InicioModificación de condiciones por la empresa

Si la empresa anuncia la vuelta a la oficina, el plazo para demandar corre desde ese correo

El Tribunal Supremo da por caducada la demanda de CCOO y UGT contra la supresión de un día semanal de teletrabajo. El plazo de 20 días hábiles empezó con el correo que anunciaba la vuelta a la oficina, aunque el cambio se aplicara casi dos meses después y la empresa lo repitiera en un segundo correo.

Sentencia comentada · Actualizado el 15 de noviembre de 2026 · Alejandro Aradas García · 5 min de lectura

El caso: un día de teletrabajo que duró más de lo previsto

Caterpillar Energy Solutions comunicó en enero de 2023 a su plantilla de oficinas de Madrid y Vigo que podía teletrabajar un día a la semana, de forma voluntaria, hasta el 31 de diciembre de 2023.

Llegada esa fecha, el teletrabajo siguió aplicándose sin que la empresa fijara un nuevo plazo.

El 9 de abril de 2025, un correo a toda la plantilla anunció la vuelta obligatoria a la oficina de lunes a viernes a partir del 2 de junio, «para dar tiempo a que los empleados se adapten de forma efectiva». Añadía que los vicepresidentes darían indicaciones adicionales.

El 22 de mayo, otro correo repitió lo mismo.

CCOO presentó demanda de conflicto colectivo el 19 de junio de 2025, a la que se adhirió UGT. La Audiencia Nacional la rechazó: la acción estaba caducada y, además, no había condición más beneficiosa.

La sentencia 845/2026, de 20 de octubre, del Tribunal Supremo, confirma esa decisión.

Por qué este teletrabajo no estaba protegido por la ley

El Supremo empieza situando el caso.

La Ley 10/2021, de trabajo a distancia, solo se aplica al trabajo a distancia regular: el que ocupa al menos el 30 % de la jornada en un periodo de tres meses.

Para ese teletrabajo, el propio Supremo ha dicho en 2026 que cambiar el porcentaje exige un nuevo acuerdo individual por escrito.

Un día a la semana queda por debajo de ese porcentaje. Por eso, dice el Tribunal, este teletrabajo cae fuera de la Ley 10/2021, y la empresa pudo servirse de una decisión unilateral tanto para implantarlo como para retirarlo.

Esa retirada puede impugnarse como modificación sustancial de condiciones de trabajo, por el procedimiento del artículo 138 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Y ese procedimiento tiene un plazo muy corto.

El plazo de 20 días empieza con la primera comunicación escrita

La demanda contra una modificación sustancial debe presentarse en los 20 días hábiles siguientes a la notificación por escrito de la decisión.

El Supremo recuerda su doctrina:

  • El plazo se aplica aunque la empresa no haya seguido el procedimiento del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores.
  • Se aplica también a la demanda de conflicto colectivo de los sindicatos, no solo a la individual.
  • Solo empieza con una notificación escrita, clara e inequívoca. No bastan el tablón de anuncios, los avisos verbales o las circulares genéricas.

Los sindicatos sostenían que el correo de abril era una directriz global de la matriz, pendiente de concretarse, y que la decisión real llegó en mayo.

El Tribunal no lo acepta. El correo de abril decía qué se hacía (volver a la oficina cinco días), desde cuándo y que era obligatorio.

La remisión a indicaciones posteriores solo afectaba a los detalles de aplicación.

El segundo correo era una simple reiteración, sin cambios, y no abre un plazo nuevo.

Retrasar la fecha de efectos no retrasa el plazo

Esta es la parte más práctica de la sentencia.

Que la medida no se aplicara hasta el 2 de junio no desplaza el inicio del plazo.

Dar un tiempo de preaviso o de adaptación no cambia nada: desde que se recibe una comunicación firme y por escrito, la decisión ya existe y se puede impugnar.

El plazo empezó el 10 de abril, día siguiente al correo. La demanda de junio llegó tarde.

Solo sería distinto, aclara el Supremo, si la comunicación hubiera sido un borrador, un anuncio impreciso o una medida que necesitara concretarse para cada persona antes de saber cómo le afecta.

Quince meses de tolerancia no crean un derecho

Los sindicatos también defendían que, al mantenerse el teletrabajo después de diciembre de 2023, se había convertido en una condición más beneficiosa.

El Supremo responde de dos maneras.

Primero, aunque lo fuera, la empresa habría tenido que seguir el procedimiento del artículo 41 para suprimirla, pero la acción seguiría caducada: también la supresión de una condición más beneficiosa hay que impugnarla en plazo.

Segundo, no lo era. Para que exista hace falta una voluntad inequívoca de la empresa de conceder un derecho, y la carga de probarla es de quien la alega.

