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Demanda de reconocimiento de la antigüedad desde el primer contrato, con el plus de antigüedad o trienios

Para que el juzgado declare tu antigüedad real en la empresa, normalmente la de tu primer contrato, y, si tu convenio prevé un plus de antigüedad o trienios, condene a pagarte lo que te deben del último año.

Documento · Alejandro Aradas García

Este modelo te ayuda a preparar tu demanda, pero cada caso tiene matices. Te recomendamos que la revise un abogado o abogada laboralista o un graduado o graduada social antes de presentarla.

Antes de usarlo

  • Quién lo presenta: la persona trabajadora a la que la empresa o la Administración le reconoce una antigüedad posterior a la real.
  • A quién: el juzgado de lo social.
  • Cuándo: después de la papeleta de conciliación sin acuerdo (o directamente, frente a una Administración), mientras dure la relación; las cantidades prescriben al año de cada mensualidad.
  • La antigüedad cuenta desde el primer contrato con la empresa, temporal o indefinido, periodo de prueba incluido, si todos los contratos forman una sola relación. Solo se pierde si un contrato se extinguió y hubo una interrupción importante antes del siguiente. La ley no fija cuánto: se mira toda la relación, la duración de los cortes y si hacías el mismo trabajo. Juegan en contra haber trabajado para otra empresa entre medias, haberte ido voluntariamente o haber cobrado la indemnización de un despido sin impugnarlo.
  • Se puede demandar solo para que se declare la antigüedad, aunque hoy no te cueste dinero, si te afecta a algún derecho: un plus, días de vacaciones o de asuntos propios por años de servicio, una promoción, el orden en una bolsa. Si la antigüedad mal puesta no te afecta hoy, también puedes esperar a discutirla si un día te despiden.
  • El plus de antigüedad no está en la ley: solo existe si lo prevé tu convenio o tu contrato. Lee qué dice tu convenio y cópialo en la demanda.
  • Hay que haber presentado antes la papeleta de conciliación y adjuntar el certificado. Frente a una Administración pública no hace falta: se demanda directamente. Si la Administración te contestó con una resolución, fíjate en el plazo que indique para acudir al juzgado. Si eres funcionario/a o personal estatutario, este modelo no te sirve: tu reclamación va por la vía contencioso-administrativa.
  • Plazos: la antigüedad se puede pedir mientras dure la relación, pero el dinero (plus, trienios) solo del último año antes de la papeleta o de tu reclamación escrita. Lo anterior se pierde.
  • La demanda no puede contar hechos distintos de los de la papeleta, salvo los que no conocías. Reúne la vida laboral (se pide gratis a la Seguridad Social), todos los contratos y las nóminas.
  • Puedes ir al juicio sin abogado/a, pero si vas a llevarlo tienes que decirlo en la demanda. Si pierdes en el juzgado de lo social no pagas las costas de la empresa, salvo mala fe o temeridad.

El modelo

Lo que va [entre corchetes] lo tienes que rellenar tú. Descárgalo para editarlo o cópialo en tu procesador de textos.

Descargar en Word

AL JUZGADO DE LO SOCIAL DE [localidad] QUE POR TURNO CORRESPONDA

Yo, [nombre y apellidos], con DNI o NIE [número], con domicilio a efectos de notificaciones en [tu domicilio completo], teléfono [teléfono] y correo electrónico [correo electrónico], presento DEMANDA DE RECONOCIMIENTO DE DERECHO [y de reclamación de cantidad], por los trámites del proceso ordinario de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS), contra [nombre o razón social de la empresa o Administración], con NIF [NIF de la empresa] y domicilio en [domicilio de la empresa], por los siguientes hechos y fundamentos de derecho.

HECHOS

PRIMERO.- Mi relación con la demandada

Trabajo para la demandada con la categoría o grupo profesional de [categoría o grupo profesional], a jornada [completa o parcial, con su porcentaje], en el centro de trabajo de [dirección del centro de trabajo]. Mi salario es de [salario bruto mensual con prorrata de pagas] euros brutos al mes. La relación se rige por el convenio colectivo de [nombre del convenio colectivo]. Sigo prestando servicios en la actualidad.

La demandada me reconoce en la nómina una antigüedad del [antigüedad que figura en la nómina]. Sin embargo, trabajo para ella desde el [fecha del primer contrato], con los siguientes contratos, que aporto como documentos n.º [números]: [lista de contratos: para cada uno, fecha de inicio y de fin, y modalidad]. En todos ellos he hecho el mismo trabajo: [describe las tareas].

