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Asistencia sanitaria tras una baja voluntaria: ¿se pierde la sanidad pública?

Dejar el trabajo voluntariamente no hace perder la sanidad pública a quien tiene nacionalidad española y vive en España: desde 2018 el derecho depende de la residencia, no de cotizar. Las personas extranjeras lo conservan si residen legalmente y no tienen la obligación de cubrirse por otra vía, y ahí está el matiz: a quien vive en España por reagrupación familiar, o a la persona europea que deja de trabajar, se le puede exigir un seguro propio.

Actualizado el 14 de octubre de 2026 · Alejandro Aradas García · 4 min de lectura

Si tienes nacionalidad española y vives en España, darte de baja voluntaria no te deja sin sanidad pública, aunque no cobres paro ni ninguna otra prestación.

Desde el verano de 2018 el derecho a la asistencia sanitaria ya no depende de estar trabajando o cotizando, sino de residir en España.

Las personas extranjeras también lo conservan si residen legalmente y no tienen la obligación de estar cubiertas por otra vía. Ahí está el matiz, y conviene mirarlo antes de dimitir.

Qué dice la ley desde 2018

La asistencia sanitaria pública se regula en la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.

El Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, cambió su artículo 3, y desde el 31 de julio de 2018 tienen derecho a la asistencia con cargo a fondos públicos:

  • Las personas con nacionalidad española y residencia habitual en España.
  • Las que tengan reconocido el derecho por otro título aunque no vivan aquí (por ejemplo, por las normas europeas de coordinación), siempre que no haya otro obligado a pagar.
  • Las personas extranjeras con residencia legal y habitual en España que no tengan la obligación de acreditar la cobertura sanitaria por otra vía.

Antes de 2018 era distinto.

El Real Decreto 1192/2012 hacía una lista de «asegurados»: personas en alta en la Seguridad Social, pensionistas, quienes cobraban el paro o lo habían agotado y seguían inscritos como demandantes de empleo… Quien dimitía y no cobraba nada quedaba fuera de esa lista y tenía que pedir el derecho por otra vía.

Esos artículos del Real Decreto 1192/2012 están derogados: no siguen aplicándose.

Lo único que se mantiene de antes, mientras no se apruebe un reglamento nuevo, es el procedimiento: el reconocimiento lo sigue tramitando el Instituto Nacional de la Seguridad Social, aunque la ley ya atribuye esa función al Ministerio de Sanidad.

Después, la comunidad autónoma expide la tarjeta sanitaria individual.

Si tienes nacionalidad española

Con nacionalidad española y residencia habitual en España, la baja voluntaria no cambia nada en tu derecho a la sanidad. Tampoco una excedencia voluntaria, ni quedarte sin paro.

No hace falta estar inscrito/a como demandante de empleo ni haber cotizado un mínimo.

Los tribunales lo aplican así.

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia reconoció la asistencia a una mujer española residente en España sin exigirle convenio especial ni afiliarse al sistema de otro país, precisamente porque los artículos del reglamento de 2012 sobre la condición de asegurado están derogados (Superior de Galicia, abril de 2023).

Tampoco dependes ya de un familiar. Antes existía la figura del «beneficiario»: el cónyuge o los hijos/as a cargo de una persona asegurada, con límites de ingresos.

Esa figura también desapareció en 2018. Hoy cada persona con nacionalidad española que vive en España tiene el derecho por sí misma.

Qué conviene hacer: comprobar, después de la baja, que el derecho sigue figurando como reconocido. Se puede consultar en la sede electrónica de la Seguridad Social o preguntar en el centro de salud.

Si apareciera como no reconocido, se pide (más abajo explicamos cómo).

Si eres de otro país de la Unión Europea

Aquí la baja voluntaria sí puede tener consecuencias, y no solo sanitarias.

Una persona de otro país de la Unión que trabaja en España tiene derecho a residir aquí por ser trabajadora.

