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Indefinidos no fijos: las bases de la estabilización se impugnan en el contencioso
Una trabajadora indefinida no fija del Servicio Andaluz de Salud, que había ganado un pleito de cesión ilegal, quedó excluida del proceso de estabilización de su plaza y demandó ante lo social por represalia. El Tribunal Supremo dice que ese juicio no corresponde a los juzgados de lo social: las bases de una convocatoria por turno libre no tienen conexión directa con su trabajo y se discuten en el contencioso-administrativo.
Esta sentencia actualiza nuestras guías «Estabilización del empleo público: qué fue, quién quedó fuera y qué reclamar» y «Personal indefinido no fijo: qué es y qué derechos tiene».
El caso
La trabajadora había sido contratada por una empresa externa, pero una sentencia firme declaró que existía cesión ilegal al Servicio Andaluz de Salud. Optó por integrarse en él y pasó a ser indefinida no fija.
En diciembre de 2022, el Servicio Andaluz de Salud convocó, por concurso y turno libre, los procesos de estabilización de plazas de personal estatutario previstos en la Ley 20/2021.
Sus bases permitían incluir plazas ocupadas por personas declaradas indefinidas no fijas por sentencia, y en la de técnico/a medio de función administrativa informática se incluyó la suya.
Ella participó, pero quedó excluida. La resolución le atribuía dos motivos: no tenía la titulación exigida y no tenía antigüedad computable, porque sus servicios eran laborales y el concurso era solo para personal estatutario.
Impugnó la convocatoria ante el contencioso-administrativo.
Y, además, presentó ante el juzgado de lo social una demanda de tutela de derechos fundamentales: decía que no computarle la antigüedad ni su categoría era una represalia por haber ganado el pleito de cesión ilegal (garantía de indemnidad) y vulneraba su derecho a la igualdad. Pedía 20.000 euros por cada vulneración.
El Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla se declaró incompetente, y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía lo confirmó. Otra sentencia del mismo tribunal, en un caso igual, había dicho lo contrario, y por eso el asunto llegó al Supremo.
Qué dice el Supremo
En la sentencia 849/2026, de 26 de octubre (rcud. 2364/2025), la Sala de lo Social confirma que no es competente.
La clave está en el artículo 2.f) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Los juzgados de lo social conocen de la tutela de derechos fundamentales frente al empresario, pero solo cuando la vulneración alegada tiene conexión directa con la prestación de servicios.
Aquí no la hay, por dos razones:
- Las bases afectan a cualquiera. Lo que se discute es una convocatoria por turno libre y sus requisitos y méritos. Pueden influir en la situación laboral de la trabajadora, pero igual que en la de cualquier otra persona que decida presentarse.
- Estar en la convocatoria no garantizaba la plaza. Que su puesto figurase entre las plazas convocadas no significaba que fuera a seguir ocupándolo: las plazas se adjudican por orden de puntuación entre quienes aprueban.
El Supremo rechaza, en cambio, el argumento del Servicio Andaluz de Salud de que no actuaba como empleador sino como Administración convocante.
La demanda se dirige contra él como empleador de la trabajadora, y si eso era así o no es una cuestión de fondo, no de competencia.
El recurso se desestima, sin costas.
Qué significa en la práctica
La sentencia no dice que la trabajadora no tenga razón. Dice dónde tiene que pedirla.
- Las bases y la baremación de una convocatoria por turno libre como esta, de plazas de personal estatutario, se discuten en el contencioso-administrativo, aunque quien las impugna sea personal laboral y aunque invoque un derecho fundamental o una represalia por un pleito laboral anterior.
- Los juzgados de lo social siguen siendo competentes cuando la vulneración tiene conexión directa con el trabajo: por ejemplo, un cese, una sanción, un cambio de condiciones o un trato distinto en el día a día como respuesta a una reclamación.
- Conviene no equivocarse de vía. Equivocarse de orden jurisdiccional cuesta tiempo, y los plazos para recurrir una convocatoria o la lista de admitidos y excluidos son los de la vía administrativa y contencioso-administrativa, distintos de los laborales.