SEGUNDO.- Una sola relación laboral

Todos esos contratos forman una sola relación laboral. [Si hubo interrupciones: Las interrupciones entre ellos fueron de [duración de cada interrupción], breves en comparación con la duración total de la relación, de [duración total de la relación]. En ellas no trabajé para otra empresa, y al volver hice el mismo trabajo.] Mi antigüedad es la del [fecha del primer contrato].

Solo si tus contratos temporales eran en fraude de ley (la causa no existía, superaron su duración, encadenamiento…). Si no, bórralo.Además, los contratos temporales no respondían a una causa real de temporalidad: [explica brevemente por qué: hacía el trabajo habitual y permanente, la causa era genérica, se encadenaban sin fin…].

Solo si eres fijo/a discontinuo/a y te cuentan solo el tiempo trabajado. Si no, bórralo.Soy fijo/a discontinuo/a desde el [fecha del primer llamamiento o contrato] y la demandada solo me computa como antigüedad los periodos efectivamente trabajados, no toda la duración de la relación.

Solo si reclamas el plus de antigüedad (trienios, bienios, quinquenios) o un derecho del convenio que depende de la antigüedad. Si no, bórralo.TERCERO.- Lo que depende de mi antigüedad

Solo si reclamas el plus de antigüedad (trienios, bienios, quinquenios) o un derecho del convenio que depende de la antigüedad. Si no, bórralo.El convenio colectivo, en su artículo [artículo del convenio], reconoce [explica el derecho: un plus de antigüedad de [cuantía] euros por cada [trienio, bienio, quinquenio]; días de vacaciones o de asuntos propios por años de servicio…]. Con mi antigüedad real me corresponden [número de trienios o el derecho que corresponda], y la demandada me paga [lo que te paga ahora]. Del [fecha de inicio de las diferencias] al [fecha de fin de las diferencias] me debe [importe total de las diferencias] euros brutos, según el siguiente detalle: [detalle mes a mes].

CUARTO.- Representación de la plantilla

No soy ni he sido en el último año representante de los trabajadores/as ni delegado/a sindical.

QUINTO.- Conciliación previa

Solo si la empleadora no es una Administración pública. Si no, bórralo.El [fecha de presentación de la papeleta] presenté papeleta de conciliación ante el [nombre del servicio de conciliación]. El acto se celebró el [fecha del acto de conciliación] con el resultado de [sin avenencia, o intentado sin efecto porque la empresa no compareció]. Aporto la certificación como documento n.º [número].

Solo si la empleadora es una Administración pública (Estado, comunidad autónoma, ayuntamiento, diputación). Si no, bórralo.Al ser la demandada una Administración pública, no es necesario el intento previo de conciliación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Competencia, procedimiento y acción

Es competente el juzgado de lo social (artículo 2 a LRJS) del lugar de prestación de los servicios o del domicilio de la demandada, a mi elección (artículo 10.1 LRJS). Se sigue el proceso ordinario. La relación sigue viva, por lo que la acción para que se declare mi antigüedad no ha prescrito (artículo 59.1 del Estatuto de los Trabajadores, ET).

Cabe pedir solo que se declare la antigüedad, aunque no se reclame dinero, porque hay una controversia real y un interés actual: la antigüedad influye en complementos, en derechos del convenio y en las preferencias ante un despido colectivo (sentencia del Tribunal Supremo de 27 de septiembre de 2022, recurso 4655/2019).

Solo si la empleadora no es una Administración pública. Si no, bórralo.He intentado la conciliación previa (artículo 63 LRJS).

Solo si la empleadora es una Administración pública. Si no, bórralo.Están exceptuados de la conciliación previa los procesos en que la representación de la demandada corresponde al abogado/a del Estado o a los representantes procesales de las comunidades autónomas o de las Administraciones locales (artículo 64.2 a LRJS).

II.- La antigüedad es la del primer contrato

Las personas con contratos temporales tienen los mismos derechos que las indefinidas, y cuando un derecho depende de la antigüedad, esta se computa según los mismos criterios para todas, cualquiera que sea su modalidad de contratación (artículo 15.6 ET).

En una sucesión de contratos, si hay unidad esencial del vínculo se computa todo el tiempo de servicios. Para saber si una interrupción rompe esa unidad hay que atender al tiempo total, al número y la duración de los cortes y a la identidad del trabajo: tres meses y medio de corte no rompieron una cadena de treinta y cuatro contratos (sentencia del Tribunal Supremo de 23 de enero de 2024, recurso 2981/2022).

Solo si tus contratos temporales eran en fraude de ley. Si no, bórralo.Cuando la contratación temporal fue fraudulenta, el criterio es todavía más flexible: un corte de noventa días no impidió reconocer la antigüedad desde el primer contrato (sentencia del Tribunal Supremo de 25 de marzo de 2022, recurso 3423/2020).

