Responsabilidad penal de la empresa en un accidente de trabajo: delitos y quién responde

Otros artículos sobre este tema.

• ArtículoRecargo de prestaciones: qué es, cuánto es y cómo solicitarloEs un aumento del 30 % al 50 % de las prestaciones por accidente de trabajo o enfermedad profesional cuando la empresa incumplió la prevención. Lo paga la empresa, no se puede asegurar, se pide al INSS en cinco años y alcanza también a la viudedad y la orfandad.
• ArtículoPlazo para reclamar una indemnización por accidente laboralEl plazo es de un año, pero no desde el accidente: empieza cuando se conoce el alcance del daño, como mínimo con el alta y, si hay incapacidad permanente, cuando su resolución es firme. Se interrumpe reclamando a la empresa o pidiendo el recargo.
• Artículo¿Cuándo existe derecho a indemnización en caso de accidente laboral?Un accidente de trabajo no da derecho, por sí solo, a una indemnización de la empresa. Hay que acreditar un daño, un incumplimiento de las obligaciones de prevención y que ese incumplimiento causó o contribuyó al daño; la empresa tiene que probar que adoptó las medidas necesarias.
• ArtículoTodas las indemnizaciones por accidente laboral: qué se cobra y quién pagaTras un accidente laboral se cobran las prestaciones de la Seguridad Social, el recargo si hubo falta de prevención, el seguro del convenio y la indemnización por daños de la empresa. Son compatibles, pero solo se descuenta lo cobrado por el mismo concepto.
• ArtículoMuerte en un accidente de trabajo: qué cobra la familiaSi una persona trabajadora muere en un accidente de trabajo, su familia puede cobrar pensiones de viudedad y orfandad sin cotización previa, el auxilio por defunción y una indemnización especial a tanto alzado. Además, si la empresa falló en seguridad, cabe el recargo de prestaciones y la indemnización de daños, y muchas veces el seguro del convenio. La acción de daños prescribe en un año desde que es firme la resolución sobre la contingencia.
• ArtículoQué hacer tras un accidente de trabajo: parte, mutua y plazosTras un accidente de trabajo hay que recibir asistencia en la mutua (o en urgencias si es grave) y avisar a la empresa ese mismo día, mejor por escrito. El parte lo hace la empresa por el sistema Delt@; si no lo hace o la mutua no reconoce el accidente, se puede pedir al Instituto Nacional de la Seguridad Social que decida, y conviene hacerlo pronto porque las diferencias solo se pagan desde tres meses antes de la solicitud.

Modelos de escritos para este caso, listos para descargar en Word y completar.

• DocumentoDenuncia ante la Inspección de Trabajo: modelo con las infracciones más frecuentesPara poner en conocimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social un incumplimiento de la empresa (falta de alta, horas extra, salarios, riesgos, acoso, contratos en fraude…) con los datos que necesita para comprobarlo, y pedir que tu nombre se mantenga en secreto.El escrito que propone esta guía
• DocumentoDenuncia penal por un accidente de trabajo: delito contra la seguridad de las personas trabajadoras y lesionesPara denunciar ante el juzgado, la Policía, la Guardia Civil o la Fiscalía a quienes no pusieron las medidas de seguridad que causaron tu accidente de trabajo, y abrir la causa penal por el delito contra la seguridad de las personas trabajadoras y por las lesiones.El escrito que propone esta guía
• DocumentoSolicitud de recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad tras un accidente de trabajoPara pedir al Instituto Nacional de la Seguridad Social que la empresa pague un aumento del 30 al 50 % de tus prestaciones por accidente de trabajo o enfermedad profesional, porque se produjo por no cumplir las medidas de seguridad. De paso, interrumpe el plazo para reclamarle los daños.El escrito que propone esta guía
• DocumentoDemanda de indemnización de daños y perjuicios por accidente de trabajo o enfermedad profesionalPara pedir al juzgado de lo social que condene a la empresa, y a su aseguradora, a indemnizarte los daños de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional causados por un fallo de prevención: días de baja, secuelas, daño moral, ingresos perdidos y gastos.El escrito que propone esta guía
• DocumentoDemanda de recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad contra la empresa y la Seguridad SocialPara pedir al juzgado de lo social que imponga a la empresa el recargo de tus prestaciones por falta de medidas de seguridad, o que suba su porcentaje, cuando el Instituto Nacional de la Seguridad Social rechaza tu reclamación previa o no la contesta.
• DocumentoDesignación escrita del recurso preventivo: tareas, lugar, instrucciones y orden de detener ante un peligroPara que la empresa asigne por escrito la presencia de un recurso preventivo antes de una actividad peligrosa, con las tareas que vigila, el lugar, el tiempo y las instrucciones, incluida la de detener la tarea ante un peligro, y quede constancia de que la persona designada lo ha recibido.
• DocumentoPapeleta de conciliación por indemnización de daños del accidente de trabajo o la enfermedad profesionalPara reclamar a la empresa y a su aseguradora los daños de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional causados por un fallo de prevención: baja, secuelas, daño moral, ingresos perdidos y gastos. Es obligatoria antes de la demanda e interrumpe el plazo de un año.