Para las personas indefinidas no fijas, la lección es doble: las bases de los procesos de estabilización se combaten en el contencioso, y la garantía de indemnidad ante lo social queda para las decisiones que la Administración adopta como empleadora sobre su relación de trabajo.
Sobre las bases de las convocatorias públicas, el Supremo ya había dicho que no hay que negociarlas con los sindicatos. Y en la guía de la estabilización del empleo temporal público explicamos qué se ha podido discutir de esas bases.
La sentencia es del Supremo y es firme.
Cuestiones Laborales es una web informativa: lo que explica es general y cada caso tiene sus matices. Para el tuyo, consulta siempre con un abogado o abogada laboralista o con un graduado o graduada social.
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Las guías donde se explica la regla general.
- ArtículoPersonal indefinido no fijo: qué es y qué derechos tieneEl personal indefinido no fijo es el personal laboral de la Administración cuya contratación temporal fue irregular: no es temporal, pero tampoco fijo, y su contrato termina cuando la plaza se cubre por un proceso selectivo o se amortiza. Desde 2026 los tribunales ya no declaran indefinida no fija a la persona que sufrió abuso de contratos temporales, pero quien ya tiene esa condición la conserva, con derecho a 20 días por año si la plaza se cubre; si hubo abuso, tiene además derecho a una indemnización por él, compatible con esos 20 días, que hay que pedir.
- ArtículoEstabilización del empleo público: qué fue, quién quedó fuera y qué reclamarLa Ley 20/2021 obligó a las Administraciones a sacar, entre 2022 y 2024, las plazas estructurales ocupadas por personal temporal: por concurso-oposición, o por concurso de méritos si la plaza estaba ocupada desde antes de 2016. Quien se presentó y no superó el proceso tiene derecho a 20 días por año con tope de doce mensualidades. Hoy, además, puede reclamarse una indemnización por el abuso sufrido antes, y solo quien aprobó una oposición a plaza fija sin obtenerla puede aspirar a la fijeza.
- ArtículoGarantía de indemnidad: protección frente a represalias por reclamar a la empresaLa garantía de indemnidad prohíbe a la empresa castigar a quien reclama sus derechos: si despide, sanciona o empeora las condiciones como respuesta a una demanda, una papeleta de conciliación, una denuncia a la Inspección o, en ciertos casos, una queja interna, la medida es nula y además hay que indemnizar el daño moral. Basta con aportar indicios de la represalia; entonces es la empresa la que tiene que demostrar que tuvo un motivo ajeno a la reclamación.
Normas y preceptos aplicables. Despliega cada uno para leer su texto.
Artículos 2 a y 2 fLey Reguladora de la Jurisdicción SocialAtribuye a lo social la tutela de derechos fundamentales frente al empresario solo cuando la vulneración tiene conexión directa con la prestación de servicios. Competencia general de lo social en los litigios entre empresa y persona trabajadora derivados del contrato de trabajo.
Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 20 de marzo de 2024Artículo 2. Ámbito del orden jurisdiccional social.
Los órganos jurisdiccionales del orden social, por aplicación de lo establecido en el artículo anterior, conocerán de las cuestiones litigiosas que se promuevan:
a) Entre empresarios y trabajadores como consecuencia del contrato de trabajo y del contrato de puesta a disposición, con la salvedad de lo dispuesto en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal; y en el ejercicio de los demás derechos y obligaciones en el ámbito de la relación de trabajo.
b) En relación con las acciones que puedan ejercitar los trabajadores o sus causahabientes contra el empresario o contra aquéllos a quienes se les atribuya legal, convencional o contractualmente responsabilidad, por los daños originados en el ámbito de la prestación de servicios o que tengan su causa en accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, incluida la acción directa contra la aseguradora y sin perjuicio de la acción de repetición que pudiera corresponder ante el orden competente.
