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El empresario se jubila, despide y reabre a los 7 meses: despido improcedente
Un transportista autónomo despidió a su conductor por jubilarse y, siete meses y medio después, volvió a darse de alta y contrató a otras tres personas. El Supremo declaró el despido improcedente y admitió la demanda, presentada nueve meses después del cese, porque el trabajador reclamó cuando supo que el cierre no había sido definitivo.
Un transportista autónomo despidió a su conductor alegando que se jubilaba. Siete meses y medio después volvió a darse de alta como autónomo, retomó el mismo negocio y contrató a otras tres personas.
El Tribunal Supremo declaró improcedente aquel despido, porque el cierre no fue real, y admitió la demanda aunque se presentó unos nueve meses después del cese: el conductor reclamó cuando supo que el negocio había vuelto a abrir (Supremo, mayo de 2024).
Es una de las pocas situaciones en que se puede impugnar un cese pasados los 20 días hábiles del plazo normal. Pero tiene límites claros, y conviene conocerlos antes de dar nada por hecho.
Qué pasó
El conductor trabajaba para un empresario individual de transporte de mercancías desde 2011, primero con contratos temporales y desde 2015 como indefinido.
El 28 de septiembre de 2020 recibió una carta: su contrato terminaría el 12 de octubre por «cese de actividad y baja por jubilación» del empresario, con base en el artículo 49.1 g) del Estatuto de los Trabajadores.
Cobró lo que marca ese artículo: un mes de salario.
El empresario se dio de baja como autónomo el 12 de octubre y se jubiló desde el día siguiente.
El 1 de junio de 2021 volvió a darse de alta con la misma actividad, y a finales de junio y en octubre contrató a tres conductores. Al conductor despedido no lo llamó.
Cuando se enteró, el trabajador presentó la papeleta de conciliación el 27 de julio de 2021 y la demanda por despido el 20 de agosto.
El juzgado de Motril y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía le dieron la razón al empresario: para ellos, siete meses y medio era un plazo suficiente para dar por roto el vínculo.
Qué decidió el Supremo y por qué
La jubilación solo justifica el cese si el negocio cierra
El artículo 49.1 g) permite al empresario persona física terminar los contratos por su jubilación, su incapacidad o su muerte pagando solo un mes de salario, sin los trámites de un despido.
Pero la causa no es la jubilación en sí, sino el cierre que la jubilación provoca.
Es una doctrina fijada por el Pleno del Supremo el 25 de abril de 2000 y que el tribunal reproduce en esta sentencia (Supremo, mayo de 2024); la repitieron sentencias posteriores, como la de 9 de febrero de 2001 (Supremo, febrero de 2001).
Si el negocio sigue, porque lo lleva otra persona, un encargado o el propio jubilado, los contratos no se pueden extinguir así. Si se traspasa, los contratos pasan al nuevo titular (artículo 44).
Un margen razonable, no indefinido
Entre la jubilación y el cierre puede pasar un tiempo, para liquidar o vender el negocio, y la ley no fija cuánto.
El Supremo habla de un plazo razonable según cada caso: admitió mes y medio tras la incapacidad de la titular de una mercería (Supremo, octubre de 2016) y diez meses tras la incapacidad permanente absoluta de un empleador (Supremo, septiembre de 2023).
En esos casos el cierre fue real; lo que se valoraba era el tiempo hasta el cese.
Volver a abrir con otras personas es fraude
En el caso del conductor el problema era el contrario: el negocio no cerró de forma definitiva.
El Supremo pesó dos datos juntos: que el empresario volviera a la misma actividad en poco tiempo y que contratara a tres personas sin contar con un conductor que llevaba con él desde 2011.
Con eso concluyó que se usó el artículo 49.1 g) para deshacerse de un trabajador con antigüedad, y lo calificó de fraude (Supremo, mayo de 2024).
Siguió así el criterio de un Tribunal Superior de Cataluña que ya había visto despido en una tienda que reabrió unos meses solo para vender el género sobrante (Superior de Cataluña, octubre de 2018).
Por qué no llegó tarde
El empresario no discutía solo la causa: el cese era de octubre de 2020 y la demanda, de agosto de 2021.
El Supremo despachó la caducidad en una frase: el trabajador impugnó cuando supo que el cese no había sido definitivo, y eso excluye que la acción hubiera caducado (Supremo, mayo de 2024).
Es el negocio que se daba por cerrado y «resucita», una especie de efecto Lázaro: hasta que vuelve a abrir no hay nada que impugnar, porque el cese parecía legal.
El resultado: despido improcedente. El empresario tenía cinco días para elegir entre readmitir al conductor, pagándole los salarios de tramitación, o pagarle la indemnización por despido improcedente.
Qué significa para quien lee
Es un criterio general, pero depende mucho de los hechos. El Supremo no dice que toda reapertura convierta el cese en despido, ni pone un número de meses.
Pesan el tiempo transcurrido, que la actividad sea la misma y que se contrate a otras personas en lugar de a quien se despidió.