Solo si eres fijo/a discontinuo/a y te cuentan solo el tiempo trabajado. Si no, bórralo.Las personas fijas discontinuas tienen derecho a que su antigüedad se calcule teniendo en cuenta toda la duración de la relación laboral y no solo el tiempo de servicios efectivamente prestados, salvo las condiciones que exijan otro tratamiento por su naturaleza (artículo 16.6 ET). Para el complemento de antigüedad se computa todo el tiempo de permanencia en la empresa (sentencia del Tribunal Supremo de 27 de abril de 2022, recurso 812/2019).

Solo si reclamas el plus de antigüedad o un derecho del convenio que depende de la antigüedad. Si no, bórralo.III.- El plus de antigüedad

Solo si reclamas el plus de antigüedad o un derecho del convenio que depende de la antigüedad. Si no, bórralo.La promoción económica por antigüedad se rige por el convenio colectivo o el contrato (artículo 25 ET), y el convenio aplicable la reconoce en los términos expuestos. Las cantidades reclamadas corresponden al año anterior a [la papeleta / mi reclamación escrita], dentro del plazo de prescripción (artículo 59.2 ET y 65.1 LRJS), y devengan el interés por mora del diez por ciento (artículo 29.3 ET).

SUPLICO

Que admita esta demanda, cite a las partes a los actos de conciliación y juicio y, en su día, dicte sentencia que declare que mi antigüedad en la demandada es del [fecha del primer contrato], a todos los efectos, y condene a la demandada a estar y pasar por esa declaración y a reconocerla en mis nóminas.

Solo si reclamas el plus de antigüedad o un derecho del convenio que depende de la antigüedad. Si no, bórralo.Y que condene además a la demandada a pagarme [importe total de las diferencias] euros brutos por las diferencias del [fecha de inicio de las diferencias] al [fecha de fin de las diferencias], más el diez por ciento de interés por mora, y a abonarme en adelante [el plus de antigüedad o el derecho que corresponda] conforme a esa antigüedad.

En [localidad], a [fecha]

Firmado: [firma]
[nombre y apellidos]

Solo si vas a ir al juicio con abogado/a o graduado/a social. Si no, bórralo.OTROSÍ DIGO: que compareceré al juicio asistido/a por [abogado/a o graduado/a social] [nombre y número de colegiado/a], lo que comunico a los efectos del artículo 21.2 LRJS.

Solo si quieres que la empresa aporte al juicio documentos que tiene ella. Si no, bórralo.OTROSÍ DIGO: que, como prueba, solicito que se requiera a la demandada para que aporte al juicio [documentos que tiene la empresa: todos mis contratos y prórrogas, los llamamientos, las nóminas…] (artículos 90.3 y 94.2 LRJS).

Acompaño: documentos n.º [números], contratos; documento n.º [número], informe de vida laboral; documento n.º [número], certificación de la conciliación (salvo frente a una Administración); documentos n.º [números], [nóminas, convenio, petición a la empresa…]; y copias de la demanda y de los documentos para cada parte demandada.

Cómo rellenarlo

[localidad]
La del lugar donde trabajas o la del domicilio de la empresa, a tu elección.
[y de reclamación de cantidad]
Ponlo solo si reclamas también el plus de antigüedad u otra cantidad; si no, bórralo.
[fecha del primer contrato]
La de tu primer día con la empresa en la cadena de contratos. Míralo en tu vida laboral. Si hubo un corte largo trabajando para otra empresa, o aceptaste un despido anterior cobrando la indemnización, piensa si no corresponde la del primer contrato posterior.
[lista de contratos: para cada uno, fecha de inicio y de fin, y modalidad]
Uno por línea, del más antiguo al actual, con sus prórrogas. Si te falta alguno, pídeselo por escrito a la empresa o pide el certificado de contratos al Servicio Público de Empleo.
[duración de cada interrupción]
Los días o meses entre el fin de un contrato y el comienzo del siguiente. No hay una cifra que rompa siempre la antigüedad: se valora en proporción a toda la relación.
[importe total de las diferencias]
La suma, en bruto, de lo que te faltó cobrar cada mes del plus o del complemento. Solo el último año antes de la papeleta o de tu reclamación escrita: lo anterior ha prescrito.

