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Despedir por reclamar a la empresa es nulo aunque no haya demanda
¿Pueden despedirte por reclamar tus derechos a la empresa, aunque no hayas puesto ninguna demanda? La respuesta es que ese despido no solo es ilegal: es nulo, con readmisión obligatoria e indemnización añadida. Así lo confirma el TSJ de Castilla-La Mancha en el caso de una redactora despedida seis días después de organizar una reclamación salarial colectiva, aplicando la garantía de indemnidad con un apoyo normativo nuevo: la Ley Orgánica del derecho de defensa.
Esta sentencia actualiza nuestra guía «Garantía de indemnidad: protección frente a represalias por reclamar a la empresa».
Qué es la garantía de indemnidad
La garantía de indemnidad es la vertiente del derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24 de la Constitución) que protege a la persona trabajadora frente a las represalias empresariales por haber reclamado sus derechos.
Si la empresa responde a una reclamación con un despido u otra medida perjudicial, esa decisión vulnera un derecho fundamental, y la consecuencia es la nulidad: la medida se deshace y la persona debe ser restituida en su situación anterior.
La duda clásica: ¿protege antes de demandar?
Durante años se discutió si la garantía exigía una demanda judicial o al menos una papeleta de conciliación.
La jurisprudencia constitucional y del Tribunal Supremo fue extendiendo la protección a los actos previos y preparatorios: la STC 55/2004, de 19 de abril, amparó las actuaciones previas no imperativas encaminadas a una acción judicial; la STS 917/2022, de 15 de noviembre, consideró indicio de vulneración la reclamación interna seguida inmediatamente de un despido sin causa acreditada; y la STC 148/2025, de 9 de septiembre, extendió la indemnidad a las reclamaciones efectuadas ante la representación legal de la plantilla.
La sentencia que comentamos —TSJ de Castilla-La Mancha, Sala de lo Social, 598/2026, de 27 de marzo (rec. 123/2026)— consolida ese recorrido y le añade un fundamento normativo expreso, como veremos.
El caso: una reclamación colectiva y un despido en seis días
Una redactora de La Nube CLM UTE, productora de un programa de Castilla-La Mancha Media, reclamó en octubre de 2024 por correo electrónico al representante de la empresa el plus de productividad suprimido, las diferencias salariales con las tablas del convenio estatal de la industria de producción audiovisual (técnicos) de 2024, la nocturnidad y los atrasos.
El 24 de enero de 2025 dio un paso más: organizó en el grupo de WhatsApp de la plantilla un escrito colectivo de reclamación. Una compañera recibió advertencias de despido si seguían adelante.
Y el 30 de enero, seis días después, la empresa comunicó a la redactora su despido con efectos del día siguiente, alegando una reestructuración que nunca se produjo y reconociendo en la propia carta la improcedencia.
El Juzgado de lo Social número 1 de Toledo declaró el despido nulo y condenó a la empresa a abonar 6.251 euros de indemnización por vulneración de derechos fundamentales y 12.653,73 euros de cantidades adeudadas.
El razonamiento de la Sala: indicios y carga de la prueba
En los procesos sobre derechos fundamentales rige la inversión de la carga probatoria del artículo 96.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social: aportados indicios de vulneración, corresponde a la empresa justificar objetiva y razonablemente su decisión.
La Sala considera que los indicios eran contundentes: la reclamación de octubre, el escrito colectivo de enero, las amenazas de despido a una compañera y el despido de la promotora seis días después, sin causa real —la reestructuración alegada nunca existió— y con improcedencia reconocida en la propia carta.
Ese cuadro traslada a la empresa una carga de justificación que no cumplió: no acreditó ninguna causa ajena a la represalia.
La novedad: la disposición adicional tercera de la LO 5/2024
Lo más interesante de la sentencia es el fundamento normativo.
La disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 5/2024, del derecho de defensa, vigente cuando se produjo el despido, reconoce expresamente la garantía de indemnidad frente a cualquier actuación de la persona trabajadora ante la empresa destinada a reclamar sus derechos laborales.
Es decir: lo que antes había que construir con jurisprudencia constitucional —que la reclamación interna, sin demanda, ya está protegida— ahora está escrito en una ley orgánica.
La Sala señala que la jurisprudencia anterior conducía al mismo resultado, pero el anclaje legal cierra definitivamente la discusión: no hace falta demanda, ni papeleta de conciliación, ni denuncia administrativa; basta reclamar ante la propia empresa.
Las consecuencias del despido nulo
La nulidad tiene un contenido tasado y contundente. La Sala confirma íntegramente la condena:
- Readmisión obligatoria en su puesto de trabajo, sin opción indemnizada para la empresa.
- Salarios de tramitación desde el despido, a razón de 63,17 euros diarios.
