InicioPrevención de riesgos laborales
Comunicar un riesgo o parar el tren ante un peligro grave: la empresa ferroviaria no podrá sancionarlo
El Real Decreto-ley 34/2026 introduce la «cultura justa» en la Ley del Sector Ferroviario. Quien comunique riesgos para la seguridad podrá quedar exento de la sanción administrativa, podrá detener el tren ante un riesgo grave e inminente y la empresa no podrá sancionarle ni tratarle peor por ello. La protección no alcanza a las conductas dolosas ni a la negligencia grave.
Qué se ha aprobado
El Real Decreto-ley 34/2026, de 10 de noviembre, publicado en el BOE del 11 de noviembre y en vigor desde ese mismo día, reescribe el artículo 71 de la Ley 38/2015, del Sector Ferroviario.
El nuevo capítulo se titula «Cultura justa». Es un modelo de gestión de la seguridad, muy desarrollado en la aviación, que busca que quien detecta un error o un riesgo lo cuente sin miedo a represalias, para poder corregirlo antes de que haya un accidente.
Afecta a todo el personal que desempeñe funciones relacionadas con la seguridad operacional ferroviaria: maquinistas, personal de circulación, de mantenimiento y cualquier otro cuyo trabajo influya en la seguridad.
La misma norma extiende a las empresas ferroviarias privadas los coeficientes reductores de la jubilación, como explicamos aquí.
Derecho a comunicar riesgos
Este personal podrá comunicar hechos, acciones, omisiones o circunstancias que puedan suponer un riesgo para la seguridad ferroviaria:
- por los canales internos de su empresa, o
- por cualquier sistema público de notificación de sucesos de seguridad que se cree, sin necesidad de pasar antes por los canales internos.
Esos sistemas deben garantizar la confidencialidad de la identidad de quien informa. La información queda sujeta a un deber estricto de reserva, también para quien acceda a ella en funciones de supervisión, inspección o investigación.
Exención de la sanción administrativa
Si después se abre un expediente sancionador por los mismos hechos que la persona comunicó, el órgano competente podrá, de forma motivada, eximirla de cumplir la sanción si se cumplen tres condiciones:
- la información se presentó antes de que se le notificara la incoación del procedimiento;
- dejó de cometer la infracción en el momento de comunicarla;
- ha cooperado de forma plena, continua y diligente durante todo el procedimiento.
Si no se cumplen todas, haber facilitado información sobre el riesgo sigue contando: el nuevo apartado g) del artículo 110.1 lo convierte en un criterio para graduar (rebajar) la sanción.
Esto se refiere a las sanciones administrativas de la Ley del Sector Ferroviario, que tramita la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. Queda a salvo la legislación penal.
Derecho a detener el tren ante un riesgo grave e inminente
Cuando exista un riesgo grave e inminente para la seguridad de los viajeros o de otras personas, la persona trabajadora podrá adoptar las medidas necesarias para evitarlo o limitarlo, incluida, cuando proceda, la interrupción de la marcha o no iniciarla.
La medida debe comunicarse sin demora. Pero si la urgencia exige actuar de inmediato, no hace falta comunicarlo antes.
Todo ello se suma al derecho general del artículo 21 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que ya permite a cualquier persona trabajadora interrumpir su actividad ante un riesgo grave e inminente para su vida o su salud.
La empresa no puede sancionar ni perjudicar
El nuevo artículo 71.4 es el más relevante en lo laboral: quien informe sobre posibles riesgos o adopte medidas para salvaguardar la seguridad no podrá ser objeto, por parte de su empleador, de sanción ni de trato desfavorable que le sitúe en desventaja laboral o profesional por haberlo hecho.
Una sanción disciplinaria o cualquier otro perjuicio (un cambio de turno o de destino, la pérdida de un complemento) motivados por haber comunicado un riesgo o haber parado un tren podrán impugnarse ante el juzgado de lo social.
Cuándo no hay protección
La protección no se aplica en dos casos:
- cuando la acción u omisión que generó el riesgo o la infracción fue dolosa, es decir, deliberada;
- cuando constituye negligencia grave que haya causado daños previsibles o comprometido gravemente la seguridad. Para valorarla se tendrán en cuenta la evidencia del riesgo, las funciones, la capacitación y los medios disponibles.
Hay una garantía importante: el dolo o la negligencia grave deben acreditarse y motivarse expresamente, y no pueden deducirse solo de la gravedad del resultado. Que el incidente haya tenido consecuencias serias no basta para negar la protección.
Qué deben revisar las empresas ferroviarias
- Sus canales internos de notificación de sucesos, para garantizar la confidencialidad de quien informa.
- Su régimen disciplinario: antes de sancionar a alguien por un incidente que él mismo comunicó, o por haber detenido un tren, habrá que valorar si concurre dolo o negligencia grave y motivarlo por escrito.
- La coordinación con el canal de denuncias de la Ley 2/2023, de protección de las personas informantes, que el preámbulo del real decreto-ley cita expresamente.
Cuestiones Laborales es una web informativa: lo que explica es general y cada caso tiene sus matices. Para el tuyo, consulta siempre con un abogado o abogada laboralista o con un graduado o graduada social.
Comentarios
Las guías donde se explica la regla general.
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Normas y preceptos aplicables. Despliega cada uno para leer su texto.
Artículo 21Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos LaboralesDerecho general a interrumpir la actividad ante un riesgo grave e inminente, al que se remite el nuevo artículo 71.
Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 10 de febrero de 1996Artículo 21. Riesgo grave e inminente.
1. Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, el empresario estará obligado a:
a) Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas o que, en su caso, deban adoptarse en materia de protección.
b) Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo. En este supuesto no podrá exigirse a los trabajadores que reanuden su actividad mientras persista el peligro, salvo excepción debidamente justificada por razones de seguridad y determinada reglamentariamente.
c) Disponer lo necesario para que el trabajador que no pudiera ponerse en contacto con su superior jerárquico, ante una situación de peligro grave e inminente para su seguridad, la de otros trabajadores o la de terceros a la empresa, esté en condiciones, habida cuenta de sus conocimientos y de los medios técnicos puestos a su disposición, de adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro.
2. De acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del artículo 14 de la presente Ley, el trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud.
3. Cuando en el caso a que se refiere el apartado 1 de este artículo el empresario no adopte o no permita la adopción de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, los representantes legales de éstos podrán acordar, por mayoría de sus miembros, la paralización de la actividad de los trabajadores afectados por dicho riesgo. Tal acuerdo será comunicado de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, la cual, en el plazo de veinticuatro horas, anulará o ratificará la paralización acordada.
El acuerdo a que se refiere el párrafo anterior podrá ser adoptado por decisión mayoritaria de los Delegados de Prevención cuando no resulte posible reunir con la urgencia requerida al órgano de representación del personal.
4. Los trabajadores o sus representantes no podrán sufrir perjuicio alguno derivado de la adopción de las medidas a que se refieren los apartados anteriores, a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave.
Textos legales basados en datos de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Se trata de un texto consolidado de carácter meramente informativo, sin valor oficial. Para el texto auténtico hay que acudir al BOE.