Cómo entregarlo

  • En el registro del decanato o en el servicio común de los juzgados de tu localidad, con una copia por cada parte demandada y una más para ti, que te devuelven sellada con la fecha.
  • Sobre las copias: desde el 3 de abril de 2025 la ley ya no obliga a presentar copias de la demanda para cada parte (la Ley Orgánica 1/2025 suprimió esa exigencia del artículo 80 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social). Aun así, por precaución, lleva las copias si la presentas en papel, o pregunta antes en el juzgado si las piden.
  • Por vía electrónica, a través de la sede judicial electrónica, si tienes certificado digital. Guarda el justificante de presentación.
  • Adjunta todos los contratos, la vida laboral, el certificado de la conciliación (salvo frente a una Administración), las nóminas y el artículo del convenio que regula lo que depende de la antigüedad.

Qué puede pasar después

El juzgado admite la demanda
Te citará para conciliación y juicio el mismo día. Lleva los contratos, la vida laboral y las nóminas con copias.
La sentencia reconoce tu antigüedad
La empresa tiene que ponerla en tus nóminas y aplicarla a todo lo que dependa de ella. Si no paga lo reclamado, se pide la ejecución. Guarda la sentencia: sirve también si un día te despiden.
La empresa te cesa o te trata peor por haber reclamado
Un cese es un despido, con 20 días hábiles de caducidad para la papeleta. Si es una represalia por haber demandado, puede ser nulo.

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Las guías donde se explica todo lo que hay que saber antes de usar este escrito.

Los escritos que puedes necesitar después de este, y cuándo.

La norma en que se apoya el escrito. Despliégala para leer su texto.

  • Artículo 15.6Estatuto de los Trabajadores
    Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 2 de enero de 2025

    6. Las personas con contratos temporales y de duración determinada tendrán los mismos derechos que las personas con contratos de duración indefinida, sin perjuicio de las particularidades específicas de cada una de las modalidades contractuales en materia de extinción del contrato y de aquellas expresamente previstas en la ley en relación con los contratos formativos. Cuando corresponda en atención a su naturaleza, tales derechos serán reconocidos en las disposiciones legales y reglamentarias y en los convenios colectivos de manera proporcional, en función del tiempo trabajado.

    Cuando un determinado derecho o condición de trabajo esté atribuido en las disposiciones legales o reglamentarias y en los convenios colectivos en función de una previa antigüedad de la persona trabajadora, esta deberá computarse según los mismos criterios para todas las personas trabajadoras, cualquiera que sea su modalidad de contratación.

    Ver el artículo 15 completo

  • Artículo 16.6Estatuto de los Trabajadores
    Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 30 de marzo de 2022

    6. Las personas trabajadoras fijas-discontinuas no podrán sufrir perjuicios por el ejercicio de los derechos de conciliación, ausencias con derecho a reserva de puesto de trabajo y otras causas justificadas en base a derechos reconocidos en la ley o los convenios colectivos.

    Las personas trabajadoras fijas-discontinuas tienen derecho a que su antigüedad se calcule teniendo en cuenta toda la duración de la relación laboral y no el tiempo de servicios efectivamente prestados, con la excepción de aquellas condiciones que exijan otro tratamiento en atención a su naturaleza y siempre que responda a criterios de objetividad, proporcionalidad y transparencia.

    Ver el artículo 16 completo

  • Artículo 25Estatuto de los Trabajadores
    Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 13 de noviembre de 2015

    Artículo 25. Promoción económica.

    1. El trabajador, en función del trabajo desarrollado, podrá tener derecho a una promoción económica en los términos fijados en convenio colectivo o contrato individual.

    2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de los derechos adquiridos o en curso de adquisición en el tramo temporal correspondiente.

    Ver el artículo 25

  • Artículo 29.3Estatuto de los Trabajadores
    Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 13 de noviembre de 2015

    3. El interés por mora en el pago del salario será el diez por ciento de lo adeudado.

    Ver el artículo 29 completo

  • Artículos 59.1 y 59.2Estatuto de los Trabajadores
    Texto de los apartados citadosTexto consolidado vigente desde el 13 de noviembre de 2015

    1. Las acciones derivadas del contrato de trabajo que no tengan señalado plazo especial prescribirán al año de su terminación.

    A estos efectos, se considerará terminado el contrato:

    a) El día en que expire el tiempo de duración convenido o fijado por disposición legal o convenio colectivo.

    b) El día en que termine la prestación de servicios continuados, cuando se haya dado esta continuidad por virtud de prórroga expresa o tácita.

    2. Si la acción se ejercita para exigir percepciones económicas o para el cumplimiento de obligaciones de tracto único, que no puedan tener lugar después de extinguido el contrato, el plazo de un año se computará desde el día en que la acción pudiera ejercitarse.

    Ver el artículo 59 completo

  • Artículo 2Ley Reguladora de la Jurisdicción Social
    Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 20 de marzo de 2024

    Artículo 2. Ámbito del orden jurisdiccional social.

