez deberá pronunciarse sobre la cuantía de la indemnización que, en su caso, le corresponda a la parte demandante por haber sufrido discriminación u otra lesión de sus derechos fundamentales y libertades públicas, en función tanto del daño moral unido a la vulneración del derecho fundamental, como de los daños y perjuicios adicionales derivados.

    2. El tribunal se pronunciará sobre la cuantía del daño, determinándolo prudencialmente cuando la prueba de su importe exacto resulte demasiado difícil o costosa, para resarcir suficientemente a la víctima y restablecer a ésta, en la medida de lo posible, en la integridad de su situación anterior a la lesión, así como para contribuir a la finalidad de prevenir el daño.

    3. Esta indemnización será compatible, en su caso, con la que pudiera corresponder al trabajador por la modificación o extinción del contrato de trabajo o en otros supuestos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores y demás normas laborales.

    4. Cuando se haya ejercitado la acción de daños y perjuicios derivada de delito o falta en un procedimiento penal no podrá reiterarse la petición indemnizatoria ante el orden jurisdiccional social, mientras no se desista del ejercicio de aquélla o quede sin resolverse por sobreseimiento o absolución en resolución penal firme, quedando mientras tanto interrumpido el plazo de prescripción de la acción en vía social.

    Ver el artículo 183

  • Artículo 182Ley Reguladora de la Jurisdicción SocialRegula el contenido de la sentencia que aprecia la lesión: nulidad, cese de la conducta y reposición.
    Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 11 de diciembre de 2011

    Artículo 182. Sentencia.

    1. La sentencia declarará haber lugar o no al amparo judicial solicitado y, en caso de estimación de la demanda, según las pretensiones concretamente ejercitadas:

    a) Declarará la existencia o no de vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas, así como el derecho o libertad infringidos, según su contenido constitucionalmente declarado, dentro de los límites del debate procesal y conforme a las normas y doctrina constitucionales aplicables al caso, hayan sido o no acertadamente invocadas por los litigantes.

    b) Declarará la nulidad radical de la actuación del empleador, asociación patronal, Administración pública o cualquier otra persona, entidad o corporación pública o privada.

    c) Ordenará el cese inmediato de la actuación contraria a derechos fundamentales o a libertades públicas, o en su caso, la prohibición de interrumpir una conducta o la obligación de realizar una actividad omitida, cuando una u otra resulten exigibles según la naturaleza del derecho o libertad vulnerados.

    d) Dispondrá el restablecimiento del demandante en la integridad de su derecho y la reposición de la situación al momento anterior a producirse la lesión del derecho fundamental, así como la reparación de las consecuencias derivadas de la acción u omisión del sujeto responsable, incluida la indemnización que procediera en los términos señalados en el artículo 183.

    2. En la sentencia se dispondrá lo procedente sobre las medidas cautelares que se hubieran adoptado previamente.

    Ver el artículo 182

Textos legales basados en datos de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Se trata de un texto consolidado de carácter meramente informativo, sin valor oficial. Para el texto auténtico hay que acudir al BOE.