Si deja de trabajar, el artículo 7 del Real Decreto 240/2007 solo le mantiene esa condición en algunos casos: si está de baja médica, si sigue una formación profesional o si ha quedado en paro involuntario y se inscribe como demandante de empleo. Una dimisión no es paro involuntario.

Quien reside en España sin trabajar tiene que disponer de recursos suficientes y de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos en España.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmó que se negara el certificado de registro de residencia a un ciudadano rumano que no trabajaba y no tenía ese seguro, aunque la sanidad pública madrileña le estuviera atendiendo (Superior de Madrid, septiembre de 2025).

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha puesto un límite: el país de residencia no puede excluir del todo de su sanidad pública a las personas europeas que viven en él sin trabajar, pero sí puede exigirles que paguen por ella (Tribunal de Justicia de la UE, julio de 2021).

En España, esa vía de pago es el convenio especial (lo explicamos más abajo).

Antes de dimitir, si eres de otro país europeo y no vas a empezar otro trabajo enseguida, conviene saber cómo vas a tener cubierta la asistencia: un nuevo empleo, un seguro de enfermedad o el convenio especial.

Si vas a pedir el paro, la guía sobre el paro tras una baja voluntaria explica cuándo se cobra y cuándo no.

Si eres de fuera de la Unión Europea

La regla es la del artículo 3.2 c) de la ley: residencia legal y habitual y no tener la obligación de estar cubierto/a por otra vía.

Mientras mantengas tu autorización de residencia y nadie esté obligado a cubrirte, dejar el trabajo no te quita, por sí solo, el derecho a la asistencia.

Otra cosa es lo que ocurra con la renovación de una autorización de residencia y trabajo si te quedas sin empleo: eso depende de la normativa de extranjería y de tu tipo de autorización, y conviene comprobarlo antes.

El caso en que los tribunales niegan la asistencia es el de las personas reagrupadas. Para reagrupar a un familiar hay que garantizar que tendrá la asistencia sanitaria cubierta mientras resida en España.

El Pleno del Tribunal Supremo decidió que esa cobertura es obligatoria y corresponde a quien reagrupa, así que el familiar no puede pasar a la sanidad pública (Supremo, mayo de 2019).

Lo ha repetido después con el familiar reagrupado por una ciudadana española (Supremo, abril de 2022) y con una madre reagrupada (Supremo, noviembre de 2022). No hemos encontrado sentencias recientes que se aparten de este criterio.

Cuándo hace falta el convenio especial

El convenio especial de asistencia sanitaria es la vía para quien reside en España pero no tiene derecho a la asistencia gratuita: se paga una cuota mensual (60 € si se tienen menos de 65 años y 157 € con 65 o más, que la comunidad autónoma puede subir si añade otras prestaciones) a cambio de la asistencia.

El artículo 3 del Real Decreto 576/2013 exige:

  • Residencia efectiva en España durante al menos un año seguido antes de pedirlo.
  • Estar empadronado/a en un municipio de la comunidad donde se pide.
  • No tener acceso a la sanidad pública por ninguna otra vía, ni por las normas españolas ni por las europeas o los convenios con otros países.

Una persona con nacionalidad española y residencia habitual en España no necesita convenio especial.

Los tribunales lo han dicho en casos de personas con pensiones de otros países: tenían derecho a la asistencia sin convenio (Superior de Galicia, septiembre de 2025), y en uno de ellos se ordenó además devolver las cuotas del convenio pagadas sin deberlo, en la parte no prescrita (Superior de Galicia, octubre de 2025).

Si alguien te hizo suscribir un convenio especial y tenías derecho por la vía normal, puedes reclamar lo pagado, y cuanto antes, mejor.