Normas y preceptos aplicables. Despliega cada uno para leer su texto.

• Artículo 316Código PenalDelito doloso contra la seguridad de los trabajadores: no facilitar los medios de prevención y poner en peligro grave su vida o salud.

  Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 24 de mayo de 1996

  Artículo 316.

  Los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.

• Artículo 317Código PenalEl mismo delito cometido por imprudencia grave, con pena inferior en grado.

  Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 24 de mayo de 1996

  Artículo 317.

  Cuando el delito a que se refiere el artículo anterior se cometa por imprudencia grave, será castigado con la pena inferior en grado.

• Artículo 318Código PenalQuién responde cuando los hechos se atribuyen a una persona jurídica: administradores y encargados; consecuencias del art. 129 para la sociedad.Cambio reciente: Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre (desde el 1-10-2003).

  Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 1 de octubre de 2003

  Artículo 318.

  Cuando los hechos previstos en los artículos de este título se atribuyeran a personas jurídicas, se impondrá la pena señalada a los administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de los mismos y a quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieran adoptado medidas para ello. En estos supuestos la autoridad judicial podrá decretar, además, alguna o algunas de las medidas previstas en el artículo 129 de este Código.

• Artículos 142.1 y 142.2Código PenalHomicidio por imprudencia grave o menos grave, con inhabilitación si la imprudencia es profesional.Cambio reciente: Ley Orgánica 11/2022, de 13 de septiembre (desde el 15-9-2022).

  Texto de los apartados citadosTexto consolidado vigente desde el 15 de septiembre de 2022

  1. El que por imprudencia grave causare la muerte de otro, será castigado, como reo de homicidio imprudente, con la pena de prisión de uno a cuatro años.

  Si el homicidio imprudente se hubiera cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se impondrá asimismo la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a seis años. A los efectos de este apartado, se reputará en todo caso como imprudencia grave la conducción en la que la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 379 determinara la producción del hecho.

  Si el homicidio imprudente se hubiera cometido utilizando un arma de fuego, se impondrá también la pena de privación del derecho al porte o tenencia de armas por tiempo de uno a seis años.

  Si el homicidio se hubiera cometido por imprudencia profesional, se impondrá además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un periodo de tres a seis años.

  2. El que por imprudencia menos grave causare la muerte de otro, será castigado con la pena de multa de tres meses a dieciocho meses.

  Si el homicidio se hubiera cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se impondrá también la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de tres a dieciocho meses. Se reputará en todo caso como imprudencia menos grave aquella no calificada como grave en la que para la producción del hecho haya sido determinante la comisión de alguna de las infracciones graves de las normas de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. La valoración sobre la existencia o no de la determinación deberá apreciarse en resolución motivada.

  Si el homicidio se hubiera cometido utilizando un arma de fuego, se podrá imponer también la pena de privación del derecho al porte o tenencia de armas por tiempo de tres a dieciocho meses.

  Salvo en los casos en que se produzca utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, el delito previsto en este apartado solo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.

• Artículos 152.1 y 152.2Código PenalLesiones por imprudencia grave o menos grave, con inhabilitación si la imprudencia es profesional.Cambio reciente: Ley Orgánica 11/2022, de 13 de septiembre (desde el 15-9-2022).

  Texto de los apartados citadosTexto consolidado vigente desde el 15 de septiembre de 2022

  1. El que por imprudencia grave causare alguna de las lesiones previstas en los artículos anteriores será castigado, en atención al riesgo creado y el resultado producido:

  1.° Con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a dieciocho meses, si se tratare de las lesiones del apartado 1 del artículo 147.

  2.° Con la pena de prisión de uno a tres años, si se tratare de las lesiones del artículo 149.

  3.° Con la pena de prisión de seis meses a dos años, si se tratare de las lesiones del artículo 150.

  Si los hechos se hubieran cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se impondrá asimismo la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a cuatro años. A los efectos de este apartado, se reputará en todo caso como imprudencia grave la conducción en la que la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 379 determinara la producción del hecho.

  Si las lesiones se hubieran causado utilizando un arma de fuego, se impondrá también la pena de privación del derecho al porte o tenencia de armas por tiempo de uno a cuatro años.

  Si las lesiones hubieran sido cometidas por imprudencia profesional, se impondrá además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un período de seis meses a cuatro años.