c) Entre las sociedades laborales o las cooperativas de trabajo asociado, y sus socios trabajadores, exclusivamente por la prestación de sus servicios.
d) En relación con el régimen profesional, tanto en su vertiente individual como colectiva, de los trabajadores autónomos económicamente dependientes a que se refiere la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo, incluidos los litigios que deriven del ejercicio por ellos de las reclamaciones de responsabilidad contempladas en el apartado b) de este artículo.
e) Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales y convencionales en materia de prevención de riesgos laborales, tanto frente al empresario como frente a otros sujetos obligados legal o convencionalmente, así como para conocer de la impugnación de las actuaciones de las Administraciones públicas en dicha materia respecto de todos sus empleados, bien sean éstos funcionarios, personal estatutario de los servicios de salud o personal laboral, que podrán ejercer sus acciones, a estos fines, en igualdad de condiciones con los trabajadores por cuenta ajena, incluida la reclamación de responsabilidad derivada de los daños sufridos como consecuencia del incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales que forma parte de la relación funcionarial, estatutaria o laboral; y siempre sin perjuicio de las competencias plenas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el ejercicio de sus funciones.
f) Sobre tutela de los derechos de libertad sindical, huelga y demás derechos fundamentales y libertades públicas, incluida la prohibición de la discriminación y el acoso, contra el empresario o terceros vinculados a éste por cualquier título, cuando la vulneración alegada tenga conexión directa con la prestación de servicios; sobre las reclamaciones en materia de libertad sindical y de derecho de huelga frente a actuaciones de las Administraciones públicas referidas exclusivamente al personal laboral; sobre las controversias entre dos o más sindicatos, o entre éstos y las asociaciones empresariales, siempre que el litigio verse sobre cuestiones objeto de la competencia del orden jurisdiccional social, incluida en todos los supuestos de este apartado la responsabilidad por daños; y sobre las demás actuaciones previstas en la presente Ley conforme al apartado 4 del artículo 117 de la Constitución Española en garantía de cualquier derecho.
g) En procesos de conflictos colectivos.
h) Sobre impugnación de convenios colectivos y acuerdos, cualquiera que sea su eficacia, incluidos los concertados por las Administraciones públicas cuando sean de aplicación exclusiva a personal laboral; así como sobre impugnación de laudos arbitrales de naturaleza social, incluidos los dictados en sustitución de la negociación colectiva, en conflictos colectivos, en procedimientos de resolución de controversias y en procedimientos de consulta en movilidad geográfica, modificaciones colectivas de condiciones de trabajo y despidos colectivos, así como en suspensiones y reducciones temporales de jornada. De haberse dictado respecto de las Administraciones públicas, cuando dichos laudos afecten en exclusiva al personal laboral.
i) En procesos sobre materia electoral, incluidas las elecciones a órganos de representación del personal al servicio de las Administraciones públicas.
j) Sobre constitución y reconocimiento de la personalidad jurídica de los sindicatos, impugnación de sus estatutos y su modificación.
k) En materia de régimen jurídico específico de los sindicatos, tanto legal como estatutario, en todo lo relativo a su funcionamiento interno y a las relaciones con sus afiliados.
l) Sobre constitución y reconocimiento de la personalidad jurídica de las asociaciones empresariales en los términos referidos en la disposición derogatoria de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, impugnación de sus estatutos y su modificación.
m) Sobre la responsabilidad de los sindicatos y de las asociaciones empresariales por infracción de normas de la rama social del Derecho.
n) En impugnación de resoluciones administrativas de la autoridad laboral recaídas en los procedimientos previstos en el apartado 5 del artículo 47, en el artículo 47 bis) y en el apartado 7 del artículo 51 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, así como las recaídas en el ejercicio de la potestad sancionadora en materia laboral y sindical y, respecto de las demás impugnaciones de otros actos de las Administraciones públicas sujetos al Derecho Administrativo en el ejercicio de sus potestades y funciones en materia laboral y sindical que pongan fin a la vía administrativa, siempre que en este caso su conocimiento no esté atribuido a otro orden jurisdiccional.