Cómo se comprueba y qué hacer si te lo niegan

  1. Comprueba si tienes el derecho reconocido (sede electrónica de la Seguridad Social o tu centro de salud).
  2. Si no aparece, solicita el reconocimiento al Instituto Nacional de la Seguridad Social. No hay plazo para pedirlo: se puede hacer en cualquier momento.
  3. Si te lo deniegan, presenta una reclamación previa en los 30 días siguientes a la notificación. Si la Seguridad Social no responde en 45 días, se entiende denegada.
  4. Después, puedes presentar una demanda ante el juzgado de lo social en los 30 días siguientes a la denegación de la reclamación. Así se han resuelto todos los pleitos que citamos en este artículo.

Lo que cuenta en estos pleitos es probar la residencia habitual en España (empadronamiento, contrato de alquiler, recibos, vida en España) y, si eres extranjero/a, el tipo de residencia que tienes y si alguien está obligado a cubrirte.

Preguntas frecuentes

Si me doy de baja voluntaria, ¿me quitan la tarjeta sanitaria de mi comunidad?

Si tienes nacionalidad española y vives en España, no. El derecho depende de la residencia, no de estar trabajando. Si eres extranjero/a, depende de tu tipo de residencia: lee el apartado correspondiente.

¿Tengo que pagar un convenio especial con la sanidad pública mientras busco otro trabajo?

No, si tienes nacionalidad española y residencia habitual en España. El convenio especial es para quien no tiene derecho por la vía normal, y exige al menos un año de residencia y estar empadronado/a.

¿Mi pareja y mis hijos/as pierden la asistencia si dejo el trabajo?

Si tienen nacionalidad española y viven en España, tienen el derecho por sí mismos/as, no a través de ti. La figura del «beneficiario» de un familiar asegurado desapareció en 2018.

Soy de otro país de la Unión Europea, ¿puedo dimitir sin problemas con la sanidad?

Hay que mirarlo antes. Quien deja voluntariamente el empleo no conserva la condición de trabajador/a a efectos de residencia, y para residir sin trabajar se exigen recursos suficientes y un seguro de enfermedad. Si vas a quedarte un tiempo sin trabajo, comprueba antes cómo vas a tener cubierta la asistencia.

Cuestiones Laborales es una web informativa: lo que explica es general y cada caso tiene sus matices. Para el tuyo, consulta siempre con un abogado o abogada laboralista o con un graduado o graduada social.

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1 comentario

  1. C

    Hola Alejandro,

    Muchas gracicas, tu articulo es muy útil.

    Desde la SS me han pasado un formulario distinto, dejo aquí el enlace por si puede ayudar a la gente:

    http://run.gob.es/as1003

    Responder

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Normas y preceptos aplicables. Despliega cada uno para leer su texto.

  • Artículo 3Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de SaludQuién tiene derecho a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos: residencia, nacionalidad y ausencia de otra cobertura obligatoria; el convenio especial para quien no lo tiene.Cambio reciente: Redacción dada por el Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, vigente desde el 31-07-2018. El BOE marca el texto consolidado de la ley como pendiente de incorporar reformas: comprobar.
    Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 31 de julio de 2018

    Artículo 3. Titulares del derecho a la protección a la salud y a la atención sanitaria.

    1. Son titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria todas las personas con nacionalidad española y las personas extranjeras que tengan establecida su residencia en el territorio español.

    Sin perjuicio de lo anterior, las personas con derecho a la asistencia sanitaria en España en aplicación de los reglamentos comunitarios de coordinación de sistemas de Seguridad Social o de los convenios bilaterales que comprendan la prestación de asistencia sanitaria, tendrán acceso a la misma, siempre que residan en territorio español o durante sus desplazamientos temporales a España, en la forma, extensión y condiciones establecidos en las disposiciones comunitarias o bilaterales indicadas.