Que una situación se repita en el tiempo no basta: la tolerancia sigue siendo tolerancia, dure más o menos.

Aquí la medida tenía una fecha de fin y se prolongó unos 15 meses sin ningún dato que apuntara a una concesión. Era, dice la sentencia, una situación tolerada y luego revocada.

Qué hay que hacer

Para la representación de la plantilla y para cada persona afectada, la lección es clara: el plazo se cuenta desde el primer aviso escrito firme.

  • No hay que esperar a la fecha en que la empresa aplique el cambio.
  • No hay que esperar a una segunda comunicación que se limite a repetirlo.
  • Si hay dudas sobre si un correo es ya la decisión, lo prudente es demandar contando desde ese correo.

Para las empresas, la sentencia confirma que un teletrabajo por debajo del 30 % concedido de forma provisional queda fuera de la Ley 10/2021, y que su retirada se impugna como modificación sustancial en 20 días hábiles desde la comunicación escrita clara: si nadie demanda en plazo, la decisión ya no puede discutirse.

El Supremo no llega a valorar si la retirada estaba justificada.

Distinto es el teletrabajo regular pactado en un acuerdo de trabajo a distancia: según el Supremo, cambiar su porcentaje exige un nuevo acuerdo individual por escrito y no puede imponerse por la vía de la modificación sustancial.

Cuestiones Laborales es una web informativa: lo que explica es general y cada caso tiene sus matices. Para el tuyo, consulta siempre con un abogado o abogada laboralista o con un graduado o graduada social.

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Las guías donde se explica la regla general.

Normas y preceptos aplicables. Despliega cada uno para leer su texto.

  • Artículo 138.1Ley Reguladora de la Jurisdicción SocialFija el plazo de caducidad de 20 días hábiles desde la notificación escrita de la decisión, aunque no se haya seguido el artículo 41.
    Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 8 de julio de 2012

    1. El proceso se iniciará por demanda de los trabajadores afectados por la decisión empresarial, aunque no se haya seguido el procedimiento de los artículos 40, 41 y 47 del Estatuto de los Trabajadores. La demanda deberá presentarse en el plazo de caducidad de los veinte días hábiles siguientes a la notificación por escrito de la decisión a los trabajadores o a sus representantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 59 del Estatuto de los Trabajadores, plazo que no comenzará a computarse hasta que tenga lugar dicha notificación, sin perjuicio de la prescripción en todo caso de las acciones derivadas por el transcurso del plazo previsto en el apartado 2 del artículo 59 del Estatuto de los Trabajadores.

    Ver el artículo 138 completo

  • Artículo 59.4Estatuto de los TrabajadoresEl plazo para impugnar la modificación sustancial se cuenta desde el día siguiente a la notificación de la decisión.
    Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 13 de noviembre de 2015

    4. Lo previsto en el apartado anterior será de aplicación a las acciones contra las decisiones empresariales en materia de movilidad geográfica y modificación sustancial de condiciones de trabajo. El plazo se computará desde el día siguiente a la fecha de notificación de la decisión empresarial, tras la finalización, en su caso, del periodo de consultas.

    Ver el artículo 59 completo

  • Artículo 1Ley 10/2021, de trabajo a distanciaSolo es trabajo a distancia regular el que alcanza el 30 % de la jornada en tres meses; un día a la semana queda fuera de la ley.
    Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 11 de julio de 2021

    Artículo 1. Ámbito de aplicación.

    Las relaciones de trabajo a las que resultará de aplicación la presente Ley serán aquellas en las que concurran las condiciones descritas en el artículo 1.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, que se desarrollen a distancia con carácter regular.

    Se entenderá que es regular el trabajo a distancia que se preste, en un periodo de referencia de tres meses, un mínimo del treinta por ciento de la jornada, o el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato de trabajo.

  • Artículo 41Estatuto de los TrabajadoresLa supresión del teletrabajo no pactado se impugna como modificación sustancial.
    Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 13 de noviembre de 2015

    Artículo 41. Modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo.

    1. La dirección de la empresa podrá acordar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. Se considerarán tales las que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa.

    Tendrán la consideración de modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, entre otras, las que afecten a las siguientes materias:

    a) Jornada de trabajo.

    b) Horario y distribución del tiempo de trabajo.

    c) Régimen de trabajo a turnos.

    d) Sistema de remuneración y cuantía salarial.

    e) Sistema de trabajo y rendimiento.

    f) Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé el artículo 39.

    2. Las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo podrán afectar a las condiciones reconocidas a los trabajadores en el contrato de trabajo, en acuerdos o pactos colectivos o disfrutadas por estos en virtud de una decisión unilateral del empresario de efectos colectivos.

