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Cámaras avisadas por WhatsApp durante tu baja: el TSJ de Galicia confirma que la grabación no vale como prueba
Una residencia sancionó a un cuidador con 30 días de empleo y sueldo a partir de lo que grabó una cámara de la enfermería. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia confirma que esa grabación no podía usarse: el aviso de las cámaras se envió a un chat de trabajo y se colgó en el tablón mientras él estaba de baja, y las cámaras se habían instalado para vigilar la salud de los residentes, no para controlar a la plantilla.
Lo que ha decidido el tribunal
Si la empresa instala cámaras y quiere usar lo que graban para sancionar, antes tiene que informar a la plantilla de verdad.
Mandar el aviso a un chat de trabajo o colgarlo en el tablón cuando la persona está de baja no basta: según el tribunal, durante una incapacidad temporal, con el contrato suspendido, no hay obligación de leer los mensajes de la empresa.
Así lo ha resuelto el Tribunal Superior de Justicia de Galicia en la sentencia 4123/2026, de 14 de octubre (recurso de suplicación 3515/2026).
El tribunal añade otra idea con mucho recorrido práctico: unas cámaras instaladas para vigilar la salud de los residentes de una enfermería no pueden reutilizarse para controlar y sancionar al personal.
No consta que la sentencia sea firme: contra ella cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo. Es el criterio de un Tribunal Superior, no una regla fijada por el Supremo.
El caso: una cámara girada hacia la pared
El trabajador era cuidador en el turno de noche de un centro para personas con discapacidad intelectual gravemente afectadas, con antigüedad desde 1992.
En enero de 2022, a petición de la médica del centro, se instalaron cámaras en las dos habitaciones de la enfermería para monitorizar a los residentes ingresados. Grababan las 24 horas.
La entidad informó a los representantes de los trabajadores.
Además, el 10 de enero colgó un comunicado en un tablón de anuncios y el 12 de enero envió un mensaje a un chat de uso profesional en el que estaba el cuidador.
El mensaje decía que las cámaras servían solo para controlar el estado de salud de los usuarios.
El problema: el cuidador estaba de baja desde el 5 de enero hasta el 22 de julio de 2022. Y no constaba dónde estaba el tablón, cuánto tiempo estuvo colgado el aviso ni si seguía allí cuando volvió.
El 7 de febrero de 2023 el cuidador giró una de las cámaras hacia la pared. Nadie se dio cuenta hasta el 23 de febrero, cuando una enfermera quiso ver la grabación.
La entidad le impuso una suspensión de empleo y sueldo de 30 días por falta grave.
Lo que dijo el juzgado
El Juzgado de lo Social número 3 de A Coruña declaró la grabación prueba ilícita y la expulsó del juicio. Revocó la sanción porque no se había probado la desobediencia: no constaba ninguna orden que prohibiera tocar las cámaras.
Además, condenó a la entidad a pagar 500 euros por vulnerar el derecho a la protección de datos del trabajador.
La entidad recurrió.
Primera clave: el aviso durante la baja no cuenta
La Ley Orgánica de Protección de Datos permite a la empresa usar cámaras para controlar el trabajo, pero le exige informar antes, de forma expresa, clara y concisa, a la plantilla y, en su caso, a sus representantes (artículo 89).
Para el tribunal, ese deber no se cumplió con este trabajador:
- El mensaje al chat llegó cuando estaba de baja, con el contrato suspendido y sin obligación de leerlo. Presumir que lo leyó por el simple hecho de estar en el grupo vulneraría su derecho a la desconexión digital (artículo 20 bis del Estatuto de los Trabajadores).
- Con el tablón ocurre lo mismo: el aviso se colgó durante la baja y no se probó que siguiera allí a su vuelta.
El tribunal exige más diligencia a la empresa para acreditar que la persona trabajadora conoció la medida, precisamente porque restringe un derecho fundamental.
Segunda clave: no había un ilícito flagrante
La ley admite una excepción: si la cámara capta la comisión flagrante de un acto ilícito, basta con que exista el cartel informativo de videovigilancia.
El tribunal descarta aplicarla por tres razones:
- Girar una cámara hacia la pared no es, por sí solo, un incumplimiento laboral si no existe una orden expresa que lo prohíba.
- La entidad hablaba de sabotaje con grave riesgo para los residentes, pero tardó 16 días en darse cuenta. Eso desmiente la urgencia.
- Aunque hubiera habido ilícito, no constaba ningún cartel que advirtiera de las cámaras, y el cartel es obligatorio.
Tercera clave: cámaras sanitarias no sirven para sancionar
Este es el punto más novedoso de la sentencia.
Las cámaras se pusieron para controlar la salud de personas enfermas. Esos datos son especialmente sensibles y se recogieron con una finalidad médica.