    Los órganos jurisdiccionales del orden social, por aplicación de lo establecido en el artículo anterior, conocerán de las cuestiones litigiosas que se promuevan:

    a) Entre empresarios y trabajadores como consecuencia del contrato de trabajo y del contrato de puesta a disposición, con la salvedad de lo dispuesto en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal; y en el ejercicio de los demás derechos y obligaciones en el ámbito de la relación de trabajo.

    b) En relación con las acciones que puedan ejercitar los trabajadores o sus causahabientes contra el empresario o contra aquéllos a quienes se les atribuya legal, convencional o contractualmente responsabilidad, por los daños originados en el ámbito de la prestación de servicios o que tengan su causa en accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, incluida la acción directa contra la aseguradora y sin perjuicio de la acción de repetición que pudiera corresponder ante el orden competente.

    c) Entre las sociedades laborales o las cooperativas de trabajo asociado, y sus socios trabajadores, exclusivamente por la prestación de sus servicios.

    d) En relación con el régimen profesional, tanto en su vertiente individual como colectiva, de los trabajadores autónomos económicamente dependientes a que se refiere la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo, incluidos los litigios que deriven del ejercicio por ellos de las reclamaciones de responsabilidad contempladas en el apartado b) de este artículo.

    e) Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales y convencionales en materia de prevención de riesgos laborales, tanto frente al empresario como frente a otros sujetos obligados legal o convencionalmente, así como para conocer de la impugnación de las actuaciones de las Administraciones públicas en dicha materia respecto de todos sus empleados, bien sean éstos funcionarios, personal estatutario de los servicios de salud o personal laboral, que podrán ejercer sus acciones, a estos fines, en igualdad de condiciones con los trabajadores por cuenta ajena, incluida la reclamación de responsabilidad derivada de los daños sufridos como consecuencia del incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales que forma parte de la relación funcionarial, estatutaria o laboral; y siempre sin perjuicio de las competencias plenas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el ejercicio de sus funciones.

    f) Sobre tutela de los derechos de libertad sindical, huelga y demás derechos fundamentales y libertades públicas, incluida la prohibición de la discriminación y el acoso, contra el empresario o terceros vinculados a éste por cualquier título, cuando la vulneración alegada tenga conexión directa con la prestación de servicios; sobre las reclamaciones en materia de libertad sindical y de derecho de huelga frente a actuaciones de las Administraciones públicas referidas exclusivamente al personal laboral; sobre las controversias entre dos o más sindicatos, o entre éstos y las asociaciones empresariales, siempre que el litigio verse sobre cuestiones objeto de la competencia del orden jurisdiccional social, incluida en todos los supuestos de este apartado la responsabilidad por daños; y sobre las demás actuaciones previstas en la presente Ley conforme al apartado 4 del artículo 117 de la Constitución Española en garantía de cualquier derecho.

    g) En procesos de conflictos colectivos.

    h) Sobre impugnación de convenios colectivos y acuerdos, cualquiera que sea su eficacia, incluidos los concertados por las Administraciones públicas cuando sean de aplicación exclusiva a personal laboral; así como sobre impugnación de laudos arbitrales de naturaleza social, incluidos los dictados en sustitución de la negociación colectiva, en conflictos colectivos, en procedimientos de resolución de controversias y en procedimientos de consulta en movilidad geográfica, modificaciones colectivas de condiciones de trabajo y despidos colectivos, así como en suspensiones y reducciones temporales de jornada. De haberse dictado respecto de las Administraciones públicas, cuando dichos laudos afecten en exclusiva al personal laboral.

    i) En procesos sobre materia electoral, incluidas las elecciones a órganos de representación del personal al servicio de las Administraciones públicas.

    j) Sobre constitución y reconocimiento de la personalidad jurídica de los sindicatos, impugnación de sus estatutos y su modificación.

    k) En materia de régimen jurídico específico de los sindicatos, tanto legal como estatutario, en todo lo relativo a su funcionamiento interno y a las relaciones con sus afiliados.

    l) Sobre constitución y reconocimiento de la personalidad jurídica de las asociaciones empresariales en los términos referidos en la disposición derogatoria de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, impugnación de sus estatutos y su modificación.

    m) Sobre la responsabilidad de los sindicatos y de las asociaciones empresariales por infracción de normas de la rama social del Derecho.

    n) En impugnación de resoluciones administrativas de la autoridad laboral recaídas en los procedimientos previstos en el apartado 5 del artículo 47, en el artículo 47 bis) y en el apartado 7 del artículo 51 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, así como las recaídas en el ejercicio de la potestad sancionadora en materia laboral y sindical y, respecto de las demás impugnaciones de otros actos de las Administraciones públicas sujetos al Derecho Administrativo en el ejercicio de sus potestades y funciones en materia laboral y sindical que pongan fin a la vía administrativa, siempre que en este caso su conocimiento no esté atribuido a otro orden jurisdiccional.

