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Prohibición de despedir por la crisis de Oriente Medio: se prorroga hasta el 31 de diciembre
El Real Decreto-ley 25/2026, de 29 de septiembre, publicado en el BOE del 30 de septiembre y en vigor desde el 1 de octubre, mantiene hasta el 31 de diciembre de 2026 la llamada prohibición de despedir vinculada a la crisis de Oriente Medio. La limitación afecta a las empresas que reciban las ayudas directas previstas en el propio real decreto-ley y se extiende también a las personas trabajadoras fijas discontinuas. La previsión anterior vencía el 30 de septiembre, de modo que la prórroga llega justo a tiempo para evitar un vacío.
Qué prohíbe exactamente el artículo 36.1
El artículo 36.1 del Real Decreto-ley 25/2026 mantiene hasta final de año la regla que ya conocíamos: la fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (las llamadas causas ETOP) derivadas de la crisis de Oriente Medio no pueden utilizarse como justificación de despidos en las empresas beneficiarias de las ayudas directas del propio real decreto-ley.
La técnica es la misma que se empleó en crisis anteriores: el legislador no prohíbe despedir en términos absolutos, sino que cierra la puerta a que unas causas coyunturales, frente a las que se han habilitado ayudas públicas y mecanismos de flexibilidad interna, se conviertan en la justificación de extinciones de contratos.
El mensaje de fondo es que la empresa que recibe apoyo público para capear la crisis no puede, al mismo tiempo, trasladar el coste de esa crisis a su plantilla en forma de despidos.
A qué empresas afecta
La limitación no alcanza a todas las empresas, sino únicamente a las que reciban las ayudas directas previstas en el Real Decreto-ley 25/2026.
Es, por tanto, una contrapartida: quien se acoge a las ayudas asume el compromiso de no utilizar la crisis como causa de despido durante el periodo protegido.
Para las empresas, esto obliga a hacer cuentas antes de solicitar las ayudas.
Si la situación es tan grave que se contempla un ajuste de plantilla por causas vinculadas a la crisis, la percepción de las ayudas directas condicionará seriamente esa decisión hasta el 31 de diciembre.
Y a la inversa: la empresa que ya las haya percibido debe tener presente la limitación antes de comunicar cualquier extinción apoyada en causas relacionadas con la crisis de Oriente Medio.
La protección de las personas fijas discontinuas
El artículo 36.2 extiende la protección a un colectivo especialmente vulnerable en estos escenarios: las personas trabajadoras fijas discontinuas.
Hasta el 31 de diciembre de 2026, la fuerza mayor y las causas ETOP derivadas de la crisis tampoco justifican en estas empresas el fin del periodo de actividad ni la falta de llamamiento.
La previsión es importante porque el contrato fijo discontinuo tiene un punto débil estructural: la empresa no necesita despedir para dejar a la persona sin ocupación, le basta con no llamarla o con dar por terminada antes de tiempo la campaña.
Al equiparar estas decisiones a la prohibición de despedir, la norma evita que la protección se esquive por la vía de hecho.
Una interrupción anticipada de la actividad o un llamamiento omitido que se amparen en la crisis de Oriente Medio quedan, durante la vigencia de la norma, fuera de las posibilidades legales de la empresa beneficiaria de las ayudas.
Desde cuándo y hasta cuándo
El Real Decreto-ley 25/2026 se publicó en el BOE el 30 de septiembre y entró en vigor el 1 de octubre de 2026. La anterior previsión equivalente vencía el 30 de septiembre, por lo que la prórroga encadena sin interrupción con el régimen precedente.
El nuevo horizonte temporal es el 31 de diciembre de 2026. Habrá que estar atentos a lo que ocurra entonces: como ha sucedido en otras crisis, no sería extraño que la medida volviera a prorrogarse si la situación que la justifica se mantiene.
¿Qué pasa si la empresa despide igualmente?
Como ocurrió con las cláusulas similares de crisis anteriores, la norma establece la prohibición pero la calificación del despido que la incumpla corresponderá a los tribunales.
El debate clásico se moverá entre dos posiciones: considerar que el despido que invoca causas vedadas es improcedente, por carecer de causa válida, o entender que es nulo, por contravenir una prohibición legal expresa.
Sin necesidad de anticipar ese debate, hay algo seguro: el despido apoyado en fuerza mayor o en causas ETOP derivadas de la crisis de Oriente Medio, comunicado por una empresa beneficiaria de las ayudas durante el periodo protegido, nace con un vicio de origen que la persona trabajadora puede hacer valer ante el juzgado.
Para la empresa, el riesgo de indemnizaciones superiores, salarios de tramitación o readmisiones obligadas convierte la decisión en extraordinariamente arriesgada.
Claves prácticas para empresas y personas trabajadoras
Para la empresa beneficiaria de las ayudas, la recomendación es clara: hasta el 31 de diciembre, cualquier medida de ajuste debe canalizarse por las vías de flexibilidad interna disponibles, y toda extinción que pudiera leerse como vinculada a la crisis debe analizarse con lupa antes de ejecutarse.
Documentar que la causa de un eventual despido es ajena a la crisis de Oriente Medio será esencial si la decisión acaba discutiéndose en los tribunales.
Para la persona trabajadora despedida en este periodo, el primer paso es comprobar dos cosas: si su empresa ha percibido las ayudas directas del real decreto-ley y qué causa concreta invoca la carta de despido.
Si la causa remite, directa o indirectamente, a la crisis de Oriente Medio, hay base para impugnar.
Y en el caso de las personas fijas discontinuas, conviene recordar que también la falta de llamamiento y el fin anticipado de la campaña quedan cubiertos por la protección: no hace falta una carta de despido para reaccionar, y los plazos para hacerlo son breves.
Cuestiones Laborales es una web informativa: lo que explica es general y cada caso tiene sus matices. Para el tuyo, consulta siempre con un abogado o abogada laboralista o con un graduado o graduada social.
Comentarios
Las guías donde se explica la regla general.
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Normas y preceptos aplicables. Despliega cada uno para leer su texto.
Artículos 36.1 y 36.2Real Decreto-ley 25/2026Impide a las empresas que reciben las ayudas despedir por fuerza mayor o por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción ligadas a la crisis de Oriente Medio hasta el 31 de diciembre de 2026. Extiende la prohibición al fin anticipado de la actividad y a la falta de llamamiento de las personas fijas discontinuas.
Texto de los apartados citadosTexto original publicado en el BOE el 30 de septiembre de 2026; no consolidado1. Las empresas beneficiarias de las ayudas directas previstas con ocasión de este real decreto-ley no podrán despedir por causa de fuerza mayor y por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción derivadas de la situación a la que se pretende hacer frente, hasta el 31 de diciembre de 2026.
El incumplimiento de esta obligación conllevará el reintegro de la ayuda recibida y la calificación del despido como nulo.
2. En el caso de contratos fijos-discontinuos, las causas mencionadas en el apartado anterior tampoco justificarán el fin del periodo de actividad ni la falta del llamamiento, hasta el 31 de diciembre de 2026.
Textos legales basados en datos de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Se trata de un texto consolidado de carácter meramente informativo, sin valor oficial. Para el texto auténtico hay que acudir al BOE.