El Reglamento General de Protección de Datos exige que los datos se recojan con fines determinados y no se traten después de manera incompatible con esos fines.
Para el tribunal, usar esas grabaciones para el poder sancionador de la empresa incumple ese principio de limitación de la finalidad.
El tribunal también duda de que la grabación fuera proporcionada: era permanente, todo el año, en una enfermería donde se hacen actos médicos e íntimos, y no se justificó que no hubiera medidas menos invasivas.
Por eso acuerda enviar copia de la sentencia a la Agencia Española de Protección de Datos.
La indemnización, aunque la sanción no sea nula
La entidad alegaba que era contradictorio indemnizar por vulnerar un derecho fundamental sin declarar nula la sanción.
El tribunal lo rechaza, siguiendo al Tribunal Constitucional (sentencia 61/2021, de 15 de marzo): si se declara que la prueba se obtuvo vulnerando un derecho fundamental, procede pronunciarse sobre la indemnización, con independencia de cómo se califique la sanción o el despido. Se confirman los 500 euros.
La declaración de prueba ilícita no arrastra por sí sola la nulidad de la sanción.
Esa idea coincide con la del Tribunal Supremo, que el tribunal cita (sentencias 23/2025, de 14 de enero, y 91/2026, de 28 de enero), aunque en esos dos casos el Supremo consideró válidas las grabaciones, porque las cámaras eran conocidas o estaban señalizadas y había sospechas previas.
Un apunte procesal
Las sanciones por falta grave no tienen recurso de suplicación. El tribunal solo entra en lo que está ligado al derecho fundamental: la licitud de la prueba y la indemnización.
La revocación de la sanción, que el juzgado basó en que no se probó la desobediencia, queda fuera del recurso.
Qué conviene hacer
Si eres persona trabajadora:
- Si te sancionan o despiden con imágenes de cámaras, pregunta cuándo y cómo te informaron de su existencia y para qué se instalaron.
- Según este criterio, un aviso enviado mientras estabas de baja no se presume conocido. El mismo razonamiento podría alegarse si llegó durante las vacaciones u otro periodo de descanso, aunque esta sentencia no lo resuelve.
- Alega la ilicitud de la prueba en el juicio y pide la indemnización por vulneración de derechos fundamentales.
Si eres empresa:
- Informa de las cámaras de forma individual y comprobable, y repite el aviso a quien se reincorpora tras una baja, una excedencia o un permiso largo.
- Coloca y mantén el cartel informativo.
- No uses para sancionar cámaras que instalaste con otra finalidad, y menos si graban datos de salud: si quieres usarlas para controlar el trabajo, dilo expresamente al informar.
Cuestiones Laborales es una web informativa: lo que explica es general y cada caso tiene sus matices. Para el tuyo, consulta siempre con un abogado o abogada laboralista o con un graduado o graduada social.
Comentarios
Las guías donde se explica la regla general.
- ArtículoCámaras en el trabajo: cuándo son legales y si valen como prueba para despedirLa empresa puede instalar cámaras y usar las grabaciones para sancionar si informa antes; si se capta un acto ilícito flagrante, basta el cartel visible. Nunca puede grabar en vestuarios, aseos o comedores, y las cámaras ocultas solo caben de forma excepcional. Si la grabación es ilícita, se excluye como prueba, pero el despido no es automáticamente nulo.
- ArtículoDerecho a la desconexión digital en el trabajoFuera de tu jornada, en descansos, vacaciones y permisos, no tienes obligación de leer ni contestar correos, llamadas o mensajes de trabajo, y no te pueden sancionar por no hacerlo. El derecho no impide que la empresa envíe un mensaje, ni ampara negarse a trabajo efectivo ordenado fuera del horario habitual.
- ArtículoCómo impugnar una sanción laboral: plazo, pasos y motivos para anularlaUna sanción se impugna presentando primero la papeleta de conciliación y después la demanda ante el juzgado de lo social, todo dentro de 20 días hábiles desde que se notifica. En el juicio la empresa tiene que probar los hechos de la carta, y el juzgado puede confirmar la sanción, anularla, revocarla del todo o rebajarla.
Normas y preceptos aplicables. Despliega cada uno para leer su texto.
Artículo 89.1Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitalesExige informar a la plantilla, de forma previa, expresa, clara y concisa, de las cámaras usadas para controlarla, salvo la excepción del ilícito flagrante con cartel visible.
Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 7 de diciembre de 20181. Los empleadores podrán tratar las imágenes obtenidas a través de sistemas de cámaras o videocámaras para el ejercicio de las funciones de control de los trabajadores o los empleados públicos previstas, respectivamente, en el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores y en la legislación de función pública, siempre que estas funciones se ejerzan dentro de su marco legal y con los límites inherentes al mismo. Los empleadores habrán de informar con carácter previo, y de forma expresa, clara y concisa, a los trabajadores o los empleados públicos y, en su caso, a sus representantes, acerca de esta medida.
En el supuesto de que se haya captado la comisión flagrante de un acto ilícito por los trabajadores o los empleados públicos se entenderá cumplido el deber de informar cuando existiese al menos el dispositivo al que se refiere el artículo 22.4 de esta ley orgánica.
Artículo 20 bisEstatuto de los TrabajadoresReconoce el derecho a la desconexión digital, que el tribunal usa para negar que el trabajador de baja tuviera que leer el chat de la empresa.
Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 7 de diciembre de 2018Artículo 20 bis. Derechos de los trabajadores a la intimidad en relación con el entorno digital y a la desconexión.
Los trabajadores tienen derecho a la intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a su disposición por el empleador, a la desconexión digital y a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización en los términos establecidos en la legislación vigente en materia de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.
Artículo 5.1Reglamento (UE) 2016/679, General de Protección de DatosRecoge los principios de limitación de la finalidad y minimización: datos recogidos con fines sanitarios no pueden reutilizarse para sancionar.
Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 4 de mayo de 20161. Los datos personales serán:
a) tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado («licitud, lealtad y transparencia»);
b) recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines; de acuerdo con el artículo 89, apartado 1, el tratamiento ulterior de los datos personales con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos no se considerará incompatible con los fines iniciales («limitación de la finalidad»);
c) adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados («minimización de datos»);
d) exactos y, si fuera necesario, actualizados; se adoptarán todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos personales que sean inexactos con respecto a los fines para los que se tratan («exactitud»);
e) mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los datos personales; los datos personales podrán conservarse durante períodos más largos siempre que se traten exclusivamente con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, de conformidad con el artículo 89, apartado 1, sin perjuicio de la aplicación de las medidas técnicas y organizativas apropiadas que impone el presente Reglamento a fin de proteger los derechos y libertades del interesado («limitación del plazo de conservación»);
f) tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas («integridad y confidencialidad»).
Artículo 22.4Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitalesRegula el cartel informativo de videovigilancia, que no constaba en el centro.
Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 7 de diciembre de 20184. El deber de información previsto en el artículo 12 del Reglamento (UE) 2016/679 se entenderá cumplido mediante la colocación de un dispositivo informativo en lugar suficientemente visible identificando, al menos, la existencia del tratamiento, la identidad del responsable y la posibilidad de ejercitar los derechos previstos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679. También podrá incluirse en el dispositivo informativo un código de conexión o dirección de internet a esta información.
En todo caso, el responsable del tratamiento deberá mantener a disposición de los afectados la información a la que se refiere el citado reglamento.
Artículo 90.2Ley Reguladora de la Jurisdicción SocialImpide admitir pruebas obtenidas vulnerando derechos fundamentales.
Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 3 de abril de 20252. No se admitirán pruebas que tuvieran su origen o que se hubieran obtenido, directa o indirectamente, mediante procedimientos que supongan violación de derechos fundamentales o libertades públicas. Esta cuestión podrá ser suscitada por cualquiera de las partes o de oficio por el tribunal en el momento de la proposición de la prueba, salvo que se pusiese de manifiesto durante la práctica de la prueba una vez admitida. A tal efecto, se oirá a las partes y, en su caso, se practicarán las diligencias que se puedan practicar en el acto sobre este concreto extremo, recurriendo a diligencias finales solamente cuando sea estrictamente imprescindible y la cuestión aparezca suficientemente fundada. Contra la resolución que se dicte sobre la pertinencia de la práctica de la prueba y en su caso de la unión a los autos de su resultado o del elemento material que incorpore la misma, sólo cabrá recurso de reposición, que se interpondrá, se dará traslado a las demás partes y se resolverá oralmente en el mismo acto del juicio o comparecencia, quedando a salvo el derecho de las partes a reproducir la impugnación de la prueba ilícita en el recurso que, en su caso, procediera contra la sentencia.
Artículo 183.1Ley Reguladora de la Jurisdicción SocialObliga a fijar la indemnización cuando se declara vulnerado un derecho fundamental.
Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 11 de diciembre de 20111. Cuando la sentencia declare la existencia de vulneración, el juez deberá pronunciarse sobre la cuantía de la indemnización que, en su caso, le corresponda a la parte demandante por haber sufrido discriminación u otra lesión de sus derechos fundamentales y libertades públicas, en función tanto del daño moral unido a la vulneración del derecho fundamental, como de los daños y perjuicios adicionales derivados.
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