    ñ) Contra las Administraciones públicas, incluido el Fondo de Garantía Salarial, cuando les atribuya responsabilidad la legislación laboral.

    o) En materia de prestaciones de Seguridad Social, incluidas la protección por desempleo y la protección por cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, así como sobre la imputación de responsabilidades a empresarios o terceros respecto de las prestaciones de Seguridad Social en los casos legalmente establecidos. También las cuestiones referidas a aquellas prestaciones de protección social que establezcan las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias, dirigidas a garantizar recursos económicos suficientes para la cobertura de las necesidades básicas y a prevenir el riesgo de exclusión social de las personas beneficiarias. Igualmente, las cuestiones litigiosas relativas a la valoración, reconocimiento y calificación del grado de discapacidad, así como sobre el reconocimiento de la situación de dependencia y prestaciones económicas y servicios derivados de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, teniendo a todos los efectos de esta Ley la misma consideración que las relativas a las prestaciones y los beneficiarios de la Seguridad Social.

    p) En materia de intermediación laboral, en los conflictos que surjan entre los trabajadores y los servicios públicos de empleo, las agencias de colocación autorizadas y otras entidades colaboradoras de aquéllos y entre estas últimas entidades y el servicio público de empleo correspondiente.

    q) En la aplicación de los sistemas de mejoras de la acción protectora de la Seguridad Social, incluidos los planes de pensiones y contratos de seguro, siempre que su causa derive de una decisión unilateral del empresario, un contrato de trabajo o un convenio, pacto o acuerdo colectivo; así como de los complementos de prestaciones o de las indemnizaciones, especialmente en los supuestos de accidentes de trabajo o enfermedad profesional, que pudieran establecerse por las Administraciones públicas a favor de cualquier beneficiario.

    r) Entre los asociados y las mutualidades, excepto las establecidas por los Colegios profesionales, en los términos previstos en los artículos 64 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, así como entre las fundaciones laborales o entre éstas y sus beneficiarios, sobre cumplimiento, existencia o declaración de sus obligaciones específicas y derechos de carácter patrimonial, relacionados con los fines y obligaciones propios de esas entidades.

    s) En impugnación de actos de las Administraciones públicas, sujetos a derecho administrativo y que pongan fin a la vía administrativa, dictadas en el ejercicio de sus potestades y funciones en materia de Seguridad Social, distintas de las comprendidas en el apartado o) de este artículo, incluyendo las recaídas en el ejercicio de la potestad sancionadora en esta materia y con excepción de las especificadas en la letra f) del artículo 3.

    t) En cualesquiera otras cuestiones que les sean atribuidas por ésta u otras normas con rango de ley.

    Ver el artículo 2

  • Artículo 10.1Ley Reguladora de la Jurisdicción Social
    Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 11 de diciembre de 2011

    1. Con carácter general será juzgado competente el del lugar de prestación de los servicios o el del domicilio del demandado, a elección del demandante.

    Si los servicios se prestaran en lugares de distintas circunscripciones territoriales, el trabajador podrá elegir entre aquél de ellos en que tenga su domicilio, el del contrato, si hallándose en él el demandado pudiera ser citado, o el del domicilio del demandado.

    En el caso de que sean varios los demandados, y se optare por el fuero del domicilio, el actor podrá elegir el de cualquiera de los demandados.

    En las demandas contra las Administraciones públicas empleadoras será juzgado competente el del lugar de prestación de los servicios o el del domicilio del demandante, a elección de éste; salvo para los trabajadores que presten servicios en el extranjero, en que será juzgado competente el del domicilio de la Administración pública demandada.

    Ver el artículo 10 completo

  • Artículo 21.2Ley Reguladora de la Jurisdicción Social
    Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 20 de marzo de 2024

    2. Si el demandante pretendiese comparecer en el juicio asistido de abogado, representado técnicamente por graduado social o representado por procurador, lo hará constar en la demanda, indicando los datos de contacto del profesional. Asimismo, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 5 del artículo 81, el demandado pondrá esta circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, indicando también los datos de contacto de su profesional, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado técnicamente por graduado social o representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. En este caso, el actor que no hubiese efectuado dicha designación podrá hacerlo, comunicando al juzgado o tribunal dentro de los dos días siguientes a la notificación tal circunstancia. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o graduado social.

    Ver el artículo 21 completo

  • Artículo 63Ley Reguladora de la Jurisdicción Social
    Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 11 de diciembre de 2011

    Artículo 63. Conciliación o mediación previas.