  2. El que por imprudencia menos grave causare alguna de las lesiones a que se refiere el artículo 147.1, será castigado con la pena de multa de uno a dos meses, y si se causaren las lesiones a que se refieren los artículos 149 y 150, será castigado con la pena de multa de tres meses a doce meses.

  Si los hechos se hubieran cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se impondrá también la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de tres a dieciocho meses. A los efectos de este apartado, se reputará en todo caso como imprudencia menos grave aquella no calificada como grave en la que para la producción del hecho haya sido determinante la comisión de alguna de las infracciones graves de las normas de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial. La valoración sobre la existencia o no de la determinación deberá apreciarse en resolución motivada.

  Si las lesiones se hubieran causado utilizando un arma de fuego, se podrá imponer también la pena de privación del derecho al porte o tenencia de armas por tiempo de tres meses a un año.

  El delito previsto en este apartado solo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.

• Artículo 129Código PenalConsecuencias accesorias (suspensión de actividades, clausura…) que pueden imponerse a la empresa.Cambio reciente: Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo (desde el 1-7-2015).

  Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 1 de julio de 2015

  Artículo 129.

  1. En caso de delitos cometidos en el seno, con la colaboración, a través o por medio de empresas, organizaciones, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que, por carecer de personalidad jurídica, no estén comprendidas en el artículo 31 bis, el juez o tribunal podrá imponer motivadamente a dichas empresas, organizaciones, grupos, entidades o agrupaciones una o varias consecuencias accesorias a la pena que corresponda al autor del delito, con el contenido previsto en las letras c) a g) del apartado 7 del artículo 33. Podrá también acordar la prohibición definitiva de llevar a cabo cualquier actividad, aunque sea lícita.

  2. Las consecuencias accesorias a las que se refiere en el apartado anterior sólo podrán aplicarse a las empresas, organizaciones, grupos o entidades o agrupaciones en él mencionados cuando este Código lo prevea expresamente, o cuando se trate de alguno de los delitos por los que el mismo permite exigir responsabilidad penal a las personas jurídicas.

  3. La clausura temporal de los locales o establecimientos, la suspensión de las actividades sociales y la intervención judicial podrán ser acordadas también por el Juez Instructor como medida cautelar durante la instrucción de la causa a los efectos establecidos en este artículo y con los límites señalados en el artículo 33.7.

• Artículo 31 bisCódigo PenalResponsabilidad penal de las personas jurídicas, que no se extiende a los delitos contra los derechos de los trabajadores.Cambio reciente: Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo (desde el 1-7-2015).

  Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 1 de julio de 2015

  Artículo 31 bis.

  1. En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente responsables:

  a) De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma.

  b) De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso.

  2. Si el delito fuere cometido por las personas indicadas en la letra a) del apartado anterior, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si se cumplen las siguientes condiciones:

  1.ª el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión;

  2.ª la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado ha sido confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control o que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos de la persona jurídica;

  3.ª los autores individuales han cometido el delito eludiendo fraudulentamente los modelos de organización y de prevención y

  4.ª no se ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de supervisión, vigilancia y control por parte del órgano al que se refiere la condición 2.ª

  En los casos en los que las anteriores circunstancias solamente puedan ser objeto de acreditación parcial, esta circunstancia será valorada a los efectos de atenuación de la pena.

  3. En las personas jurídicas de pequeñas dimensiones, las funciones de supervisión a que se refiere la condición 2.ª del apartado 2 podrán ser asumidas directamente por el órgano de administración. A estos efectos, son personas jurídicas de pequeñas dimensiones aquéllas que, según la legislación aplicable, estén autorizadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada.

  4. Si el delito fuera cometido por las personas indicadas en la letra b) del apartado 1, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si, antes de la comisión del delito, ha adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de organización y gestión que resulte adecuado para prevenir delitos de la naturaleza del que fue cometido o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.

  En este caso resultará igualmente aplicable la atenuación prevista en el párrafo segundo del apartado 2 de este artículo.

  5. Los modelos de organización y gestión a que se refieren la condición 1.ª del apartado 2 y el apartado anterior deberán cumplir los siguientes requisitos:

  1.º Identificarán las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos.

  2.º Establecerán los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas con relación a aquéllos.

  3.º Dispondrán de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de los delitos que deben ser prevenidos.

  4.º Impondrán la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención.

  5.º Establecerán un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo.

  6.º Realizarán una verificación periódica del modelo y de su eventual modificación cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o cuando se produzcan cambios en la organización, en la estructura de control o en la actividad desarrollada que los hagan necesarios.

• Artículo 114Código PenalModeración de la indemnización si la víctima contribuyó al daño con su conducta.

  Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 24 de mayo de 1996

  Artículo 114.

  Si la víctima hubiere contribuido con su conducta a la producción del daño o perjuicio sufrido, los Jueces o Tribunales podrán moderar el importe de su reparación o indemnización.

