InicioGuía laboralConciliación de la vida laboral y familiar
¿Qué pasa si la empresa no negocia la adaptación de jornada?
Si la empresa no abre la negociación de la adaptación de jornada, el juzgado debe conceder lo pedido salvo que sea manifiestamente irrazonable, según el Tribunal Supremo. Hay que demandar, no aplicarla por tu cuenta.
Actualizado el 26 de octubre de 2026: El Supremo reitera en su sentencia 687/2026 que, sin negociación, el juez concede la adaptación pedida: el criterio queda consolidado. Más información
El derecho a la adaptación de jornada
El artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho a solicitar a la empresa las adaptaciones de la jornada de trabajo para conciliar la vida laboral y familiar.
Si el convenio colectivo no regula cómo se ejerce este derecho, la empresa tiene la obligación de abrir un proceso de negociación con la persona trabajadora, durante un máximo de 15 días.
Al acabar, debe comunicar por escrito si acepta la petición. Si no la acepta, debe hacer una propuesta alternativa o negarse, y en ambos casos explicar las razones objetivas de su decisión.
Ausencia de negociación por parte de la empresa
Si la empresa no se opone de forma motivada y expresa en esos 15 días, el artículo 34.8 dice que se presume concedida la adaptación.
El Tribunal Supremo ha ido más allá en la sentencia 825/2025, de 24 de septiembre: la apertura de la negociación es un trámite obligatorio para la empresa, y no puede contestar directamente con una negativa, aunque esté motivada.
Si no abre la negociación y la persona trabajadora demanda, el juzgado debe conceder la adaptación en los términos pedidos. La única excepción es que la medida resulte manifiestamente irrazonable o desproporcionada.
El Tribunal Supremo lo ha reiterado en la sentencia 687/2026, de 9 de septiembre, así que ya es un criterio consolidado: dos o más sentencias del Supremo en el mismo sentido forman jurisprudencia.
Otra cosa es que la empresa sí negocie. Entonces no hay concesión automática: si no hay acuerdo, el juzgado valorará si la petición y las razones de cada parte son razonables.
Por ejemplo, la sentencia 815/2026, de 7 de octubre, no vio vulneración de derechos fundamentales en la negativa a un teletrabajo al cien por cien, en un caso en el que la empresa había abierto la negociación.
En otras palabras, la falta de negociación solo puede beneficiar a la persona trabajadora y perjudicar a la empresa. Ahora bien, ¿qué puede hacer la persona trabajadora?
¿Qué debe hacer la persona trabajadora?
No conviene empezar por tu cuenta a trabajar con la adaptación solicitada, aunque la empresa no conteste o no negocie. La ley dice que las discrepancias las resuelve el Juzgado de lo Social, y hacerlo de forma unilateral puede costar el empleo.
Es lo que le ocurrió a la trabajadora de un caso resuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León: tras la negativa de la empresa no demandó, pasó por su cuenta al horario pedido y fue despedida.
La sentencia de 14 de abril de 2026 rechazó su recurso.
Lo que hay que hacer es presentar una demanda ante el Juzgado de lo Social por el procedimiento del artículo 139 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en el plazo de 20 días hábiles desde que la empresa comunica su negativa o su disconformidad.
Si la empresa simplemente no contesta, es una cuestión discutida. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña considera que el silencio no es una negativa y que, por tanto, el plazo no empieza a correr (sentencia 3082/2025, de 2 de junio).
En cambio, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en Granada, consideró que había que demandar desde que acabó el periodo de negociación, y dio la demanda por presentada fuera de plazo (sentencia 235/2025, de 30 de enero).
Por prudencia, cuenta los 20 días desde que terminan los 15 de negociación.
Es un procedimiento urgente y preferente y no requiere papeleta de conciliación previa (artículo 64.1 de la misma ley).