    Será requisito previo para la tramitación del proceso el intento de conciliación o, en su caso, de mediación ante el servicio administrativo correspondiente o ante el órgano que asuma estas funciones que podrá constituirse mediante los acuerdos interprofesionales o los convenios colectivos a los que se refiere el artículo 83 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, así como mediante los acuerdos de interés profesional a los que se refieren el artículo 13 y el apartado 1 del artículo 18 de la Ley del Estatuto del trabajo autónomo.

    Ver el artículo 63

  • Artículo 64.2Ley Reguladora de la Jurisdicción Social
    Texto del apartado citadoTexto consolidado vigente desde el 20 de marzo de 2024

    2. Igualmente, quedan exceptuados:

    a) Aquellos procesos en los que la representación corresponda al abogado del Estado, al letrado o letrada de la Administración de la Seguridad Social, a los representantes procesales de las Comunidades Autónomas o de las Administraciones Locales o al letrado o letrada de las Cortes Generales.

    b) Los supuestos en que, en cualquier momento del proceso, después de haber dirigido la papeleta o la demanda contra personas determinadas, fuera necesario dirigir o ampliar la misma frente a personas distintas de las inicialmente demandadas.

    Ver el artículo 64 completo

  • Artículo 65Ley Reguladora de la Jurisdicción Social
    Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 3 de abril de 2025

    Artículo 65. Efectos de la solicitud de conciliación o de mediación previa. Los laudos arbitrales.

    1. La presentación de la solicitud de conciliación o de mediación interrumpirá la prescripción o suspenderá la caducidad de acciones desde la fecha de dicha presentación, reiniciándose o reanudándose respectivamente el cómputo de los plazos al día siguiente de intentada la conciliación o mediación o transcurridos quince días hábiles desde su presentación sin que se haya celebrado.

    2. En todo caso, transcurrido el plazo de treinta días hábiles sin haberse celebrado el acto de conciliación o sin haberse iniciado mediación o alcanzado acuerdo en la misma se tendrá por terminado el procedimiento y cumplido el trámite.

    3. También se suspenderán los plazos de caducidad y se interrumpirán los de prescripción por la suscripción de un compromiso arbitral, celebrado en virtud de los acuerdos interprofesionales y los convenios colectivos a que se refiere el artículo 83 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores o de los derivados de los acuerdos de interés profesional conforme al apartado 4 del artículo 18 de la Ley del Estatuto del trabajo autónomo.

    En estos casos el cómputo de la caducidad se reanudará al día siguiente de que adquiera firmeza el laudo arbitral; de interponerse un recurso judicial de anulación del laudo, la reanudación tendrá lugar desde el día siguiente a la firmeza de la sentencia que se dicte.

    Igual efecto se producirá aun cuando en el procedimiento arbitral se apreciase la incompetencia, reanudándose el cómputo de la caducidad desde la firmeza de la resolución que pusiera fin al arbitraje.

    4. Las acciones de impugnación y recursos judiciales de anulación de laudos arbitrales cuyo conocimiento corresponda al orden social, cuando no tengan establecido un procedimiento especial, incluidos los laudos arbitrales establecidos por acuerdos de interés profesional de los trabajadores autónomos económicamente dependientes, se sustanciarán, a instancia de los interesados, por los trámites del procedimiento ordinario, ante el juzgado o tribunal al que hubiera correspondido el conocimiento del asunto sometido a arbitraje, con fundamento en exceso sobre el arbitraje, haber resuelto aspectos no sometidos a él o que no pudieran ser objeto del mismo, vicio esencial de procedimiento o infracción de normas imperativas. La acción caducará en el plazo de treinta días hábiles, excluidos los sábados, domingos y festivos, desde la notificación del laudo.

    De formularse la impugnación por el Fondo de Garantía Salarial, en relación con posibles obligaciones de garantía salarial, o por otros terceros posibles perjudicados, se podrá fundamentar en ilegalidad o lesividad y el plazo para el ejercicio de la acción contará desde que pudieran haber conocido la existencia del laudo arbitral.

    Ver el artículo 65

  • Artículo 90Ley Reguladora de la Jurisdicción Social
    Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 3 de abril de 2025

    Artículo 90. Preparación y admisibilidad de los medios de prueba.

    1. Las partes, previa justificación de la utilidad y pertinencia de las diligencias propuestas, podrán servirse de cuantos medios de prueba se encuentren regulados en la Ley para acreditar los hechos controvertidos o necesitados de prueba, incluidos los procedimientos de reproducción de la palabra, de la imagen y del sonido o de archivo y reproducción de datos, que deberán ser aportados por medio de soporte adecuado y poniendo a disposición del órgano jurisdiccional los medios necesarios para su reproducción y posterior constancia en autos.