    2. Para hacer efectivo el derecho al que se refiere el apartado 1 con cargo a los fondos públicos de las administraciones competentes, las personas titulares de los citados derechos deberán encontrarse en alguno de los siguientes supuestos:

    a) Tener nacionalidad española y residencia habitual en el territorio español.

    b) Tener reconocido su derecho a la asistencia sanitaria en España por cualquier otro título jurídico, aun no teniendo su residencia habitual en territorio español, siempre que no exista un tercero obligado al pago de dicha asistencia.

    c) Ser persona extranjera y con residencia legal y habitual en el territorio español y no tener la obligación de acreditar la cobertura obligatoria de la prestación sanitaria por otra vía.

    3. Aquellas personas que de acuerdo con el apartado 2 no tengan derecho a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos, podrán obtener dicha prestación mediante el pago de la correspondiente contraprestación o cuota derivada de la suscripción de un convenio especial.

    4. Lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo no modifica el régimen de asistencia sanitaria de las personas titulares o beneficiarias de los regímenes especiales gestionados por la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, la Mutualidad General Judicial y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, que mantendrán su régimen jurídico específico.

  • Artículo 3 bisLey 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de SaludQuién reconoce el derecho (Ministerio de Sanidad, con la colaboración de otras administraciones) y que se hace efectivo con la tarjeta sanitaria individual de la comunidad autónoma.Cambio reciente: Redacción dada por el Real Decreto-ley 7/2018, vigente desde el 31-07-2018.
    Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 31 de julio de 2018

    Artículo 3 bis. Reconocimiento del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos.

    1. El reconocimiento y control del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos corresponderá al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social con la colaboración de las entidades y administraciones públicas imprescindibles para comprobar la concurrencia de los requisitos a los que se refiere el artículo 3.2, en la forma en que se determine reglamentariamente.

    Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la gestión de los derechos de asistencia sanitaria derivados de las normas internacionales de coordinación de los sistemas de seguridad social, así como las demás funciones atribuidas por dichas normas a las instituciones competentes y organismos de enlace, corresponderán al Instituto Nacional de la Seguridad Social.

    2. Una vez reconocido el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos, éste se hará efectivo por las administraciones sanitarias competentes, que facilitarán el acceso de los ciudadanos a las prestaciones de asistencia sanitaria mediante la expedición de la tarjeta sanitaria individual.

    3. Los órganos competentes en materia de extranjería podrán comunicar al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y a las entidades y administraciones públicas a las que se refiere el apartado 1, sin contar con el consentimiento del interesado, los datos que resulten imprescindibles para realizar la comprobación necesaria del reconocimiento y control del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos.

    Del mismo modo, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y las entidades y administraciones públicas a las que se refiere el apartado 1, podrán tratar los datos obrantes en los ficheros de las entidades gestoras, servicios comunes y órganos de las administraciones públicas competentes que resulten imprescindibles para verificar la concurrencia del reconocimiento y control del citado derecho. La mencionada cesión de estos datos no precisará del consentimiento del interesado.

    El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y las entidades y administraciones públicas a las que se refiere el apartado 1, tratarán la información a la que se refieren los dos párrafos anteriores con la finalidad de comunicar a las administraciones sanitarias competentes los datos necesarios para verificar en cada momento que se mantienen las condiciones y los requisitos exigidos para el reconocimiento del derecho a la protección de la salud y atención sanitaria con cargo a fondos públicos, sin precisar para ello del consentimiento del interesado.

    Cualquier modificación o variación que puedan comunicar el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y las entidades y administraciones públicas a las que se refiere el apartado 1, deberá surtir los efectos que procedan en la tarjeta sanitaria individual.