Presentar la papeleta tampoco es buena idea para ganar tiempo: el plazo solo se suspende si ambas partes acuden voluntariamente y de común acuerdo a la conciliación (artículo 64.3). Si vas por tu cuenta, la demanda puede quedar fuera de plazo.
En la misma demanda se puede pedir una indemnización por daños y perjuicios por la negativa o por el retraso en aplicar la medida. La empresa puede librarse de ella si ha aplicado la medida pedida, al menos de forma provisional (artículo 139.1 a).
Conclusiones e indemnizaciones
La ausencia de contestación o negociación por parte de la empresa solo puede beneficiar a la persona trabajadora, porque muy probablemente el juzgado reconocerá la adaptación solicitada.
Además, se podrá conseguir una indemnización, que no es automática y que el juzgado fija según las circunstancias del caso y la necesidad de conciliar.
Las cuantías, orientativas, suelen moverse entre unos 2.500 y 7.501 euros, tomando a menudo como referencia las multas de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
En los casos que llegaron al Supremo en las dos sentencias citadas, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias había fijado 7.501 euros.
No lo dice la ley: es la interpretación del Tribunal Supremo, que considera que denegar sin negociar, o con una negociación puramente formal, vulnera con carácter general el derecho fundamental y obliga a fijar el daño moral, salvo que la medida pedida sea manifiestamente irrazonable o desproporcionada.
En cambio, si la empresa negoció, tuvo en cuenta las circunstancias de la persona trabajadora y opuso razones organizativas o productivas consistentes, es un problema de legalidad ordinaria y solo hay daño moral si su oposición carece de razonabilidad; ajustarse a un acuerdo colectivo pesa en esa valoración (sentencia 815/2026, de 7 de octubre).
Preguntas frecuentes
Si la empresa no contesta en 15 días, ¿ya tengo el horario?
La ley presume concedida la petición, pero no la puedes aplicar por tu cuenta: tienes que demandar para que el juzgado la reconozca.
¿Hace falta conciliación antes de demandar?
No. Y presentarla no suspende el plazo de 20 días hábiles.
¿Cuánto se cobra de indemnización?
Depende del daño. Por la negativa o el retraso se indemnizan los perjuicios; si además se vulnera el derecho fundamental (según el Supremo, por regla general cuando la empresa deniega sin negociar de verdad) o hay indicios de discriminación, el daño moral suele cuantificarse tomando como referencia las multas de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
¿Puedo recurrir si pierdo?
Solo si reclamaste una indemnización superior a 3.000 euros de forma razonada.
Historial de cambios
26 de octubre de 2026 El Supremo reitera en su sentencia 687/2026 que, sin negociación, el juez concede la adaptación pedida: el criterio queda consolidado. Más información
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Normas y preceptos aplicables. Despliega cada uno para leer su texto.
Artículo 34.8Estatuto de los TrabajadoresDerecho a solicitar la adaptación, negociación de hasta 15 días, presunción de concesión y respuesta escrita motivada.Cambio reciente: Real Decreto-ley 5/2023, vigente desde el 30-06-2023; antes, Real Decreto-ley 6/2019.
Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 30 de junio de 20238. Las personas trabajadoras tienen derecho a solicitar las adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de prestación, incluida la prestación de su trabajo a distancia, para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral. Dichas adaptaciones deberán ser razonables y proporcionadas en relación con las necesidades de la persona trabajadora y con las necesidades organizativas o productivas de la empresa.
En el caso de que tengan hijos o hijas, las personas trabajadoras tienen derecho a efectuar dicha solicitud hasta que los hijos o hijas cumplan doce años.
Asimismo, tendrán ese derecho aquellas que tengan necesidades de cuidado respecto de los hijos e hijas mayores de doce años, el cónyuge o pareja de hecho, familiares por consanguinidad hasta el segundo grado de la persona trabajadora, así como de otras personas dependientes cuando, en este último caso, convivan en el mismo domicilio, y que por razones de edad, accidente o enfermedad no puedan valerse por sí mismos, debiendo justificar las circunstancias en las que fundamenta su petición.