Si el cierre es real y definitivo, no hay despido y solo se cobra el mes de salario (Superior de Canarias, octubre de 2024).
Si el negocio lo sigue otra persona, por ejemplo un familiar que trabajaba allí, también puede haber despido (Superior de la Comunidad Valenciana, mayo de 2025).
La excepción al plazo es estrecha. Solo vale cuando el hecho que convierte el cese en despido ocurre después del cese.
Un Tribunal Superior de Aragón lo dejó claro en 2026: un trabajador demandó cuatro años después de que acabara su contrato de formación, cuando la Inspección y los tribunales declararon que era fraudulento, e invocó esta sentencia.
Su demanda había caducado, porque el fraude ya existía cuando se le despidió y pudo alegarlo en los 20 días (Superior de Aragón, marzo de 2026).
Hay que moverse en cuanto se sabe. El Supremo no dice desde qué día exacto cuentan los 20 días una vez conocida la reapertura.
En el caso, la papeleta llegó unos dos meses después del alta del empresario y un mes después de la primera contratación, y bastó.
Pero esperar es arriesgado: lo prudente es presentar la papeleta dentro de los 20 días hábiles siguientes a enterarse, y guardar la prueba de cuándo y cómo se supo (un anuncio, el alta del negocio, el testimonio de quien trabaja allí).
Cómo se extinguen los contratos por la jubilación, la incapacidad o la muerte del empresario se explica en la guía sobre esa causa, y cómo se cuenta el plazo de 20 días, en la guía sobre el plazo para demandar por despido.
Preguntas frecuentes
¿Qué cobro si el empresario se jubila y cierra de verdad?
Una cantidad igual a un mes de salario, según el artículo 49.1 g) del Estatuto de los Trabajadores. No es despido y no hay más indemnización.
¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que la reapertura ya no cuente?
No hay plazo fijo. Siete meses y medio y contratar a otras personas fue fraude para el Supremo. Cuanto más cerca y más parecida sea la actividad, más fácil es probar que el cierre no fue definitivo.
¿Desde cuándo cuento los 20 días si me entero tarde?
El Supremo admitió la demanda porque el trabajador reclamó al saber que el negocio había vuelto a abrir, pero no fijó el día exacto. Lo seguro es presentar la papeleta dentro de los 20 días hábiles siguientes a enterarse.
Cuestiones Laborales es una web informativa: lo que explica es general y cada caso tiene sus matices. Para el tuyo, consulta siempre con un abogado o abogada laboralista o con un graduado o graduada social.
Comentarios
Las guías donde se explica la regla general.
- ArtículoJubilación, muerte o incapacidad del empresario: fin del contrato y un mes de salarioSi quien te contrató es una persona física (un autónomo) y cierra el negocio porque se jubila, muere o queda incapacitado, el contrato se extingue con derecho a un mes de salario, el finiquito y el paro. Pero solo vale si el cierre es real y llega en un plazo razonable: si el negocio sigue, se traspasa o lo continúan los herederos, el contrato continúa o el cese es un despido.
- ArtículoCómo contar el plazo para demandar por despido: 20 días hábilesPara impugnar un despido hay 20 días hábiles, contados desde el día siguiente a la fecha de efectos del despido. No cuentan los sábados, los domingos ni los festivos, pero sí agosto y los días de Navidad. El plazo se para mientras se tramita la papeleta de conciliación (como mucho 15 días hábiles) o la petición de abogado/a de oficio, y si se pasa, el despido ya no se puede discutir.
Normas y preceptos aplicables. Despliega cada uno para leer su texto.
Artículo 49.1 g)Estatuto de los TrabajadoresExtinción del contrato por muerte, jubilación o incapacidad del empresario persona física, con un mes de salario; sin perjuicio de la sucesión de empresa del artículo 44.
Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 1 de mayo de 20251. El contrato de trabajo se extinguirá:
g) Por muerte, jubilación en los casos previstos en el régimen correspondiente de la Seguridad Social, o incapacidad del empresario, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44, o por extinción de la personalidad jurídica del contratante.
En los casos de muerte, jubilación o incapacidad del empresario, el trabajador tendrá derecho al abono de una cantidad equivalente a un mes de salario.
En los casos de extinción de la personalidad jurídica del contratante deberán seguirse los trámites del artículo 51.
Artículo 59.4Estatuto de los TrabajadoresPlazo de caducidad de 20 días hábiles para impugnar el despido, que la sentencia no aplica porque el trabajador reclamó al conocer la reapertura.Cambio reciente: Desde el 19-11-2026 (Real Decreto-ley 39/2026), el plazo de 20 días del despido está en el apartado 4 y el de la movilidad geográfica y la modificación sustancial, en el 5.
Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 19 de noviembre de 20264. El ejercicio de la acción contra el despido o resolución de contratos temporales caducará a los veinte días siguientes de aquel en que se hubiera producido. Los días serán hábiles y el plazo de caducidad a todos los efectos.
