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El trámite de audiencia previa antes del despido disciplinario

Desde la sentencia del Pleno del Tribunal Supremo de 18 de noviembre de 2024, todo despido disciplinario debe ir precedido de una audiencia previa; si no, es improcedente.

Actualizado el 15 de octubre de 2026 · Alejandro Aradas García · 3 min de lectura

La sentencia del Pleno del Tribunal Supremo de 18 de noviembre de 2024 ha determinado que en los despidos disciplinarios es obligatorio el trámite de audiencia previa, para permitir a la persona trabajadora dar su versión de los hechos antes del despido.

Se exige en los despidos posteriores a esa sentencia. A los anteriores a su publicación, el Supremo les aplica la excepción del propio convenio, porque cuando se hicieron la jurisprudencia no exigía la audiencia.

Algunas sentencias toman como referencia la fecha de la sentencia y otras la de su publicación, por lo que los despidos de esas semanas hay que mirarlos con cuidado.

El artículo 7 del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo establece que: «No deberá darse por terminada la relación de trabajo de un trabajador por motivos relacionados con su conducta o su rendimiento antes de que se le haya ofrecido la posibilidad de defenderse de los cargos formulados contra él, a menos que no pueda pedirse razonablemente al empleador que le conceda esta posibilidad».

Si no se hace, el despido será improcedente (sentencia del Tribunal Supremo de 4 de junio de 2025), con la consecuencia de que la empresa tendrá que abonar la indemnización de 33 días por año trabajado o reincorporar a la persona trabajadora con el abono de los salarios de tramitación.

No obstante, el despido también podrá ser nulo si existe alguna causa que lo determine: mujer embarazada, progenitores disfrutando el permiso por nacimiento o con reducción de jornada, etc.

Las cuestiones fundamentales sobre esta obligación son las siguientes:

  • ¿Dónde se recoge este derecho? No está en el Estatuto de los Trabajadores con carácter general, sino en el artículo 7 del Convenio 158, que el Tribunal Supremo ha considerado directamente aplicable sin necesidad de una norma nacional que lo desarrolle. El Estatuto solo lo prevé para representantes y personas afiliadas a un sindicato.
  • ¿Se debe realizar en cualquier sanción o despido? No: se exige si la empresa piensa en un despido disciplinario, pero no por este motivo en una sanción. En las sanciones rigen las garantías de los representantes, las de las personas afiliadas y lo que diga el convenio colectivo.
  • ¿Cuál es el procedimiento del trámite de audiencia? No existe ninguna formalidad obligatoria: el Tribunal Supremo dice que basta con que se dé la oportunidad de ser oído. Lo más recomendable es trasladar por escrito a la persona trabajadora los incumplimientos que se le imputan, para que explique si existe una causa que lo justifique o si los hechos no son ciertos. Es la empresa quien tendrá que acreditar que dio la audiencia.
  • ¿Es necesario preavisar? ¿Cuánto tiempo hay que dar? La ley no fija ningún plazo y el Tribunal Supremo tampoco. Los Tribunales Superiores piden un plazo razonable según lo complicado de la imputación: el de Asturias vio insuficientes 24 horas en un caso y el de Castilla y León dio por bueno un plazo hasta el día siguiente en otro. Conceder solo unas horas es arriesgado para la empresa. Lo contamos en ¿Es suficiente una audiencia previa de 24 horas antes del despido?
  • ¿Existe alguna excepción a esta obligación? Sí, la norma establece que no se deberá realizar el trámite de audiencia si «no pueda pedirse razonablemente al empleador que le conceda esta posibilidad». Es una excepción un poco amplia y ambigua, por lo que se deberá estar al caso concreto: además de los despidos anteriores a noviembre de 2024, se ha aplicado por ejemplo a un trabajador que no respondía a las comunicaciones y no volvió tras el alta médica.

Recomendaciones para la persona trabajadora

¿Qué es mejor, responder o no al trámite de audiencia previa? En primer lugar, hay que tener en cuenta que en la mayoría de los casos la empresa ya tiene tomada la decisión de despedir.

Por ello, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice para no perjudicar un posterior procedimiento judicial de impugnación del despido, por ejemplo, no reconociendo los hechos.

En este sentido, quizás se pueda alargar el procedimiento, proponiendo algún tipo de prueba a la empresa o explicando el contexto de los hechos que la empresa considera que se han realizado.

En definitiva, creo que es recomendable contestar sin, en la medida de lo posible, reconocer los hechos y siendo cuidadoso con lo que se dice.

Si el plazo te parece demasiado corto, dilo por escrito y explica qué necesitarías para defenderte: los tribunales tienen en cuenta si quien impugna puede decir qué defensa concreta no pudo preparar.

Cuestiones Laborales es una web informativa: lo que explica es general y cada caso tiene sus matices. Para el tuyo, consulta siempre con un abogado o abogada laboralista o con un graduado o graduada social.

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