- 6.251 euros de indemnización por la vulneración del derecho fundamental (artículo 183 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social).
- 12.653,73 euros brutos por las cantidades salariales reclamadas.
- Costas y 600 euros de honorarios.
Un apunte procesal: acumular cantidades al despido
La empresa discutía también que se hubieran acumulado al despido las diferencias salariales.
La Sala recuerda que el artículo 26.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social permite acumular a la acción de despido la reclamación de las cantidades vencidas, exigibles y de cuantía determinada, no solo la liquidación final.
Y descarta el argumento basado en el artículo 4 del convenio colectivo aplicable, que excluye los atrasos para las producciones ya ejecutadas: no opera porque el programa seguía en emisión. El resto de alegaciones empresariales eran cuestiones nuevas, inadmisibles en suplicación.
Qué deben saber personas trabajadoras y empresas
Para las personas trabajadoras, el mensaje es claro: reclamar por escrito a la empresa —individualmente o promoviendo una reclamación colectiva— es una actuación protegida.
Si a esa reclamación le sigue un despido sin causa real y cercano en el tiempo, hay indicios de represalia, y será la empresa quien tenga que probar que el despido no tuvo nada que ver.
Conviene, eso sí, dejar rastro documental de la reclamación: el correo electrónico de octubre y el escrito colectivo fueron aquí las piezas decisivas.
Para las empresas, la lección es la inversa: un despido reconocido como improcedente «para cerrar el tema» días después de una reclamación no cierra nada; se convierte en nulo, con readmisión, salarios de tramitación e indemnización añadida.
Desde la Ley Orgánica 5/2024, además, el terreno de juego está fijado por ley: la indemnidad cubre cualquier reclamación interna de derechos laborales.
Cuestiones Laborales es una web informativa: lo que explica es general y cada caso tiene sus matices. Para el tuyo, consulta siempre con un abogado o abogada laboralista o con un graduado o graduada social.
Comentarios
Las guías donde se explica la regla general.
- ArtículoGarantía de indemnidad: protección frente a represalias por reclamar a la empresaLa garantía de indemnidad prohíbe a la empresa castigar a quien reclama sus derechos: si despide, sanciona o empeora las condiciones como respuesta a una demanda, una papeleta de conciliación, una denuncia a la Inspección o, en ciertos casos, una queja interna, la medida es nula y además hay que indemnizar el daño moral. Basta con aportar indicios de la represalia; entonces es la empresa la que tiene que demostrar que tuvo un motivo ajeno a la reclamación.
- ArtículoEl despido nulo: causas, readmisión, salarios y daño moralEl despido es nulo cuando discrimina, vulnera un derecho fundamental o afecta a una persona en una situación que la ley protege (embarazo, nacimiento, permiso parental, reducción o adaptación de jornada, excedencia por cuidado, víctimas de violencia de género o sexual). La empresa tiene que readmitirte de inmediato y pagarte los salarios dejados de percibir; si se vulneró un derecho fundamental, además, el daño moral.
- ArtículoDemanda por vulneración de derechos fundamentales: cómo funciona la tutelaCuando la empresa vulnera un derecho fundamental (te discrimina, te acosa, te castiga por reclamar o por tu actividad sindical), se demanda por un procedimiento especial: urgente, con el Ministerio Fiscal como parte y en el que basta con aportar indicios para que sea la empresa quien tenga que probar que actuó por razones legítimas. Si se gana, el juzgado anula la conducta, ordena reponer la situación y fija una indemnización. Si lo que se impugna es un despido, una sanción o un cambio de condiciones, la tutela se pide dentro de ese pleito y con sus plazos, que son muy cortos.
Normas y preceptos aplicables. Despliega cada uno para leer su texto.
Artículo disposición adicional 3.ªLey Orgánica 5/2024Reconoce la garantía de indemnidad frente a represalias por reclamar derechos laborales ante la propia empresa.
Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 4 de diciembre de 2024Disposición adicional tercera. Protección de la garantía de indemnidad de las personas trabajadoras.
1. Las personas trabajadoras tienen derecho a la indemnidad frente a las consecuencias desfavorables que pudieran sufrir por la realización de cualquier actuación efectuada ante la empresa o ante una actuación administrativa o judicial destinada a la reclamación de sus derechos laborales, sea ésta realizada por ellas mismas o por sus representantes legales.
2. Dicha protección se extiende al cónyuge, pareja de hecho y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que presten servicios en la misma empresa, aun cuando éstos no hubieran realizado la actuación conducente al ejercicio de sus derechos.
Artículo 24Constitución EspañolaDerecho a la tutela judicial efectiva, del que nace la garantía de indemnidad.
Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 29 de diciembre de 1978Artículo 24
1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.
2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.
La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.
Artículo 96.1Ley Reguladora de la Jurisdicción SocialInvierte la carga de la prueba: con indicios de represalia, la empresa debe justificar el despido.
Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 11 de diciembre de 20111. En aquellos procesos en que de las alegaciones de la parte actora se deduzca la existencia de indicios fundados de discriminación por razón de sexo, orientación o identidad sexual, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, acoso y en cualquier otro supuesto de vulneración de un derecho fundamental o libertad pública, corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.
Artículo 55.5Estatuto de los TrabajadoresDeclara nulo el despido que vulnera derechos fundamentales, con readmisión y salarios de tramitación.
Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 3 de abril de 20255. Será nulo el despido que tenga por móvil alguna de las causas de discriminación prohibidas en la Constitución Española o en la ley, o bien se produzca con violación de derechos fundamentales y libertades públicas de la persona trabajadora.
Será también nulo el despido, en los siguientes supuestos:
a) El de las personas trabajadoras durante los periodos de suspensión del contrato de trabajo por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural a que se refiere el artículo 45.1.d) y e), disfrute del permiso parental a que se refiere el artículo 48 bis, o por enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia natural, o cuando se notifique la decisión en una fecha tal que el plazo de preaviso concedido finalice dentro de dichos periodos.
b) El de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo hasta el comienzo del periodo de suspensión a que se refiere la letra a); el de las personas trabajadoras que hayan solicitado uno de los permisos a los que se refieren los apartados 3.b), 4, 5 y 6 del artículo 37, o estén disfrutando de ellos, o hayan solicitado o estén disfrutando de las adaptaciones de jornada previstas en el artículo 34.8 o la excedencia prevista en el artículo 46.3; y el de las personas trabajadoras víctimas de violencia de género o de violencia sexual, por el ejercicio de su derecho a la tutela judicial efectiva o de los derechos reconocidos en esta ley para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral.
c) El de las personas trabajadoras después de haberse reintegrado al trabajo al finalizar los periodos de suspensión del contrato por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, a que se refiere el artículo 45.1.d), siempre que no hubieran transcurrido más de doce meses desde la fecha del nacimiento, la adopción, la guarda con fines de adopción o el acogimiento.
Lo establecido en las letras anteriores será de aplicación, salvo que, en esos casos, se declare la procedencia del despido por motivos no relacionados con el embarazo o con el ejercicio del derecho a los permisos y excedencia señalados.
Artículo 183Ley Reguladora de la Jurisdicción SocialRegula la indemnización por vulneración de derechos fundamentales.
Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 11 de diciembre de 2011Artículo 183. Indemnizaciones.
1. Cuando la sentencia declare la existencia de vulneración, el juez deberá pronunciarse sobre la cuantía de la indemnización que, en su caso, le corresponda a la parte demandante por haber sufrido discriminación u otra lesión de sus derechos fundamentales y libertades públicas, en función tanto del daño moral unido a la vulneración del derecho fundamental, como de los daños y perjuicios adicionales derivados.
2. El tribunal se pronunciará sobre la cuantía del daño, determinándolo prudencialmente cuando la prueba de su importe exacto resulte demasiado difícil o costosa, para resarcir suficientemente a la víctima y restablecer a ésta, en la medida de lo posible, en la integridad de su situación anterior a la lesión, así como para contribuir a la finalidad de prevenir el daño.
3. Esta indemnización será compatible, en su caso, con la que pudiera corresponder al trabajador por la modificación o extinción del contrato de trabajo o en otros supuestos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores y demás normas laborales.
4. Cuando se haya ejercitado la acción de daños y perjuicios derivada de delito o falta en un procedimiento penal no podrá reiterarse la petición indemnizatoria ante el orden jurisdiccional social, mientras no se desista del ejercicio de aquélla o quede sin resolverse por sobreseimiento o absolución en resolución penal firme, quedando mientras tanto interrumpido el plazo de prescripción de la acción en vía social.
Artículo 26.3Ley Reguladora de la Jurisdicción SocialPermite acumular al despido la reclamación de cantidades vencidas y de cuantía determinada.
Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 20 de marzo de 20243. Podrán acumularse en una misma demanda las acciones de despido y extinción del contrato siempre que la acción de despido acumulada se ejercite dentro del plazo establecido para la modalidad procesal de despido. Cuando para la acción de extinción del contrato de trabajo del artículo 50 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, se invoque la falta de pago del salario pactado, contemplada en la letra b) del apartado 1 de aquel precepto, la reclamación salarial podrá acumularse a la acción solicitando la extinción indemnizada del vínculo, pudiendo, en su caso, ampliarse la demanda para incluir las cantidades posteriormente adeudadas.
El trabajador podrá acumular a la acción de despido la reclamación de las cantidades vencidas, exigibles y de cuantía determinada adeudadas hasta esa fecha, sin que por ello se altere el orden de intervención del apartado 1 del artículo 105 de esta ley.
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