El plazo de caducidad quedará interrumpido por la presentación de la solicitud de conciliación ante el órgano público de mediación, arbitraje y conciliación competente.
Artículo 44Estatuto de los TrabajadoresSi el negocio pasa a otra persona tras la jubilación, los contratos siguen con ella: la extinción del 49.1 g) no cabe.
Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 13 de noviembre de 2015Artículo 44. La sucesión de empresa.
1. El cambio de titularidad de una empresa, de un centro de trabajo o de una unidad productiva autónoma no extinguirá por sí mismo la relación laboral, quedando el nuevo empresario subrogado en los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social del anterior, incluyendo los compromisos de pensiones, en los términos previstos en su normativa específica, y, en general, cuantas obligaciones en materia de protección social complementaria hubiere adquirido el cedente.
2. A los efectos de lo previsto en este artículo, se considerará que existe sucesión de empresa cuando la transmisión afecte a una entidad económica que mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica, esencial o accesoria.
3. Sin perjuicio de lo establecido en la legislación de Seguridad Social, el cedente y el cesionario, en las transmisiones que tengan lugar por actos inter vivos, responderán solidariamente durante tres años de las obligaciones laborales nacidas con anterioridad a la transmisión y que no hubieran sido satisfechas.
El cedente y el cesionario también responderán solidariamente de las obligaciones nacidas con posterioridad a la transmisión, cuando la cesión fuese declarada delito.
4. Salvo pacto en contrario, establecido mediante acuerdo de empresa entre el cesionario y los representantes de los trabajadores una vez consumada la sucesión, las relaciones laborales de los trabajadores afectados por la sucesión seguirán rigiéndose por el convenio colectivo que en el momento de la transmisión fuere de aplicación en la empresa, centro de trabajo o unidad productiva autónoma transferida.
Esta aplicación se mantendrá hasta la fecha de expiración del convenio colectivo de origen o hasta la entrada en vigor de otro convenio colectivo nuevo que resulte aplicable a la entidad económica transmitida.
5. Cuando la empresa, el centro de trabajo o la unidad productiva objeto de la transmisión conserve su autonomía, el cambio de titularidad del empresario no extinguirá por sí mismo el mandato de los representantes legales de los trabajadores, que seguirán ejerciendo sus funciones en los mismos términos y bajo las mismas condiciones que regían con anterioridad.
6. El cedente y el cesionario deberán informar a los representantes legales de sus trabajadores respectivos afectados por el cambio de titularidad, de los siguientes extremos:
a) Fecha prevista de la transmisión.
b) Motivos de la transmisión.
c) Consecuencias jurídicas, económicas y sociales, para los trabajadores, de la transmisión.
d) Medidas previstas respecto de los trabajadores.
7. De no haber representantes legales de los trabajadores, el cedente y el cesionario deberán facilitar la información mencionada en el apartado anterior a los trabajadores que pudieren resultar afectados por la transmisión.
8. El cedente vendrá obligado a facilitar la información mencionada en los apartados anteriores con la suficiente antelación, antes de la realización de la transmisión. El cesionario estará obligado a comunicar estas informaciones con la suficiente antelación y, en todo caso, antes de que sus trabajadores se vean afectados en sus condiciones de empleo y de trabajo por la transmisión.
En los supuestos de fusión y escisión de sociedades, el cedente y el cesionario habrán de proporcionar la indicada información, en todo caso, al tiempo de publicarse la convocatoria de las juntas generales que han de adoptar los respectivos acuerdos.
9. El cedente o el cesionario que previere adoptar, con motivo de la transmisión, medidas laborales en relación con sus trabajadores vendrá obligado a iniciar un periodo de consultas con los representantes legales de los trabajadores sobre las medidas previstas y sus consecuencias para los trabajadores. Dicho periodo de consultas habrá de celebrarse con la suficiente antelación, antes de que las medidas se lleven a efecto. Durante el periodo de consultas, las partes deberán negociar de buena fe, con vistas a la consecución de un acuerdo. Cuando las medidas previstas consistieren en traslados colectivos o en modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo de carácter colectivo, el procedimiento del periodo de consultas al que se refiere el párrafo anterior se ajustará a lo establecido en los artículos 40.2 y 41.4.
10. Las obligaciones de información y consulta establecidas en este artículo se aplicarán con independencia de que la decisión relativa a la transmisión haya sido adoptada por los empresarios cedente y cesionario o por las empresas que ejerzan el control sobre ellos. Cualquier justificación de aquellos basada en el hecho de que la empresa que tomó la decisión no les ha facilitado la información necesaria no podrá ser tomada en consideración a tal efecto.
Textos legales basados en datos de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Se trata de un texto consolidado de carácter meramente informativo, sin valor oficial. Para el texto auténtico hay que acudir al BOE.
Lo que han dicho los tribunales sobre cada una de las cuestiones de este artículo.
¿Basta con que el empresario se jubile para acabar con los contratos, o tiene que cerrar el negocio?
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¿Cuánto tiempo puede pasar entre la jubilación, la incapacidad o la muerte del empresario y el cierre?
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