    Se considera de carácter colectivo la modificación que, en un periodo de noventa días, afecte al menos a:

    a) Diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores.

    b) El diez por ciento del número de trabajadores de la empresa en aquellas que ocupen entre cien y trescientos trabajadores.

    c) Treinta trabajadores, en las empresas que ocupen más de trescientos trabajadores.

    Se considera de carácter individual la modificación que, en el periodo de referencia establecido, no alcance los umbrales señalados para las modificaciones colectivas.

    3. La decisión de modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter individual deberá ser notificada por el empresario al trabajador afectado y a sus representantes legales con una antelación mínima de quince días a la fecha de su efectividad.

    En los supuestos previstos en las letras a), b), c), d) y f) del apartado 1, si el trabajador resultase perjudicado por la modificación sustancial tendrá derecho a rescindir su contrato y percibir una indemnización de veinte días de salario por año de servicio prorrateándose por meses los periodos inferiores a un año y con un máximo de nueve meses.

    Sin perjuicio de la ejecutividad de la modificación en el plazo de efectividad anteriormente citado, el trabajador que, no habiendo optado por la rescisión de su contrato, se muestre disconforme con la decisión empresarial podrá impugnarla ante la jurisdicción social. La sentencia declarará la modificación justificada o injustificada y, en este último caso, reconocerá el derecho del trabajador a ser repuesto en sus anteriores condiciones.

    Cuando con objeto de eludir las previsiones contenidas en el apartado siguiente, la empresa realice modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo en periodos sucesivos de noventa días en número inferior a los umbrales que establece el apartado 2 para las modificaciones colectivas, sin que concurran causas nuevas que justifiquen tal actuación, dichas nuevas modificaciones se considerarán efectuadas en fraude de ley y serán declaradas nulas y sin efecto.

    4. Sin perjuicio de los procedimientos específicos que puedan establecerse en la negociación colectiva, la decisión de modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter colectivo deberá ir precedida de un periodo de consultas con los representantes legales de los trabajadores, de duración no superior a quince días, que versará sobre las causas motivadoras de la decisión empresarial y la posibilidad de evitar o reducir sus efectos, así como sobre las medidas necesarias para atenuar sus consecuencias para los trabajadores afectados. La consulta se llevará a cabo en una única comisión negociadora, si bien, de existir varios centros de trabajo, quedará circunscrita a los centros afectados por el procedimiento. La comisión negociadora estará integrada por un máximo de trece miembros en representación de cada una de las partes.

    La intervención como interlocutores ante la dirección de la empresa en el procedimiento de consultas corresponderá a las secciones sindicales cuando estas así lo acuerden, siempre que tengan la representación mayoritaria en los comités de empresa o entre los delegados de personal de los centros de trabajo afectados, en cuyo caso representarán a todos los trabajadores de los centros afectados.

    En defecto de lo previsto en el párrafo anterior, la intervención como interlocutores se regirá por las siguientes reglas:

    a) Si el procedimiento afecta a un único centro de trabajo, corresponderá al comité de empresa o a los delegados de personal. En el supuesto de que en el centro de trabajo no exista representación legal de los trabajadores, estos podrán optar por atribuir su representación para la negociación del acuerdo, a su elección, a una comisión de un máximo de tres miembros integrada por trabajadores de la propia empresa y elegida por estos democráticamente o a una comisión de igual número de componentes designados, según su representatividad, por los sindicatos más representativos y representativos del sector al que pertenezca la empresa y que estuvieran legitimados para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación a la misma.

    En el supuesto de que la negociación se realice con la comisión cuyos miembros sean designados por los sindicatos, el empresario podrá atribuir su representación a las organizaciones empresariales en las que estuviera integrado, pudiendo ser las mismas más representativas a nivel autonómico, y con independencia de que la organización en la que esté integrado tenga carácter intersectorial o sectorial.

    b) Si el procedimiento afecta a más de un centro de trabajo, la intervención como interlocutores corresponderá:

    En primer lugar, al comité intercentros, siempre que tenga atribuida esa función en el convenio colectivo en que se hubiera acordado su creación.

    En otro caso, a una comisión representativa que se constituirá de acuerdo con las siguientes reglas:

    1.ª Si todos los centros de trabajo afectados por el procedimiento cuentan con representantes legales de los trabajadores, la comisión estará integrada por estos.

    2.ª Si alguno de los centros de trabajo afectados cuenta con representantes legales de los trabajadores y otros no, la comisión estará integrada únicamente por representantes legales de los trabajadores de los centros que cuenten con dichos representantes. Y ello salvo que los trabajadores de los centros que no cuenten con representantes legales opten por designar la comisión a que se refiere la letra a), en cuyo caso la comisión representativa estará integrada conjuntamente por representantes legales de los trabajadores y por miembros de las comisiones previstas en dicho párrafo, en proporción al número de trabajadores que representen.