• Artículo 3Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden SocialProhibición de doble sanción y suspensión del expediente sancionador mientras hay causa penal.Cambio reciente: Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril (apartado 1, desde el 29-4-2021).

  Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 29 de abril de 2021

  Artículo 3. Concurrencia con el orden jurisdiccional penal.

  1. No podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, de hecho y de fundamento.

  Los desplazamientos temporales de personas trabajadoras por las empresas establecidas en España al territorio de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico en el marco de una prestación de servicios transnacional, no podrán dar lugar a que se sancionen las acciones u omisiones de los sujetos responsables que hayan sido ya sancionadas penal o administrativamente en el país de desplazamiento en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento.

  2. En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de ilícito penal, la Administración pasará el tanto de culpa al órgano judicial competente o al Ministerio Fiscal y se abstendrá de seguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme o resolución que ponga fin al procedimiento o mientras el Ministerio Fiscal no comunique la improcedencia de iniciar o proseguir actuaciones.

  3. De no haberse estimado la existencia de ilícito penal, o en el caso de haberse dictado resolución de otro tipo que ponga fin al procedimiento penal, la Administración continuará el expediente sancionador en base a los hechos que los Tribunales hayan considerado probados.

  4. La comunicación del tanto de culpa al órgano judicial o al Ministerio Fiscal o el inicio de actuaciones por parte de éstos, no afectará al inmediato cumplimiento de las medidas de paralización de trabajos adoptadas en los casos de riesgo grave e inminente para la seguridad o salud del trabajador, a la efectividad de los requerimientos de subsanación formulados, ni a los expedientes sancionadores sin conexión directa con los que sean objeto de las eventuales actuaciones jurisdiccionales del orden penal.

  Ver el artículo 3

• Artículo 86Ley Reguladora de la Jurisdicción SocialEl proceso social no se suspende por la causa penal; revisión si la sentencia penal absuelve por inexistencia del hecho o no participación.

  Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 11 de diciembre de 2011

  Artículo 86. Prejudicialidad penal y social.

  1. En ningún caso se suspenderá el procedimiento por seguirse causa criminal sobre los hechos debatidos.

  2. En el supuesto de que fuese alegada por una de las partes la falsedad de un documento que pueda ser de notoria influencia en el pleito, porque no pueda prescindirse de la resolución de la causa criminal para la debida decisión o condicione directamente el contenido de ésta, continuará el acto de juicio hasta el final, y en el caso de que el juez o tribunal considere que el documento pudiera ser decisivo para resolver sobre el fondo del asunto, acordará la suspensión de las actuaciones posteriores y concederá un plazo de ocho días al interesado para que aporte el documento que acredite haber presentado la querella. La suspensión durará hasta que se dicte sentencia o auto de sobreseimiento en la causa criminal, hecho que deberá ser puesto en conocimiento del juez o tribunal por cualquiera de las partes.

  3. Si cualquier otra cuestión prejudicial penal diera lugar a sentencia absolutoria por inexistencia del hecho o por no haber participado el sujeto en el mismo, quedará abierta contra la sentencia dictada por el juez o Sala de lo Social la vía de la revisión regulada en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

  4. La tramitación de otro procedimiento ante el orden social no dará lugar a la suspensión del proceso salvo en los supuestos previstos en la presente Ley, sin perjuicio de los efectos propios de la litispendencia cuando se aprecie la concurrencia de dicha situación procesal. No obstante, a solicitud de ambas partes, podrá suspenderse el procedimiento hasta que recaiga resolución firme en otro procedimiento distinto, cuando en éste deba resolverse la que constituya objeto principal del primer proceso.

  Ver el artículo 86

• Artículo 53.1Ley General de la Seguridad SocialPlazo de prescripción de cinco años para el reconocimiento de prestaciones, que es el que se aplica al recargo (antes, artículo 43.1 de la Ley General de la Seguridad Social de 1994, el que aplica [S13]).

  Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 2 de enero de 2016

  1. El derecho al reconocimiento de las prestaciones prescribirá a los cinco años, contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar el hecho causante de la prestación de que se trate, sin perjuicio de las excepciones que se determinen en la presente ley y de que los efectos de tal reconocimiento se produzcan a partir de los tres meses anteriores a la fecha en que se presente la correspondiente solicitud.

  Si el contenido económico de las prestaciones ya reconocidas resultara afectado con ocasión de solicitudes de revisión de las mismas, los efectos económicos de la nueva cuantía tendrán una retroactividad máxima de tres meses desde la fecha de presentación de dicha solicitud. Esta regla de retroactividad máxima no operará en los supuestos de rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos ni cuando de la revisión derive la obligación de reintegro de prestaciones indebidas a la que se refiere el artículo 55.

  Ver el artículo 53 completo

Lo que han dicho los tribunales sobre cada una de las cuestiones de este artículo.