La empresa que no recurrió no revisa con la condena penal

Las guías donde se explica la regla general.

• ArtículoProcedimiento penal absolutorio tras un despido disciplinarioProcedimiento de revisión de una sentencia firme de un procedimiento laboral tras finalizar un procedimiento penal con absolución del trabajador.La guía la cita: Una empresa perdió un despido y, tras una condena penal posterior del trabajador dictada de conformidad, pidió la revisión: se desestima porque no agotó los…

Normas y preceptos aplicados. Despliega cada uno para leer su texto.

• Artículo 510.1.1ºLey de Enjuiciamiento Civilla sentencia penal posterior no es documento hábil para revisar, y la condena dictada de conformidad no constituye verdadera actividad probatoria

  Texto del artículoTexto consolidado vigente

  Artículo 510. Motivos.

  1. Habrá lugar a la revisión de una sentencia firme:

  1.º Si después de pronunciada, se recobraren u obtuvieren documentos decisivos, de los que no se hubiere podido disponer por fuerza mayor o por obra de la parte en cuyo favor se hubiere dictado.

  2.º Si hubiere recaído en virtud de documentos que al tiempo de dictarse ignoraba una de las partes haber sido declarados falsos en un proceso penal, o cuya falsedad declarare después penalmente.

  3.º Si hubiere recaído en virtud de prueba testifical o pericial, y los testigos o los peritos hubieren sido condenados por falso testimonio dado en las declaraciones que sirvieron de fundamento a la sentencia.

  4.º Si se hubiere ganado injustamente en virtud de cohecho, violencia o maquinación fraudulenta.

  2. Asimismo se podrá interponer recurso de revisión contra una resolución judicial firme cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que dicha resolución ha sido dictada en violación de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y sus Protocolos, siempre que la violación, por su naturaleza y gravedad, entrañe efectos que persistan y no puedan cesar de ningún otro modo que no sea mediante esta revisión, sin que la misma pueda perjudicar los derechos adquiridos de buena fe por terceras personas.

• También se citan
• Artículo 512Ley de Enjuiciamiento Civilplazo de caducidad de tres meses, que se cuenta desde la sentencia penal si no se acredita cuándo se conoció

  Texto del artículoTexto consolidado vigente

  Artículo 512. Plazo de interposición.

  1. En ningún caso podrá solicitarse la revisión después de transcurridos cinco años desde la fecha de la publicación de la sentencia que se pretende impugnar. Se rechazará toda solicitud de revisión que se presente pasado este plazo.

  Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable cuando la revisión esté motivada en una Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En este caso la solicitud deberá formularse en el plazo de un año desde que adquiera firmeza la sentencia del referido Tribunal.

  2. Dentro del plazo señalado en el apartado anterior, se podrá solicitar la revisión siempre que no hayan transcurrido tres meses desde el día en que se descubrieren los documentos decisivos, el cohecho, la violencia o el fraude, o en que se hubiere reconocido o declarado la falsedad.

• Artículo 236Ley Reguladora de la Jurisdicción Socialrevisión de sentencias firmes en el orden social y sus presupuestos

  Texto del artículoTexto consolidado vigente

  Artículo 236. Revisión y error judicial, competencia y tramitación.

  1. Contra cualquier sentencia firme dictada por los órganos del orden jurisdiccional social y contra los laudos arbitrales firmes sobre materias objeto de conocimiento del orden social, procederá la revisión prevista en la Ley 1/2000, de 7 de enero, por los motivos de su artículo 510 y por el regulado en el apartado 3 del artículo 86 de la presente ley. La revisión se solicitará ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

  En la revisión no se celebrará vista, salvo que así lo acuerde el tribunal o cuando deba practicarse prueba. En caso de condena en costas se estará a lo previsto en el artículo anterior y el depósito para recurrir tendrá la cuantía que en la presente ley se señala para los recursos de casación.

  La revisión se inadmitirá de no concurrir los requisitos y presupuestos procesales exigibles o de no haberse agotado previamente los recursos jurisdiccionales que la ley prevé para que la sentencia pueda considerarse firme; así como, si se formula por los mismos motivos que hubieran podido plantearse, de concurrir los presupuestos para ello, en el incidente de nulidad de actuaciones regulado en el artículo 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial o mediante la audiencia al demandado rebelde establecida en el artículo 185 de la presente ley, o cuando, planteados aquéllos, los referidos motivos hubieren sido desestimados por resolución firme.

