Recargo de prestaciones y culpa de la persona trabajadora

La cuestión que se planteaba

Determinar si en un supuesto de accidente de trabajo en el que, junto con la infracción empresarial en materia de prevención de riesgos laborales, se ha apreciado culpa no temeraria del trabajador, esta última circunstancia puede ser tenida en cuenta en la fijación del porcentaje del recargo por falta de medidas de seguridad.

Qué pasó

Una persona trabajadora falleció mientras conducía una carretilla elevadora: al efectuar un giro, la carretilla volcó y quedó atrapada bajo ella.

El vuelco se produjo por la combinación de una velocidad elevada con un giro demasiado cerrado, sobre el terreno de un patio exterior al almacén que presentaba irregularidades y una capa de arena fina procedente de unas obras sin finalizar.

En materia preventiva no consta que se le hubiera dado información ni formación alguna en prevención de riesgos laborales, ni sobre el manejo de la carretilla que conducía. Tampoco había señalización de los trayectos a seguir ni indicación del límite de velocidad. No llevaba puesto el cinturón, que se quitaba por la necesidad de subir y bajar continuamente de la máquina, y la empresa tampoco la había formado sobre la importancia de usarlo.

La Administración impuso un recargo de prestaciones del 40 %. El juzgado lo confirmó, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña lo rebajó al 30 % al apreciar concurrencia de culpas, y contra esa rebaja se llegó al Tribunal Supremo.

Qué dice el tribunal

La Sala parte de una afirmación que considera incuestionable: la concurrencia de culpas derivada de la imprudencia no temeraria de la persona trabajadora y del incumplimiento de normas básicas de seguridad por parte de la empresa no impide ni apreciar la infracción ni imponer el consiguiente recargo de prestaciones.

El fundamento es la doctrina sobre el nexo causal: la culpa de la víctima no rompe el vínculo que proviene del agente externo, que aquí son los incumplimientos de la empresa, salvo en un supuesto, el de que el daño se haya producido de forma exclusiva por una actuación culposa imputable a la propia víctima. Así lo venían diciendo las sentencias de 12 de julio de 2007 y de 20 de enero de 2010, y así lo recoge hoy el artículo 96.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

De ahí se sigue el desplazamiento decisivo del debate: lo que está en cuestión no es la imposición misma del recargo, que procede, sino su cuantía. Y en ese terreno el Supremo admite que la conducta de la persona trabajadora sí pesa.

Cuando las dos actuaciones, la de la empresa y la de la víctima, determinan conjuntamente la producción del resultado, no cabe exonerar de responsabilidad a la empresa, pero tampoco ignorar la concurrencia. Lo que procede, generalizando la regla del artículo 1103 del Código Civil, es ponderar las responsabilidades concurrentes y moderar en función de ellas la cantidad a cargo del agente externo. Esa ponderación es exactamente la que hizo la sentencia recurrida al graduar la falta y fijar el recargo en el 30 %, y el Tribunal Supremo la considera adecuada.

Recorrido del proceso judicial

1. InstanciaJuzgado de lo Social n.º 1 de Granollers: desestima la demanda de la empresa y confirma el recargo del 40 %
2. SuplicaciónTribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social · 20 de julio de 2021: estima parcialmente el recurso de la empresa y fija el recargo en el 30 %
3. CasaciónTribunal Supremo, Sala de lo Social · 4 de diciembre de 2024: desestima el recurso y confirma el 30 %

El fallo

El TS desestima el recurso y considera adecuado el 30 % de recargo de prestaciones.