En la negociación colectiva se podrán establecer, con respeto a lo dispuesto en este apartado, los términos de su ejercicio, que se acomodarán a criterios y sistemas que garanticen la ausencia de discriminación, tanto directa como indirecta, entre personas trabajadoras de uno y otro sexo. En su ausencia, la empresa, ante la solicitud de la persona trabajadora, abrirá un proceso de negociación con esta que tendrá que desarrollarse con la máxima celeridad y, en todo caso, durante un periodo máximo de quince días, presumiéndose su concesión si no concurre oposición motivada expresa en este plazo.
Finalizado el proceso de negociación, la empresa, por escrito, comunicará la aceptación de la petición. En caso contrario, planteará una propuesta alternativa que posibilite las necesidades de conciliación de la persona trabajadora o bien manifestará la negativa a su ejercicio. Cuando se plantee una propuesta alternativa o se deniegue la petición, se motivarán las razones objetivas en las que se sustenta la decisión.
La persona trabajadora tendrá derecho a regresar a la situación anterior a la adaptación una vez concluido el período acordado o previsto o cuando decaigan las causas que motivaron la solicitud.
En el resto de los supuestos, de concurrir un cambio de circunstancias que así lo justifique, la empresa sólo podrá denegar el regreso solicitado cuando existan razones objetivas motivadas para ello.
Lo dispuesto en los párrafos anteriores se entiende, en todo caso, sin perjuicio de los permisos a los que tenga derecho la persona trabajadora de acuerdo con lo establecido en el artículo 37 y 48 bis.
Las discrepancias surgidas entre la dirección de la empresa y la persona trabajadora serán resueltas por la jurisdicción social, a través del procedimiento establecido en el artículo 139 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.
Artículo 139.1Ley Reguladora de la Jurisdicción SocialProcedimiento urgente de conciliación: demanda en 20 días, posible indemnización acumulada y sin recurso salvo por cuantía.
Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 11 de diciembre de 20111. El procedimiento para el ejercicio de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, reconocidos legal o convencionalmente, se regirá por las siguientes reglas:
a) El trabajador dispondrá de un plazo de veinte días, a partir de que el empresario le comunique su negativa o su disconformidad con la propuesta realizada por el trabajador, para presentar demanda ante el Juzgado de lo Social.
En la demanda del derecho a la medida de conciliación podrá acumularse la acción de daños y perjuicios causados al trabajador, exclusivamente por los derivados de la negativa del derecho o de la demora en la efectividad de la medida, de los que el empresario podrá exonerarse si hubiere dado cumplimiento, al menos provisional, a la medida propuesta por el trabajador.
El empresario y el trabajador deberán llevar sus respectivas propuestas y alternativas de concreción a los actos de conciliación previa al juicio y al propio acto de juicio, que podrán acompañar, en su caso, de informe de los órganos paritarios o de seguimiento de los planes de igualdad de la empresa para su consideración en la sentencia.
b) El procedimiento será urgente y se le dará tramitación preferente. El acto de la vista habrá de señalarse dentro de los cinco días siguientes al de la admisión de la demanda. La sentencia se dictará en el plazo de tres días. Contra la misma no procederá recurso, salvo cuando se haya acumulado pretensión de resarcimiento de perjuicios que por su cuantía pudiera dar lugar a recurso de suplicación, en cuyo caso el pronunciamiento sobre las medidas de conciliación será ejecutivo desde que se dicte la sentencia.
Artículo 64.1Ley Reguladora de la Jurisdicción SocialExime de conciliación previa los procesos del artículo 139.Cambio reciente: Real Decreto-ley 6/2023, vigente desde el 20-03-2024.
Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 20 de marzo de 20241. Se exceptúan del requisito del intento de conciliación o, en su caso, de mediación los procesos que exijan el agotamiento de la vía administrativa, en su caso, los que versen sobre Seguridad Social, los relativos a la impugnación del despido colectivo por los representantes de los trabajadores, disfrute de vacaciones y a materia electoral, movilidad geográfica, modificación sustancial de las condiciones de trabajo, suspensión del contrato y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor, procesos monitorios, derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral a los que se refiere el artículo 139, los iniciados de oficio, los de impugnación de convenios colectivos, los de impugnación de los estatutos de los sindicatos o de su modificación, los de tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas, los procesos de anulación de laudos arbitrales, los de impugnación de acuerdos de conciliaciones, de mediaciones y de transacciones, los de reclamación sobre acceso, reversión y modificación del trabajo a distancia a los que se refiere el artículo 138 bis, así como aquéllos en que se ejerciten acciones laborales de protección contra la violencia de género.
Artículos 191.2 f) y 191.2 g)Ley Reguladora de la Jurisdicción SocialNo hay suplicación en conciliación salvo que la indemnización acumulada supere 3.000 euros.
Texto de los apartados citadosTexto consolidado vigente desde el 20 de marzo de 20242. No procederá recurso de suplicación en los procesos relativos a las siguientes materias:
f) Procedimientos relativos a los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral previstos en el artículo 139, salvo cuando se haya acumulado pretensión de resarcimiento de daños y perjuicios que por su cuantía pudiera dar lugar a recurso de suplicación.
g) Reclamaciones cuya cuantía litigiosa no exceda de 3.000 euros. Tampoco procederá recurso en procesos de impugnación de alta médica cualquiera que sea la cuantía de las prestaciones de incapacidad temporal que viniere percibiendo el trabajador.
Artículo 4.2 c)Estatuto de los TrabajadoresProhíbe el trato desfavorable por ejercer derechos de conciliación.Cambio reciente: Real Decreto-ley 5/2023.
Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 19 de noviembre de 20262. En la relación de trabajo, los trabajadores tienen derecho:
c) A no ser discriminadas directa o indirectamente para el empleo o, una vez empleados, por razones de estado civil, edad dentro de los límites marcados por esta ley, origen racial o étnico, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación sexual, identidad sexual, expresión de género, características sexuales, afiliación o no a un sindicato, por razón de lengua dentro del Estado español, discapacidad, así como por razón de sexo, incluido el trato desfavorable dispensado a mujeres u hombres por el ejercicio de los derechos de conciliación o corresponsabilidad de la vida familiar y laboral.
Artículo 40.1 c)Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden SocialMultas por infracción muy grave (grado mínimo de 7.501 a 30.000 euros), referencia habitual para cuantificar el daño moral.
Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 31 de diciembre de 20211. Las infracciones en materia de relaciones laborales y empleo, en materia de Seguridad Social, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 siguiente, en materia de movimientos migratorios y trabajo de extranjeros, en materia de empresas de trabajo temporal y empresas usuarias, excepto las que se refieran a materias de prevención de riesgos laborales, que quedarán encuadradas en el apartado 2 de este artículo, así como las infracciones por obstrucción se sancionarán:
c) Las muy graves con multa, en su grado mínimo, de 7.501 a 30.000 euros; en su grado medio de 30.001 a 120.005 euros; y en su grado máximo de 120.006 euros a 225.018 euros.
c bis) Las infracciones graves señaladas en los artículos 7.2, 7.14, 18.2.c), 19.2.b), 19.2.e), 19 bis.1.b), 19 ter.2.b) y 19 ter.2.e) se sancionarán con la multa siguiente: en su grado mínimo, de 1.000 a 2.000 euros; en su grado medio, de 2.001 a 5.000 euros y, en su grado máximo, de 5.001 a 10.000 euros.
Textos legales basados en datos de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Se trata de un texto consolidado de carácter meramente informativo, sin valor oficial. Para el texto auténtico hay que acudir al BOE.
Lo que han dicho los tribunales sobre cada una de las cuestiones de este artículo.
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