    En el supuesto de que uno o varios centros de trabajo afectados por el procedimiento que no cuenten con representantes legales de los trabajadores opten por no designar la comisión de la letra a), se asignará su representación a los representantes legales de los trabajadores de los centros de trabajo afectados que cuenten con ellos, en proporción al número de trabajadores que representen.

    3.ª Si ninguno de los centros de trabajo afectados por el procedimiento cuenta con representantes legales de los trabajadores, la comisión representativa estará integrada por quienes sean elegidos por y entre los miembros de las comisiones designadas en los centros de trabajo afectados conforme a lo dispuesto en la letra a), en proporción al número de trabajadores que representen.

    En todos los supuestos contemplados en este apartado, si como resultado de la aplicación de las reglas indicadas anteriormente el número inicial de representantes fuese superior a trece, estos elegirán por y entre ellos a un máximo de trece, en proporción al número de trabajadores que representen.

    La comisión representativa de los trabajadores deberá quedar constituida con carácter previo a la comunicación empresarial de inicio del procedimiento de consultas. A estos efectos, la dirección de la empresa deberá comunicar de manera fehaciente a los trabajadores o a sus representantes su intención de iniciar el procedimiento de modificación sustancial de condiciones de trabajo. El plazo máximo para la constitución de la comisión representativa será de siete días desde la fecha de la referida comunicación, salvo que alguno de los centros de trabajo que vaya a estar afectado por el procedimiento no cuente con representantes legales de los trabajadores, en cuyo caso el plazo será de quince días.

    Transcurrido el plazo máximo para la constitución de la comisión representativa, la dirección de la empresa podrá comunicar el inicio del periodo de consultas a los representantes de los trabajadores. La falta de constitución de la comisión representativa no impedirá el inicio y transcurso del periodo de consultas, y su constitución con posterioridad al inicio del mismo no comportará, en ningún caso, la ampliación de su duración.

    Durante el periodo de consultas, las partes deberán negociar de buena fe, con vistas a la consecución de un acuerdo. Dicho acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría de los representantes legales de los trabajadores o, en su caso, de la mayoría de los miembros de la comisión representativa de los trabajadores siempre que, en ambos casos, representen a la mayoría de los trabajadores del centro o centros de trabajo afectados.

    El empresario y la representación de los trabajadores podrán acordar en cualquier momento la sustitución del periodo de consultas por el procedimiento de mediación o arbitraje que sea de aplicación en el ámbito de la empresa, que deberá desarrollarse dentro del plazo máximo señalado para dicho periodo.

    Cuando el periodo de consultas finalice con acuerdo se presumirá que concurren las causas justificativas a que alude el apartado 1 y solo podrá ser impugnado ante la jurisdicción social por la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en su conclusión. Ello sin perjuicio del derecho de los trabajadores afectados a ejercitar la opción prevista en el párrafo segundo del apartado 3.

    5. La decisión sobre la modificación colectiva de las condiciones de trabajo será notificada por el empresario a los trabajadores una vez finalizado el periodo de consultas sin acuerdo y surtirá efectos en el plazo de los siete días siguientes a su notificación.

    Contra las decisiones a que se refiere el presente apartado se podrá reclamar en conflicto colectivo, sin perjuicio de la acción individual prevista en el apartado 3. La interposición del conflicto paralizará la tramitación de las acciones individuales iniciadas hasta su resolución.

    6. La modificación de las condiciones de trabajo establecidas en los convenios colectivos regulados en el título III deberá realizarse conforme a lo establecido en el artículo 82.3.

    7. En materia de traslados se estará a lo dispuesto en las normas específicas establecidas en el artículo 40.

    Ver el artículo 41

  • Artículo 3.1.cEstatuto de los TrabajadoresCondición más beneficiosa, que exige una voluntad inequívoca de la empresa y no una simple tolerancia.
    Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 13 de noviembre de 2015

    1. Los derechos y obligaciones concernientes a la relación laboral se regulan:

    a) Por las disposiciones legales y reglamentarias del Estado.

    b) Por los convenios colectivos.

    c) Por la voluntad de las partes, manifestada en el contrato de trabajo, siendo su objeto lícito y sin que en ningún caso puedan establecerse en perjuicio del trabajador condiciones menos favorables o contrarias a las disposiciones legales y convenios colectivos antes expresados.

    d) Por los usos y costumbres locales y profesionales.

    Ver el artículo 3 completo

Textos legales basados en datos de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Se trata de un texto consolidado de carácter meramente informativo, sin valor oficial. Para el texto auténtico hay que acudir al BOE.