  • Artículos 7.1 y 7.3Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de la Unión EuropeaLa persona europea que no trabaja necesita recursos y seguro de enfermedad para residir; solo conserva la condición de trabajadora si queda en paro involuntario, no si dimite.Cambio reciente: Modificado por el Real Decreto-ley 16/2012, vigente desde el 24-04-2012.
    Texto de los apartados citadosTexto consolidado vigente desde el 24 de abril de 2012

    1. Todo ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo tiene derecho de residencia en el territorio del Estado Español por un período superior a tres meses si:

    a) Es un trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia en España, o

    b) Dispone, para sí y los miembros de su familia, de recursos suficientes para no convertirse en una carga para la asistencia social en España durante su período de residencia, así como de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos en España, o

    c) Está matriculado en un centro público o privado, reconocido o financiado por la administración educativa competente con arreglo a la legislación aplicable, con la finalidad principal de cursar estudios, inclusive de formación profesional; y cuenta con un seguro de enfermedad que cubre todos los riesgos en España y garantiza a la autoridad nacional competente, mediante una declaración o por cualquier otro medio equivalente de su elección, que posee recursos suficientes para sí y los miembros de su familia para no convertirse en una carga para la asistencia social del Estado español durante su período de residencia, o

    d) Es un miembro de la familia que acompaña a un ciudadano de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o va a reunirse con él, y que cumple las condiciones contempladas en las letras a), b) o c).

    3. A los efectos de la letra a) del apartado 1, el ciudadano de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que ya no ejerza ninguna actividad por cuenta ajena o por cuenta propia mantendrá la condición de trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia en los siguientes casos:

    a) Si sufre una incapacidad temporal resultante de una enfermedad o accidente;

    b) Si, habiendo quedado en paro involuntario debidamente acreditado, tras haber estado empleado durante más de un año, se ha inscrito en el servicio de empleo competente con el fin de encontrar un trabajo;

    c) Si, habiendo quedado en paro involuntario debidamente acreditado tras concluir un contrato de trabajo de duración determinada inferior a un año o habiendo quedado en paro involuntario durante los primeros doce meses, se ha inscrito en el servicio de empleo competente con el fin de encontrar un trabajo. En este caso, la condición de trabajador se mantendrá durante un período que no podrá ser inferior a seis meses;

    d) Si sigue una formación profesional. Salvo que se encuentre en situación de paro involuntario, el mantenimiento de la condición de trabajador exigirá que la formación guarde relación con el empleo previo.

  • Artículo disposición transitoria segundaReal Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de SaludMientras no haya reglamento, se mantienen los procedimientos y bases de datos anteriores: por eso lo sigue tramitando el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
    Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 31 de julio de 2018

    Disposición transitoria segunda. Régimen transitorio para el reconocimiento del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos.

    En tanto que no entre en vigor el reglamento previsto en el artículo 3 bis.1 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, se mantendrán los procedimientos vigentes y las bases de datos existentes antes de la entrada en vigor de este real decreto-ley.

  • Artículo 3Real Decreto 576/2013, de 26 de julio, por el que se establecen los requisitos básicos del convenio especial de prestación de asistencia sanitariaRequisitos del convenio especial: un año de residencia efectiva, empadronamiento y no tener otra protección sanitaria pública.
    Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 1 de septiembre de 2013

    Artículo 3. Requisitos para la suscripción y el mantenimiento del convenio especial de prestación de asistencia sanitaria.

    Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7.3 de este real decreto, podrán suscribir el convenio especial de prestación de asistencia sanitaria aquellas personas que residan en España y que, no teniendo la condición de aseguradas ni de beneficiarias del Sistema Nacional de Salud conforme a lo dispuesto en los artículos 2 y 3 del Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el que se regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud, reúnan los siguientes requisitos:

    a) Acreditar la residencia efectiva en España durante un período continuado mínimo de un año inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud del convenio especial.

    b) Estar empadronadas, en el momento de presentar la solicitud de suscripción del convenio especial, en algún municipio perteneciente al ámbito territorial al que extienda sus competencias la administración pública competente para su suscripción.

    c) No tener acceso a un sistema de protección sanitaria pública por cualquier otro título, ya sea por aplicación de la normativa nacional, de los reglamentos comunitarios en materia de Seguridad Social o de los convenios bilaterales que en dicha materia hayan sido suscritos por España con otros países.

