El crédito sujeto al convenio concursal no se ejecuta aparte

Las guías donde se explica la regla general.

• ArtículoSolicitud del concurso de acreedores por el trabajadorSolicitud del concurso de acreedores por un trabajador que le adeudan nóminas o indemnización.La guía la cita: Si el crédito laboral es ordinario y quedó sujeto al convenio del concurso, no se puede abrir una ejecución separada en el juzgado de lo social aunque haya…
• ArtículoDerechos de los trabajadores en un concurso de acreedoresLa guía la cita: Si el crédito laboral es ordinario y quedó sujeto al convenio concursal, que pase el plazo de espera no permite reactivar una ejecución aparte en el juzgado…
• ArtículoEjecución de una sentencia laboral: cómo cobrar si la empresa no pagaSi la empresa no paga lo que dice la sentencia o lo que firmó en la conciliación, hay que pedir al juzgado de lo social la ejecución, como regla general en el plazo de un año. El juzgado busca bienes, embarga y cobra intereses; si la empresa no tiene nada, la declara insolvente y entonces se puede pedir el pago al Fondo de Garantía Salarial, con sus límites.La guía la cita: Si el crédito laboral es ordinario y quedó sujeto al convenio del concurso, no se puede reabrir una ejecución separada en el juzgado de lo social aunque haya…

Normas y preceptos aplicados. Despliega cada uno para leer su texto.

• Artículo 52Texto refundido de la Ley Concursalla competencia sobre ejecuciones de créditos concursales que inciden en la masa activa es del juez del concurso

  Texto del artículoTexto consolidado vigente

  Artículo 52. Carácter exclusivo y excluyente de la jurisdicción.

  1. La jurisdicción del juez del concurso será exclusiva y excluyente en las siguientes materias:

  1.ª Las acciones civiles con trascendencia patrimonial que se dirijan contra el concursado, con excepción de las que se ejerciten en los procesos civiles sobre adopción de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad, filiación, matrimonio y menores.

  2.ª Las ejecuciones relativas a créditos concursales o contra la masa sobre los bienes y derechos del concursado integrados o que se integren en la masa activa, cualquiera que sea el tribunal o la autoridad administrativa que las hubiera ordenado, sin más excepciones que las previstas en la legislación concursal.

  3.ª La determinación del carácter necesario de un bien o derecho para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor.

  4.ª La declaración de la existencia de sucesión de empresa a efectos laborales y de seguridad social en los casos de transmisión de unidad o de unidades productivas, así como la determinación en esos casos de los elementos que las integran.

  5.ª Las medidas cautelares que afecten o pudieran afectar a los bienes y derechos del concursado integrados o que se integren en la masa activa, cualquiera que sea el tribunal o la autoridad administrativa que las hubiera acordado, excepto las que se adopten en los procesos de adopción de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad, filiación, matrimonio y menores.

  6.ª Las demás materias establecidas en la legislación concursal.

  2. Cuando el deudor sea persona natural, la jurisdicción del juez del concurso será también exclusiva y excluyente en las siguientes materias:

  1.ª Las que en el procedimiento concursal debe adoptar en relación con la asistencia jurídica gratuita.

  2.ª La disolución y liquidación de la sociedad o comunidad conyugal del concursado.

  3. Cuando el deudor sea persona jurídica, la jurisdicción del juez del concurso será también exclusiva y excluyente en las siguientes materias:

  1.ª Las acciones de reclamación de deudas sociales que se ejerciten contra los socios de la sociedad concursada que sean subsidiariamente responsables del pago de esas deudas, cualquiera que sea la fecha en que se hubieran contraído, y las acciones para exigir a los socios de la sociedad concursada el desembolso de las aportaciones sociales diferidas o el cumplimiento de las prestaciones accesorias.

  2.ª Las acciones de responsabilidad contra los administradores o liquidadores, de derecho o de hecho; contra la persona natural designada para el ejercicio permanente de las funciones propias del cargo de administrador persona jurídica y contra las personas, cualquiera que sea su denominación, que tengan atribuidas facultades de la más alta dirección de la sociedad cuando no exista delegación permanente de facultades del consejo de administración en uno o varios consejeros delegados o en una comisión ejecutiva, por los daños y perjuicios causados, antes o después de la declaración judicial de concurso, a la persona jurídica concursada.

  3.ª Las acciones de responsabilidad contra los auditores por los daños y perjuicios causados, antes o después de la declaración judicial de concurso, a la persona jurídica concursada.

• También se citan
• Artículo 238Ley Reguladora de la Jurisdicción Socialincidente en fase de ejecución

  Texto del artículoTexto consolidado vigente

  Artículo 238. Cuestiones incidentales.

  Las cuestiones incidentales que se promuevan en ejecución se sustanciarán citando de comparecencia, en el plazo de cinco días, a las partes, que podrán alegar y probar cuanto a su derecho convenga, concluyendo por auto o, en su caso, por decreto que habrán de dictarse en el plazo de tres días. El auto resolutorio del incidente, de ser impugnable en suplicación o casación, atendido el carácter de las cuestiones decididas, deberá expresar los hechos que estime probados.

  Cuando la comparecencia se celebre ante el Magistrado, se registrará en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen conforme a lo previsto en el artículo 89.

  Ver el artículo 238

Resoluciones que cita esta sentencia.

• 26 nov 2025Tribunal SupremoSentencia del Tribunal Supremo 1132/2025, de 26 de noviembre, recurso de unificación de doctrina 198/2025Caso sustancialmente idéntico contra la misma concursada
• 27 jun 2016Tribunal SupremoAuto de la Sala de Conflictos del Tribunal Supremo 10/2016, de 27 de junioInvocado para sostener la competencia social, pero el Supremo se mantiene en su criterio