  Si la Sala apreciara la concurrencia de cualquiera de tales causas de inadmisión dictará auto, contra el cual no cabe recurso.

  En los supuestos del apartado 2 del artículo 510 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, salvo en aquellos procedimientos en que alguna de las partes esté representada y defendida por el Abogado del Estado, el letrado o letrada de la Administración de Justicia dará traslado a la Abogacía General del Estado de la presentación de la demanda de revisión, así como de la decisión sobre su admisión. La Abogacía del Estado podrá intervenir, sin tener la condición de parte, por propia iniciativa o a instancia del órgano judicial, mediante la aportación de información o presentación de observaciones escritas sobre cuestiones relativas a la ejecución de la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El letrado o letrada de la Administración de Justicia notificará igualmente la decisión de la revisión a la Abogacía General del Estado. Del mismo modo, en caso de estimarse la revisión, los letrados y las letradas de la Administración de Justicia de los tribunales correspondientes informarán a la Abogacía General del Estado de las principales actuaciones que se lleven a cabo como consecuencia de la revisión.

  2. El proceso de error judicial, destinado a reparar el daño producido por una resolución firme errónea que carece de posibilidad de rectificación por la vía normal de los recursos, cuando sea competencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, se seguirá por los trámites y requisitos establecidos para la declaración de error judicial en los artículos 292 y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con las especialidades sobre depósitos, vista y costas establecidas para la revisión y sin que la apreciación del error pueda fundamentarse en pruebas distintas de las practicadas en las actuaciones procesales origen del mismo presunto error.

  Si la Sala apreciara la concurrencia de cualquiera de tales causas de inadmisión dictará auto, contra el cual no cabe recurso.

  Ver el artículo 236

• Artículo 233Ley Reguladora de la Jurisdicción Socialaportación de documentos nuevos en suplicación, cauce que la empresa no utilizó

  Texto del artículoTexto consolidado vigente

  Artículo 233. Admisión de documentos nuevos.

  1. La Sala no admitirá a las partes documento alguno ni alegaciones de hechos que no resulten de los autos. No obstante, si alguna de las partes presentara alguna sentencia o resolución judicial o administrativa firmes o documentos decisivos para la resolución del recurso que no hubiera podido aportar anteriormente al proceso por causas que no le fueran imputables, y en general cuando en todo caso pudiera darse lugar a posterior recurso de revisión por tal motivo o fuera necesario para evitar la vulneración de un derecho fundamental, la Sala, oída la parte contraria dentro del plazo de tres días, dispondrá en los dos días siguientes lo que proceda, mediante auto contra el que no cabrá recurso de reposición, con devolución en su caso a la parte proponente de dichos documentos, de no acordarse su toma en consideración. De admitirse el documento, se dará traslado a la parte proponente para que, en el plazo de cinco días, complemente su recurso o su impugnación y por otros cinco días a la parte contraria a los fines correlativos.

  2. El trámite al que se refiere el apartado anterior interrumpirá el que, en su caso, acuerde la Sala sobre la inadmisión del propio recurso.

  Ver el artículo 233

Resoluciones que cita esta sentencia.

• 30 sep 2025Tribunal SupremoSentencia del Tribunal Supremo 841/2025, de 30 de septiembre (revisión 109/2024)Recopila la doctrina sobre el carácter excepcional de la revisión y la protección constitucional de la cosa juzgada
• 2 feb 2022Tribunal SupremoSentencia del Tribunal Supremo 98/2022, de 2 de febrero (proc. 10/2019)Sistematiza los tres requisitos del documento hábil para la revisión
• 20 mar 2025Tribunal SupremoSentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, 50/2025, de 20 de marzo (rec. 5621/2022)Sobre la naturaleza jurídica de la conformidad penal, que pone fin al proceso sin constituir confesión ni actividad probatoria

Otras sentencias analizadas que la citan.

• 9 jul 2026Tribunal SupremoUna condena penal posterior no reabre la sentencia social ya firmeUna sentencia penal condenatoria dictada después no es documento recobrado y no permite revisar la sentencia social firme: el documento ha de ser anterior, haber estado retenido y ser decisivo, y la revisión por vía penal solo cabe ante sentencia absolutoria.