  • Artículo 71Ley Reguladora de la Jurisdicción SocialReclamación previa (30 días) y demanda (30 días) si el Instituto Nacional de la Seguridad Social deniega el derecho.
    Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 11 de diciembre de 2011

    Artículo 71. Reclamación administrativa previa en materia de prestaciones de Seguridad Social.

    1. Será requisito necesario para formular demanda en materia de prestaciones de Seguridad Social, que los interesados interpongan reclamación previa ante la Entidad gestora de las mismas. Se exceptúan los procedimientos de impugnación de las resoluciones administrativas expresas en las que se acuerda el alta médica emitidas por los órganos competentes de las Entidades gestoras de la Seguridad Social al agotarse el plazo de duración de trescientos sesenta y cinco días de la prestación de incapacidad temporal.

    2. La reclamación previa deberá interponerse ante el órgano competente que haya dictado resolución sobre la solicitud inicial del interesado, en el plazo de treinta días desde la notificación de la misma, si es expresa, o desde la fecha en que, conforme a la normativa reguladora del procedimiento de que se trate, deba entenderse producido el silencio administrativo.

    En los procedimientos de impugnación de altas médicas no exentos de reclamación previa según el apartado 1 de este artículo la reclamación previa se interpondrá en el plazo de once días desde la notificación de la resolución.

    3. Si la resolución, expresa o presunta, hubiera sido dictada por una entidad colaboradora, la reclamación previa se interpondrá, en el mismo plazo, ante la propia entidad colaboradora si tuviera atribuida la competencia para resolver, o en otro caso ante el órgano correspondiente de la Entidad gestora u organismo público gestor de la prestación.

    4. Cuando en el reconocimiento inicial o la modificación de un acto o derecho en materia de Seguridad Social, la Entidad correspondiente esté obligada a proceder de oficio, en el caso de que no se produzca acuerdo o resolución, el interesado podrá solicitar que se dicte, teniendo esta solicitud valor de reclamación previa. Del mismo modo podrá reiterarse la reclamación previa de haber caducado la anterior, en tanto no haya prescrito el derecho y sin perjuicio de los efectos retroactivos que proceda dar a la misma.

    5. Formulada reclamación previa en cualquiera de los supuestos mencionados en el presente artículo, la Entidad deberá contestar expresamente a la misma en el plazo de cuarenta y cinco días. En caso contrario se entenderá denegada la reclamación por silencio administrativo.

    En los procedimientos de impugnación de altas médicas en los que deba interponerse reclamación previa, el plazo para la contestación de la misma será de siete días, entendiéndose desestimada una vez transcurrido dicho plazo.

    6. La demanda habrá de formularse en el plazo de treinta días, a contar desde la fecha en que se notifique la denegación de la reclamación previa o desde el día en que se entienda denegada por silencio administrativo.

    En los procesos de impugnación de altas médicas el plazo anterior será de veinte días, que cuando no sea exigible reclamación previa se computará desde la adquisición de plenos efectos del alta médica o desde la notificación del alta definitiva acordada por la Entidad gestora.

    7. Las entidades u organismos gestores de la Seguridad Social expedirán recibo de presentación o sellarán debidamente, con indicación de la fecha, las copias de las reclamaciones que se dirijan en cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley. Este recibo o copia sellada, o el justificante de presentación por los procedimientos y registros alternativos que estén establecidos por la normativa administrativa aplicable, deberán acompañarse inexcusablemente con la demanda.

    Ver el artículo 71

Textos legales basados en datos de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Se trata de un texto consolidado de carácter meramente informativo, sin valor oficial. Para el texto auténtico hay que acudir al BOE.

Lo que han dicho los tribunales sobre cada una de las cuestiones de este artículo.

¿Qué pasa con las personas extranjeras: las reagrupadas y las de otros países de la Unión Europea que dejan de trabajar?