ñ) Contra las Administraciones públicas, incluido el Fondo de Garantía Salarial, cuando les atribuya responsabilidad la legislación laboral.
o) En materia de prestaciones de Seguridad Social, incluidas la protección por desempleo y la protección por cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, así como sobre la imputación de responsabilidades a empresarios o terceros respecto de las prestaciones de Seguridad Social en los casos legalmente establecidos. También las cuestiones referidas a aquellas prestaciones de protección social que establezcan las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias, dirigidas a garantizar recursos económicos suficientes para la cobertura de las necesidades básicas y a prevenir el riesgo de exclusión social de las personas beneficiarias. Igualmente, las cuestiones litigiosas relativas a la valoración, reconocimiento y calificación del grado de discapacidad, así como sobre el reconocimiento de la situación de dependencia y prestaciones económicas y servicios derivados de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, teniendo a todos los efectos de esta Ley la misma consideración que las relativas a las prestaciones y los beneficiarios de la Seguridad Social.
p) En materia de intermediación laboral, en los conflictos que surjan entre los trabajadores y los servicios públicos de empleo, las agencias de colocación autorizadas y otras entidades colaboradoras de aquéllos y entre estas últimas entidades y el servicio público de empleo correspondiente.
q) En la aplicación de los sistemas de mejoras de la acción protectora de la Seguridad Social, incluidos los planes de pensiones y contratos de seguro, siempre que su causa derive de una decisión unilateral del empresario, un contrato de trabajo o un convenio, pacto o acuerdo colectivo; así como de los complementos de prestaciones o de las indemnizaciones, especialmente en los supuestos de accidentes de trabajo o enfermedad profesional, que pudieran establecerse por las Administraciones públicas a favor de cualquier beneficiario.
r) Entre los asociados y las mutualidades, excepto las establecidas por los Colegios profesionales, en los términos previstos en los artículos 64 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, así como entre las fundaciones laborales o entre éstas y sus beneficiarios, sobre cumplimiento, existencia o declaración de sus obligaciones específicas y derechos de carácter patrimonial, relacionados con los fines y obligaciones propios de esas entidades.
s) En impugnación de actos de las Administraciones públicas, sujetos a derecho administrativo y que pongan fin a la vía administrativa, dictadas en el ejercicio de sus potestades y funciones en materia de Seguridad Social, distintas de las comprendidas en el apartado o) de este artículo, incluyendo las recaídas en el ejercicio de la potestad sancionadora en esta materia y con excepción de las especificadas en la letra f) del artículo 3.
t) En cualesquiera otras cuestiones que les sean atribuidas por ésta u otras normas con rango de ley.
Artículo disposición adicional sextaLey 20/2021, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo públicoRegula la convocatoria excepcional de estabilización por concurso de las plazas ocupadas temporalmente antes de 2016.
Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 30 de diciembre de 2021Disposición adicional sexta. Convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal de larga duración.
Las Administraciones Públicas convocarán, con carácter excepcional y de acuerdo con lo previsto en el artículo 61.6 y 7 del TREBEP, por el sistema de concurso, aquellas plazas que, reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 2.1, hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016.
Estos procesos, que se realizarán por una sola vez, podrán ser objeto de negociación en cada uno de los ámbitos territoriales de la Administración del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales y respetarán, en todo caso, los plazos establecidos en esta norma.
Artículo disposición adicional octavaLey 20/2021, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo públicoObliga a incluir en esos procesos las plazas estructurales ocupadas temporalmente desde antes de 2016.
Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 30 de diciembre de 2021Disposición adicional octava. Identificación de las plazas a incluir en las convocatorias de concurso.
Adicionalmente, los procesos de estabilización contenidos en la disposición adicional sexta incluirán en sus convocatorias las plazas vacantes de naturaleza estructural ocupadas de forma temporal por personal con una relación, de esta naturaleza, anterior al 1 de enero de 2016.
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