    2. No se admitirán pruebas que tuvieran su origen o que se hubieran obtenido, directa o indirectamente, mediante procedimientos que supongan violación de derechos fundamentales o libertades públicas. Esta cuestión podrá ser suscitada por cualquiera de las partes o de oficio por el tribunal en el momento de la proposición de la prueba, salvo que se pusiese de manifiesto durante la práctica de la prueba una vez admitida. A tal efecto, se oirá a las partes y, en su caso, se practicarán las diligencias que se puedan practicar en el acto sobre este concreto extremo, recurriendo a diligencias finales solamente cuando sea estrictamente imprescindible y la cuestión aparezca suficientemente fundada. Contra la resolución que se dicte sobre la pertinencia de la práctica de la prueba y en su caso de la unión a los autos de su resultado o del elemento material que incorpore la misma, sólo cabrá recurso de reposición, que se interpondrá, se dará traslado a las demás partes y se resolverá oralmente en el mismo acto del juicio o comparecencia, quedando a salvo el derecho de las partes a reproducir la impugnación de la prueba ilícita en el recurso que, en su caso, procediera contra la sentencia.

    3. Podrán asimismo solicitar, al menos con diez días de antelación a la fecha del juicio, diligencias de preparación de la prueba a practicar en juicio salvo cuando el señalamiento se deba efectuar con antelación menor, en cuyo caso el plazo será de tres días, y sin perjuicio de lo que el juez, la jueza o el tribunal decida sobre su admisión o inadmisión en el acto del juicio.

    4. Cuando sea necesario a los fines del proceso el acceso a documentos o archivos, en cualquier tipo de soporte, que pueda afectar a la intimidad personal u otro derecho fundamental, el juez o tribunal, siempre que no existan medios de prueba alternativos, podrá autorizar dicha actuación, mediante auto, previa ponderación de los intereses afectados a través de juicio de proporcionalidad y con el mínimo sacrificio, determinando las condiciones de acceso, garantías de conservación y aportación al proceso, obtención y entrega de copias e intervención de las partes o de sus representantes y expertos, en su caso.

    5. Igualmente, de no mediar consentimiento del afectado, podrán adoptarse las medidas de garantía oportunas cuando la emisión de un dictamen pericial médico o psicológico requiera el sometimiento a reconocimientos clínicos, obtención de muestras o recogida de datos personales relevantes, bajo reserva de confidencialidad y exclusiva utilización procesal, pudiendo acompañarse el interesado de especialista de su elección y facilitándole copia del resultado.

    No será necesaria autorización judicial si la actuación viniera exigida por las normas de prevención de riesgos laborales, por la gestión o colaboración en la gestión de la Seguridad Social, por la específica normativa profesional aplicable o por norma legal o convencional aplicable en la materia.

    6. Si como resultado de las medidas anteriores se obtuvieran datos innecesarios, ajenos a los fines del proceso o que pudieran afectar de manera injustificada o desproporcionada a derechos fundamentales o a libertades públicas, se resolverá lo necesario para preservar y garantizar adecuada y suficientemente los intereses y derechos que pudieran resultar afectados.

    7. En caso de negativa injustificada de la persona afectada a la realización de las actuaciones acordadas por el órgano jurisdiccional, la parte interesada podrá solicitar la adopción de las medidas que fueran procedentes, pudiendo igualmente valorarse en la sentencia dicha conducta para tener por probados los hechos que se pretendía acreditar a través de la práctica de dichas pruebas, así como a efectos de apreciar temeridad o mala fe procesal.

    Ver el artículo 90

  • Artículo 94Ley Reguladora de la Jurisdicción Social
    Texto del artículoTexto consolidado vigente desde el 11 de diciembre de 2011

    Artículo 94. Prueba documental.

    1. De la prueba documental aportada, que deberá estar adecuadamente presentada, ordenada y numerada, se dará traslado a las partes en el acto del juicio, para su examen.

    2. Los documentos y otros medios de obtener certeza sobre hechos relevantes que se encuentren en poder de las partes deberán aportarse al proceso si hubieran sido propuestos como medio de prueba por la parte contraria y admitida ésta por el juez o tribunal o cuando éste haya requerido su aportación. Si no se presentaren sin causa justificada, podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la contraria en relación con la prueba acordada.

    Ver el artículo 94

Textos legales basados en datos de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Se trata de un texto consolidado de carácter meramente informativo, sin valor oficial. Para el texto auténtico hay que acudir al BOE.

Las sentencias que cita el escrito y por qué.